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Sentencia EP-397-18 — Registro 9629

Resumen

La recurrente alega que su defendida se le dicto prisión arbitraria e ilegal, dictada por un Tribunal incompetente; que el Tribunal que debería estar llevando a cabo el proceso de su representada, es el de jurisdicción contencioso-administrativo, según lo establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que el Tribunal que está llevando a cabo el proceso, le ha violentado los derechos a la defensa, debido proceso, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, libertad personal, a su representada; y solicita su inmediata libertad mediante sentencia definitiva y que se ponga al conocimiento del Ministerio Público (MP), los hechos criminales denunciados en el presente recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“…CONSIDERANDO(15):Que del informe rendido por la Juez Ejecutora designada Abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, se concluye sin lugar a dudas que no ha existido violación alguna, Por todo ello esta Sala aprecia, que de las distintas diligencias realizadas por la Juez ejecutora, no se logra establecer que se han restringido ni violentado los Derechos y Garantías Constitucionales ni Procesales de estricto cumplimiento, es así que al no haberse demostrado las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR la acción de Habeas Corpus interpuesta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado RUBEN SOLANO PARADA, a favor de la Señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra actuaciones de la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION,manifestando el peticionario que, a su representada, se le está llevando a cabo un proceso en un tribunal incompetente, violándole su derecho a la defensa y a un debido proceso; que a su representada, no se le está garantizando su estado de inocencia e igualdad ante la ley, y se le viola su derecho a la libertad, ya que no le permiten rendir caución para no permanecer en la cárcel y gozar de su libertad personal; y solicita su inmediata libertad mediante sentencia definitiva y que se ponga al conocimiento del Ministerio Público (MP), los hechos criminales denunciados en el presente recurso; todo esto con relación a la causa instruida contra la Señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por suponerla responsable del supuesto desvío de fondos correspondientes a cuentas bancarias estatales aperturadas a favor del Despacho de la Primera Dama. Situación que, a criterio del peticionario, violenta los derechos contenidos en los artículos: 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 90, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 6, 8 numerales 1 y 2, 24, 25 numerales 1 y 2 literales a, b y c, 29 literales a, b, c y d, y 33 liberales a y b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 24 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RUBEN SOLANO PARADA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de la Señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra actuaciones de CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, manifestando el peticionario que: su representada se encuentra ilegalmente presa, en virtud de una orden de prisión arbitraria e ilegal, dictada por un Tribunal incompetente; que el Tribunal que debería estar llevando a cabo el proceso de su representada, es el de jurisdicción contencioso-administrativo, según lo establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, nuestra Constitución, Tratados Internacionales y otras leyes del país; que el Tribunal que está llevando a cabo el proceso, le ha violentado los derechos a la defensa, debido proceso, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, libertad personal, a su representada; y solicita su inmediata libertad mediante sentencia definitiva y que se ponga al conocimiento del Ministerio Público (MP), los hechos criminales denunciados en el presente recurso; todo esto con relación a la causa instruida contra la Señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por suponerla responsable del supuesto desvío de fondos correspondientes a cuentas bancarias estatales aperturadas a favor del Despacho de la Primera Dama. Situación que, a criterio del peticionario, violenta los derechos contenidos en los artículos:59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 90, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 6, 8 numerales 1 y 2, 24, 25 numerales 1 y 2 literales a, b y c, 29 literales a, b, c y d, y 33 liberales a y b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 24 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. (Folios1–26del presente Recurso) 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como Juez Ejecutora a la Abogada SUYAPA CONCEPCION TORRES AGUILERA, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa,a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 27 del presente Recurso) 3) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A)Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se trasladó al Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS CEFAS), para entrevistarse con la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, en donde pudo constatar que no estaba siendo restringida más allá de la medida cautelar que le fue decretada, y no tiene ninguna molestia innecesaria; B) Que de los informes rendidos en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por laCorte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción y la Fiscalía de la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la Juez Ejecutora pudo observar que: dichos Tribunales son competentes en la materia, han emitido resoluciones dentro de la esfera de sus atribuciones, y que no han inobservado ninguna de las atribuciones o funciones que nuestro ordenamiento jurídico les ha otorgado; que la orden de detención judicial ha sido debidamente motivada, fundada y justificada por las autoridades competentes; y que no se ha podido concluir que hayan ocurrido las violaciones alegadas por el peticionario;C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió:(SIC) “Declarar NO HA LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO y remite a la Honorable SALA CONSTITUCIONAL todo lo actuado para la emisión de la Sentencia correspondiente.” (Folios 128–303del presente Recurso) FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en sus artículos 19 y 20 “La acción de exhibición personal se iniciará de oficio o a petición de cualquier persona,…” y que “La acción de exhibición personal se iniciará de oficio cuando el órgano jurisdiccional tenga noticias de que una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad personal, o cuando en su detención o prisión legal se le estén aplicando tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes o vejámenes de cualquier clase o se le esté haciendo objeto de apremios ilegales o de coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual para el orden de la prisión.” CONSIDERANDO (3): Queen fecha veinte y tres (23) de mayo del año dos mil dieciocho, la Secretaría de la Sala de lo Constitucional recibióla solicitud de Exhibición personal, presentada por elabogado RUBEN SOLANO PARADA, a favor de la ciudadana ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra actuaciones de los Agentes Fiscales de la unidad especial contra la impunidad de la corrupción (UFECIC) 1) LUIS JAVIER SANTOS CRUZ 2) GELMER HUMBERTO CRUZ 3) ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO, Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción Abogada VERA BARAHONA, así mismo contra las actuaciones de la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, 1) TELMA CONSUELO BURGOS LANDA, 2) EDIN YOVANY DE LA O RAMOS 3)KARLA MARIA MATINEZ, manifestando el peticionario que los operadores de justicia antes relacionados le han violentado los derechos constitucionales a su representada así como también se le han violentado los derechos humanos a su representada, por encontrarse ilegalmente presa, en virtud de una orden de prisión arbitraria e ilegal por considerar que los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso no son competentes para conocer de la presente acción, por lo cual considera que se le han violentado los derechos constitucionales y se ha consumado una detención ilegal. CONSIDERANDO (4): Que en fecha 23 de mayo del 2018 para efectos de su tramitación se nombró Juez Ejecutor, recayendo tal designación en la Abogada SUYAPA CONCEPCION TORRES AGUILERA, Defensora Públicade la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, quien deberá cumplir con lo dispuesto por esta Sala y ajustados a los deberes inherentes de su mandato de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que en fecha 24 de mayo del 2018, se requirió por parte de la juez ejecutora al magistrado presidente de la Corte de apelaciones penal con competencia nacional en materia de corrupción, así mismo se requirió a la Abogada Vera Barahona en su condición de juez titular del juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de corrupción y a los agentes fiscales de la unidad especial contra la impunidad y la corrupción (UFECIC) a efectos de que en el término de 24 horas rindiera el informe detallado sobre las actuaciones en relación al recurso de exhibición , mismo que fue enviado y cumplimentado debidamente. CONSIDERANDO (6): Que en el informe rendido por la Abogada SUYAPA CONCEPCION TORRES AGUILERA, en su condición antes indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente:“PRIMERO:… Que cumpliendo con lo ordenado en el auto de admisión la Juez Ejecutora y según los informes de las autoridades denunciadas se pronuncia en primer lugar sobre el informe emitido por el juzgado de letras penal el cual detallo que según los antecedentes tuvoconocimiento del caso mediante diligencias prejudiciales, en las cuales el ministerio publico solicito señalamiento de fecha para juramentar a un perito para la posterior realización de pericia informática forense ya que se contaba con el decomiso de un disco duro y computadora portátil; diligencia que fue señalada para el día 13 de febrero de 2018, el abogado defensor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, fue notificado de dicha providencia y en fecha 12 de febrero del 2018 se hizo uso del recurso de reposición que fue declarado sin lugar. En fecha 13 de febrero del 2018, fecha señalada para la juramentación de perito y antes de la misma, el representante defensor interpuso por escrito la excepción por falta de acción cuando la causa no pueda proseguir y excepción de incompetencia de tribunal, mismas que fueron declaradas sin lugar.Posteriormente fue presentado el requerimiento fiscal por los fiscales especiales de la UFECIC, contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por la supuesta comisión de 9 delitos de malversación de caudales públicos, asociación y confabulación para el lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del estado de honduras, señala que las actuaciones realizadas por la señora Bonilla y que narra el requerimiento fiscal comprenden un periodo del 28 de junio del 2011 al 28 de febrero del 2014, que en audiencia de fecha 28 de febrero del 2018 se llevó a cabo audiencia de declaración de imputado con la presencia de la imputada ROSA ELENA BONILLA AVILA, quien fue puesta en conocimiento de los hechos que conteníael requerimiento fiscaly siendo que uno de los objetivos de la audiencia de la declaración de imputados es la de la identificación del imputado así como la imposición de medidas cautelares y considerando que los delitos imputados como ser el lavado de activos y asociación ilícita, se le impuso la medida cautelar de detención judicial desde la fecha requerida en este párrafo. Que en fecha 2 de marzo del corriente se dio inicio a la audiencia inicial, en la cual las partes formalizaron la acusación por 9 delitos de malversación de caudales públicos, asociación y confabulación para el lavado de activos ilícita y lavado de activos, misma en que las partes propusieron sus pruebas y y la cual finalizo en fecha 5 de marzo del 2018 en la cual se resolvió: dictar auto de formal procesamiento contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por 9 delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras e imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva. En relación al delito de asociación o confabulación ilícita para el delito de lavado de activos se dictó sobreseimiento definitivo. En fecha 09 de mayo del 2018 la defensa de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, solicito REVISION DE MEDIDAS en la cual en audiencia de fecha 12 de mayo del 2018 se declaró sin lugar la sustitución de la prisión preventiva ya que de acuerdo a la motivación de la jueza no han desaparecido los presupuestos legitimadores que se tuvieron al momento de decretarlas, así mismo no considero suficiente la caución ofrecida para el posible perjuicio generado al estado de honduras y el posible peligro de fuga, el peligro de obstrucción en la investigación, refiriéndose a la injerenciaque puede existir con los testigos protegidos y los peritos. CONSIDERANDO (7):Que según el informe rendido por la corte de apelaciones en la cual se detallan los recursos de los cuales ha tenido conocimiento y entre ellos detalla la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento y prisión preventiva dictado contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, el cual fue interpuesto en fecha 24 de Abril del 2018, en la cual en su resolución la corte hace sus argumentaciones y motiva su resolución estableciendo entre sus argumentos la condición que ocupaba la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, si era o no funcionaria pública y que este fue un hecho controvertido y ligado a los delitos imputados. La corte concluyo que la primera dama fungiendo en su despacho y personificada en ROSA ELENA BONILLA AVILA no era funcionaria pública y es por ello que los delitos de malversación de caudales públicos dejan de ser la norma infringida y de acuerdo a los hechos y siendo la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA una particular la corte revoca la calificación jurídica decretada por la juez A-quo al dictar el auto de formal procesamiento y dispone modificar o reformar motivada, razonada y profundamente que los actos reprochables a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, se constituyen en apropiación indebida continuada a título de autora y 6 delitos de fraude en el grado de participación de inductora. Así mismo revoco el delito de lavado de activos y por ende se ordenó la revocación de las medidas de aseguramiento de bienes regresando el dominio de los inmuebles a su dueña y confirma el sobreseimiento otorgadopor el delito de asociación o confabulación ilícita para el delito de lavado de activos. Finalmente establece la corte de apelaciones en su informe que vuelve a resolver sobre esta causa en el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por la denegatoria de revocación de medida de prisión preventiva en audiencia de revisión de medidas celebrada en fecha 12 de mayo del corriente. La corte de apelaciones dispone de manera motivada que el presupuesto de gravedad de la pena en el caso en particular es de consideración de acuerdo al pronóstico de pena que podría imponerse más la multa de la pena que conlleva la pena principal. Relaciona la capacidad económica de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. de acuerdo a la caución ofrecida por la defensa, refiere la corte que no es suficiente porque no solo se habla de (16,825,401.38) y de acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal y que por la actividad mínima que se desarrollada en la audiencia inicial no se explayo más sobre la cantidad de los (94,000.000.00) con supuesta sustracción irregular, por lo que la cantidad de 1,500,000.00 o 16,000,000.00 no corresponden a caución suficiente que puedan llegar a reclamarse con una ampliación de la caución, refirió el riesgo de manipular las fuentes de prueba, influyendo en los testigos o peritos haciendo incidencia en sus declaraciones y que de acuerdo a lo expuesto por el juez ha relacionado los hechos facticos son 10 testigos los que eventualmente podrían informar ven este proceso; por lo que la corte de apelaciones concluye declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y con fundamentación jurídica determina un plazo de 9 meses de duración de la prisión preventiva impuesta contados a partir de que ocurrió la detención. CONSIDERANDO (8): Que según el informe detallado del Ministerio Público, en fecha 7 de noviembre del 2017 hubo conocimiento del caso contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, mediante una remisión que le hiciera la fiscalía especial de combate a la corrupción pública por orden de la fiscalía general en base del convenio de la MACCIH-OEA, de acuerdo a lo expuesto por el ministerio público, al resolver presentar requerimiento fiscal lo hicieron ante el juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de corrupción conforme al acuerdo número01-2016, de la Corte Suprema de Justicia, como juzgados creados para conocer con exclusividad de los delitos que tiene su origen en hechos o actos de corrupción como delitos contra la propiedad (art 218-E) contra la economía (art. 295, 296, 297, 299 n 4), delitos contra la administración pública, entre otros tal y como lo menciona el referido acuerdo 01-2016 de la Corte Suprema de Justicia, en tal sentido considera el ministerio público que el derecho penal es un derecho autónomo, por lo cual no corresponde dependencia alguna a un acto administrativo previo, por lo que el derecho penal goza de supremacía para juzgar y sancionar los hechos constitutivos de delito frente a cualquier acto administrativo. CONSIDERANDO (9):Que del estudio de la garantía del Habeas Corpus, es necesario en principio estudiar si la causa o razón de interposición de la acción se encuentra dentro de los supuestos de la ley sobre Justicia Constitucional, ya que en ese sentido se continuara el análisis de los hechos planteados por el peticionario en relación a los preceptos jurídicos que se consideran infringidos o violentados y que causan la legalidad o no de la prisión preventiva, en tal sentido ya se establece en el artículo 15 de la Ley de Justicia Constitucional, que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se deberán resolver también sobre estas violaciones. Que, haciendo un estudio del caso en concreto, el peticionario ha enmarcado esta acción en el supuesto delartículo 24 numeral 2. Que establece que se consideran privaciones de libertad ilegales y arbitrarias: toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley, por lo cual es necesario realizar un análisis jurídico de la misma para lograr determinar la legalidad o no de la prisión preventiva que se le impuso a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. CONSIDERANDO(10):Según lo establecido por el impetrante a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, le fue decretada la medida privativa de la libertad sin que se le haya seguido el procedimiento administrativo de manera previa, pues arguye la defensa que a la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, se le debió practicar una auditoria por el tribunal superior de cuentas, de acuerdo a los recursos públicos manejados en su despacho como Primera Dama, y solo podía haberse iniciado causa criminal en su contra si dicho ente que rectora el control financiero así como la gestión y resultado de quien maneja fondos públicos hubieseencontrado irregularidad y siguiéndose un proceso administrativo donde se haya dictado una sentencia que adquiera estatus de firme en su contra es cuando el ministerio publico debió ejercer la acción penal publica de manera legítima, en consecuencia con este argumento esgrimido del impetrante, existe ilegitimidad que tuvo su nacimiento desde el inicio de las actuaciones e investigaciones del ministerio público y en sede judicial por lo que también se vuelve incompetente a los órganos jurisdiccionales que han conocido de la causa contra la peticionaria. Sumado a ello el recurrente establece que se le han violentado los derechos fundamentales entre ellos el contemplado en el artículo 93 de la constitución de la república que refiere el otorgamiento de la caución suficiente para no ser llevado a la cárcel y en el caso que se analiza para no permanecer en ella y ante la denegatoria por parte del juzgado de letras y su confirmación por parte de la corte de apelaciones de no revocar la medida de prisión preventiva por ser insuficiente la caución ofrecida entre otras razones explicadas. CONSIDERANDO(11):Podemos observar que como principal argumento esgrimido por el impetrante es la incompetencia de los órganos jurisdiccionales referidos que activaron su conocimiento en causa contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA por las conductas que prevén y sancionan normas penales, en tal sentido es necesario establecer que el ministeriopúblico se encuentra legitimado constitucionalmente según el artículo 232 de la constitución de la república y la misma establece que el ministerio público es el organismo profesional especializado, responsable de representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, así mismo corresponde al ministerio publico el ejercicio oficioso de la acción penal pública, así mismo tiene el ministerio publico la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. En tal sentido también podemos observar que el artículo 222 constitucional instituye que el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los poderes del estado, sometidos únicamente al cumplimiento de la constitución y las leyes, en el ejercicio de su función deberá realizar el control financiero de gestión y de resultado, fundados en la eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad. En tal sentido la ley orgánica del tribunal superior de cuentas si bien constituye un régimen especial por su naturaleza en la cual se vela por la correcta administración de los fondos públicos, la gestión y resultados en la probidad y ética de toda persona que maneje fondos públicos del estado, precisamente persigue una función de gestión clara y veraz y objetiva pero dicha función no obsta en ningún momento para que el órgano investigador y persecutor como lo es el Ministerio Publico se inhiba de incoar las acciones penales correspondientes al tener conocimiento de la comisión de un delito ya que claramente lo legitima y habilita la constitución de la república en su artículo 232, sumado a ello el artículo 92 del Código Procesal Penal y sumado a ello la misma ley orgánica del Tribunal Superior de cuentas en su artículo 50 establece que cuando se trate de hechos que pueden ser constitutivos de delitos después de recibir la información de parte de la unidad de auditorías el Tribunal Superior de Cuentas, tiene el deber y la obligación de informar a la Procuraduría General de la república y al Ministerio Publico, sin embargo esto no limita a que si el ministerio publico quien tiene el ejercicio de la acción pública y como ente investigador y persecutor de delitos obtiene una denuncia que activa su facultad legitima de investigar y descubre en el transcurso de la misma que existen actos constitutivos de delito, ejercitara la función que le ha sido encomendada constitucionalmente. En tal sentido es preciso dejar por sentado que en el caso específico el tribunal superior de cuentas, controla y fiscaliza fondos públicos y el ministerio publico ejerce la acción penal cuando se denuncie y determine que existe un delito en la administración de fondos públicos porque para ello debe de investigar, realizar acciones propias para la obtención de información que le permita determinar la existencia o no de un hecho criminoso. Es así que en relación a que, si es o no competente el Juzgado para haber conocido de la causa a través del requerimiento fiscal presentado, es preciso afirmar entonces que el mismo se encuentra debidamente legitimado tal y como se estableció con anterioridad en tal sentido tanto el juzgado de letras como la corte de apelaciones han emitido resoluciones que se encuentran dentro de la esfera de su competencia. Lo anterior con fundamento en el artículo 232, de la constitución de la república, 92 del código procesal penal y el artículo 50 de la ley orgánica del Tribunal Superior de cuentas. En tal sentido el agotamiento administrativo previo alegado por el impetrante, no existe como exigencia legal para deducir responsabilidad penal, derivado de la autonomía del derecho penal y su carácter prevalente frente a la decisión administrativa. CONSIDERANDO(12):Es preciso establecer que según el impetrante su representada se encuentra ilegalmente presa al haberle impuesto el A-quo una medida cautelar privativa de la libertad como ser la prisión preventiva, la misma violenta las garantías de su representada la señora ROSA ELENA BONILA AVILA, al considerar la misma que la imposición de dicha medida cautelar violenta su libertad personal tomando en consideración que ya elartículo 93 de la constitución de la república establece que aun con auto de prisión o auto de formal procesamiento,ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la ley, es preciso establecer en este sentido que delestudio minucioso de las resoluciones emitidas tanto por el A-quo como por el Ad-quem en las cuales se decreta la medida cautelar privativa de la libertad se encuentran debidamentemotivadas con el criterio vertido por el juez de letras, fundamentada y justificada en la norma y confirmada y motivada suficientemente por la corte de apelaciones en su fallo a la apelación interpuesta por la defensa en la cual confirma la prisión preventiva y establece que el tiempo de duración que la corte de apelaciones determino en el caso específico de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, es de 9 meses que iniciaron a contarse en fecha 28 de febrero del 2018. Tomando en consideración que la corte reitera su jurisprudencia en los estándares que deben de regir la prisión preventiva como medida a aplicar en cuanto a la excepcionalidad, carácter, temporalidad, estricta necesidad, proporcionalidad, y fundamentalmente los fines que busca alcanzar en sentido procesal, sumado a ello las circunstancias del delito y la gravedad de la pena a imponer entre otros que el juez valorara y motivara para la imposición de la misma. Con ello se indica que a criterio de esta sala la imposición de la medida cautelar no obedece a una manera antojadiza, arbitraria o ilegal si no a razonamientos suficientemente motivados que en la esfera de su competencia y función tubo tanto el A-quo al motivar el auto de formal procesamiento, como el Ad-quem, al momento de confirmar y mantener la medida aludida, en consideración a la gravedad de las penas, al peligro de obstrucción de la prueba y a la insuficiencia de caución ofrecida. CONSIDERANDO (13):Que la Carta Magna en su artículo 69, establece la inviolabilidad del derecho a la libertad y los casos en que puede ser suspendida o restringida, lo que significa que la libertad individual es la regla general y solo por excepción, sobre la base de razones legales con intervención del órgano jurisdiccional competente puede ser restringida; de igual manera la Carta Magna establece en su artículo 68. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuyas disposiciones forman parte del derecho interno del Estado en su Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal dispone: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. CONSIDERANDO(14): Que la Ley de Justicia Constitucional en su artículo número 13. Establece el deber que tiene el estado de garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona Humana la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla….a). cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO(15):Que del informe rendido por la Juez Ejecutora designada Abogada SUYAPA CONCEPCION TORRES AGUILERA, se concluye sin lugar a dudas que no ha existido violación alguna, Por todo ello esta Sala aprecia, que de las distintas diligencias realizadas por la Juez ejecutora, no se logra establecer que se han restringido ni violentado los Derechos y Garantías Constitucionales ni Procesales de estricto cumplimiento, es así que al no haberse demostrado las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar SIN LUGAR la acción de Habeas Corpus interpuesta. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado RUBEN SOLANO PARADA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILA AVILA.-Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias.Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0397-2018.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

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