Sentencia EP-809-17 — Registro 10419
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha Lugar el recurso de exhibición personal interpuesto contra ctuaciones del Director del Centro Penitenciario del Progreso, Yoro y la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario, en perjuicio de los impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Para esta Sala de lo Constitucional se encuentra apegada a derecho, debido a que como bien señala el artículo 13 numeral 1 literal a) de la Ley sobre Justicia Constitucional, ésta sólo procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; en cuyo caso procede que se le ponga en libertad o que se ponga a la orden de la autoridad competente, según sea procedente. Por su parte el artículo 13 numeral 1 literal b) de la misma ley, dispone que también procede cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, causal que tampoco concurre en este caso, en consecuencia, para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión que conoce en revisión..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por los Señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA ROJAS a favor de CIEN (100) PRIVADOS DE LIBERTAD contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO y la DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO PENITENCIARIO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), compareció ante Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, los Señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA ROJAS, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de CIEN (100) PRIVADOS DE LIBERTAD, contra actuaciones de DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO y la DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO PENITENCIARIO, manifestando los peticionarios que los CIEN (100) PRIVADOS DE LIBERTAD fueron trasladados de forma masiva y con destinos desconocidos del Centro Penal de El Progreso, Yoro, el día veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y consideran que dicho traslado masivo ha violentado derechos fundamentales de los privados de libertad, así como de la legislación penitenciaria hondureña. (Folios 1–18 del antecedente). 2) Que en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Corte antes citada, nombro como Juez Ejecutor al Abogado WILFREDO GARCIA VELASQUEZ, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 20 del antecedente).3) Que en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor compareció ante la Corte antes citada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se constituyó al Centro Penal descrito, para entrevistar al Director SANTOS SIXTO GARCIA FLORES y al Abogado EUCEDES CASTAÑEDA, y estos le manifestaron que no tenían conocimiento de su traslado, no sabían a donde habían sido trasladados, no tenían ningún documento o auto que ordenaba los traslados, y que solo sabían que fueron cien (100) personas que salieron del Centro Penal por una orden superior; B) En vista de lo anterior el Juez Ejecutor concluye, que es difícil determinar si el presente recurso procede o no, ya que no pudo constatar donde se encuentran los ciudadanos trasladados, y por ello, recomienda que se ordene investigaciones en otros centros penales del país; C) Que la Corte ordena el Juez Ejecutor a continuar con sus diligencias, para dar con el paradero de las cien (100) personas trasladadas, por lo que en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), volvió al mismo Centro Penal, en donde le manifestaron que tenían conocimiento del paradero de cuatro (4) mujeres, que habían sido llevadas a CEFAS, y que los otros noventa y seis (96) fueron trasladados al Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, La Tolva; que estas cien (100) personas fueron trasladas por una orden superior y le facilitaron una copia de la lista de los privados de libertad trasladados; D) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se trasladó al Centro Penal de Mujeres CEFAS y se entrevistó con las señoras MAYRA LIZETH CALDERON, ALEJANDRA ELEONORA PETTINARI, CLAUDIA LUCIA FUNEZ y BELINDA ARACELY HERNANDEZ, que manifestaron su incomodidad por el traslado, ya que sus parientes desconocían su paradero; luego se trasladó al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, donde fue atendido por la Abogada ALBERTINA GOMEZ, que manifestó hay una resolución administrativa que ordena los traslados, pero que en ese momento no la tenía y la enviaría oportunamente, y explico que los traslados se dieron por motivos de reorganización de los Centros Penales del país, y por cuestiones de seguridad; y en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se presentó al Centro Penal LA TOLVA, entrevistándose con los Abogados LUCI SOTO y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ, que manifestaron que en dicho Centro se encontraban el resto de los privados de libertad, y luego pasaron a entrevistar a cada uno, constatando que se encontraban en buena condición física; E) Tras todo lo actuado, el Juez Ejecutor Concluye: (SIC) “… que tanto la mujeres como los varones se encuentran en buenas condiciones físicas, que la resolución administrativa donde se ordena el traslado no fue posible obtenerla, pero fue explicado en forma clara por los Abogados del Instituto Penitenciario que los traslados obedecen a una reorganización de los centros penales del País y por medidas de seguridad.”; F) Que tras otra orden de la Corte, para la ampliación de informe, el Juez ejecutor Concluye: (SIC) “Declarar sin lugar el recurso de EXHIBICION PERSONAL, que fuera interpuesto por los señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA BORJAS. ” (Folios 24–50 del antecedente). 4) Que en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó sentencia Fallando: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR el recurso de exhibición Personal o Habeas Corpus interpuesto por los señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA BORJAS…”. (Folios 53–61 del antecedente).5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la revisión. El párrafo final del artículo 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional prevé que las resoluciones que dicten los jueces de letras y los tribunales de apelación, según la competencia que corresponda, tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes. El honorable tribunal dictó la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, declarando no ha lugar la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal a favor de los Señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA ROJAS a favor de CIEN (100) PRIVADOS DE LIBERTAD teniendo como base los informes del juez ejecutor, abogado WILFREDO GARCIA VELASQUEZ. La corte de apelaciones señala que conforme a los informes rendidos por el Juez Ejecutor se desprende que las personas a favor de quien se ha interpuesto la acción de Exhibición Personal se encuentran detenidos por orden judicial por lo que su detención es legal, por otro lado, también se constató por el Juez Ejecutor que se encuentran en buenas condiciones físicas, asimismo, al ser entrevistados manifestaron encontrase en condiciones referidas, por lo que el presente caso no se enmarca dentro de los presupuestos de los artículos 13 numeral 1) y 24 numeral 3) de la Ley sobre Justicia Constitucional, siendo procedente, en consecuencia declarar sin lugar la acción de Habeas Corpus interpuesto. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes. La Sala de lo Constitucional, constata mediante el informe rendido por la juez ejecutor nombrado, en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se constituyó al Centro Penal descrito, para entrevistar al Director SANTOS SIXTO GARCIA FLORES y al Abogado EUCEDES CASTAÑEDA, y estos le manifestaron que no tenían conocimiento de su traslado, no sabían a donde habían sido trasladados, no tenían ningún documento o auto que ordenaba los traslados, y que solo sabían que fueron cien (100) personas que salieron del Centro Penal por una orden superior; B) En vista de lo anterior el Juez Ejecutor concluye, que es difícil determinar si el presente recurso procede o no, ya que no pudo constatar donde se encuentran los ciudadanos trasladados, y por ello, recomienda que se ordene investigaciones en otros centros penales del país; C) Que la Corte ordena al Juez Ejecutor a continuar con sus diligencias, para dar con el paradero de las cien (100) personas trasladadas, por lo que en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), volvió al mismo Centro Penal, en donde le manifestaron que tenían conocimiento del paradero de cuatro (4) mujeres, que habían sido llevadas a CEFAS, y que los otro noventa y seis (96) fueron trasladados al Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, La Tolva; que estas cien (100) personas fueron trasladas por una orden superior y le facilitaron una copia de la lista de los privados de libertad trasladados; D) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se trasladó al Centro Penal de Mujeres CEFAS y se entrevistó con las señoras MAYRA LIZETH CALDERON, ALEJANDRA ELEONORA PETTINARI, CLAUDIA LUCIA FUNEZ y BELINDA ARACELY HERNANDEZ, que manifestaron su incomodidad por el traslado, ya que sus parientes desconocían su paradero; luego se trasladó al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, donde fue atendido por la Abogada ALBERTINA GOMEZ, que manifestó hay una resolución administrativa que ordena los traslados, pero que en ese momento no la tenía y la enviaría oportunamente, y explico que los traslados se dieron por motivos de reorganización de los Centros Penales del país, y por cuestiones de seguridad; y en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se presentó al Centro Penal LA TOLVA, entrevistándose con los Abogados LUCI SOTO y LUIS ANTONIO RODRIGUEZ, que manifestaron que en dicho Centro se encontraban el resto de los privados de libertad, y luego pasaron a entrevistar a cada uno, constatando que se encontraban en buena condición física; E) Tras todo lo actuado, el Juez Ejecutor Concluye: (SIC) “… que tanto las mujeres como los varones se encuentran en buenas condiciones físicas, que la resolución administrativa donde se ordena el traslado no fue posible obtenerla, pero fue explicado en forma clara por los Abogados del Instituto Penitenciario que los traslados obedecen a una reorganización de los centros penales del País y por medidas de seguridad.”; F) Que tras otra orden de la Corte, para la ampliación de informe, el Juez ejecutor Concluye: (SIC) “Declarar sin lugar el recurso de EXHIBICION PERSONAL, que fuera interpuesto por los señores GERMAN EDUARDO MENDOZA RIVERA, IRIS ISABEL RIVERA REYES y NORA SUYAPA BARRALAGA BORJAS.” (Folios 24–50 del antecedente). Entonces de acuerdo a lo anterior, lo expuesto por la corte de apelaciones, en la sentencia hoy objeto de revisión, para esta Sala de lo Constitucional se encuentra apegada a derecho, debido a que como bien señala el artículo 13 numeral 1 literal a) de la Ley sobre Justicia Constitucional, ésta sólo procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; en cuyo caso procede que se le ponga en libertad o que se ponga a la orden de la autoridad competente, según sea procedente. Por su parte el artículo 13 numeral 1 literal b) de la misma ley, dispone que también procede cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, causal que tampoco concurre en este caso, en consecuencia, para la Sala de lo Constitucional procede confirmar la decisión que conoce en revisión. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37, 38 Y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, recaída en la garantía constitucional de habeas corpus o exhibición personal, remitida para su revisión a este alto tribunal de justicia por la honorable CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; mediante la cual dicho órgano jurisdiccional declaró NO HA LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto, en consecuencia dicha sentencia adquiere el carácter de firme de acuerdo con la ley. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-809-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL