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Sentencia EP-743-18 — Registro 14077

Resumen

actuaciones de la autoridad reclamada ponen en peligro la vida de recurrentes relacionadas según la peticionaria, a tratos inhumanos, degradantes, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y violación del artículo 206 numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento del Sistema Penitenciario,habiendo sido trasladados a centro penitenciario de máxima seguridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por la ciudadana Francisca Indalecia Tejeda Ávila a favor de los ciudadanos Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso; contra actuaciones de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón. En efecto, tal y como refiere la sentencia de mérito, siendo el hábeas corpus una institución de garantía para hacer valer el derecho de libertad, no se ha acreditado aquí ninguno de los presupuestos legalmente establecidos para proceder a su otorgamiento, encontrándose determinaciones legales para que los dos beneficiarios de la exhibición personal, este detenidos en un centro penal, con observancia del debido proceso y los plazos procesales establecidos en la norma adjetiva; por lo cual; no se ha vulnerado, en caso concreto, el derecho fundamental a la libertad personal del procesado. CONSIDERANDO (3): Que, por lo anteriormente expresado, y teniendo a la vista el informe de la jueza ejecutora, quien concluye que la detención tiene un cause legal, además de que no están sufriendo tratos crueles ni degradantes y, el traslado se realizó siguiendo los procesos administrativos propios del Instituto Nacional Penitenciario; en tal sentido el Estado de Honduras no esta haciendo un abuso excesivo de los derechos fundamentales de los procesales, en el internamiento que tiene un sustento constitucional y legal. Se debe de observa que la Sala de lo Constitucional reconoce que es deber de la autoridad penitenciaria prevenir y sancionar la violencia entre los privados de libertad y las personas que cumplen con la medida cautelar de prisión preventiva, en sus respectivos módulos; siendo que la seguridad de los todas personas internadas en todos los centro penitenciarios es un deber que debe de satisfacerse por parte del Estado, a través de los entes administrativos y judiciales, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial deben de salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de todas las personas, por lo que se deben de realizar acciones para implementar mejoras en la seguridad interna de dichos centros y medidas alternas al ejercicio punitivo del Estado, consistente en la recreación, diálogos sobre conflictividad y convivencia entre los privados de libertad y personas que cumplen medidas cautelares en dicho centro penitenciario. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: Sin lugar la acción de exhibición personal, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal interpuesto por la ciudadana Francisca Indalecia Tejeda Ávila a favor de los ciudadanos Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso; contra actuaciones de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, relacionadas según la peticionaria, a los tratos inhumanos, degradantes, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y violación del artículo 206 numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento del Sistema Penitenciario, violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 59, 80 y 87 de la Constitución de la República a los que supuestamente han sido sometidos los privados de libertad ya mencionados por la autoridad recurrida, manifestando así también, que las actuaciones de la autoridad reclamada ponen en peligro la vida de los señores Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, quienes se encuentran internos en el modulo de mínima 1, donde también guardan prisión miembros de maras y pandillas. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la ciudadana Francisca Indalecia Tejeda Ávila interponiendo recurso de exhibición personal a favor de los ciudadanos Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, contra actuaciones de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios No 1 al 3 de la pieza de este recurso). 2) En la fecha relacionada en el numeral primero, esta Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como jueza ejecutora a la abogada Alba Olivia Zuniga Ayala, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara los extremos narrados por la recurrente, constituyéndose al lugar donde se encontraban los detenidos, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria que estuvieran siendo objeto y pusiera en peligro la seguridad individual de los privados de libertad antes citados, asimismo, ordenó a la autoridad que recurrida rendir un informe conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio No 8 de la pieza del recurso). 3) Que en fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la juez ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos lo siguiente: Que los señores Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres se encontraban recluidos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la aldea de Tamara, departamento de Francisco Morazán, que el día martes 16 de mayo de 2017, la señora Directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Irene Gudiel Ardón, haciendo uso del artículo 206, de la Ley y del Reglamento Interno de esa institución ordenó el traslado de su hijo de Ricardo Escobar Tejeda desde el centro penal donde se encontraba, con estrictas medidas de seguridad, hacia la cárcel de máxima seguridad de “La Tolva” en Morocelí, departamento de El Paraíso, alegando supuestas medidas de seguridad por lo que incurrió en grave violación a sus derechos. Asimismo manifiesta que en constante violación de la Ley y Reglamento del Instituto Nacional Penitenciario, la señora Gudiel Ardón, trasladó de manera arbitraria y abusiva a su hijo Ricardo Escobar Tejeda y al interno Junior Alexander Romero Torres, a la cárcel de máxima seguridad de “La Tolva”, traslado que no cuenta con ningún sustento legal en clara violación del artículo 206 numerales 1 y 2 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario, de los hechos investigados en la presente Exhibición Personal tengo a bien informar lo siguiente: Primero:… Segundo:… Tercero:… El señor Junior Alexander Romero Torres, dice que estuvo recluido en “Tamara”, por el término de seis meses en el modulo de máxima seguridad, ya que había tenido amenazas de otros reclusos y para salvaguardar su vida fue trasladado a dicho modulo, el tres de octubre del año dos mil diecisiete, sin decirle por qué motivos fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, en donde fue ubicado en el modulo uno; el problema es que en dicho modulo también están ubicadas varias de las personas que lo habían amenazado en “Tamara” y por lo cual había sido enviado al modulo de máxima seguridad por lo que él teme por su vida, ya que ahí se encuentran miembros retirados y activos de maras y pandillas, por lo que hay conflictos entre los internos, de dicho modulo, se le preguntó si había realizado solicitud para ser cambiado de modulo y manifestó que lo ha hecho únicamente de forma verbal, pero que no ha recibido ninguna respuesta a su solicitud, se le preguntó si en los incidentes ocurridos el primero de octubre de dos mil dieciocho, había recibido algún tipo de amenaza, golpe o herida por parte de sus compañeros privados de libertad o de las autoridades, a lo que contestó que no, pero que se mantuvo a la defensiva por el temor que lo atacaran. El ciudadano Ricardo Escobar Tejeda manifestó que estuvo recluido en “Tamara”, pero por problemas que tuvo con otros privados de libertad, fue trasladado al modulo de máxima seguridad, el dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, sin darle ninguna explicación de su traslado, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, y fue ubicado en el modulo uno, en donde ha estado hasta la fecha y en algún momento hasta fue coordinador de dicho modulo, pero por algunos problemas que surgieron fue cambiado el coordinador, el día uno de octubre de dos mil dieciocho, cuando hubo una riña entre miembros del modulo se sintió amenazado de perder la vida, ya que él mismo tiene amigos, conocidos y enemigos ocultos, que ellos no le han hecho daño porque no quieren, ya que siente que no cuentan con buena seguridad, ese día recibió un golpe pequeño en el brazo el cual se ve un poco morado pero no fue de gravedad…. Cuarto:… 1.- Ricardo Escobar Tejeda:… Condición Jurídica: Ingresó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Wilmer Rafael Hernández Salgado, según nota del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, de fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, expediente judicial No 2842-2013-J-7, tiene una certificación de sentencia del Juzgado de Letras de Tegucigalpa de fecha cinco de mayo del año dos mil catorce, expediente judicial No 2834-2013, en el que fue condenado a la pena de once años tres meses de reclusión, por el delito de Homicidio en perjuicio de Wilmer Rafael Hernández Salgado y a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Actualmente recluido en calidad de Condenado. 2. Junior Alexander Romero Torres. Condición Jurídica: Ingresó por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB24, según nota del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, de fecha veinte de enero del año dos mil dieciséis, expediente judicial No 167-2017-J-3, también tiene otra nota de ese mismo juzgado de fecha veintidós de febrero de 2017 expediente judicial No 2626-16-J-11 por el delito de Asesinato en perjuicio de Isis Daybeli Torres Rodríguez y Dixonn Heidel Vásquez Salinas, asimismo tiene ficha para confirmación de antecedentes de ingreso de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, por el delito de Portación Ilegal de Armas y Robo Continuado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, egresando en fecha uno de agosto de dos mil catorce, con carta de libertad condicional del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, expediente judicial No 0801-2010-J-14 y 0801-2010-27877, tiene una segunda ficha para confirmación de antecedentes de ingreso de fecha veinticinco de noviembre de 2014 por el delito de Robo Continuado en perjuicio de Amílcar Josué Antúnez Espinoza y Adison Odeth Cáceres Corrales egresando el veintidós de abril de dos mil dieciséis, con carta de libertad condicional del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; tiene una tercera ficha para confirmación de antecedentes de ingreso de fecha quince de noviembre de dos mil catorce, por el delito de tráfico ilícito de Estupefacientes en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras egresando con carta de liberta provisional del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa en virtud de haberle dado sobreseimiento provisional. También tiene computo de penal del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, donde fue condenado a la pena de once años tres meses de Reclusión más una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos equivalente a la cantidad de trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres Lempiras con setenta y cinco centavos (L 364,443.75) por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB24 y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Actualmente recluido en calidad de Condenado. Quinto: El día quince de octubre del año en curso recibí el informe rendido por la Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario Abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, en el cual se establece lo siguiente: Que según acta de requerimiento de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, donde se requiere para que en el término de veinticuatro horas informe las razones que motivaron el traslado de los señores Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, informa: Que según resolución No.2031-DN-INP-2017 de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete y resolución No.3605-A-DN-INP-2017, de fecha dos de octubre del año dos mil diecisiete; vista la certificación de la resolución No.CNDS-038/2017, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la cual se resolvió ordenar el traslado de varios privados de libertad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, ubicado en la jurisdicción de Tamara, departamento de Francisco Morazán, hacia el Centro Penitenciario de Morocelí, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, con fines de reducir el hacinamiento ya que en el Centro Penitenciario donde guardaban su custodia no reunía las condiciones bajo los contextos inherentes a todo ser humano que se encuentra en esta situación particular, ya que dando cumplimiento a su condena y las medidas de seguridad e integridad personal del mismo privado, de terceras personas y del establecimiento en referencia, dictadas por el órgano jurisdiccional competente. Asimismo, es de hacer notar que se les ha respetado e igualmente la garantía del Estado de inocencia; ambos privados de libertad serán puestos a la orden de los distintos tribunales o juzgados de letras, cuantas veces sean solicitados por los mismos; siendo todo lo que puedo informar tal y como lo señala la Ley de Justicia Constitucional en su artículo 26….Por lo expuesto esta Jueza Ejecutora considera que se ha comprobado que los señores Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres no se encuentran detenidos de forma ilegal, asimismo no han sido objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Por consiguiente; soy del criterio jurídico de declarar no ha lugar la acción de habeas corpus interpuesto a favor de los ciudadanos Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres. (Folios No 15 al 19 de la pieza del recurso). Fundamentación Jurídica CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por la ciudadana Francisca Indalecia Tejeda Ávila a favor de los ciudadanos Ricardo Escobar Tejeda y Junior Alexander Romero Torres, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso; contra actuaciones de la Directora del Instituto Nacional Penitenciario, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón. En efecto, tal y como refiere la sentencia de mérito, siendo el hábeas corpus una institución de garantía para hacer valer el derecho de libertad, no se ha acreditado aquí ninguno de los presupuestos legalmente establecidos para proceder a su otorgamiento, encontrándose determinaciones legales para que los dos beneficiarios de la exhibición personal, este detenidos en un centro penal, con observancia del debido proceso y los plazos procesales establecidos en la norma adjetiva; por lo cual; no se ha vulnerado, en caso concreto, el derecho fundamental a la libertad personal del procesado. CONSIDERANDO (3): Que, por lo anteriormente expresado, y teniendo a la vista el informe de la jueza ejecutora, quien concluye que la detención tiene un cause legal, además de que no están sufriendo tratos crueles ni degradantes y, el traslado se realizó siguiendo los procesos administrativos propios del Instituto Nacional Penitenciario; en tal sentido el Estado de Honduras no esta haciendo un abuso excesivo de los derechos fundamentales de los procesales, en el internamiento que tiene un sustento constitucional y legal. Se debe de observa que la Sala de lo Constitucional reconoce que es deber de la autoridad penitenciaria prevenir y sancionar la violencia entre los privados de libertad y las personas que cumplen con la medida cautelar de prisión preventiva, en sus respectivos módulos; siendo que la seguridad de los todas personas internadas en todos los centro penitenciarios es un deber que debe de satisfacerse por parte del Estado, a través de los entes administrativos y judiciales, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial deben de salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de todas las personas, por lo que se deben de realizar acciones para implementar mejoras en la seguridad interna de dichos centros y medidas alternas al ejercicio punitivo del Estado, consistente en la recreación, diálogos sobre conflictividad y convivencia entre los privados de libertad y personas que cumplen medidas cautelares en dicho centro penitenciario. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: Sin lugar la acción de exhibición personal, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que se archiven las presentes diligencias una vez que este firme la presente resolución. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Central, a los once días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0743-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL.

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