Sentencia EP-931-17 — Registro 10447
Resumen
Sentencia en revisión declaró sin lugar recurso de mérito contra actuaciones dictadas por juzgado de ejecución con relación a actuaciones en causa contra recurrente por suponerlo responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones graves en perjuicio de víctimas; en base a informe de juez ejecutor se acreditó que la orden de reclusión no es ilegal ni arbitraria porque emana de juez competente con motivo de sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”La honorable corte de apelaciones dictó sentencia declarando sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del señor Donald Alejandro Aguilera Morales, bajo el argumento de que consta en el informe rendido por la jueza ejecutora que no concurren ninguna de las circunstancias necesarias para que se estime procedente la garantía de exhibición personal. Contrario a eso fue acreditado plenamente que la orden de reclusión o privación de libertad del señor Donald Alejandro Aguilera Morales, no es ilegal ni arbitraria, sino que emana de un juez competente que la profirió con motivo de la sentencia condenatoria que se le impuso como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Ernesto Martínez Ordóñez y lesiones graves en perjuicio de Mauro Flores Cruz…”…”La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente confirmar la sentencia dictada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en virtud de ser correcta su decisión de declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal. Este alto tribunal constata que la privación de libertad del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales obedece a que éste tiene el registro de ingreso en la dirección de dicho centro penitenciario de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete por el delito de homicidio y lesiones graves en perjuicio de Ernesto Ordóñez Martínez y Mauro Flores Cruz por orden del juez de ejecución de la sección judicial de Francisco Morazán. Consta además en autos, que el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha cuatro de abril de dos mil seis, mediante la cual se condena al ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales a la pena de diez años con seis meses de reclusión por el delito de homicidio en perjuicio de Ernesto Ordóñez Martínez; y cuatro años con seis meses de reclusión por el delito de lesiones graves en perjuicio de Mauro Flores Cruz; totalizando un tiempo de quince años de reclusión. Consta también que el Juzgado de ejecución penal de la sección judicial de Francisco Morazán resolvió en fecha dos de agosto de dos mil doce declarar con lugar la libertad condicional y conmuta de pena de reclusión por pago de dinero en efectivo a favor del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales. Dicha resolución fue confirmada en segunda instancia mediante la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce…”…”Consta en autos, que contra la resolución anterior, el Ministerio Público interpuso la garantía constitucional de amparo, la cual fue otorgada, provocando la revocatoria de los beneficios que había declarado antes el juzgado de ejecución de la sección judicial Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Hecho que causó que se librara orden de captura en contra del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales, la cual fue cumplimentada el siete de agosto de dos mil diecisiete. En conclusión, el juez de ejecución mencionado, actuó en acatamiento a la sentencia de amparo de fecha uno de abril de dos mil dieciséis proferida por este alto tribunal de justicia. De manera que la privación de libertad del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales es legal, razón por la cual es procedente la confirmatoria de la sentencia pronunciada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 3, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, primero de febrero de dos mil dieciocho. VISTA: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se declara sin lugar el recurso interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a las actuaciones realizadas en la causa instruida contra el señor DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE y LESIONES GRAVES, en perjuicio de los señores ERNESTO MARTÍNEZ y MAURO FLORES respectivamente. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la señora BERTHA BAUDILY SUAZO RIVERA, interponiendo garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del señor DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES, quien manifiesta que su hijo fue detenido de manera ilegal por un empleado del Poder Judicial y puesto a la orden del juez y conducido a la cárcel y recluido en el módulo procesados 1, hogar 2. 2. En fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, la Sala de lo Constitucional conoció a prevención, declarándose incompetente para conocer la garantía de merito y remitiendo de inmediato las presentes diligencias a la honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán para los efectos legales consiguientes y nombrando como juez ejecutor a la abogada MERCEDES GERALDINA MIDENCE, defensora pública de Tegucigalpa, para que dentro menor tiempo posible rinda informe correspondiente sobre los extremos de la presente acción constitucional. 3. La abogada MERCEDES GERALDINA MIDENCE, en su condición indicada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, consignando entre otros, lo siguiente: “PRIMERO: Que el día 4 de octubre de 2017 me constituí a las oficinas del Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa a fin de requerir al juez No. 3 JOSÉ MOTZA ACOSTA LAZO para que en el término de 24 horas presente informe sobre las actuaciones judiciales del expediente registrado bajo No. 225-2002 en contra de DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES. SEGUNDO: En esa misma fecha me trasladé al centro penitenciario de Tamara a fin de constatar los hechos alegados por la recurrente, asimismo conocer el estado físico de DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES, siendo atendida por el director MAYOR FRANCISCO RODAS G. TERCERO: En su entrevista el señor DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES manifestó: “que estuvo detenido por estos delitos desde el año 1994 al 2000, logrando su libertad a través de la Ley de reo sin condena en donde sale de Honduras y ubica su residencia por cerca de 8 años en Guatemala que es su país de origen, posteriormente regresa a Honduras y se da cuenta que esta condenado y se presenta voluntariamente ante los Juzgados de Ejecución para que se le otorgue los beneficios legales de libertad condicional por el delito de homicidio y conmuta en efectivo por lesiones, sin embargo la fiscalía apela por estar en contra de la resolución y la corte de apelaciones nos dio la razón y el MP interpone un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, yo no me di cuenta de ese recurso y el mismo fue favorable a ellos y se libro orden de captura por el juzgado. Yo estaba firmando en San Pedro Sula por espacio de 5 años, para que cumpliera mi libertad condicional ya con el tiempo establecido al ir a traer mi carta de libertad definitiva al juzgado el 7 de agosto del 2017, vino un empleado y me dijo que tenía una orden de captura y posteriormente me trajeron a la penitenciaría nacional y me tratan bien. CUARTO: Que de las investigaciones realizadas en base a los informes presentados juntamente con la documentación soporte se ha podido establecer que el juez de ejecución actuó en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarando ha lugar el recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Publico, revocando la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal, fundamentándose en la existencia de jurisprudencia y doctrina legal y que ha sido ilustrada en varias sentencias de este alto tribunal. Por tanto, esta juez ejecutora es del criterio de DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesta por la señora BERTHA BAUDILY SUAZO RIVERA a favor del señor DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES. (Folio 9 a la 56). 4. En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete la honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, falla: 5. En fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la señora BERTHA BAUDILY SUAZO RIVERA a favor del señor DONALD ALEJANDRO AGUILERA MORALES por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES GRAVES, en perjuicio de los señores ERNESTO MARTINEZ y MAURO FLORES. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. Que el párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. La honorable corte de apelaciones dictó sentencia declarando sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor del señor Donald Alejandro Aguilera Morales, bajo el argumento de que consta en el informe rendido por la jueza ejecutora que no concurren ninguna de las circunstancias necesarias para que se estime procedente la garantía de exhibición personal.Contrario a eso fue acreditado plenamente que la orden de reclusión o privación de libertad del señor Donald Alejandro Aguilera Morales, no es ilegal ni arbitraria, sino que emana de un juez competente que la profirió con motivo de la sentencia condenatoria que se le impuso como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Ernesto Martínez Ordóñez y lesiones graves en perjuicio de Mauro Flores Cruz. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. La Sala de lo Constitucional, es del parecer que es procedente confirmar la sentencia dictada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en virtud de ser correcta su decisión de declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal. Este alto tribunal constata que la privación de libertad del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales obedece a que éste tiene el registro de ingreso en la dirección de dicho centro penitenciario de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete por el delito de homicidio y lesiones graves en perjuicio de Ernesto Ordóñez Martínez y Mauro Flores Cruz por orden del juez de ejecución de la sección judicial de Francisco Morazán. Consta además en autos, que el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha cuatro de abril de dos mil seis, mediante la cual se condena al ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales a la pena de diez años con seis meses de reclusión por el delito de homicidio en perjuicio de Ernesto Ordóñez Martínez; y cuatro años con seis meses de reclusión por el delito de lesiones graves en perjuicio de Mauro Flores Cruz; totalizando un tiempo de quince años de reclusión. Consta también que el Juzgado de ejecución penal de la sección judicial de Francisco Morazán resolvió en fecha dos de agosto de dos mil doce declarar con lugar la libertad condicional y conmuta de pena de reclusión por pago de dinero en efectivo a favor del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales. Dicha resolución fue confirmada en segunda instancia mediante la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce. Consta en autos, que contra la resolución anterior, el Ministerio Público interpuso la garantía constitucional de amparo, la cual fue otorgada, provocando la revocatoria de los beneficios que había declarado antes el juzgado de ejecución de la sección judicial Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Hecho que causó que se librara orden de captura en contra del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales, la cual fue cumplimentada el siete de agosto de dos mil diecisiete. En conclusión, el juez de ejecución mencionado, actuó en acatamiento a la sentencia de amparo de fecha uno de abril de dos mil dieciséis proferida por este alto tribunal de justicia. De manera que la privación de libertad del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales es legal, razón por la cual es procedente la confirmatoria de la sentencia pronunciada en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, remitida para su revisión a este alto tribunal de justicia por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán; mediante la cual dicho órgano jurisdiccional declaró NO HA LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por la ciudadana Bertha Baydily Suazo Rivera a favor del ciudadano Donald Alejandro Aguilera Morales, en consecuencia dicha sentencia adquiere el carácter de firme de acuerdo con la ley. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de abril de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaído en el recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0931=17.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.