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Sentencia EP-424-18 — Registro 9632

Resumen

La solicitante alega que los presos de libertad se encuentran en condiciones de hacinamiento extremo, donde arriesgan su vida e integridad física, violando sus derechos por el agravamiento de las condiciones de detención, de conformidad con la normativa de la Constitución de la República, pactos y convenios internacionales suscritos por Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“…CONSIDERANDO OCHO (8): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario; está realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil dieciocho. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal Correctivo interpuesto por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), manifestando la recurrente, que los seiscientos sesenta y dos (662) privados de libertad de ese centro penitenciario, se encuentran en condiciones de hacinamiento extremo, donde arriesgan su vida e integridad física, violando sus derechos por el agravamiento de las condiciones de detención, de conformidad con la normativa de la Constitución de la República, pactos y convenios internacionales suscritos por Honduras.ANTECEDENTES.1) Que en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo Recurso de Exhibición Personal Correctivo a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), manifestando la peticionaria: “Que vengo a solicitar acción de Habeas Corpus correctivo colectivo, a favor de los seiscientos sesenta y dos (662) PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO, ubicado en la Colonia Palermo, 14 calle 5 avenida, por estar cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y en su caso condenas en condiciones de hacinamiento extremo donde arriesgan su vida, e integridad física y violan sus derechos de conformidad con los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87,145 y 182 de la Constitución de la República, 3, 7, 9, 120.2 a) y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3), 8, 11, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 1, 12, 13, y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, por agravamiento de las condiciones de detención, con el objetivo de hacer cesar su padecimiento.”. 2) Que en la misma fecha, la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal de mérito, designando como Jueces Ejecutores para efectos del Habeas Corpus: 1.- Al Abogado JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ VELASQUEZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, para efectos de que requiriera a la autoridad recurrida, y solicitara el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y, 2.- A la Abogada FRANCISCA AYALA ALBERTO, Defensora Pública de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, para constatar los extremos denunciados por la recurrente, solicitando al Director del Centro Penitenciario de El Progreso, Departamento de Yoro el informe pertinente y dentro del plazo y formalidades establecidas en el Artículo 26 en la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 124).3) Que en fecha doce de junio de dos mil dieciocho, el Abogado JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ VELASQUEZ, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, el Juez Ejecutor se constituyó en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario requiriendo a la Abogada Rosa Gudiel en su condición de Directora y representante de ese Instituto, a efecto de que rindiera un informe sobre lo expuesto en el recurso de exhibición personal, informe que fue presentado en fecha cinco de junio de dos ml dieciocho, en el cual se detallan las gestiones realizadas para solventar la situación de los centros penitenciarios. B) Que, del estudio del citado informe, se establece que el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, existía a esa fecha una población de más de quinientos reclusos entre condenados y bajo el régimen de medida cautelar privativa de libertad, pero que dicho informe no establece cual es la capacidad máxima del referido centro. Se establece que, a causa de las condiciones de hacinamiento, se vio la necesidad de habilitar un módulo que consta de cuatro espacios de dormitorio, con una capacidad para 114 privados de libertad. Que, en relación a la atención médica, se establece que siempre han existido y existen atenciones médicas por diferentes enfermedades entre graves y leves, pero que no todos son atendidos. El Instituto Nacional Penitenciario ha realizado en la medida de sus posibilidades, actuaciones que van dirigidas a solventar la situación de los privados de libertad de ese centro penitenciario, pero no es menos cierto que existen varias deficiencias aún sin atender, resultando entre los principales puntos el de hacinamiento, ya que existían más de 600 privados de libertad solo en ese centro y que en cuanto a las condiciones de su estadía se estable en el informe que se habían comprado equipos y materiales de higiene y aseo, además de colchones para los privados de libertad, aunque la mayoría de la documentación que acredita dichas compras, establece que existe una gran diferencia entre el presupuesto dirigido a comprar materiales que tengan que ver con la mejoría de las condiciones de los privados de libertad y los materiales y equipo adquirido para los elementos de la policía penitenciaria, apreciándose que existió una compra de diez pastas de dientes, diez cepillos dentales y cincuenta colchonetas, cifras insuficientes para atender a una población penitenciara de más de 600 personas, si se toma en cuenta todo el equipo referente a grilletes, armas escopetas, etc., haciéndose notar que existe una desproporcionalidad en la adquisición de materiales y su destino de utilidad. C) Que en base a todo lo expuesto, siendo que se han identificado incumplimientos a lo que establecen los diferentes Tratados Internacionales, en relación al tratamiento de los reclusos y a lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario, el Juez Ejecutor fue del criterio de “DECLARAR SI HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, por las razones expuestas…” (Folios 129 al 133).4) Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, la Abogada FRANCISCA AYALA ALBERTO, en su condición de Juez Ejecutora, rindió su informe ante esta Sala, en el cual señala lo siguiente: a) Que en fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Juez Ejecutora, se personó en las instalaciones del Centro Penitenciario de El Progreso, Departamento de Yoro, entrevistándose con el Director de ese Centro Penal Nelson Enrique Ponce Sorto y con la Abogada Karina Mejía, solicitando informe sobre la situación del centro penitenciario. b) Que de la información y las investigaciones realizadas se desprende lo siguiente: que existen doce hogares, los que cuentan de nueve a treinta camarotes, dichos módulos u hogares alberga una cantidad mayor de privados de libertad que los que puede albergar, en los cuales algunos de ellos duermen en sus camarotes, en algunos casos compartiendo el mismo con otro compañero, algunos duermen en colchones en el suelo, y otros duermen en el puro suelo, que la mayoría de los baños se encuentran en mal estado, y otros en estado regular; algunos hogares cuentan con pila para lavar su ropa, área de recreación que sirve para tender la ropa, área para visitas conyugales, existe en un módulo un taller de ebanistería. En el Hogar número seis se encuentran veinticinco mujeres privadas de libertad, cuenta con nueve camarotes, de las cuales seis duermen con algunas compañeras que comparten sus camillas. Se observó que la cocina no se encuentra en un lugar apto para cocinar, la estufa no estaba en buenas condiciones, las ollas grandes son muy viejas y las han mandado a reparar y que las ollas nuevas son de tamaño mediano y que no les sirven para cocinar, por la cantidad de privados de libertad que tienen. c) Que La Juez Ejecutora se personó en diferentes áreas dentro del Centro Penitenciario; en el área de la escuela, la que cuenta dos aulas, impartiéndose clase a 70 privados de libertad, desde el primer grado, hasta primero de bachillerato manifestando los privados de libertad, que han recibido el apoyo de las autoridades del Centro Penitenciario. La clínica la cual cuenta con cuatro médicos, dos por la mañana y dos por la tarde y solo trabajan de lunes a viernes, cuenta con dos enfermeros y un voluntario, y que cuando no hay medicamentos es porque hay escases a nivel nacional. La Juez Ejecutora pudo observar que, en la parte de atrás del centro penal, se construyeron unos módulos que cuentan con cuatro hogares, en los que, según la información recibida, en dichos módulos estarán los privados de libertad que cuentan con el beneficio de pre liberación los fines de semana, cuentan con diecisiete camarotes, de los cuales todos duermen en sus camillas. d) Manifiesta la Juez Ejecutora que toda la información recabada fue proporcionada por el coordinador de cada hogar y por la observación ocular efectuada por ella misma, que de las preguntas realizadas a los coordinadores, éstos le manifestaron que el nuevo director les da un mejor trato y que les resuelve los problemas que él puede solucionar y que la Juez de Ejecución de la ciudad de El Progreso, realiza constantes visitas al Centro Penitenciario y que a partir de una resolución emitida por ella, sobre los malos tratos habían cambiado muchas cosas para el bienestar de los privados de libertad. e) Que la Juez Ejecutora se avocó al Juzgado de Ejecución, quien le entregó copia de la resolución de fecha 18 de agosto de 2016, consignando en algunos puntos lo siguiente: Se ordenó al Director del Instituto Nacional Penitenciario que se abstuviera de trasladar al Centro Penitenciario de El Progreso, internos que pertenecieran a otras jurisdicciones con el pretexto de medidas de seguridad, ya que el centro penal no cuenta con las condiciones y logística para aceptar más privados de libertad. Recomendar al Director del Instituto Nacional Penitenciario que procediera a realizar gestiones administrativas para que, en el término de un año, se procediera a construir al menos cuatro módulos y albergara a los internos que duermen en condiciones indignas. Ordenar a los Directores de los demás centros penitenciarios, se abstuvieran de ordenar el traslado de internos de otras jurisdicciones al Centro Penitenciario de El Progreso. Ordenar al Director del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, el cese inmediato de los malos tratos que de palabra venía infringiendo tanto a los internos como a la visita y que se abstuviera de recibir internos que eran trasladados de los demás centros penales; asimismo se ordena a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario que realizara las investigaciones pertinentes y que involucre al Director del Centro Penal en un curso sobre Derechos Humanos y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y sus Reglamentos, a fin de que desempeñara su función dentro de los parámetros establecido en la Constitución de la República y las leyes. f) Que la Juez Ejecutora hizo las siguientes conclusiones y recomendaciones: a) que se le brindara a la brevedad posible, logística a los internos del Centro Penitenciario que duermen en el suelo, y que según información recibida, se debía a los constantes traslados ordenados por el Instituto Nacional Penitenciario; b) que la falta de personal de la policía penitenciaria, hace que los propios internos que se encuentran en pre liberación hagan el rol de los policías y que les asignan el cuidado del portón del centro penal; c) que se verificó que donde están ubicados los internos segregados, no se cumplen con las condiciones de infraestructura ya que el techo es muy bajo y no tiene cielo falso, por lo que provoca un calor excesivo, por lo que recomienda levantar las paredes y que según información de los internos desde que fueron ingresados no han salido de su celda, ya que quienes imponen las medidas penitenciarias son los coordinadores y no los policías, por lo que se les violentan normativas penitenciarias, por lo que se le instruyó al Director del Centro Penal que verificara tal extremo; d) Que observó que el cubículo que se encuentra asignado frente al Juzgado de Ejecución no cuenta con un baño y no hay suficiente agua para bañarse; e) Que la Juez Ejecutora pudo observar que hay suficiente espacio para construir más módulos y así evitar el hacinamiento y que los privados de libertad permanezcan en condiciones adecuadas, mientras cumplan sus respectivas condenas o su proceso, debiendo el Director del Centro Penal solicitar a las autoridades correspondientes la construcción de nuevos módulos y la logística necesaria para proveerse de colchones, camas, alimentación y servicio de agua potable. (Folios 396 al 414 del recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo, el Artículo 15 de la precitada norma sobre Justicia Constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”.CONSIDERANDO DOS (2): Que la Carta Magna en el Artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1].CONSIDERANDO TRES (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su Artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el Artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, compareció ante la Sala de lo Constitucional la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo Recurso de Exhibición Personal Correctivo a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), manifestando la peticionaria: “Que vengo a solicitar acción de Habeas Corpus correctivo colectivo, a favor de los seiscientos sesenta y dos (662) PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO, ubicado en la Colonia Palermo, 14 calle 5 avenida, por estar cumpliendo medidas cautelares privativas de libertad y en su caso condenas en condiciones de hacinamiento extremo donde arriesgan su vida, e integridad física y violan sus derechos de conformidad con los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87,145 y 182 de la Constitución de la República, 3, 7, 9, 120.2 a) y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3), 8, 11, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 1, 12, 13, y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, por agravamiento de las condiciones de detención, con el objetivo de hacer cesar su padecimiento.”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en la misma fecha, la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal de mérito, designando como Jueces Ejecutores para efectos del Habeas Corpus: 1.- Al Abogado JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ VELASQUEZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, para efectos de que requiriera a la autoridad recurrida, y solicitara el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y, 2.- A la Abogada FRANCISCA AYALA ALBERTO, Defensora Pública de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, para que constatar los extremos denunciados por la recurrente, solicitando al Director del Centro Penitenciario de El Progreso, Departamento de Yoro el informe pertinente y dentro del plazo y formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha doce de junio de dos mil dieciocho, el Abogado JOSE RAIMUNDO VELASQUEZ VELASQUEZ, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, concluyendo que se han identificado incumplimientos a lo que establecen los diferentes Tratados Internacionales, en relación al tratamientos de los reclusos y a lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario, siendo del criterio de “DECLARAR SI HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, la Abogada FRANCISCA AYALA ALBERTO, en su condición de Juez Ejecutora, rindió su informe ante esta Sala, en el cual, consigna las siguientes conclusiones y recomendaciones: a) que se le brindara a la brevedad posible, logística a los internos del centro penitenciario que duermen en el suelo, y que según información recibida, se debía a los constantes traslados ordenados por el Instituto Nacional Penitenciario; b) que la falta de personal de la policía penitenciaria, hace que los propios internos que se encuentran en pre liberación hagan el rol de los policías y que les asignan el cuidado del portón del centro penal; c) que se verificó que donde están ubicados los internos segregados, no se cumplen con las condiciones de infraestructura ya que el techo es muy bajo y no tiene cielo falso, por lo que provoca un calor excesivo, por lo que recomienda levantar las paredes y que según información de los internos desde que fueron ingresados no han salido de su celda, ya que quienes imponen las medidas penitenciarias son los coordinadores y no los policías, por lo que se les violentan normativas penitenciarias, por lo que se le instruyó al Director del Centro Penal que verificara tal extremo; d) Que observó que el cubículo que se encuentra asignado frente al Juzgado de Ejecución no cuenta con un baño y no hay suficiente agua para bañarse; e) Que la Juez Ejecutora pudo observar que hay suficiente espacio para construir más módulos y así evitar el hacinamiento y que los privados de libertad permanezcan en condiciones adecuadas, mientras cumplan sus respectivas condenas o su proceso, debiendo el Director del Centro Penal solicitar a las autoridades correspondientes la construcción de nuevos módulos y la logística necesaria para proveerse de colchones, camas, alimentación y servicio de agua potable.”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario; está realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO.-Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.-Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Y para ser enviada al Instituto Nacional Penitenciario, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-424-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.