Sentencia EP-844-17 — Registro 9639
Resumen
La recurrente alega que se restringió permiso para recibir las visitas de familiares, amistades, cónyuges en matrimonio o unión libre, desde el primer fin de semana del mes de noviembre de dos mil diecisiete, causando con ello, una violación a los derechos fundamentales, lo que ha propició una inconformidad de los privados de libertad, generando un amotinamiento de los reclusos, lo que derivó en el traslado de quince internos a la Penitenciaría de Morocelí.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que la Abogada LAURA ESTRADA CACERES, en su condición de Juez Ejecutor, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, consignando entre otros extremos lo siguiente: Que se personó ante el Director de la Penitenciaria Nacional de la cuidad de Danlí, departamento de El Paraíso, Clase III de Policía, Ramon Bustillo Velásquez, el cual no se encontraba, siendo atendida por el Sub Director, el Clase I, Jose Rubén Mejía, expresándome que dichas disposiciones fueron giradas por la Dirección del Instituto Penitenciario Nacional y que las mismas no ocurrieron de manera arbitraria, ya que fueron socializadas con los privados de libertad por parte de las autoridades locales del centro penitenciario y con la participación directa del coordinador de los privados de libertad, el interno JOSE ANTONIO GONZALEZ CACERES, manifestándome el señor sub director que el día quince de noviembre de dos mil diecisiete, me entregaría el informe detallado de esas disposiciones. Asimismo me entrevisté con el coordinador de los privados de libertad, a quien le hice saber la presentación del recurso de exhibición; su contenido; manifestando que desde inicios del mes de octubre del presente año se le hizo saber por parte del Director del Centro Penitenciario, el Clase III, de Policía, Ramón Bustillo Velásquez, que a partir del mes de noviembre de este mismo año, se implementarían nuevas disposiciones en cuanto al régimen de visitas que tendrían los internos de los centros penales a nivel nacional; esto con el fin de establecer disciplina y garantizar seguridad de los privados de libertad, visitas y empleados. En fecha quince de noviembre me presenté nuevamente a la dirección del Centro Penitenciario para recibir el informe detallado; entrevistándome con la asesora legal de dicho centro, la abogada ZABDI MARLENE NUÑEZ; proporcionándome copia del Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, Circular No.039-INP-DN-2017 y Resolución de la remisión de 15 privados de libertad, por medidas de seguridad al centro penitenciario de la Tolva, Morocelí, El Paraíso. Por todas estas razones se puede establecer que no ha existido violación de ningún derecho ni existe ningún delito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D.C., dieciocho de enero de dos mil dieciocho.-VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora LAURA NAZARETH CANTILLANO PADILLA a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITECIARIO, manifestando la recurrente que la población del citado centro penitenciario, por orden del Director del Instituto Nacional Penitenciario, ha sido innecesariamente restringida para recibir las visitas de familiares, amistades, cónyuges en matrimonio o unión libre, desde el primer fin de semana del mes de noviembre de dos mil diecisiete, causando con ello, una violación a los derechos fundamentales, lo que ha propició una inconformidad de los privados de libertad, generando un amotinamiento de los reclusos, lo que derivó en el traslado de quince internos a la Penitenciaría de Morocelí, departamento de El Paraíso, denominada “La Tolva”.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la señora LAURA NAZARETH CANTILLANO PADILLA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, manifestando la peticionaria: “… En general la población del Centro Penitenciario de Danlí, El Paraíso, ha sido innecesariamente restringida por orden del Director Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, para no recibir visitas de familiares, amistades, cónyuges en matrimonio o unión libre, desde el primer fin de semana del presente mes de noviembre 2017, causando con esta ilegal restricción una violación a derechos fundamentales, que ha propiciado una reacción de inconformidad de los privados de libertad, generando en primera instancia un amotinamiento de los reclusos, que derivó en represalias contra los mismos por parte del Instituto Nacional Penitenciario, quien ordenó el inmediato traslado de quince internos del Centro Penal de Danlí a la Penitenciaría de La Tolva, ubicada en la jurisdicción del municipio de Morocelí, El Paraíso, lo cual no se considera como un normal traslado, sino como un castigo por la razón que el reclusorio de Danlí, tiene perfil de mínima seguridad, y la otra prisión es considerada estructura de máxima seguridad; creando un ambiente de tensión, desorden e intranquilidad al interior del reclusorio, que puede derivar en conductas de violencia motivado por la ilegal decisión de las autoridades penitenciarias de NO permitir el ingreso de visitas. …” -2) Que en la misma fecha, esta Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal de mérito, designando como Jueces Ejecutores a: 1) la Abogada LAURA ESTRADA CACERES, Defensora Pública de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, a efecto de que se constituyera en el Centro Penitenciario de esa ciudad, para que constara de manera inmediata los hechos denunciados por la recurrente en el presente recurso y de ser procedente, tomara las medidas correspondientes, a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los privados de libertad del centro penitenciario, requiriendo además a las autoridades del mismo, para que presentaran un informe dentro del plazo y las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2) Abogada ALBA PANIAGUA Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de que constatara los extremos narrados por LA recurrente y ordenara a la autoridad recurrida rindiera un informe de conformidad a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 06).-3) Que en fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez Ejecutora, se personó en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, requiriendo a la Abogada ROSA IRENE GUDIEL ARDÓN, en su condición de Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, para que dentro del término de veinticuatro horas, rindiera un informe sobre lo señalado en el recurso de exhibición. B) Que del informe rendido por la Directora del Instituto Nacional Penitenciario se establece, que mediante Circular No. 039-INO-DP-2017, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Instituto Nacional Penitenciario notificó a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios del País, que a partir del uno de noviembre de dos mil diecisiete, quedaba prohibido el ingreso a las instalaciones de cualquier centro penitenciario de familiares o amistades de las personas privadas de libertad, que no portaran el carnet de visita debidamente autorizado por la autoridad competente, en cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de Visitas de los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional; ya que a todos los familiares y amistades de las personas privadas de libertad se les concedió el término de un año, para que acreditaran los requisitos para el trámite administrativo, para la extensión del carnet de visita correspondiente, por lo que la visita ha sido suspendida para aquellas personas que no están autorizados por la autoridad competente, para ingresar a visitar a los internos en los establecimientos penitenciarios. C) Que según el Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario, Acuerdo No. 001-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,171 del 27 de octubre de 2016, y que regula el ingreso de los visitantes al interior de los establecimientos penitenciarios, este tiene como finalidad, preservar la convivencia armónica, el orden, la disciplina y la seguridad de las personas privadas de libertad, funcionarios y empleados, por lo que el artículo 10 regula los datos que contiene el Registro de Visitantes y el artículo 11 regula la entrega del carnet con el cual se identificará a la persona que realizará la vista. D) Que en virtud de todo lo expuesto la Juez Ejecutora consideró improcedente el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por la señora LAURA NAZARETH CANTILLANO PADILLA, a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, por lo cual decretó: NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A PREVENCION PARA EL ORDEN DEL CENTRO PENAL. (Folios 12 al 14).-4) Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Abogada LAURA ESTRADA CACERES, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la Abogada LAURA ESTRADA CACERES, en su condición de Juez Ejecutora se personó en la Penitenciaría Nacional de Danlí, El Paraíso, y en virtud de que el Director no se encontraba, fue atendida por el Sub Director del Centro Penal el Clase I JOSE RUBEN MEJIA, a quien le hizo saber su nombramiento, solicitando su colaboración sobre lo denunciado en el Recurso de Exhibición Personal, manifestándole que las referidas disposiciones, fueron giradas por la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, y que las mismas no ocurrieron de manera arbitraria ya que fueron socializadas por los privados de libertad por parte de las autoridades locales del Centro Penal de Danlí y con la participación directa del Coordinador de los Privados de Libertad, el interno JOSE ANTONIO GONZALES CACERES. B) Que entrevistó al interno JOSE ANTONIO GONZALES CACERES, quien le manifestó que desde inicios del mes de octubre de dos mil diecisiete, se les hizo saber de parte del Director del Centro Penal, que se implementarían nuevas disposiciones en cuanto al régimen de visitas que tendrían los internos a nivel nacional, esto con el objeto de establecer disciplina y garantizar la seguridad de los privados de libertad, visitas y empleados que ahí laboraban, que podían visitar máximo tres personas por cada día de visita, y para las que se les extendieran el carnet, debían reunir ciertos requisitos, habiendo un proceso de socialización que duró un mes, para que los privados de libertad le hicieran saber a sus familiares y presentaran la documentación requerida ante las autoridades del centro penal, para la emisión del respectivo carnet que los acreditara como visita. C) Que se entrevistó con la Asesora Legal del centro penitenciario, Abogada ZABDI MARELE NUÑEZ, quien le proporcionó una copia del Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, de la Circular No. 039-INP-DP-2017, enviada a los Directores de los Centros Penales a nivel nacional y de la Resolución de la Remisión de los quince privados de libertad por medidas de seguridad, al Centro Penitenciario de La Tolva, Morocelí, El Paraíso y de las 15 resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario autorizando el traslado de los reclusos, asimismo se le entregó un informe sobre el referido traslado el día dos de noviembre de dos mil diecisiete, firmada y sellada por el Director del Centro Penal de Danlí, en la cual se manifiesta que los traslados fueron por órdenes superiores y decisiones tomadas por la seguridad nacional del Estado de Honduras. D) En fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis la Juez Ejecutora se personó ante la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Danlí, El Paraíso, donde se entrevistó con el Coordinador el Abogado Said Alexander Espinal Sauceda, a quien le hizo saber sobre el recurso de exhibición personal, contenido y pretensiones del mismo y su nombramiento como Juez ejecutora, con la finalidad de que le analizara la documentación que le presentó, en base a las disposiciones y actuaciones del Director del Centro Penal de Danlí, y considerara si se había incurrido en la comisión de algún delito, habiendo manifestado el Coordinador de Fiscales tener conocimiento de que esas disposiciones habían sido socializadas con anticipación para que los familiares pudieran reunir los requisitos exigidos, y una vez analizada la documentación, expuso que no existía ningún delito ya que las mismas fueron motivadas para buscar mayor seguridad a los privados de libertad, sus familiares, las personas que ahí laboran y las demás personas que ingresaban como visita. E) Que la Juez Ejecutora concluyó, que no se había restringido ni violado ningún derecho y que no existía ningún delito, por lo que resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto. (Folios 33V al 37).-CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.-CONSIDERANDO: Que en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional, admitió la presente acción de Habeas Corpus, y para efectos de su tramitación dispuso nombrar como Jueces Ejecutoras a las abogadas LAURA ESTRADA CACERES, Defensora Pública de Danlí; y ALBA PANIAGUA, Defensora Pública de Tegucigalpa, a efecto de que procedieran a cumplir con los deberes inherentes a su mandato de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO: Que la Abogada ALBA PANIAGUA, en su condición de Juez Ejecutor, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, consignando entre otros extremos lo siguiente: Que en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, me trasladé a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, a efecto de requerir a la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, en su condición de Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, a lo que expresó que mediante circular No.039-INP-DN-2017 de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, notificó a todos los Directores de los establecimientos penitenciarios del país, que a partir del uno de noviembre de dos mil diecisiete, quedaba prohibido el ingreso a las instalaciones de cualquier centro penitenciario, de familiares y amistades de las personas privadas de libertad, que no portaran el carné de visita debidamente autorizado por la autoridad competente, en cumplimiento al articulo 10 del Reglamento de Visitas de los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional; el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; ya que a todos los familiares y amistades de las personas privadas de libertad se les concedió el término de un año para que acreditaran los requisitos para el trámite administrativo para la extensión del carné de visitas correspondiente.-CONSIDERANDO: Que la Abogada LAURA ESTRADA CACERES, en su condición de Juez Ejecutor, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, consignando entre otros extremos lo siguiente: Que se personó ante el Director de la Penitenciaria Nacional de la cuidad de Danlí, departamento de El Paraíso, Clase III de Policía, Ramon Bustillo Velásquez, el cual no se encontraba, siendo atendida por el Sub Director, el Clase I, Jose Rubén Mejía, expresándome que dichas disposiciones fueron giradas por la Dirección del Instituto Penitenciario Nacional y que las mismas no ocurrieron de manera arbitraria, ya que fueron socializadas con los privados de libertad por parte de las autoridades locales del centro penitenciario y con la participación directa del coordinador de los privados de libertad, el interno JOSE ANTONIO GONZALEZ CACERES, manifestándome el señor sub director que el día quince de noviembre de dos mil diecisiete, me entregaría el informe detallado de esas disposiciones. Asimismo me entrevisté con el coordinador de los privados de libertad, a quien le hice saber la presentación del recurso de exhibición; su contenido; manifestando que desde inicios del mes de octubre del presente año se le hizo saber por parte del Director del Centro Penitenciario, el Clase III, de Policía, Ramón Bustillo Velásquez, que a partir del mes de noviembre de este mismo año, se implementarían nuevas disposiciones en cuanto al régimen de visitas que tendrían los internos de los centros penales a nivel nacional; esto con el fin de establecer disciplina y garantizar seguridad de los privados de libertad, visitas y empleados. En fecha quince de noviembre me presenté nuevamente a la dirección del Centro Penitenciario para recibir el informe detallado; entrevistándome con la asesora legal de dicho centro, la abogada ZABDI MARLENE NUÑEZ; proporcionándome copia del Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional, Circular No.039-INP-DN-2017 y Resolución de la remisión de 15 privados de libertad, por medidas de seguridad al centro penitenciario de la Tolva, Morocelí, El Paraíso. Por todas estas razones se puede establecer que no ha existido violación de ningún derecho ni existe ningún delito.- CONSIDERANDO: Que el artículo 69 de la Constitución de la República establece que la libertad personal es inviolable, y que solamente con arreglo a la ley podrá ser restringida o suspendida temporalmente.-CONSIDERANDO: Que por su parte, el artículo 98 del Texto Fundamental prevé que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.-CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes puede observarse de acuerdo a los informes presentados por las Jueces Ejecutoras, que no es procedente declarar ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito.-CONSIDERANDO: Que el artículo 38 de La Ley de Justicia Constitucional dice: DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta ley. En caso contrario se declarará sin lugar.-CONSIDERANDO: Que en virtud de haberse determinado que los hechos que motivan la presente acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus se enmarcan en los supuestos establecidos en el Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, en estricta aplicación de lo estipulado por el Artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 69, 80, 98, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 24, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del que se ha hecho mérito, interpuesto por la señora LAURA NAZARETH CANTILLANO PADILLA, a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI, EL PARAISO, por las razones expuestas y estipuladas en este fallo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 844-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL