Sentencia RI-095-18 — Registro 8560
Resumen
Interposición de Recurso de Inconstitucionalidad por la vía de acción del Decreto Legislativo No. 141-2017 y su Fe de Errata reforma Ley Orgánica del Presupuesto por consideración dicha reforma tiene como único fin, el crear en la práctica un sistema de inmunidades a favor de todos los Diputados del Congreso Nacional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada…"…"el impetrante en su recurso expone que el Decreto cuya inconstitucionalidad pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[2],..."..."aunados a la jurisprudencia emanada de esta Sala[4], se determina, que el Ministerio Público al igual que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son los órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por el recurrente, toda vez que al estar investidos de la autoridad propia conferida por el legislador, son los únicos entes que reúnen las condiciones necesarias para acreditar su legitimación al interponer acciones de inconstitucionalidad por la vía de acción a favor de los intereses generales de toda la población, aún y cuando no exista una vinculación concreta de la violación denunciada a procedimientos judiciales o administrativos concretos, por razón de ser en esencia el obrar en defensa y garantía de los derechos fundamentales de nuestra población su función esencial, además de haberlo reconocido así esta Sala en los precedentes ya referidos, sin requerir para ello, como si sucede en el caso de los particulares de una necesaria vinculación, entre su acción y
una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto..."..."examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión y han señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados..."..."vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de febrero de dos mil dieciocho. VISTO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por razón de forma y de contenido, por el Abogado ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES, en su condición de apoderado legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), contra el Decreto Legislativo No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, asimismo contra la “Fe de Errata” de dicho Decreto, ambos publicados en el diario oficial La Gaceta No. 34,546 y 34, 552 en fechas diecinueve y veintiséis de enero de dos mil dieciocho respectivamente, mediante los cuales se reforma la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, alegando el recurrente, entre otros, que “… dicha reforma tiene como único fin, el crear en la práctica un sistema de inmunidades a favor de todos los Diputados del Congreso Nacional…”, violentando con ellos los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 61, 96, 205 numeral 1, 303, 304, 305, 321 y 325. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 185 establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer la Garantía de Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la Norma Fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma. CONSIDERANDO: Que en este sentido la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 79, determina, entre otros, como requisitos fundamentales para pronunciarse sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vía de acción, la “Explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción; así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; y…”. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que la legislación Hondureña, con claridad establece que está legitimada para servirse de La Acción de Inconstitucionalidad, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legítimo; para servirse de esta gracia que concede, La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 185 y luego en los Artículos 77 y 79 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe analizar, el significado de estos tres vocablos: a)Interés Directo: El actual o existente, no eventual o futuro; b)Interés Personal: El derivado de una situación individual; c)Interés Legítimo: El interés particular que se beneficia de la observancia de la ley, o sea aquel que nace de una relación de derecho protegida individualmente por la ley al tutelar los intereses públicos. Despejado el significado de los tres intereses, concluye este estudio que la persona que los reúne, está sobradamente legitimada para servirse del recurso de Inconstitucionalidad, dado que para ser parte es menester tener interés que es el requisito no solo de esta acción, sino también de todos los derechos procesales. En la búsqueda de una mejor comprensión del significado de los tres intereses que deben asistir al recurrente para tener éxito con La acción de Inconstitucionalidad, se agrega lo siguiente: 1) El interés directo del impetrante que impugna la ley que estima inconstitucional se presenta, cuando al censor se le quiere aplicar una ley que para él es inconstitucional. Precisamente en este momento es que emerge el interés directo del recurrente para intentar la inexequibilidad de la ley y con ello su inaplicabilidad. Es así que solo puede invocarlo aquel, cuando a su consideración en su aplicación se causa daño a la Constitución de la República o se lesiona su interés personal; 2) Para que surja el interés personal de alguien, se requiere que la situación se individualice jurídicamente, por ende, para que ocurra la individualización, deviene la aplicación de la norma y es ahí cuando el que es molestado por la ley que considera inaplicable por inconstitucional, debe preparar el recurso para ser presentado; con ello, de prosperar la acción, el impugnante se beneficiará porque la ley demandada de inconstitucional, no le será aplicada; y 3) Al imponer la Constitución de la República, a todos los ciudadanos, el deber de cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, nos está legitimando para que sirviéndonos de los medios legales, cumplamos con este deber y es eso, lo que sirve para saber que se está legitimado o legalmente autorizado para servirse del recurso de Inconstitucionalidad cuando una disposición PONE en precario un interés personal y directo; sin embargo cuando el interés es general, será a través de las instituciones creadas por la Constitución de la República (Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos). CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en la situación del recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con la profesora Ruíz Lapeña, lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en sustento de lo expuesto anteriormente con respecto al interés directo, personal y legítimo de las acciones constitucionales que conciernen a los particulares, esta Sala ha dictado reiterados precedentes que confirman estos asertos[1], mediante los cuales, se ha dejado establecido doctrinariamente la amplitud de sus criterios en la aplicación concreta a los casos o procedimientos específicos en los cuales se ha solicitado su intervención, dando una respuesta pertinente, que atiende a los mecanismos y modalidades de tutela procesal constitucional ejercidos por los particulares y que son garantizados por nuestra norma interna (Constitución y Ley Sobre Justicia Constitucional), específicamente, mediante las acciones de habeas corpus, amparo y extraordinariamente mediante la acción de Inconstitucionalidad; en todos los casos, avalándose mediante éstas garantías desarrolladas por la norma Procesal Constitucional, los mecanismos idóneos, para que un ciudadano particular inste ante la Corte Suprema, el estudio objetivo concreto de los diferentes escenarios o conflictos intersubjetivos Constitucionales que pueden ser planteados por los recurrentes en sus acciones, resolviendo los mismos dentro de los procesos administrativos o judiciales en los que son promovidos. Pudiéndose determinar de estos precedentes (referidos a la gama de derechos que conciernen al debido proceso), que en lo que atañe al interés personal y legitimación de un particular, es únicamente mediante un análisis objetivo de un caso concreto que se puede determinar, tanto, la complejidad requerida para resolver cada caso en particular, como la posibilidad real que las partes han tenido para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. Dando la Sala de esta manera, una efectiva respuesta a los derechos de los particulares, garantizando mediante el mecanismo procesal Constitucional elegido, una respuesta o tutela efectiva para proveer garantía, en cada caso concreto, de la estricta observancia por parte de la autoridad al debido proceso, y con ello a la igualdad de armas procesales, o bien en su caso, el conocimiento del asunto observando las reglas mínimas requeridas, dentro de un plazo razonable. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada. CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, específicamente en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por el recurrente, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar al recurrente para acudir ante esta Sala, pues el impetrante en su recurso expone que el Decreto cuya inconstitucionalidad pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[2], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende el recurrente (No obstante no ostentar esta condición), que un Decreto Legislativo cuestionado de inconstitucional, vulnera los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad. Señalando a este respecto la Jurisprudencia Española, que este ente está legitimado para plantear el recurso de inconstitucionalidad, y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, es el sujeto legitimado menos activo en el control constitucional de las leyes, cuya legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación les ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO: Asimismo, es preciso indicar al recurrente, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por los motivos expuestos, aunados a la jurisprudencia emanada de esta Sala[4], se determina, que el Ministerio Público al igual que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son los órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por el recurrente, toda vez que al estar investidos de la autoridad propia conferida por el legislador, son los únicos entes que reúnen las condiciones necesarias para acreditar su legitimación al interponer acciones de inconstitucionalidad por la vía de acción a favor de los intereses generales de toda la población, aún y cuando no exista una vinculación concreta de la violación denunciada a procedimientos judiciales o administrativos concretos, por razón de ser en esencia el obrar en defensa y garantía de los derechos fundamentales de nuestra población su función esencial, además de haberlo reconocido así esta Sala en los precedentes ya referidos, sin requerir para ello, como si sucede en el caso de los particulares de una necesaria vinculación, entre su acción y
una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto. CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien el recurrente ha expuesto los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión y han señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se ha referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 184, 185 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 74, 79 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad de mérito interpuesto por el Abogado ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES, en su condición de apoderado legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), contra el Decreto Legislativo No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, asimismo contra la “Fe de Errata” de dicho Decreto, por no estar legitimado para interponer el presente recurso; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES contra la resolución dictada por esta Sala el trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró inadmisible el presente recurso inconstitucionalidad interpuesto vía acción por razón de forma y de contenido, por el Abogado ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES, en su condición de apoderado legal y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), contra el Decreto Legislativo No. 141-2017, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, asimismo contra la “Fe de Errata” de dicho Decreto, ambos publicados en el diario oficial La Gaceta No. 34,546 y 34, 552 en fechas diecinueve y veintiséis de enero de dos mil dieciocho respectivamente, mediante los cuales se reforma la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, alegando el recurrente, entre otros, que “… dicha reforma tiene como único fin, el crear en la práctica un sistema de inmunidades a favor de todos los Diputados del Congreso Nacional…”, violentando con ellos los derechos y garantías contenidos en los artículos 61, 96, 205 numeral 1, 303, 304, 305, 321 y 325 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de reposición, alega que el interés legitimo que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción para interponer el presente recurso, es que siendo la única instancia de representatividad nacional que busca encontrar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción, se ha visto afectada debido a que con la reforma recurrida se obliga al ente fiscalizador a entregar toda la documentación al Tribunal Superior de Cuentas para realizar auditorías sociales e investigue la conducta de funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, situación que alarga y pone en precario las estrategias de cumplimiento que establece la normativa y reglamentación. CONSIDERANDO: Que la Sala, el trece de febrero de dos mil dieciocho, ha pronunciado en forma motivada las razones por la que consideró procedente declarar inadmisible el presente recurso de inconstitucionalidad, encontrando que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte de lo expuesto por el recurrente en su escrito de reposición que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ODIR AARÓN FERNÁNDEZ FLORES contra la resolución dictada por esta Sala el trece de febrero de dos mil dieciocho, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, certificación de las resoluciones de fechas trece de febrero y doce de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-0095-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid fallos relacionados al Derecho de Igualdad de Armas Procesales y Plazo Razonable, recaídos en acciones de amparo con registro de este Tribunal Nos. Ap713-09, ap570-08, apc468-08, ap2281-03, apc482-06, ap662-09, RI719-05, AC584-03, APC134-06, AA398-03, AA869-01, AA1237-03 y ACCIONES DE Inconstitucionalidad registros RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08, RI41-09 y RI847-11 que obran en los archivos de la Sala.
[2] Vid. sentencia de fecha siete de mayo del dos mil tres, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad No. 2895=02.
[3] STC 274/2000/2
[4] Vid. entre otras, fallos recaídos en acciones de inconstitucionalidad interpuestas vía acción por el Ministerio Público Nos. RI20-99, RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08, RI41-09 y RI847-11 entre otras.