Sentencia RI-1071-16 — Registro 9374
Resumen
Interpuesto recurso de inconstitucionalidad por vía de acción contra el Decreto Legislativo Número 21-2016, emitido por el Congreso Nacional De La República, mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 y el Acuerdo No. 27-A-2016.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003, no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno; además de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77, Numeral 1) (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, quien actúa en su condición de apoderada legal de los señores WILLIAM ALEXANDER RUIZ LAGOS Y ANDRES JOSUE TORRES PERALTA, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 21-2016, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis; mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 y el Acuerdo No. 27-A-2016 de fechas once y doce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta el doce de abril y veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, respectivamente, instrumentos utilizados para cancelar por restructuración los acuerdos de nombramientos de los señores WILLIAM ALEXANDER RUIZ LAGOS y ANDRES JOSUE TORRES PERALTA. La garantista estiman que el decreto antes citado violenta de manera directa lo establecido en los Artículos 1, 3, 16, 40, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 76, 80, 82, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 123, 127, 128, 129, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 171, 184, 185, 186, 187, 205, 260, 214, 215, 216, 217, 219, 245, 248, 293, 303, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328 y 376 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, quien actúa en su condición de apoderada de los señores WILLIAM ALEXANDER RUIZ LAGOS y ANDRES JOSUE TORRES PERALTA, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo por vía de acción garantía de inconstitucionalidad en contra del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 21-2016, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis; mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 y el Acuerdo No. 27-A-2016 de fechas once y doce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta el doce de abril y veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, respectivamente. 2) Que en fecha trece de enero del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal de Justicia admitió la presente garantía de inconstitucionalidad, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República, dándole traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folio 78). 3) Que en fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, emitió dictamen siendo del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folio 87). CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea qué, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, quien actúa en su condición de apoderada de los señores WILLIAM ALEXANDER RUIZ LAGOS y ANDRES JOSUE TORRES PERALTA, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo por vía de acción garantía de inconstitucionalidad en contra del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 21-2016, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis; mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 y el Acuerdo No. 27-A-2016 de fechas once y doce de abril de dos mil dieciséis, respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta el doce de abril y veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, respectivamente. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este Alto Tribunal en forma clara y precisa su interés legítimo, personal y directo, en vista de que tal y como señala el interés directo que motiva a sus Representados a interponer esta Acción de Inconstitucionalidad, contra la Totalidad de Los DECRETOS LEGISLATIVO No.21-2016, PCM.-029-2016 y ACUERDO 27-A-2016 y que no se origina de NINGUNA NORMA PRIMARIA y VIOLENTA LAS MÁS ELEMENTALES GARANTIAS CONSTITUCIONALES, en el hecho de que dichos DECRETOS, les violenta, disminuye y tergiversa los derechos Fundamentales a él y a los Miembros que conforman la Policía Nacional, entre ellos el derecho de petición, el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho de ser oído y vencido en juicio, como normas Constitucionales contenidas en los Artículos 1, 3, 16, 18, 40, 59, 60, 61, 62. 63, 64, 65, 67, 68, 70, 76, 80, 82, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 123, 127, 128, 129, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 171, 184, 185, 186, 187, 205, 206, 214, 215, 216, 217, 219, 245, 248, 293, 303, 305, 313, 316, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 Y 376 reformado de la Constitución de la República de Honduras; 8, 23, 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 10, 11, 23 y 29 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; Tratados Internacionales, Código Penal, Código Procesal Penal, Leyes Administrativas, Ley de la Administración Pública, Ley Orgánica de la Policía Nacional, y todas las Normas de la Administración Pública. CONSIDERANDO SEIS (6): Que sostiene la recurrente que el Decreto Legislativo número 21-2016 de fecha 07 de abril del 2016, Decreto Ejecutivo número PCM-029-2016 de fecha 11 de abril del 2016 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de abril del 2016, el Acuerdo No. 27-A-2016 de fecha 12 de abril publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de abril del 2016; violan el derecho de defensa, porque no permite a ningún argumento en la parte administrativa no pueden apoyarse en aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional por que están suspendidos algunos Artículos de la misma, tanto dichos Instrumentos toma posesión como una ley única para los Policías de Honduras, en cuanto a que hagan uso del derecho de defensa, Para hacer descargos en su defensa sino les dieron oportunidad alguna, derecho que tenemos todos los ciudadanos de Honduras, y en cualquier parte del mundo y reconocido este derecho universalmente. Pues en su articulado en el Decreto No. 21-2016 se establece un procedimiento que no se cumplió y por tanto se dejó en indefensión a sus representados y faltando a la verdad los cancelan por reestructuración como si fuesen un edificio o una cosa que se puede hacer y deshacer. Verdaderamente son groseros y exagerados los deseos que tienen las autoridades que ocupan su mente y corazón para hacer mucho daño a personas humildes y que prestan un servicio muy difícil a la patria, no cualquier persona expone su vida por la de muchos, y parece que hoy por hoy están siendo tratados como ningún ser humano se merece, tiene que ser un extraterrestre que pueda pues aguantar con todo esto y quedarse callado. La Constitución de la República en su Artículo 82 reconoce el Derecho de defensa. También este derecho que está consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo; también la Ley Orgánica de la Policía Nacional y demás Leyes Vigentes del país; en las cuales señalan el Procedimiento, para el caso que a un miembro de la Policía Nacional, pero como NO han inventado que los Oficiales de Policía y aplican estos Instrumentos de manera que dañan la moral y les trunca la Carrera Policial que tanto sufrieron para alcanzar el Grado de Oficial, lo que se vive en la Academia Nacional de Policía, ese es el filtro para saber si un Oficial es apto, capaz e idóneo, ya que estudian cuatro (4) largos años y si hubiese un oficial que comete un delito, pues que lo manden a los tribunales correspondientes, pero no como lo hacen en masas cancelan a lo loco y sin darles la oportunidad de defenderse. Ni mucho menos a tener un trato justo por lo que le violentan tanto el Derecho de Defensa, Un Debido Proceso y sus Derechos Humanos a que todo hondureño tenemos derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, siendo de la opinión porque SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado; en relación a lo que la recurrente señala que con la suspensión de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, se vulnera el Derecho de Defensa en tanto que impide que los policías puedan invocar en su defensa dicha ley, que no se les siguió proceso alguno, lo que deja en indefensión a sus patrocinados, y con ello una limitación al derecho de defensa. Si bien es cierto el Artículo 7 del Decreto No. 21-2016, efectivamente suspende la aplicación de las normas de la precitada ley, sin embargo, esto no colisiona con la posición contenida en el Artículo 82 de la Constitución de la República, en tanto que ya el Decreto en comento preserva ese Derecho de Defensa en el Artículo 5, al señalar que se les garantiza el derecho de defensa en el marco de la Constitución y los Convenios Internacionales y leyes especiales que al efecto se emitan, siendo importante señalar a la recurrente que el Artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República, señala como una atribución del Poder Legislativo crear normas y como consecuencia de ello, puede también decretar la suspensión temporal de las mismas, tal y como ha sucedido con otras normas de aplicación general, considerando que es deber del Estado tomar todas aquellas medidas necesarias para mantener el orden público, a efecto de que todos los órganos de Seguridad del Estado coadyuven de manera efectiva al cumplimiento de los roles que le han ido asignados, garantizando los derechos de los demás, la seguridad de todos, las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático. En virtud de lo cual no resulta procedente el argumento de la recurrente en cuanto a que existe colisión entre el derecho de Defensa consagrado en la Constitución de la República y las disposiciones contenidas en el Decreto No. 21-2016. Asimismo arguye la recurrente que el Decreto No. 21-2016, violenta el Derecho de Petición por no poder comparecer los ahora cancelados ante autoridad administrativa ni órgano jurisdiccional a reclamar la Tutela Legal Efectiva, motivo de inconstitucionalidad que tampoco es de recibo, en tanto que los hoy cancelados por el Proceso de Depuración de la Policía de acuerdo a la Ley tienen Derecho de Audiencia, Debido Proceso, el cual, lleva implícito el derecho a presentar peticiones al órgano administrativo y/o judicial, tal Como se señala en el acuerdo de cancelación específicamente en el considerando (08), “… de los acuerdos de cancelación puede comparecer ante la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a impugnar el acuerdo de cancelación”, preservándose así el Derecho de Petición, derecho este que continúa haciéndose efectivo con la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad. En cuanto al derecho al Debido Proceso estima la recurrente que este se ve conculcado al efectuarse la cancelación por restructuración, una sanción de carácter inapelable, extremo que tampoco resulta válido, en tanto que una vez notificado el respectivo Acuerdo de Cancelación, tiene expedita la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para impugnar el mismo, sin agotar recurso de reposición, siendo importante señalar que el Debido Proceso Constitucional, impone el respeto a las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, es así que las disposiciones contenidas en el Artículo 90 de la Constitución de la República se traduce en el deber que tienen las autoridades de garantizar una Tutela Jurídica Efectiva, la cual no es más que el sistema ajustado de garantías para las personas que intervienen en el proceso en este caso proceso administrativo en materia de personal, que les permita hacer valer sus derechos e intereses, ser oídos, proponer y evacuar pruebas y sobre todo a obtener una resolución fundada en derecho. En relación al Derecho Ser Oído y Vencido en juicio, este motivo de inconstitucionalidad no es de recibo en tanto que como lo señala el Artículo 05 del Decreto No. 21-2016, la Comisión Especial de Depuración, para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley debe conceder a los miembros de la Policía Nocional audiencia de descargo para que hagan en el marco de la Constitución de la República, los Convenios Internacionales y leyes especiales, el ejercicio del derecho de defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen, por lo tanto al tener derecho de audiencia, se garantiza a los miembros de la Policía sometidos a la depuración, la posibilidad de que sean oídos en el proceso, tener conocimiento de la existencia del proceso administrativo, y la notificación de la resolución administrativa para que los sometidos al proceso puedan comparecer ante la vía de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado, la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine quanon, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición, por inconstitucional. CONSIDERANDO ONCE (11): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses. CONSIDERANDO DOCE (12): Que de la lectura del Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO TRECE (13): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías 1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En ese orden de ideas el Artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la función legislativa formula y establece las normas generales y obligatorias de la convivencia social. Estas son, para los gobernados, el límite de su autonomía personal, puesto que ellos pueden hacer todo lo que no les está vedado por las leyes, y, para los gobernantes, la sustancia de su poder, dado que no les está permitido hacer algo para lo que no estén previamente autorizados por un precepto jurídico. La discusión y aprobación de él compete al órgano legislativo, de acuerdo con los procedimientos y las normas que establece la Constitución y leyes del Estado. La sanción, que es la aprobación por el jefe del Estado de un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo, es la penúltima etapa, a la que sigue finalmente la promulgación de la ley, esto es, su publicación solemne en el periódico oficial para conocimiento general. La ley rige desde el momento de su promulgación, a menos que ella señale otra fecha para su vigencia. CONSIDERANDO QUICE (15): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. La garantía constitucional de Inconstitucionalidad no es un remedio procesal para corregir un procedimiento administrativo o una notificación realizada en el mismo. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003, no entran en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno; además de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 94, 96, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, profiere y FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra el Decreto Legislativo No. 21-2016, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” No. 34,003 en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la POLICÍA NACIONAL.- Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .-LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el Numero 1071=2016
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL