Sentencia RI-702-16 — Registro 8562
Resumen
Procesos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional ordenados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al amparo del decreto Legislativo 21-2016 del cual se invoca y pide su declaración de Inconstitucionalidad mediante el cual se acordó en el marco de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, se cancela por reestructuración de la Policía Nacional el acuerdo de nombramiento de impetrante en su condición de Comisario de Policía
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"…""(11): Que para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición, por inconstitucional.CONSIDERANDO DOCE (12): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses.
CONSIDERANDO TRECE (13): Que de la lectura del Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017).CONSIDERANDO CATORCE (14): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías 1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En ese orden de ideas el Artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la función legislativa formula y establece las normas generales y obligatorias de la convivencia social. Estas son, para los gobernados, el límite de su autonomía personal, puesto que ellos pueden hacer todo lo que no les está vedado por las leyes, y, para los gobernantes, la sustancia de su poder, dado que no les está permitido hacer algo para lo que no estén previamente autorizados por un precepto jurídico. La discusión y aprobación de él compete al órgano legislativo, de acuerdo con los procedimientos y las normas que establece la Constitución y leyes del Estado. La sanción, que es la aprobación por el jefe del Estado de un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo, es la penúltima etapa, a la que sigue finalmente la promulgación de la ley, esto es, su publicación solemne en el periódico oficial para conocimiento general. La ley rige desde el momento de su promulgación, a menos que ella señale otra fecha para su vigencia.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. La garantía constitucional de Inconstitucionalidad no es un remedio procesal para corregir un procedimiento administrativo o una notificación realizada en el mismo. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No Ha Lugar el recurso de Inconstitucionalidad, en virtud de que el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, número 34,003 no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno; además de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 27 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"…""(11): Que para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición, por inconstitucional.CONSIDERANDO DOCE (12): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses.
CONSIDERANDO TRECE (13): Que de la lectura del Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017).CONSIDERANDO CATORCE (14): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías 1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En ese orden de ideas el Artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la función legislativa formula y establece las normas generales y obligatorias de la convivencia social. Estas son, para los gobernados, el límite de su autonomía personal, puesto que ellos pueden hacer todo lo que no les está vedado por las leyes, y, para los gobernantes, la sustancia de su poder, dado que no les está permitido hacer algo para lo que no estén previamente autorizados por un precepto jurídico. La discusión y aprobación de él compete al órgano legislativo, de acuerdo con los procedimientos y las normas que establece la Constitución y leyes del Estado. La sanción, que es la aprobación por el jefe del Estado de un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo, es la penúltima etapa, a la que sigue finalmente la promulgación de la ley, esto es, su publicación solemne en el periódico oficial para conocimiento general. La ley rige desde el momento de su promulgación, a menos que ella señale otra fecha para su vigencia.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. La garantía constitucional de Inconstitucionalidad no es un remedio procesal para corregir un procedimiento administrativo o una notificación realizada en el mismo. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No Ha Lugar el recurso de Inconstitucionalidad, en virtud de que el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, número 34,003 no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno; además de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 27 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad por razones de contenido, promovido Vía Acción por el señor OSCAR ALEXANDER CLAROS BUSTILLO, quien actúa en su condición personal, contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, número 34,003 alegando razones de contenido. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala, el señor OSCAR ALEXANDER CLAROS BUSTILLO, quien actúa en su condición personal, presentando recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003 mediante el cual se fundamentó el Acuerdo No.1324-2016 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y mediante el cual se acordó que en el marco de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, se cancela por reestructuración de la Policía Nacional el acuerdo de nombramiento del Comisario de Policía OSCAR ALEXANDER CLAROS BUSTILLO.2) Que una vez seguido el procedimiento de ley correspondiente la Sala, en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, tuvo por admitido el recurso interpuesto por el señor antes citado, omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folio 14 del recurso)
- Que en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque “SE DECLARE SIN LUGAR” el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folios 17-22 del recurso)4) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, este Sala, tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho por haberse emitido en tiempo y forma el dictamen, continuándose con el trámite correspondiente. (Folio 24 del recurso)CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala el señor OSCAR ALEXANDER CLAROS BUSTILLO, quien actúa en su condición personal, presentando recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003 mediante el cual se fundamentó el Acuerdo No.1324-2016 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y mediante el cual se acordó que en el marco de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, se cancela por reestructuración de la Policía Nacional, el acuerdo de su nombramiento como Comisario de Policía.CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este Alto Tribunal en forma clara y precisa su interés legítimo, personal y directo, en vista de que tal y como señala que la Constitución de la República es la ley suprema del Estado, Nación, de lo que se produce que el derecho individual protegido por el ordenamiento jurídico es de proteger mediante la sujeción de los actos de los tres poderes del Estado a la Constitución y las leyes, y esto es lo que produce la legalidad de los actos; su inobservancia, la nulidad de los mismos ya sea porque resulten ofensivos a la Constitución o a cualquiera de las leyes las leyes secundarias del país resulta en una evidente inconstitucionalidad. El interés personal es la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 21-2016, surge cuando la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, fundamentada e invocando el supra citado Decreto Legislativo 21-2016 y el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 11 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha el 12 de abril de 2016 No. 34,006, se encuentra tramitando procesos administrativos reestructuración de la Policía Nacional ordenado al amparo del Decreto del cual se invoca y pide su declaración de inconstitucionalidad. Es interés de la Constitución de la República y de orden público preservar el derecho de defensa de los particulares. El interés legítimo es que no se me apliquen los preceptos del Decreto Legislativo 21-2016 de fecha 06 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 08 de abril de 2016 número 34,003 en virtud que el Legislador en el presente caso se extralimitó suspender la aplicación y vigencia de disposiciones legales contenidas en otros Decretos Legislativos, detalladas a continuación: Suspensión de la vigencia de los Artículos 114 del Capítulo VI contentivo de la “Terminación de la Carrera Policial”, Artículos 127, 128, 129, al 131 y 132 del Capítulo VI que contiene “Las Medidas Disciplinarias y del Régimen del Despido”, ambos capítulos del Título IV de “Carrera de Servicio Policial”, contenidos en el Decreto Legislativo No. 67-2008, y sus reformas contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como la Ley del Servicio Civil, contenida en el Decreto 126 y todas sus reformas. Lo señalado precedentemente tuvo como consecuencia el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 11 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de abril de 2016, ya que mediante la aplicación de este último, la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad LE NIEGA EL DERECHO A LA DEFENSA, en virtud que en su Artículo 2 el mencionado Decreto Ejecutivo dispone “Además de lo establecido en el Artículo precedente el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, cancelará con justa causa de despido a cualquiera de los miembros de la Policía Nacional sin responsabilidad para el Estado, por la falta de idoneidad para el ejercicio de su función como por la pérdida de confianza, basado en el dictamen que al efecto emita la Comisión Especial. Todo el personal o los miembros de la Policía Nacional que sean objeto de la imputación de hechos acciones u omisiones que constituyan justa causa para la terminación de su relación de prestación de servicios o cancelación de su Acuerdo de nombramiento por vía de despido directo sin responsabilidad para el Estado, deben de gozar del derecho de defensa, del debido proceso y del principio de inocencia, por lo que en su garantía, la Comisión Especial de Depuración presidida por el Secretario de Estado el Despacho de Seguridad para el cumplimiento de los establecido en el Decreto Legislativo Número 21-2016 que manda la depuración, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional una audiencia de descargos para que hagan, en el marco de la Constitución, los Convenios Internacionales y Leyes Especiales, el ejercicio del Derecho de Defensa, previa notificación de los cargos o denuncias en que les imputen hechos, constitutivos de justas causa para la aplicación de medidas disciplinarias o de sanción de despido. Las notificaciones requeridas se efectuarán de manera personal, por Tabla de Avisos o medios electrónicos.”. El precitado Articulo que invoca al Decreto Legislativo 21-2016 es merecedor de amplio y profundo estudio de las presentes y futuras generaciones de los estudiosos del Derecho hondureño, dado que implica conferirle facultades de cancelación y despido de personal de la Policía Nacional al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad sin responsabilidad para el Estado, por lo que deviene obligado a informar para el ilustrado conocimiento de Corte Suprema de Justicia que los Acuerdos de cancelación se están notificando por medio de la Tabla de Avisos de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, lo que a todas luces vulnera el Derecho a la defensa, visto que se utiliza arteramente ese medio de notificar “validado” in fine en el mencionado Artículo lo que resulta en la realidad que para el personal policial cancelado por esta vía y que se encuentra asignado en el interior del país, el ejercicio de su derecho de defensa sea oportuna y debida notificación, por convierte en un acto imposible al no tener acceso a una oportuna y debida notificación, por lo que respetuosamente se pide que se traigan a su conocimiento todos los procesos administrativos de cancelación de acuerdos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal por reestructuración de la policía nacional ordenados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad desde la vigencia del Decreto 21-2016 hasta la fecha.CONSIDERANDO SEIS (6): Que sostiene el recurrente que de la narración de los hechos y la lectura de la ley entiende que el Congreso Nacional al emitir el Decreto Legislativo 21-2016 de fecha 06 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 08 de abril de 2016 número 34,003, se extralimita en sus facultades al suspender la aplicación y vigencia de disposiciones legales contenidas en otros Decretos Legislativos con la suspensión de la vigencia de los Artículos 114 del Capítulo V contentivo de la "Terminación de la Carrera Policial" Artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VII que contiene "Las Medidas Disciplinarias y del Régimen del Despido", ambos capítulos del Título IV de "Carrera de Servicio Policial", contenidos en el Decreto Legislativo No. 67-2008, y sus reformas contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como la Ley del Servicio Civil, contenida en el Decreto 126 y todas sus reformas, de donde derivan la validez de las leyes, los actos administrativos y los actos judiciales en el caso de mi despido. Los actos de autoridad que no hubiesen sido emitidos como la Constitución ordena, quedan afectados en su validez. En estas condiciones, cuando el acto viciado de Inconstitucionalidad es aplicado en cada caso concreto, se produce una violación a la constitución y se materializa una lesión a un interés específico. Por ello la inconstitucionalidad no prescribe ni puede sanearse jamás, pues cada vez que se aplica el acto Inconstitucional, y se actualiza la inconstitucionalidad y se lesiona su interés directo, personal y legítimo.CONSIDERANDO SIETE (7): Que el recurrente también señala que el Decreto 21-2016, violenta varias de las garantías constitucionales como ser el Derecho a la Libertad e igualdad ante la Ley (art. 60 y 61), Derecho a la Defensa (art. 82) Derecho a ser oído y vencido en juicio (art. 90 y 94) Potestad de impartir justicia y aplicar leyes a casos concretos de los Juzgados y Tribunales de la República (art. 303 y 304) Derecho a la Seguridad Jurídica. Dicho decreto restringe, disminuye y tergiversa todas las garantías antes expuestas. - El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad le está aplicando en detrimento una Ley que contiene presunción de ilicitud, lo que a todas luces es una incongruencia con el derecho de presunción de inocencia. Con la vigencia de los Artículos del Decreto Legislativo 21-2016 y su consecuencia, el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016. Se está violentando su derecho a la defensa, visto que se le notificó el acuerdo de cancelación sin convocatoria a audiencia de descargo, lo que podrá ser comprobado al traer a conocimiento todos los procesos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional ordenados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al amparo del decreto del cual se invoca y pide su declaración de Inconstitucionalidad.CONSIDERANDO OCHO (8): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, siendo de la opinión porque SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado; en relación al primero motivo de inconstitucionalidad invocado por el recurrente, sostiene la Fiscal del Ministerio Público, que se debe señalar que el Articulo 7 del Decreto 21-2016, efectivamente suspende la aplicación de las normas citadas, sin embargo, esto no colisiona con la disposición contenida en el Artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República, en tanto que es una atribución del Poder Legislativo crear normas y como consecuencia de ello, pueden también decretar la suspensión temporal de las mismas, tal y como ha sucedido con otras normas de aplicación general, considerando que es deber del Estado tomar todas aquellas medidas necesarias para mantener el orden público, a efecto de que todos los órganos de seguridad del Estado coadyuven de manera efectiva al cumplimiento de los roles que les han sido asignados, garantizando los derechos de los demás, la seguridad de todos, las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático. En virtud de lo cual no resulta procedente el argumento del recurrente en cuanto a que existe colisión entre lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 21-2016 y la norma constitucional. Siguiendo con el estudio del segundo motivo de inconstitucionalidad planteado por el recurrente, la Fiscal del Despacho sostiene que el impetrante únicamente se limita a citar el Decreto 21-2016, así como las disposiciones contenidas en los Artículos 60, 61, 82, 90, 94, 303 y 304 de la Constitución de la República, sin embargo no hace un desarrollo de los mismos, en cuanto a establecer como el contenido de dicho decreto colisiona con las normas constitucionales citadas, en tanto que al no establecerse de manera concreta los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión, imposibilita que el Ministerio Público pueda emitir opinión, ya que no basta el señalamiento de preceptos cuya inconstitucionalidad se pretende, sino que resulta imperante su desarrollo, razón por la cual se desestima ese motivo de inconstitucionalidad. En relación al tercer motivo de inconstitucionalidad, refiere la Fiscal del Despacho, que el recurrente estima que el Decreto 21-2016, vulnera su derecho a la defensa, visto que se le notificó el Acuerdo de Cancelación sin convocatoria a audiencia de descargo, motivo éste que no es de recibo, por ser una causal propia de la Acción de Amparo de acuerdo al Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que señala: “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establece; 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución”. Por las razones expuestas la dictaminadora es de la opinión porque se desestime el último motivo de inconstitucionalidad planteado, en virtud que el planteamiento señalado por el recurrente, no es propio de la Acción de Inconstitucionalidad de acuerdo al Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sino de la acción de amparo.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición, por inconstitucional.CONSIDERANDO DOCE (12): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses.
CONSIDERANDO TRECE (13): Que de la lectura del Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017).CONSIDERANDO CATORCE (14): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías 1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En ese orden de ideas el Artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la función legislativa formula y establece las normas generales y obligatorias de la convivencia social. Estas son, para los gobernados, el límite de su autonomía personal, puesto que ellos pueden hacer todo lo que no les está vedado por las leyes, y, para los gobernantes, la sustancia de su poder, dado que no les está permitido hacer algo para lo que no estén previamente autorizados por un precepto jurídico. La discusión y aprobación de él compete al órgano legislativo, de acuerdo con los procedimientos y las normas que establece la Constitución y leyes del Estado. La sanción, que es la aprobación por el jefe del Estado de un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo, es la penúltima etapa, a la que sigue finalmente la promulgación de la ley, esto es, su publicación solemne en el periódico oficial para conocimiento general. La ley rige desde el momento de su promulgación, a menos que ella señale otra fecha para su vigencia.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. La garantía constitucional de Inconstitucionalidad no es un remedio procesal para corregir un procedimiento administrativo o una notificación realizada en el mismo. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No Ha Lugar el recurso de Inconstitucionalidad, en virtud de que el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, número 34,003 no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno; además de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 94, 96, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN CONTRA el Decreto Legislativo No. 21-2016, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” No. 34,003 en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la POLICÍA NACIONAL.- Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-702-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL