Sentencia EP-501-18 — Registro 10438
Resumen
Sentencia en revisión declaró sin lugar recurso de exhibición personal a favor de recurrentes contra actuaciones del Tribunal de Sentencia en causa por suponerlos responsables de delitos de extorsión continuada, asociación ilícita, portación ilegal de armas y posesión para el tráfico de drogas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y testigo protegido; en base a investigaciones se concluyó que detención emanó de autoridad competente por lo que no existe detención ilegal ni torturas o vejamenes contra recurrentes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción se desprende y se constata según el expediente de mérito que consta a folio 45 en la cual se encuentra la audiencia inicial en la cual fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva a los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, así mismo según el informe de la juez ejecutora no se ha llevado a cabo el Juicio Oral y Público por encontrarse los antecedentes originales en la sala de lo constitucional en virtud de consulta de un amparo otorgado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula en la cual se deniega el cambio de la fecha para celebración del juicio oral y público a la cual la corte de apelaciones declara con lugar el amparo correspondiente y lo remite a esta sala de lo constitucional para su consulta según fue constatado por la juez ejecutora, en referencia a lo anterior, es oportuno pronunciarse sobre este extremo en relación a que no es responsabilidad de esta sala el hecho de que no se haya celebrado el juicio oral y público pues no es responsabilidad de la sala las dilaciones que han ocurrido en el presente proceso, y en relación al amparo venido en consulta 0054-2018 señalado por la juez ejecutora, el mismo ya fue fallado por esta sala en fecha 21 de agosto del 2018, el cual se había otorgado con suspensión del acto reclamado mismo que fue confirmado por esta sala. .."..."se constata que el ministerio publico solicito ante la sala de lo penal la ampliación de la prisión preventiva según expediente número SP 883-2017 en la cual se declara a lugar la misma y se amplía por el termino de 6 meses los cuales vencieron en fecha 21 de julio del 2017, por lo cual al hacer el cálculo respectivo a la fecha dichos términos se encuentran más que vencidos lo cual se encuentra a folio 31 al 33 del expediente, es así que ya nos establece nuestra normativa procesal Penal sobre la prisión preventiva..."..."del análisis realizado por esta sala, es importante señalar que del estudio de las actuaciones se desprende que si bien es cierto que la privación de libertad emano de autoridad competente por lo tanto no se puede tener como una detención ilegal no es menos cierta que la misma se convierte en ilegitima cuando se violenta lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal en la que se establece cual será la duración de la prisión preventiva ya que dicho artículo no ha sido derogado y el mismo se encuentra en vigencia por lo tanto al hacer un análisis del caso sub judice se desprende que la prisión preventiva se encuentra vencida desde el mes de enero del 2018 y por lo tanto se deberá de seguir el procedimiento establecido en el artículo 174 en referencia a la reforma sobre la medida cautelar la cual podrá ser revocada o reformada de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado en el que el proceso se encuentre, por lo que el vencimiento de la prisión preventiva no se enmarca dentro de los supuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional. Es que el Sistema interamericano de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos ya se han pronunciado ampliamente sobre el derecho que tiene toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva..."..."la garantía de habeas corpus o exhibición personal procede cuando la persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. En el caso que nos ocupa no existe dicha detención ilegal pues la orden prisión o arresto es por escrito y emana de autoridad competente y reúne las formalidades legales, así como también se está cumpliendo en el centro penitenciario destinado para los privados de libertad por parte del estado, por cuanto no se cumplen los presupuestos pertinentes para la configuración de una detención ilegal. Que esta sala ha constatado que efectivamente se ha vencido la prisión preventiva; misma que se origina de un auto de formal procesamiento dictado por el juzgado de letras seccional del progreso, Yoro, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los beneficiarios del presente recurso por considerarlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TESTIGO PROTEGIDO. Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas por el accionista sobre la situación de los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ y el caso no se enmarca entre los presupuestos que establece la ley Sobre Justicia Constitucional que contempla que cuando la persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; en consecuencia el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por el Juez Ejecutor está apegado a derecho por no cumplir con los presupuestos para configurar una detención ilegal o estar sufriendo otro tipo de tormentos, torturas o vejámenes, ya que si bien es cierto tal y como se ha constatado por parte de esta sala a esta fecha la prisión preventiva se encuentra vencida, por lo que a criterio de esta sala es procedente que el tribunal de sentencias correspondiente proceda de manera inmediata a la celebración de la audiencia para revisión de medidas e imponga las medidas cautelares que considere necesarias y aplicables al caso en concreto, para asegurar la presencia de los imputados en el desarrollo del juicio tal y como lo manda la ley..."..."la corte de apelaciones penal de San Pedro Sula se ha pronunciado en su considerando numero 9 de la sentencia venida en revisión, sobre el hecho de establecer que ya la sala de lo constitucional se ha pronunciado en relación que no es el Habeas Corpus la acción idónea para sustituir medidas cautelares, si no que corresponde a la jurisdicción ordinaria, así mismo señala que han existido casos similares en los que la Sala de lo Constitucional ha Confirmado dichos criterios, señalando como antecedente el expediente EPR-769-13 de fecha 3 de diciembre del 2013, en tal sentido esta sala al hacer un análisis de este razonamiento pareciera que esta sala apoya la decisión de desestimar el recurso de Habeas Corpus que se conoce, sin embargo, revisando la sentencia recaída en el EPR-769-13, se observa que la analogía se limita a que la sala efectivamente sostuvo en esa oportunidad que la decisión de sustituir una medida cautelar corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin embargo en el mismo se discutía la prohibición legal de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a un imputado mayor de 60 años, y no el vencimiento del plazo legal establecido para la duración de la prisión preventiva, que es el punto central del recurso venido en revisión, por lo cual el antecedente no solo ha sido mal aplicado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, si no que da a entenderse que la sala excluye su propia jurisprudencia, situación que no es el caso por tratarse de hechos y circunstancias totalmente distintas a las señaladas por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula..."..."de la revisión del informe rendido por la juez ejecutora se han observado claras deficiencias tanto en su redacción la cual es confusa, incomprensible como en su análisis en la cual no se establece claramente lo que la ejecutora debió constatar en el desempeño de los deberes de su cargo por la Abogada EDYS NOHEMY HERNANDEZ MENJIVAR, quien se desempeña como defensora publica del Progreso, Yoro, lo cual considera esta sala pertinente hacer un llamado de atención, para que en lo sucesivo dicha defensora desempeñe fielmente los deberes de su nombramiento, en cuanto a la redacción y coherencia del respectivo informe..."..."es procedente confirmar la sentencia, en virtud de que la misma se encuentra apegada a derecho por cuanto procede la confirmatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 174 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil dieciocho VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado MILTON RENE PERDOMO ESCOBAR, a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TESTIGO PROTEGIDO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el abogado MILTON RENE PERDOMO ESCOBAR, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA Y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO; manifestando el peticionario que sus representados han pasado dos (2) años y seis (6) meses guardando prisión, y no se ha celebrado el juicio oral y público en la causa que se les instruye por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TESTIGO PROTEGIDO; por lo que los mismos se encuentran detenidos ilegalmente. (Folios 1 y 2 del antecedente) 2) Que en la misma fecha, la Corte de Apelaciones ya mencionada, nombro como Juez Ejecutora a la abogada EDIS NOHEMY HERNANDEZ MENJIVAR, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 del antecedente) 3) Que en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Juez Ejecutora compareció ante dicha Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono ante el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, para revisar el expediente de la causa que se instruye contra los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, en donde pudo constatar que dicho proceso inicio en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015); que dichos imputados se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva desde el quince (15) de julio de dos mil quince (2015); y que el Tribunal de Sentencia ha asignado la audiencia de juicio oral y público para los días veinte (20) y veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017); B) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Centro Penitenciario de el Porvenir, departamento de Francisco Morazán, solicitando que se le pusieran a la vista, tanto el expediente como a los imputados JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ y KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ; en fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Instituto Nacional Penitenciario Femenino de Adaptación CEFAS, ubicado en Tamara, departamento de Francisco Morazán, solicitando que se le pusiera a la vista, tanto el expediente como a la imputada CARLA JULISSA CASTRO VARGAS; y en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Centro Penitenciario de Ilama, departamento de Santa Barbará, solicitando que se le pusieran a la vista, tanto el expediente como a los imputados FREDY SAUL MENDEZ MALDONADO, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA; mismos que tuvo a la vista en sus respectivos días, y después de hacer la debida entrevista a cada uno de los imputados, pudo constatar que dichos imputados se encontraban en buenas condiciones; C) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono a la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, en donde pudo constatar que se había presentado un recurso de amparo y que los expedientes de dicho proceso se encontraban allí, pertenecientes al expediente No. SCO-0054-2018; así mismo constato que se habían presentado solicitudes de revisión de medidas cautelares, a lo que la Sala resolvió declara sin lugar dicha solicitud, en vista de que no es la autoridad competente para resolver dicha cuestión; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “… DECLARO NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL Interpuesto a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ , KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ,CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA Y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ por no existir Detención Ilegal en su contra, la suscrita propone a las partes intervinientes en el proceso acatar lo ordenado por la Honorable Sala de lo Constitucional en fecha Uno de Febrero del año Dos Mil Dieciocho.-” (Folios 9–111 del antecedente) 4) Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones antes citada, dictó sentencia Fallando: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS interpuesto por el señor MILTON RENE PERDOMO ESCOBAR, a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ contra Actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO YORO.” (Folios 114–120 del antecedente) 5) Que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del Presente Recurso) FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. CONSIDERANDO (3): Que al examinar las diligencias contentivas del recurso de exhibición personal; según se desprende del informe presentado por la Juez Ejecutora, y que fue tomado en cuenta por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; se desprende que en el caso que nos ocupa que dicho proceso inicio en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015); que dichos imputados se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva desde el quince (15) de julio de dos mil quince (2015), misma que fue ratificada e impuesta según auto de formal procesamiento de fecha 21 de julio del 2015, en la cual se confirma la medida cautelar de prisión preventiva; que el Tribunal de Sentencia ha asignado la audiencia de juicio oral y público para los días veinte (20) y veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017) la cual no se llevo a cabo por no contar con la pieza original de la presente causa y no contar con un extracto de las actuaciones ya que el expediente original se encuentra en la sala de lo constitucional según se establece por un amparo en consulta que fuera remitido por la corte de apelaciones penal de San Pedro Sula; B) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Centro Penitenciario de el Porvenir, departamento de Francisco Morazán, solicitando que se le pusieran a la vista, tanto el expediente como a los imputados JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ y KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ; en fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Instituto Nacional Penitenciario Femenino de Adaptación CEFAS, ubicado en Tamara, departamento de Francisco Morazán, solicitando que se le pusiera a la vista, tanto el expediente como a la imputada CARLA JULISSA CASTRO VARGAS; y en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono al Centro Penitenciario de Ilama, departamento de Santa Barbará, solicitando que se le pusieran a la vista, tanto el expediente como a los imputados FREDY SAUL MENDEZ MALDONADO, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA; mismos que tuvo a la vista en sus respectivos días, y después de hacer la debida entrevista a cada uno de los imputados, pudo constatar que dichos imputados se encontraban en buenas condiciones; C) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se persono a la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, en donde pudo constatar que se había presentado una consulta del recurso de amparo otorgado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y que los expedientes originales de dicho proceso se encontraban allí, pertenecientes al expediente No. SCO-0054-2018; así mismo constato que se habían presentado solicitudes de revisión de medidas cautelares, a lo que la Sala resolvió declara sin lugar dicha solicitud, en vista de que no es la autoridad competente para resolver dicha cuestión y que las mismas se presentaran ante la instancia ordinaria correspondiente para los efectos que sean pertinentes. CONSIDERANDO (4): que según el informe rendido por la juez ejecutora la misma Resolvió: (SIC) “… DECLARO NO HA LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL Interpuesto a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ , KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ,CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA Y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ por no existir Detención Ilegal en su contra, la suscrita propone a las partes intervinientes en el proceso acatar lo ordenado por la Honorable Sala de lo Constitucional en fecha Uno de Febrero del año Dos Mil Dieciocho.-” CONSIDERANDO (5): Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones antes citada, dictó sentencia Fallando: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS interpuesto por el señor MILTON RENE PERDOMO ESCOBAR, a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ contra Actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO YORO.” (Folios 114–120 del antecedente) CONSIDERANDO (6): que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción se desprende y se constata según el expediente de mérito que consta a folio 45 en la cual se encuentra la audiencia inicial en la cual fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva a los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, así mismo según el informe de la juez ejecutora no se ha llevado a cabo el Juicio Oral y Público por encontrarse los antecedentes originales en la sala de lo constitucional en virtud de consulta de un amparo otorgado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula en la cual se deniega el cambio de la fecha para celebración del juicio oral y público a la cual la corte de apelaciones declara con lugar el amparo correspondiente y lo remite a esta sala de lo constitucional para su consulta según fue constatado por la juez ejecutora, en referencia a lo anterior, es oportuno pronunciarse sobre este extremo en relación a que no es responsabilidad de esta sala el hecho de que no se haya celebrado el juicio oral y público pues no es responsabilidad de la sala las dilaciones que han ocurrido en el presente proceso, y en relación al amparo venido en consulta 0054-2018 señalado por la juez ejecutora, el mismo ya fue fallado por esta sala en fecha 21 de agosto del 2018, el cual se había otorgado con suspensión del acto reclamado mismo que fue confirmado por esta sala. CONSIDERANDO (7): El pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 14.3c y el artículo 8.1 de la convención americana de derechos humanos también establece explícitamente el derecho a que tiene toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razonable en un proceso penal, establece que esta garantía resulta aplicable la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, penal o de cualquier otro carácter, es decir que las autoridades judiciales deben de respetar el derecho a obtener una resolución sin dilaciones en procedimientos en los cuales se diriman controversias de naturaleza distintas de la penal. Es así que el artículo 8.1 de Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a un plazo razonable en el marco del debido proceso, así mismo establece que la noción de un plazo razonable requiere que las autoridades estatales actúen con la debida diligencia en la tramitación de causas judiciales. Esta debida diligencia adquiere mayor intensidad frente a casos de graves violaciones de derechos humanos o cuando se trate de violaciones de derechos fundamentales, por otro lado le corresponde al estado demostrar que la demora en la resolución de un asunto no es el resultado de la actuación deficiente de sus agentes, la falta de la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación pueden manifestarse en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de medidas necesarias de protección, las obstrucciones en las actuaciones procesales y graves omisiones en las líneas lógicas de la investigación, en tal sentido el estado de Honduras ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal como se señala en el caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia del 01 de febrero del 2006. Serie CN° 141, parr. 129-30, en tal sentido la comisión interamericana de derechos humanos manifiesta que el estado no puede alegar obstáculos internos para justificar la prolongación del proceso por parte de las autoridades judiciales, por lo que no es posible alegar obstáculos internos para justificar el retraso procesal en la conducción de las actuaciones ya sea falta de presupuesto, infraestructura, personal, de un nuevo proceso penal o vacaciones reglamentarias de los funcionarios públicos entre algunos potros supuestos. CONSIDERANDO (8):se constata que el ministerio publico solicito ante la sala de lo penal la ampliación de la prisión preventiva según expediente número SP 883-2017 en la cual se declara a lugar la misma y se amplía por el termino de 6 meses los cuales vencieron en fecha 21 de julio del 2017, por lo cual al hacer el cálculo respectivo a la fecha dichos términos se encuentran más que vencidos lo cual se encuentra a folio 31 al 33 del expediente, es así que ya nos establece nuestra normativa procesal Penal sobre la prisión preventiva: Artículo 181. Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año.
Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que éste artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en éste artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. En tal sentido y del análisis realizado por esta sala, es importante señalar que del estudio de las actuaciones se desprende que si bien es cierto que la privación de libertad emano de autoridad competente por lo tanto no se puede tener como una detención ilegal no es menos cierta que la misma se convierte en ilegitima cuando se violenta lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal en la que se establece cual será la duración de la prisión preventiva ya que dicho artículo no ha sido derogado y el mismo se encuentra en vigencia por lo tanto al hacer un análisis del caso sub judice se desprende que la prisión preventiva se encuentra vencida desde el mes de enero del 2018 y por lo tanto se deberá de seguir el procedimiento establecido en el artículo 174 en referencia a la reforma sobre la medida cautelar la cual podrá ser revocada o reformada de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado en el que el proceso se encuentre, por lo que el vencimiento de la prisión preventiva no se enmarca dentro de los supuestos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional. Es que el Sistema interamericano de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos ya se han pronunciado ampliamente sobre el derecho que tiene toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva. El “plazo razonable” no puede ser establecido en forma abstracta por que corresponden a criterios cuya concurrencia habrán de ser detenidos en cada caso. En consecuencia, su fijación en las legislaciones internas no garantiza su consonancia con la convención ya que la razonabilidad debe de estar fundada en la prudente apreciación judicial. El debido proceso legal (análisis desde el sistema interamericano y universal de derechos humanos), tomo II, primera edición, noviembre del 2013. Editorial silvina simondet. CONSIDERANDO (9): Que la garantía de habeas corpus o exhibición personal procede cuando la persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. En el caso que nos ocupa no existe dicha detención ilegal pues la orden prisión o arresto es por escrito y emana de autoridad competente y reúne las formalidades legales, así como también se está cumpliendo en el centro penitenciario destinado para los privados de libertad por parte del estado, por cuanto no se cumplen los presupuestos pertinentes para la configuración de una detención ilegal. Que esta sala ha constatado que efectivamente se ha vencido la prisión preventiva; misma que se origina de un auto de formal procesamiento dictado por el juzgado de letras seccional del progreso, Yoro, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los beneficiarios del presente recurso por considerarlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TESTIGO PROTEGIDO. Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas por el accionista sobre la situación de los señores JOSE FRANCISCO GONZALES VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ y el caso no se enmarca entre los presupuestos que establece la ley Sobre Justicia Constitucional que contempla que cuando la persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; en consecuencia el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por el Juez Ejecutor está apegado a derecho por no cumplir con los presupuestos para configurar una detención ilegal o estar sufriendo otro tipo de tormentos, torturas o vejámenes, ya que si bien es cierto tal y como se ha constatado por parte de esta sala a esta fecha la prisión preventiva se encuentra vencida, por lo que a criterio de esta sala es procedente que el tribunal de sentencias correspondiente proceda de manera inmediata a la celebración de la audiencia para revisión de medidas e imponga las medidas cautelares que considere necesarias y aplicables al caso en concreto, para asegurar la presencia de los imputados en el desarrollo del juicio tal y como lo manda la ley. CONSIDERANDO (10): Que la corte de apelaciones penal de San Pedro Sula se ha pronunciado en su considerando numero 9 de la sentencia venida en revisión, sobre el hecho de establecer que ya la sala de lo constitucional se ha pronunciado en relación que no es el Habeas Corpus la acción idónea para sustituir medidas cautelares, si no que corresponde a la jurisdicción ordinaria, así mismo señala que han existido casos similares en los que la Sala de lo Constitucional ha Confirmado dichos criterios, señalando como antecedente el expediente EPR-769-13 de fecha 3 de diciembre del 2013, en tal sentido esta sala al hacer un análisis de este razonamiento pareciera que esta sala apoya la decisión de desestimar el recurso de Habeas Corpus que se conoce, sin embargo, revisando la sentencia recaída en el EPR-769-13, se observa que la analogía se limita a que la sala efectivamente sostuvo en esa oportunidad que la decisión de sustituir una medida cautelar corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin embargo en el mismo se discutía la prohibición legal de imponer la medida cautelar de prisión preventiva a un imputado mayor de 60 años, y no el vencimiento del plazo legal establecido para la duración de la prisión preventiva, que es el punto central del recurso venido en revisión, por lo cual el antecedente no solo ha sido mal aplicado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, si no que da a entenderse que la sala excluye su propia jurisprudencia, situación que no es el caso por tratarse de hechos y circunstancias totalmente distintas a las señaladas por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula. CONSIDERANDO (11): Considera la sala que de la revisión del informe rendido por la juez ejecutora se han observado claras deficiencias tanto en su redacción la cual es confusa, incomprensible como en su análisis en la cual no se establece claramente lo que la ejecutora debió constatar en el desempeño de los deberes de su cargo por la Abogada EDYS NOHEMY HERNANDEZ MENJIVAR, quien se desempeña como defensora publica del Progreso, Yoro, lo cual considera esta sala pertinente hacer un llamado de atención, para que en lo sucesivo dicha defensora desempeñe fielmente los deberes de su nombramiento, en cuanto a la redacción y coherencia del respectivo informe. CONSIDERANDO (12): Que, atendiendo a las razones anteriormente expuestas, y a lo preceptuado en el Artículo 13, 24, 37, 39 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es procedente confirmar la sentencia, en virtud de que la misma se encuentra apegada a derecho por cuanto procede la confirmatoria. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 3 No. 1), 9 Nº. 1, 13 Nº. 1) literal a), 24, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO LA SENTENCIA venida en revisión en EL RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO a favor de los señores JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ, KEVIN JOSUE ACOSTA CRUZ, CARLA JULISSA CASTRO VARGAS, EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, CRISTIAN MIGUEL RIVAS PERAZA y FREDY SAUL MALDONADO MENDEZ, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TESTIGO PROTEGIDO Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, a efectos que el tribunal correspondiente señale a la mayor brevedad la audiencia de revisión de medidas y que el tribunal de sentencias decida lo pertinente en cuanto a la sustitución de medidas cautelares. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-0501=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL