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Sentencia RI-230-18 — Registro 9363

Resumen

Artículos 435 al 438 del Código Procesal Penal contenido en el Decreto Legislativo No. 9-99 mismo que fue instado ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa en demanda para que se deduzca responsabilidad civil promovida por Pedro Darío Murillo Licona, Yolanda Georgina Castro Zelaya y Carlos Rolando Navarro Hernández contra recurrente; La Sala constató que la acción de mérito es la misma planteada en el expediente 1301-14 declarada no ha lugar por esta Sala; Además los alegatos hechos resultan más apropiados para sustentar un amparo, por lo anterior procede su inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional al analizar la admisibilidad de la garantía de mérito, dirigida contra el Decreto 9-99, constata que la misma se encuentra planteada en similares términos a la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta vía excepción, registrada bajo el número 1301-14, misma que fue declarada NO HA LUGAR por esta Sala de lo Constitucional, mediante sentencia proferida en fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis. La decisión de este Alto Tribunal únicamente fundamenta o argumenta la impugnación que se basa en la contravención al derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional y lo relacionado puntualmente al derecho de interrogar y ofrecer testigos...La causa de desestimación de dichos motivos obedece a que no basta que los demandantes de inconstitucionalidad enuncien que ésta existe, y que cite los artículos que le sirven de fundamento, sino que constituye una carga procesal determinante para que prospere esta garantía constitucional, que el peticionario la explique de manera fundamentada y convincente, demostrando que existe la colisión que denuncia..."La Sala observa que el impetrante al exponer el alegato de la presente garantía, lo hizo de una manera que resulta más apropiada para sustentar un amparo..."..."la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrá desestimar toda cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, en los que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia declarase sin lugar la inconstitucionalidad planteada. Razón por la cual procede a declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción de que se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. VISTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, en su condición personal, contra los artículos 435 al 438 del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, contenido en el Decreto Legislativo No.9-99-E de fecha veinte de mayo de dos mil, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,176, mismo que fue instado ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Juticapla, departamento de Olancho, en la demanda para que se deduzca responsabilidad civil promovida por los señores PEDRO DARIO MURILLO LICONA, YOLANDA GEORGINA CASTRO ZELAYA Y CARLOS ROLANDO NAVARRO HERNANDEZ, contra el señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional al analizar la admisibilidad de la garantía de mérito, dirigida contra el Decreto 9-99, constata que la misma se encuentra planteada en similares términos a la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta vía excepción, registrada bajo el número 1301-14, misma que fue declarada NO HA LUGAR por esta Sala de lo Constitucional, mediante sentencia proferida en fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis. La decisión de este Alto Tribunal únicamente fundamenta o argumenta la impugnación que se basa en la contravención al derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional y lo relacionado puntualmente al derecho de interrogar y ofrecer testigos. Por el contrario, nada expresa en relación con los artículos 61, 62 y 320 de la Constitución de la República de Honduras, razón por la que este alto tribunal determina que los motivos de inconstitucionalidad basados en estos últimos artículos, no son de recibo. La causa de desestimación de dichos motivos obedece a que no basta que los demandantes de inconstitucionalidad enuncien que ésta existe, y que cite los artículos que le sirven de fundamento, sino que constituye una carga procesal determinante para que prospere esta garantía constitucional, que el peticionario la explique de manera fundamentada y convincente, demostrando que existe la colisión que denuncia. Pasando al examen propio de inconstitucionalidad, este alto tribunal de justicia observa que el peticionario sustenta que con el procedimiento contenido en los artículos impugnados se fijaron en contra de su poderdante cantidades a pagar por el demandado, sin que éste haya tenido la posibilidad de intervenir y ejercer el derecho de defensa. Expresa que se dio curso a una audiencia de proposición y evacuación de pruebas, sin darle lugar al ejecutado a ejercitar su derecho a la defensa, mediante el principio de contradicción. Además, expresa que el derecho de defensa también se violenta cuando al tenor del artículo 437 del Código Procesal Penal no se permite al ejecutado más objeción que: a) la legitimación del demandante y; b) la cuantía de la reclamación, sin permitir objetar o excepcionar otras cuestiones. Más adelante el impetrante, cita entre sus argumentos un precedente judicial consistente en la sentencia dictada por este alto tribunal en el caso número 526-2008. La Sala observa que el impetrante al exponer el alegato de la presente garantía, lo hizo de una manera que resulta más apropiada para sustentar un amparo. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrá desestimar toda cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, en los que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia declarase sin lugar la inconstitucionalidad planteada. Razón por la cual procede a declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción de que se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183 numeral segundo, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y demás aplicables de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 76, 77, 87, 91, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: 1º DECLARAR INADMISIBLE la Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta por el señor CESAR RIGOBERTO HERNANDEZ SANTOS, en su condición personal, contra los artículos 435 al 438 del Código Procesal Penal; 2º Tener por conferido el poder en el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, con las facultades generales del mandato judicial y las especiales de deducir en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar el poder; poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste ó personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se devuelvan los antecedentes al juzgado de su procedencia y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno (21) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la resolución de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el Numero 0230=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL