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Sentencia AA-053-19 — Registro 8859

Resumen

Resolución No. 322/2016-SG-TSC contentivo a Informe final que determina la responsabilidad contra recurrente por vicios de enriquecimiento ilícito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio del acto reclamado, cual es la Resolución No.322/2016-SG-TSC, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciséis, puede apreciarse que éste se basó en el informe provisional No.362/2012-SG-TSC, emitido por el Departamento de Investigación y Verificación de dicho ente, enmarcándose su tramitación y posterior decisión conforme el procedimiento regulado por la ley por lo que no se logró constatar los alegatos planteados por los recurrentes referente al quebrantamiento del derecho de defensa..."..."del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que han formulado los recurrentes para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de emitir el informe final por existir indicios de enriquecimiento ilícito para lo cual estima esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del ente administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a la parte que se estima agraviada..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., seis de marzo del año dos mil diecinueve.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados AMADO FELIPE OSORTO y JOSÉ TIBURCIO AMADOR ZÚNIGA, a favor del señor JOSÉ FINLANDER MARTINEZ CABALLERO, contra la resolución No.322/2016-SG-TSC de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciséis, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), con relación a un informe final o definitivo que determina la responsabilidad contra el señor JOSÉ FINLANDER MARTINEZ CABALLERO, por indicios de enriquecimiento ilícito.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que han formulado los recurrentes para fundar su acción de amparo, pueden apreciarse: 1- que estiman que lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 66 del Reglamento General de dicho ente, contravienen lo establecido en los artículos 1 y 64 de la Constitución de la República, toda vez que indican se quebranta el principio de inocencia desde el momento en que el investigado se somete al proceso investigativo del Tribunal Superior de Cuentas ya que se presume su responsabilidad y además es a quien le corresponde probar su inocencia, volviendo ilusorio el principio de inocencia ya mencionado; 2- los reclamantes señalan que el ente denunciado emitió el informe provisional de su representado en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil doce, bajo la resolución 362/2012-SG-TSC, misma que indican impugnaron, sin embargo a criterio de los impugnadores, el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), admitió y resolvió en razón a la resolución número 362/2013-SG-TSC, la cual manifiestan los recurrentes es inexistente, estimando por este extremo que se vulneró el derecho de defensa de su representado, toda vez que éste no pudo ejercer su defensa según exponen los suplicantes frente a dicha resolución inexistente de la cual deriva la resolución final 322/2016-SG-TSC; 3- señalan además los quejosos que con el acto reclamado se vulnera el derecho de defensa de su representado toda vez que el ente contralor denunciado restó valor a la prueba con la cual opinan se desvanece la presunción de enriquecimiento ilícito por el que se responsabiliza a su patrocinado.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo de mérito se aprecia que los reclamantes estiman que con la emisión del acto reclamado se han quebrantado las declaraciones de los artículos 59, 60 y los derechos plasmados en los artículos 80, 82, 89,90 entre otros de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la Resolución No.322/2016-SG-TSC, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciséis, puede apreciarse que éste se basó en el informe provisional No.362/2012-SG-TSC, emitido por el Departamento de Investigación y Verificación de dicho ente, enmarcándose su tramitación y posterior decisión conforme el procedimiento regulado por la ley por lo que no se logró constatar los alegatos planteados por los recurrentes referente al quebrantamiento del derecho de defensa toda vez que conforme consta de las diligencias a folio 000440, es la Abogada ASTRID AGUILAR VELASQUEZ, como apoderada del señor JOSÉ FINLANDER MARTINEZ CABALLERO, quien presentó impugnación de la resolución número 362/2013-SG-TSC, la cual indican los recurrentes es inexistente, estimando por este extremo que se ha vulnerado el derecho de defensa de su representado, toda vez que éste no pudo ejercer su defensa, sin embargo, el ente denunciado aun cuando observó dicho error material por parte de la Abogada del investigado no lo declaró sin lugar, sino que le dio tramite y resolvió mediante la resolución final No.322/2016-SG-TSC, mediante la cual se indica los motivos por los que la prueba del investigado carecen de validez para desvanecer la cantidad por la que se le responsabiliza en dicho expediente investigativo.- CONSIDERANDO: Que los quejosos estiman que lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el 66 del Reglamento General de dicho ente, contravienen lo establecido en los artículos 1 y 64 de la Constitución de la República, planteamiento que en el fondo se dirige contra la constitucionalidad de los artículos relacionados por lo cual es improcedente su tramitación como una acción de amparo, sin perjuicio de que los recurrentes intenten, si así lo estiman oportuno, la acción Constitucional correspondiente, dando así estricto cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 79 ya citado, para resolver en su oportunidad lo que corresponda en derecho.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable, principio que estima esta Sala ha sido observado por la autoridad recurrida a la hora de ejercer su potestad.- CONSIDERANDO: Que el artículo 60 párrafo primero de la Constitución de la República establece: "Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos." Consta en autos que el ente denunciado, en aplicación de las normas Constitucionales y legales vigentes ha respetado al hoy recurrente su derecho a la igualdad procesal.- CONSIDERANDO: Que la garantía del derecho de petición, desarrollada en el artículo 80 constitucional, se contrae a la libertad o poder que tiene toda persona natural o jurídica de recurrir a los tribunales para la solución de un proceso u oponerse a cualquier pretensión aducida en un pleito, en el que debe cumplirse con los requisitos constitucionales ordinarios o especiales en materia de procedimiento, para posibilitar el derecho de defensa y la producción de prueba en igualdad de condiciones para las partes, los cuales esta Sala aprecia no se le ha vulnerado en la presente causa.- CONSIDERANDO: Que los recurrente invoca la violación del artículo 82 referente al derecho de defensa, el cual no se observa haya sido violentado con la resolución que se impetra pues no se ha privado al quejoso de efectuar alegaciones o probar sus argumentos, ni se ha limitado o impedido el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones, por cuanto no se ha provocado la lesión alegada en el presente caso.- CONSIDERANDO: Que los recurrentes también alegan quebrantado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece"; este principio implica el derecho a ser juzgado por un juez natural, y que, los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías legalmente establecidas; no obstante del estudio de autos consta que el asunto sometido al conocimiento del ente denunciado, es la autoridad competente, y ha observado el procedimiento legalmente establecido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de la infracción al debido proceso.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que han formulado los recurrentes para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de emitir el informe final por existir indicios de enriquecimiento ilícito para lo cual estima esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del ente administrativo competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a la parte que se estima agraviada.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados AMADO FELIPE OSORTO y JOSÉ TIBURCIO AMADOR ZÚNIGA, a favor del señor JOSÉ FINLANDER MARTINEZ CABALLERO, contra la resolución No.322/2016-SG-TSC de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciséis, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC); al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0053-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL