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Sentencia RI-796-15 — Registro 9369

Resumen

Decreto Legislativo Nº237-2012 que reformó el artículo 309 de la Constitución de la República, disponiendo como requisito para el nombramiento de los Magistrados a la honorable Corte Suprema de Justicia ser abogado y notario.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que en tal sentido, torna a tomarse en consideración, a título ilustrativo, lo expresado en el Dictamen Fiscal DGF-NO. 02-2007 del 31 de octubre de 2007, en el cual el Dr. Carlos David CÁLIX VALLECILLO, ha dictaminado que la función primordial de la Sala de lo Constitucional: “… es la de (…)”; lo cual es atinente y concordante al motivo anteriormente desarrollado, pues la norma jurídico constitucional es patrón de constitucionalidad en sí misma, no objeto de juzgamiento constitucional por parte del poder constituido; lo cual solo cabe competencialmente con base a los artículos 76 numeral 1) y 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; con respecto al procedimiento que enmarca valiosamente la Constitución de la República para cumplimentar los requisitos y formalidades que se exigen, para la reforma al articulado original, al Constituyente derivado. CONSIDERANDO (9): Que en vista a lo anteriormente expuesto, no asiste competencia legal, ni objeto legítimo, en el control de constitucionalidad que persigue el recurrente al solicitar se declare parcialmente la inconstitucionalidad, por la vía de acción y por razón de contenido, del artículo 309 reformado de la Constitución de la República a través del supradescrito Decreto Legislativo Número 237-2012, que emitiera el Congreso Nacional de la República; según lo ha promovido el recurrente en representación del FRENTE GREMIALISTA PARA LA TRANSPARENCIA y del TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS; por lo cual procede declarar sin lugar la inconstitucionalidad por esta alta Sala de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que en el presente caso y en vista a lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional procede dictar sin lugar la inconstitucionalidad en el recurso de mérito, sobre todo tomando en consideración la imposibilidad jurídica de escrutar la constitucionalidad material del Decreto Legislativo Número 237-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (31) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013), por el cual se reformó el artículo 309 de la Constitución de la República; norma jurídica contra la cual se dirige, en última instancia, el contenido del presente recurso de inconstitucionalidad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el abogado JOSE ANIBAL CRUZ RAUDALES, quien actúa en su condición de MIEMBRO DEL FRENTE GREMIALISTA PARA LA TRANSPARENCIA Y TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS; contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 237-2012, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintitrés de enero del dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta no. 33,033 de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta de enero del dos mil trece, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete de marzo del dos mil trece; manifiesta el recurrente que el referido decreto reformó el artículo 309 de la Constitución de la República, disponiendo como requisito para el nombramiento de los Magistrados a la Honorable Corte Suprema de Justicia ser Abogado Notario.ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), compareció ante este Tribunal el abogado JOSE ANIBAL CRUZ RAUDALES, actuando en su condición de miembro del Frente Gremialista por la Transparencia y miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras; interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el DECRETO LEGISLATIVO Nº237-2012 EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (31) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013), manifiesta el recurrente que el referido decreto reformó el artículo 309 de la Constitución de la República, disponiendo como requisito para el nombramiento de los Magistrados a la Honorable Corte Suprema de Justicia ser Abogado y Notario. 2) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del dos mil quince (2015) este alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado, omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso a dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el termino de seis (06) días hábiles, para que emitiera su dictamen. 3) Que en fecha cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015) la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal SUSSY G. COELLO GARCIA, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere contraria a la Norma Fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará la norma objeto de control constitucional. CONSIDERANDO (2): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En el presente caso, ha señalado el garantista que la acción interpuesta es por razón de contenido, es decir que no va dirigida a censurar la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por la Constitución de la República; sino que al contenido parcial de la misma, según reformada a través del DECRETO LEGISLATIVO Nº 237-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (31) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013); como es, en concreto, el artículo 309 reformado de la Constitución de la República, el cual ha adicionado como requisito para la elección y nombramiento de los Magistrados a la Honorable Corte Suprema de Justicia, el de la acreditación de ser Abogado y Notario. CONSIDERANDO (3): Que en vista a lo anterior, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso en mención por auto de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), advirtiendo que al dirigirse el mismo por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido en contra de un artículo de la Constitución de la República, se omitía el libramiento de la comunicación de estilo al Congreso Nacional de la República; disponiéndose dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que vertiera su Dictamen de conformidad a Ley, el cual se emitió conforme a lo establecido en el Antecedente 3) de la Sentencia. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado JOSE ANIBAL CRUZ RAUDALES, quien actúa en su condición de miembro del FRENTE GREMIALISTA PARA LA TRANSPARENCIA y del TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, indica que el interés directo, personal y legitimo que le asiste, es en nombre y representación de los dieciocho mil ochocientos dos (18,802) profesionales de la Abogacía agremiados en el Colegio de Abogados de Honduras, quienes han sido privados de su derecho legítimo a ser aspirantes a Magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia, en vulneración de sus Garantías Constitucionales, particularmente los derechos al debido proceso y al principio de legalidad; lo cual constituiría legitimación suficiente para la promoción de la acción de inconstitucionalidad, en defensa del interés directo, personal y legítimo de los integrantes del gremio de profesionales del Derecho, como queda expresado. CONSIDERANDO (5): Que el garantista, explica el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido contra la reforma sufrida por el artículo 309 de la Constitución de la República a través del Decreto Legislativo Nº 237-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (30) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013); por considerar el recurrente que el decreto antes citado, violenta a los agremiados los derechos y garantías consagradas en los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 68, 76, 82 y 160 de la Constitución de la República, y; artículos 1 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; en lo cual percibe una negación de lo contenido en la Constitución de la República, por razón en la desigualdad radical que esto crea en el gremio de los Abogados, en lesividad actual a la dignidad esencial de la persona y propendiendo a la creación grupos o clases privilegiadas en Honduras; todo ello en desmedro de la juridicidad y del Estado de Derecho, entre cuyos principios básicos se cuentan la proscripción de la discriminación y la igualdad ante la Ley. CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, resulta de observancia lo establecido en el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, donde se establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, dirigiéndose la competencia de control constitucional en la materia, únicamente cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la República, acorde su numeral 2); lo cual no fue en absoluto objeto de alegación por parte del garantista, quien se ha limitado a censurar la reforma por adición sufrida por el artículo 309 de la Constitución de la República únicamente por razón de su contenido; el cual juzga lesivo a la igualdad ante la ley y contenido esencial de la dignidad humana, reconocidos principios fundacionales del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, vista para fallo la presente sentencia y en concordancia a lo antes expresado, reconoce que la presunción de legitimidad y rango normativo que ampara a la norma suprema es máxima y se identifica plenamente con la fuente de la cual adquiere su legitimidad de origen; como es el Poder Soberano radicado en el pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación.[1] Lo anterior imposibilitaría a la Sala efectuar un control constitucional de orden sustancial, es decir, por razón de contenido, contra una norma jurídica que ostente rango constitucional; tal y como la que se denuncia como inconstitucional, por parte del postulante gremialista. CONSIDERANDO (8): Que en tal sentido, torna a tomarse en consideración, a título ilustrativo, lo expresado en el Dictamen Fiscal DGF-NO. 02-2007 del 31 de octubre de 2007,[2] en el cual el Dr. Carlos David CÁLIX VALLECILLO, ha dictaminado que la función primordial de la Sala de lo Constitucional: “… es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución (…)”; lo cual es atinente y concordante al motivo anteriormente desarrollado, pues la norma jurídico constitucional es patrón de constitucionalidad en sí misma, no objeto de juzgamiento constitucional por parte del poder constituido; lo cual solo cabe competencialmente con base a los artículos 76 numeral 1) y 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; con respecto al procedimiento que enmarca valiosamente la Constitución de la República para cumplimentar los requisitos y formalidades que se exigen, para la reforma al articulado original, al Constituyente derivado. CONSIDERANDO (9): Que en vista a lo anteriormente expuesto, no asiste competencia legal, ni objeto legítimo, en el control de constitucionalidad que persigue el recurrente al solicitar se declare parcialmente la inconstitucionalidad, por la vía de acción y por razón de contenido, del artículo 309 reformado de la Constitución de la República a través del supradescrito Decreto Legislativo Número 237-2012, que emitiera el Congreso Nacional de la República; según lo ha promovido el recurrente en representación del FRENTE GREMIALISTA PARA LA TRANSPARENCIA y del TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS; por lo cual procede declarar sin lugar la inconstitucionalidad por esta alta Sala de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que en el presente caso y en vista a lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional procede dictar sin lugar la inconstitucionalidad en el recurso de mérito, sobre todo tomando en consideración la imposibilidad jurídica de escrutar la constitucionalidad material del Decreto Legislativo Número 237-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (31) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013), por el cual se reformó el artículo 309 de la Constitución de la República; norma jurídica contra la cual se dirige, en última instancia, el contenido del presente recurso de inconstitucionalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de sus miembros y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 94, 96, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 309, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR LA INCONSTITUCIONALIDAD presentada en contra del Decreto Legislativo Número 237-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), ratificado por el Decreto Número 10-2013 de fecha treinta (30) de enero del dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 30,086 de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil trece (2013), por el cual se reforma el artículo 309 de la Constitución de la República. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte garantista el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), certificación de la sentencia de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal con el número 0796=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver artículo 2 de la Constitución de la República.

[2] Citado en el DICTAMEN-DGF-NO. 02-2007 de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, de fecha 31 de octubre de 2007.