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Sentencia EP-875-17 — Registro 9640

Resumen

La recurrente solicita un Habeas Corpus Correctivo, para los Privados de Libertad del Establecimiento Penitenciario de La Ceiba, Departamento de Atlántida por estar cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas, en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “FALLA: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETH MORALES ROMERO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial DE Derechos Humanos, a favor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ubicado en el Barrio Inglés, contra las AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO por las razones que se dejan aquí señaladas; ORDENA: En el caso de existir la imposibilidad de CERRAR el Centro Penitenciario de la Ciudad de la Ceiba Atlántida,(Barrio Inglés), con el debido traslado de los internos bajo las medidas de protección y seguridad que amerita el caso de autos, las autoridades encargadas del sistema penitenciario de INMEDIATO deben iniciar los trabajos necesarios para cumplir las recomendaciones de cada una de las instituciones que emitió informe, donde consta el alto riesgo que corre el centro penitenciario referido, así: 1) deben adoptar las medidas necesarias para controlar la población penitenciaria que como ya se dijo rebasa en más de 50% la capacidad de dicho Centro, para tal efecto deben crearse los espacios y condiciones en que los internos permanezcan cumpliendo sus penas de manera digna y adecuada al ser humano. 2) Elaboración de un Plan de Emergencia y contingencia. 3) Preparar y poner en práctica un sistema de protección contra incendios, tomando en consideración al alto riesgo de incendio en el que se encuentra el centro penitenciario. 4) Adoptar las medidas necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas, su mantenimiento; 5) Adoptar medida urgentes, para el servicio de agua potable, a fin de procurar el aseo e higiene de los internos y del Centro penitenciario; 6) Asegurar el derecho a la salud de los internos, mediante el aprovisionamiento de medicamentos y/o traslado o internamiento de aquellos casos que por su gravedad no puedan ser tratados dentro del centro penitenciario, entre otras recomendaciones urgentes que constan en los informes de mérito. Para el cumplimiento de esta sentencia La autoridad encargada de los centros penitenciarios tendrán el termino de DOCE MESES a partir de la notificación de esta Sentencia al recurrente, dichas autoridades deberán enviar informes mensuales de los avances en las mejoras y restablecimiento del centro penitenciario a la Fiscalía de protección a los Derechos Humanos. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril del dos mil dieciocho.-VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, Fiscal del Ministerio Publico, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) manifestando la peticionaria que solicita un Habeas Corpus Correctivo, por estar cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas, en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la Republica; 3, 7, 9 y 10.2 literal a).3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1, 5, 7,.3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Fiscal de Ministerio Publico, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), manifestando la peticionaria que solicita Habeas Corpus Correctivo, a favor de los cuatrocientos sesenta y ocho (468) privados de libertad de dicho Establecimiento Penitenciario, por estar cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y condenas, en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos; solicitando, de forma urgente, la reparación de lo antes descrito, y la determinación de un mecanismo que evite la reiteración de estos problemas en el futuro. Situación que, a criterio del peticionario, violenta los derechos contenidos en los artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la Republica; 3, 7, 9 y 10.2 literal a).3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1, 5, 7,.3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. (Folios 1–97 del presente Recurso).-2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como Jueces Ejecutores: 1) A la Abogada FRANCIS CASTRO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; y 2) A la Abogada TIRZA CALIX PADILLA, Defensora Publica de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida; a efecto de que rindieran un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 98 del presente Recurso).-3) Que las Jueces Ejecutoras comparecieron ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindieron sus informes correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora TIRZA CALIX PADILLA, compareció al Centro Penal del Barrio Ingles, de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, para constatar los extremos mencionados de los informes recibidos de parte de la OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASAN), de la OFICINA TECNICA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (OTPSCI), la EMPRESA NACIONAL DE ENERIGA ELECTRICA (ENEE) y del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por lo que se le brindo un informe en donde manifiestan, que cuentan con un doscientos por ciento (200%) de su capacidad, aun axial han tomado la determinación de ubicar espacios y condicionar espacios para que las personas del Centro Penitenciario puedan estar mas cómodos, que entienden que el hacinamiento en los centros penales es a nivel nacional, y como instituto no pueden hacer nada mas que contrarrestar el problema dentro de sus capacidades; axial mismo, menciona que los privados de libertad no están separados por categorías y todos conviven en un mismo recinto; B) Que escucho las declaraciones de los privados de libertad que colaboran en la organización interna del Centro Penitenciario, que expusieron que el problema principal que tienen es la sobrepoblación, ya que tiene un total de cuatrocientos ochenta y seis (486) privados de libertad, y solo tiene capacidad para ciento cuarenta (140) a doscientos setenta (270) privados de libertad; y de esta sobrepoblación, se derivan los problemas de abastecimiento de agua potable, sobrecarga en el sistema eléctrico y el menoscabo de las condiciones físicas de los privados de libertad; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora antes mencionada, presento su informe en fecha veinticuatro (24) noviembre de dos mil diecisiete (2017), en el cual Resolvió: (SIC) “DECLARAR: HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus Correctivo Colectivo presentada a favor de los Cuatrocientos Ochenta y Seis (486) Privados de Libertad recluidos en el Centro Penal de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, y que fuere interpuesto por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, puesto que se logro corroborar con certeza que el problema principal que va en menoscabo de los derechos humanos de los privados de libertad es el “Hacinamiento”… Por lo que este Juez Ejecutor ha ordenado al Instituto Penitenciario observar las siguientes medidas correctivas: 1) Gestionar la aprobación del proyecto de Ley Penitenciario el aumento de presupuesto para la ampliación de la Nacional El Porvenir o la Construcción de otro Centro Penitenciario en el departamento de Atlántida… 2) Proceder de forma inmediato y en forma gradual el descongestionamiento de la sobrepoblación penitenciaria que hay en el Centro Penal de esta ciudad de La Ceiba, Atlántidas… 3) Ordenar al Director del Centro Penal a implementar y mejorar las recomendaciones que emitió la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y La Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios (OTPSCI),…”; D) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora FRANCIS ISABEL CASTRO DELGADO, recibió un informe detallado de parte de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en donde se detallan las gestiones realizadas a efecto de solventar la situación de los centros penitenciarios, así como las gestiones para la identificación de las personas privadas de libertad y revisión de expedientes; entregando la Juez Ejecutora dicho informe, en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); E) Que tras una solicitud de ampliación de informe a la mencionada Juez Ejecutora, presento el mismo en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), en el que en vista de todo lo expuesto anteriormente, Resolvió: (SIC) “… ES DEL CRITERIO DE DECLARAR SI HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o exhibición personal Correctiva por todas las razones expuestas… esta Suscrita Recomienda se de cumplimiento a lo establecido en los mismos, procediendo de inmediato a elaborarse por parte de las autoridades competentes un Plan de Contingencias completo para los riesgos que se han detectado en dicho Centro Penitenciario…”. (Folios 106–233, 237–301 y 305–313 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral 1), de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral 1), y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”-CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo precitado, establece que el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Persona, en consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”-CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus Correctivo a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA ubicada en el Barrio Ingles de la ciudad de la Ceiba del mismo departamento, contra LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Por Considerar la recurrente que las personas privadas de libertad ya sea por medida cautelar o por cumplimiento de condena, se encuentran en condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física y violan sus derechos de conformidad con las normas constitucionales, pactos y convenios internacionales, por agravarse las condiciones de detención, interpone la acción con el objeto de hacer cesar sus padecimientos.-CONSIDERANDO (5): Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete la Sala de lo Constitucional nombró Jueces Ejecutores cuyo nombramiento recayó en las abogadas: 1) FRANCIS CASTRO Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, quien deberá requerir de la autoridad recurrida, el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 2) TIRSA CALIX PADILLA, Defensora Pública de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, quien deberá constatar los extremos denunciados por la recurrente, solicitando al Director del Centro penitenciario de la Ceiba Atlántida el informe correspondiente según lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, personándose así mismo en dicho centro penal a efecto de constatar in situ, la certeza de los extremos denunciados por la recurrente, decretando de manera inmediata de ser preciso todas las medidas de seguridad pertinentes a garantizar la integridad física y condiciones mínimas de los privados de libertad.- CONSIDERANDO (6): Que la Juez Ejecutora nombrada por este Alto Tribunal Abogada FRANCIS CASTRO, informa que en fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, se constituyó en el Instituto Nacional penitenciario para requerir a la su representante la Abogada Rosa Gudiel a efecto de que emitiera un informe dentro del plazo de 24 horas. Atendida la petición la Directora del Instituto Nacional penitenciario emitió informe donde detalla las gestiones realizadas a fin de solventar la situación de los centros penitenciarios, así como la gestión de identificación de los privados de libertad y revisión de expedientes. Señala que en la información soporte de dicho informe se anexan oficios e informes realizados por la Unidad de Ingeniería, Infraestructura y diseño, donde se plasman una serie de recomendaciones y estudio de las condiciones físicas del centro penal de la Ceiba Atlántida, el que se detallan las instituciones que participaron en dicho informe de la siguiente manera: Unidad de Infraestructura del Instituto Nacional Penitenciario, a través de la unidad de ingeniería y diseño, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, Comité Permanente de Contingencias (COPECO), estas instituciones se hicieron presente en el establecimiento penitenciario de La Ceiba, Atlántida y aportaron sus opiniones técnicas a la situación de dicho establecimiento y las condiciones del mismo.-CONSIDERANDO (7): Que la Jueza Ejecutora señala que en el informe rendido por la Abogada Gudiel, se constata que el establecimiento penitenciario fue construido para una capacidad poblacional de 100 internos y en la actualidad son 486 privados de libertad (Ver informe emitido por Director del Centro penal). Convirtiéndolo en su sitio de riesgo por la aglomeración en que viven los privados de libertad. En cuanto a los servicios básicos como ser agua potable y saneamiento el informe refiere que el agua potable escasea constantemente, esto debido a la demanda de agua que exige la población penitenciaria, no es suficiente la suministrada por la Alcaldía. Existen problemas serios de drenaje por varios factores, no existente alcantarillado de aguas lluvias, hay inundaciones debido a la cercanía del centro penal con el mar. En cuanto las instalaciones del sistema eléctrico están fuera de norma y pueden probar fallas en el sistema eléctrico y daños al personal que labora en dicho centro, además señala la Juez Ejecutora “las instalaciones eléctricas por su complejidad de estudio del centro penitenciario y el riesgo que estas significa al estar en contacto permanente con material combustible”, requieren de recomendaciones realizadas por el Ingeniero Enoc Rivera del Instituto Nacional Penitenciario y que corren agregadas al informe emitido. -CONSIDERANDO (8): Que del mismo informe se desprende que el servicio de salud es deficiente por cuestión de espacio y falta de mobiliario. En relación a los expedientes de los privados de libertad la Jueza Ejecutora señala distintas deficiencias que causan preocupación, entre ellas 1) se encontraron expedientes de privados de libertad que ya tenían el tiempo para gozar del beneficio de pre-liberación y no se ha iniciado el trámite, se identificaron expedientes donde los internos renunciaron al beneficio por no contar con los recursos económicos para trasladarse a su lugar de origen. Además, se apreciaron deficiencias en los traslados de los privados de libertad a las audiencias, coordinando esta situación con lo coordinadores de módulos y NO con el Director del Centro Penal.-CONSIDERANDO (9): Que el Instituto Nacional Penitenciario a través de su informe recomienda el cierre definitivo del Centro Penitenciario, en virtud que el estado del centro no da lugar a hacer mucho por el mismo, y cualquier mejora que se haga no resuelve ni mitiga los riesgos, al contrario, los incrementa y concluye que al interior del establecimiento el hacinamiento es caótico y podría resultar en una tragedia como la ocurrida en el año 2012 con la Granja Penal de Comayagua. Por todo ello La Jueza Ejecutora Declaró ha lugar la Acción interpuesta.-CONSIDERANDO (10): Que la Jueza Ejecutora TIRZA CALIX PADILLA, en su informe deja establecidas las diligencias realizadas en cumplimiento de su mandato las que se detallan los Personamiento en: 1) La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN), solicitando informe de aguas negras y residuales. 2) En la Oficina del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Ceiba, donde fue informada que ya se había remitido informe a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la ciudad de Tegucigalpa, señaló haber recibido copia de cuatro informes ya remitidos la Fiscalía mencionada, con las recomendaciones pertinentes, entre ellas: realizar un plan de contingencias, señalizar pasillos de entradas y salidas de emergencia y concluyendo que el riesgo es ALTO y así mismo las probabilidades de que ocurra un incendio según el último informe realizado en fecha 05 de diciembre del año 2016. 3) Empresa Nacional de Energía Eléctrica se le entregaron dos informes técnicos de Revisión de Sistema Eléctrico del Centro Penal del Barrio Ingles, uno de fecha 29 de febrero del 2012, y otro de fecha 07 de septiembre del 2015, coincidiendo con las recomendaciones vertidas en el informe de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendio (OTPSCI).4) Oficina del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), donde fue informada que ya se había remitido informe a la Fiscalía de Derechos Humanos donde se confirma que por la sobrepoblación que existe en el centro penitenciario, la cantidad de agua que es suministrada no es suficiente y que además no existe un método de recolección de agua para almacenar. 5) Se personó en las instalaciones del Centro Penal de Barrio Ingles, a efecto constatar in situ de los extremos denunciados y constatar los extremos de los informes mencionados anteriormente, habiendo solicitado un informe al Director del Centro penitenciario, de las condiciones de acceso al agua, condiciones higiénicas del albergue, número de privados de libertad, separación de categorías procesados/condenados y si hay hacinamiento que medidas se están tomando y las condiciones de seguridad en cuanto a las instalaciones del sistema eléctrico, informe rendido en su momento por el director del centro penitenciario. 6) Escuchó las declaraciones de los privados de libertad que colaboran en la organización interna del centro penitenciario, quienes concluyeron que el problema principal que presentan es la sobrepoblación de privados de libertad teniendo 486 y el centro solo tiene capacidad para 140 privados de libertad, señalaron además que de la sobrepoblación vienen los otros problemas de falta de abastecimiento de agua potable, sobrecarga del sistema eléctrico y el menoscabo de las condiciones físicas de los privados de libertad que duermen en el suelo que son aproximadamente unos 216 privados de libertad en la actualidad (en aquel momento). Por todo ello la Jueza Ejecutora Abogada TIRSA CALIX PADILLA, declaró con lugar la acción de Habeas Corpus interpuesta por el Ministerio Público, Fiscalía de Derechos Humanos.CONSIDERANDO (11): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez entra en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. -CONSIDERANDO (12): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varia según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[5]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…[6]” (Énfasis suplido).-CONSIDERANDO (13): Que desde hace varias décadas el Estado enfrenta serios problemas con el sistema Penitenciario, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 27 de abril del año 2012 dictó sentencia en el caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Honduras, durante la audiencia (de acuerdo al párrafo V de dicha sentencia) el Estado reconoce su responsabilidad internacional por graves situaciones en la cárceles que tuvieron como resultado la muerte de muchos reclusos, al respecto expone: “El Estado de Honduras reconoce que la vida es un valor supremo, invaluable e irreparable. Asimismo, reconoce que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y que [al Estado] le corresponde la protección de los derechos intrínsecos de éste. En definitiva […] le corresponde asegurar el goce de la justicia a sus ciudadanos. Siendo el Estado de Honduras signatario de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por medio de los cuales se reconoce al ser humano todas las garantías fundamentales como […] el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad de las personas, entre otros…”[7]. Además del contenido de la sentencia se aprecia una exposición de las condiciones generales del centro penal en el que acaeció el hecho luctuoso y por el que fue condenado el Estado, condiciones muy similares a las que ahora presenta el centro penitenciario de la Ceiba, departamento de Atlántida, ubicado en el Barrio La Isla.-CONSIDERANDO (14): Que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de lo Reclusos adoptada por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente señala en las Observaciones preliminares en su numeral 4.1: “La primera parte de las Reglas trata de lo concerniente a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el Juez. Además, dispone de las reglas aplicables a cada categoría de reclusos a que se refiere cada sección…. Como reglas de aplicación general se establece: El Registro, separación por categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal, alimentación, ejercicio físico, servicios médicos. Además, dentro de estas reglas se señala con precisión la disciplina y sanciones, medios de coerción, información y derecho de queja de los reclusos, contacto con el mundo exterior, entre otras. La segunda parte de dichas reglas incluye el tratamiento del recluso, la clasificación e individualización de los reclusos, privilegios, trabajo, instrucción, recreos, relaciones sociales y ayuda post penitenciaria, entre otras. Esta Reglas son las mínimas que deberán observarse en los centros penitenciarios.-CONSIDERANDO: (15) Que la libertad es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República, los Tratados y Convenciones ratificadas por el Estado de Honduras, en consecuencia la privación de libertad debe estar sujeta solamente a aquellos casos que previamente señala la ley que debe efectuarse en condiciones, circunstancias, garantías y límites que garanticen el respeto de los derechos humanos. Los establecimientos penitenciarios contarán con las condiciones necesarias tanto en su arquitectura como en su equipamiento para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos. Los locales destinados a éstas, especialmente los de alojamiento nocturno, satisfarán las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, luz, ventilación e instalaciones sanitarias se refiere, según las normas de la medicina preventiva para la conservación y mejoramiento de la salud física y mental de la persona interna.- CONSDIDERANDO: (16) Que El Instituto Nacional Penitenciario velará porque todos los establecimientos penitenciarios sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario Nacional. En el cumplimiento de sus funciones el Instituto debe sujetarse tanto a las normas constitucionales como a la Ley del Sistema Penitenciario, que contiene las disposiciones relativas a las condiciones de vida de las personas internas, Servicios generales imprescindibles para la vida de los internos, asistencia médica para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria, distribución de la población penitenciaria, acorde a la capacidad de cada centro penitenciario, estas entre otras no menos importantes.-CONSIDERANDO (17): Que la problemática en los centros penitenciarios del Estado es una situación que se viene presentando hace varios años, el alto índice de criminalidad, y la poca infraestructura para albergar aquellas personas que, o bien cumplen una medida cautelar de prisión preventiva, o se encuentran bajo condena, dan como resultado la sobre población en los centros penitenciarios, que como el caso que nos ocupa la infraestructura del edificio data del año de 1902 según reseña histórica agregada a los autos que corre a folio catorce (14), aunado a ello, existe sobrepoblación penitenciaria en mas del cincuenta por ciento (50%). Destacando los diferentes informes que obran en los antecedentes: el ALTO RIESGO en que se encuentra el centro Penitenciario de la ciudad de la Ceiba, Atlántida, de acuerdo a las recomendaciones de las diferentes instituciones que practicaron inspección en dicho centro, entre ellas el Benemérito Cuerpo de Bomberos (F. 112, al 142), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (F. 190 al 22 inclusive), Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (F. 223 al 227), e informe del Instituto Nacional Penitenciario, resultando relevante la primer recomendación del Instituto, que dice:“Cierre definitivo del Centro Penitenciario”. El informe ejecutivo realizado por la Comisión de Trabajo del Instituto Nacional Penitenciario, para la revisión y clasificación de expedientes de los privados de libertad en la condición jurídica de sentenciados dejaron establecidas QUINCE DEFICIENCIAS encontradas en el sistema operativo, sin que se aprecie de lo aportado cuales corresponden al centro penitenciario de la Ceiba Atlántida, por estar en conjunto con otros centros.-CONSIDERANDO (18): Que de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, en el Centro Penitenciario de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida se aprecian los diferentes problemas que atraviesa dicho centro, como: sobrepoblación de internos, infraestructura, Instalaciones eléctricas, (alto peligro de incendio), agua, servicios médicos, espacio físico, entre otros no menos importantes que ameritan su atención inmediata. Todo ello implica un alto riego para las vidas e integridad físico y mental de las personas privadas de libertad, por ende, no se dan las condiciones para intentar siquiera, una adecuada rehabilitación y reinserción social.-CONSIDERANDO (19): Que de acuerdo a lo expuesto en los acápites anteriores las Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario deben adoptar y dar cumplimiento a medidas que garanticen el resguardo y respeto irrestricto de la vida e integridad física, síquica y moral de las personas internas, así como el orden, la seguridad disciplina del Centro Penitenciario de la Ceiba departamento de Atlántida, a efecto de evitar pérdidas de vidas humanas, como lo acontecido en años anteriores en otros centro penitenciarios; Para tal efecto y solo en el caso de existir la imposibilidad de CERRAR el Centro Penitenciario de la Ciudad de la Ceiba Atlántida,(Barrio Inglés), con el debido traslado de los internos bajo las medidas de protección y seguridad que amerita el caso de autos, las autoridades encargadas del sistema penitenciario de INMEDIATO deben iniciar los trabajos necesarios para cumplir las recomendaciones de cada una de las instituciones que emitió informe, donde consta el alto riesgo que corre el centro penitenciario referido, así: 1) deben adoptar las medidas necesarias para controlar la población penitenciaria que como ya se dijo rebasa en más de 50% la capacidad de dicho Centro, para tal efecto deben crearse los espacios y condiciones en que los internos permanezcan cumpliendo sus penas de manera digna y adecuada al ser humano. 2) Elaboración de un Plan de Emergencia y contingencia. 3) Preparar y poner en práctica un sistema de protección contra incendios, tomando en consideración al alto riesgo de incendio en el que se encuentra el centro penitenciario. 4) Adoptar las medidas necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas, su mantenimiento; 5) Adoptar medida urgentes, para el servicio de agua potable, a fin de procurar el aseo e higiene de los internos y del Centro penitenciario; 6) Asegurar el derecho a la salud de los internos, mediante el aprovisionamiento de medicamentos y/o traslado o internamiento de aquellos casos que por su gravedad no puedan ser tratados dentro del centro penitenciario, entre otras recomendaciones no menos urgentes que constan en los informes de mérito.-CONSIDERANDO(20): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– Evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes[8] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los internos del Centro Penitenciario de la Ceiba Atlántida en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de Las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas recogidas por la Ley Penitenciaria Decreto 64-12: 1, 2, 3, 8,9,.1.2) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21.1..2) 25.1, 26.1, 55, 56, 67, 70, 71.1),78, 80, 84.1), 85, 89. Artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 3,7, 9, 10.2 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7 numeral3), 8, 11 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 12, 13, Y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles y Degradantes, por agravamiento de las condiciones de detención. Artículos 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETH MORALES ROMERO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial DE Derechos Humanos, a favor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ubicado en el Barrio Inglés, contra las AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO por las razones que se dejan aquí señaladas; ORDENA: En el caso de existir la imposibilidad de CERRAR el Centro Penitenciario de la Ciudad de la Ceiba Atlántida,(Barrio Inglés), con el debido traslado de los internos bajo las medidas de protección y seguridad que amerita el caso de autos, las autoridades encargadas del sistema penitenciario de INMEDIATO deben iniciar los trabajos necesarios para cumplir las recomendaciones de cada una de las instituciones que emitió informe, donde consta el alto riesgo que corre el centro penitenciario referido, así: 1) deben adoptar las medidas necesarias para controlar la población penitenciaria que como ya se dijo rebasa en más de 50% la capacidad de dicho Centro, para tal efecto deben crearse los espacios y condiciones en que los internos permanezcan cumpliendo sus penas de manera digna y adecuada al ser humano. 2) Elaboración de un Plan de Emergencia y contingencia. 3) Preparar y poner en práctica un sistema de protección contra incendios, tomando en consideración al alto riesgo de incendio en el que se encuentra el centro penitenciario. 4) Adoptar las medidas necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas, su mantenimiento; 5) Adoptar medida urgentes, para el servicio de agua potable, a fin de procurar el aseo e higiene de los internos y del Centro penitenciario; 6) Asegurar el derecho a la salud de los internos, mediante el aprovisionamiento de medicamentos y/o traslado o internamiento de aquellos casos que por su gravedad no puedan ser tratados dentro del centro penitenciario, entre otras recomendaciones urgentes que constan en los informes de mérito. Para el cumplimiento de esta sentencia La autoridad encargada de los centros penitenciarios tendrán el termino de DOCE MESES a partir de la notificación de esta Sentencia al recurrente, dichas autoridades deberán enviar informes mensuales de los avances en las mejoras y restablecimiento del centro penitenciario a la Fiscalía de protección a los Derechos Humanos. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las institución nominada y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó esta Sentencia la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0875-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[5] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[6] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo.

[7] Corte Interamericana de derechos Humanos, Caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Honduras. Sentencia del 27 de abril del 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas).

[8] “Vejamen. Maltrato, molestia o padecimiento que se impone o se hace sufrir a alguien.// 2. Represión de carácter ofensivo y que implica una burla a los de defectos morales o físicos de aquel contra quien va dirigida”. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo II. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2415 y 2416.