Sentencia AP-919-17 — Registro 8234
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución que declaró sin lugar excepción de nulidad de actuaciones dictada por Sala Tercera del Tribunal de Sentencia en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de extorción en perjuicio de testigo protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala toma en cuenta la siguiente constatación jurídica: Que al producirse las alegadas anomalías procesales durante la celebración de las etapas preparatorias e intermedia del proceso, fue justamente en tales momentos procesales en que la Defensa Técnica responsable debió interponerse el o los incidentes de nulidad que estimare del caso; lo cual, al ser omiso, produjo la subsanación del vicio alegado, al tenor del artículo 170 del Código Procesal Penal, norma que requiere inter alia para la subsanación de un acto viciado, que las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto viciado; lo cual sería el caso, a juzgar la resolución impetrada, la alegación del garantista y lo que se desprende de los Antecedentes..."..."para la Sala de lo Constitucional, concurre a fundamentar la improcedencia del amparo solicitado, la inexistencia de vulneración alguna al debido proceso en el fallo que resuelve denegatoriamente el incidente de nulidad interpuesto y declara sin lugar el recurso de apelación respectivo; en virtud de no haberse interpuesto la nulidad en los momentos procesales..."..."considera la Sala de lo Constitucional que no se ha evidenciado aquí vulneración alguna al debido proceso y que la confirmatoria que emitiera la Corte de Alzada se tiene por fundada en derecho congruente y de fondo, sobre bases de legalidad constitucional, en aplicación de los principios de trascendencia del agravio y de subsanación del proceso; los cuales se tienen por regla esencial del debido proceso legal, es decir, como un derecho, formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a favor de las personas procesadas en asunto de naturaleza penal..."..."considera la Sala de lo Constitucional que no se ha comprobado el extremo de falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar el fallo bajo estudio, pues si bien fue admitido el presente recurso de Amparo, encontrándose pendiente de fallo ante esta Sala de lo Constitucional, hasta esta fecha; tampoco se ha constatado la notificación de la sentencia condenatoria llamada a poner fin a dicha etapa de debate o juicio oral y público, según previene el artículo 266 numeral 3), con relación al artículo 344, ambos del Código Procesal Penal vigente; por todo lo cual, procede emitir sentencia denegatoria a la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 170 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano a favor del señor Arlis Misael Diaz Godoy, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, con relación al incidente de nulidad de actuaciones planteado por la defensa en la causa instruida contra el señor Arlis Misael Diaz Godoy por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido “AD447”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado Marbin Dolores Zabala Mena, actuando en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Arlis Misael Diaz Godoy, por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido “AD447”. (Folios 2-5 del antecedente).- 2) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano, en su condición de representante legal del señor Arlis Misael Diaz Godoy, presentó escrito de excepción de nulidad de actuaciones ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folios 71-74 del antecedente)- 3) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el referido Tribunal de Sentencia, en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, resolvió: “El acta de audiencia inicial la que está firmada por el abogado Esteban Daniel Quevedo Centeno y la secretaria ajunta Gloria Suyapa Marroquin. Asimismo, encontramos el auto de apertura a juicio donde el secretario es Héctor Manuel Valladares, la audiencia preliminar inicia a folio 53 firmada por el Abogado Esteban Daniel Quevedo y la secretaria por ley Zulma Dariela Caldera. Luego hay un acta de continuación de audiencia preliminar que la firman el Abogado Armando Ramón Valdez Cardona y Héctor Manuel Valladares. Es decir, en cada una de las actas calza la firma del juez y del secretario por ley y entendemos también que el otro sería el titular del despacho. Una de las malas prácticas que se tienen en los juzgados, que ya han sido reiterativas, es que una vez que un defensor sea público o privado entra a una audiencia y un fiscal, la audiencia no se le notifica en el acto; la resolución se le da de manera verbal, posteriormente el juez motiva e imprime el documento con su resolución. Es habitual que estos expedientes vengan sin las firmas y sin el sello tanto del fiscal como del defensor, y estos errores son en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia y es ahí donde se deben subsanar. No encuentra el Tribunal ningún tipo de violación, principalmente al derecho de defensa, por cuanto cada audiencia estuvo representado el acusado por un defensor ya sea público o privado, asimismo estuvieron un juez, un secretario y un fiscal. En ese orden de ideas la misma ley procesal nos prohíbe reabrir procesos ya precluidos a partir de lo que establece el articulo 166 hasta el articulo 171 que va con respecto a las nulidades, es decir estos actos ya cumplieron su finalidad. En este sentido declaramos sin lugar la excepción planteada por la defensa…” (Folios del 81-83 del antecedente).- 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano, en su condición antes citada, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió: “1) Declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto.-2) Confirmar la resolución de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán…” (Folios del 108-109 del antecedente)- 5) Que el recurrente Abogado Marco Tulio Durón Valeriano compareció ante este Tribunal en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del señor Arlis Misael Diaz Godoy, afirmando que la decisión del Ad-Quem, dejada relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por la cual declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto, y CONFIRMA, por ende, la resolución dictada en fecha siete (7) de agosto de dos mil diecisiete (2017) por la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en el proceso seguido contra el señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY por imputársele el delito de EXTORSIÓN en perjuicio del Testigo Protegido “AD447”; resolución que recoge en su motivación fáctica y jurídica, ciertos señalamientos efectuados por el recurrente, respecto a que en las etapa preparatoria e intermedia del proceso, y, específicamente, en las audiencias inicial y preliminar; se cometieron una serie de irregularidades que pudieron viciarle de anulabilidad. Sin embargo, realiza la Corte de Alzada, las siguientes apreciaciones: 1. Que la Defensa del imputado tuvo a su disposición en la audiencia antes indicada, e inclusive con anterioridad de la misma, en ocasión de la audiencia preliminar; los recursos o remedios legales a través los cuales pedir a la jurisdicción que revisará todas aquellas actuaciones procesales con las que no estuviere conforme. 2. Que sin embargo, tales vías de impugnación no fueron utilizadas por la parte interesada, en su momento procesal oportuno, pues le fueron notificadas en estrados al terminar la audiencia, sin interponer recurso alguno; con lo cual se entiende quedaron subsanadas y firme la susodicha resolución; no existiendo, en consecuencia, justificación alguna para retrotraer el proceso a etapas ya precluidas, como es pretensión del recurrente.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, Abogado MARCO TULIO DURÓN VALERIANO, en su condición predicha, ha aducido en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que la resolución impugnada no se encuentra acordada a derecho; en virtud de inobservar en sede de apelaciones una serie de anomalías que surgieron durante la primera representación procesal del señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY, a las cuales se ha hecho referencia en el Considerando que antecede. Sigue manifestando el amparista, que se ha llegado inclusive, a desconocer con que condición comparecen la Abogada Privada y la Defensa Pública, en su caso, lo cual se aúna a otras anomalías procedimentales en fe datación de las fechas en que supuestamente acaecieron los distintos momentos procesales, en detrimento del trámite regular del debido proceso, resultando esto conducente a establecer toralmente la indefensión del imputado; y, por ende, a la procedencia de dictar, de pleno derecho, la anulabilidad del mismo, dado haberse constatado el trámite irregular a que se ha encontrado sujeto.- CONSIDERANDO (4): Que por ello, considera lesiva la resolución impugnada a los derechos y formalidades dispuestas en los artículos 1, 46 Numeral 2), 80, 82, 90, 94,321, 322 y 323 de la Constitución de la República, relacionados con el derecho de defensa, el principio de legalidad y el debido proceso; así como los Artículos 2, 47, 165 numerales 5) y 6) y 167 del Código Procesal Penal; por todo lo cual comparece solicitando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sea otorgado el presente recurso de amparo, tutelando así, de manera efectiva, los derechos que han resultado lesionados al señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY, al tenor de la Resolución recurrida; más aún al haberse dictado la sentencia definitiva por parte de la SALA TERCERA del referido TRIBUNAL DE SENTENCIA, con posterioridad a la admisión de la presente acción de amparo, en franca desobediencia a lo que manda a este respecto el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 139 del Código Procesal Penal; pues en consecuencia al fallo condenatorio, se procedió a realizar inclusive una Audiencia de Individualización de Pena, en donde también concurrió la representación del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (5): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “… Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; garantía genérica del debido proceso en materia penal, la cual se traduce o concreta en: “… una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso”, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución legal y legítima de la controversia planteada.- CONSIDERANDO (6): Que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones ni demoras indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales conforme a Ley, entre otras reconocidas garantistamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (7): Que a la vista detenida de los antecedentes, se muestra aquí la disconformidad del representante de la defensa técnica del caso, censurando que la Corte de Apelaciones, en la resolución requerida, ha soslayado múltiples irregularidades procedimentales y anomalías, mismas que viciaron de nulidad del caso en las primeras etapas del proceso; lo cual tuvo culminación, al haberse dictado la sentencia definitiva por parte de la SALA TERCERA del referido TRIBUNAL DE SENTENCIA, encontrándose dictado, inclusive, auto de admisión de la presente acción de amparo. Lo anterior, en franca desobediencia a lo que manda a el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 139 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (8): Que, como resultado del pertinente análisis, esta Sala encuentra dos (2) motivos claramente diferenciados de garantía de amparo, según lo manifestado por el Abogado amparista: 1. El no encontrarse conforme al debido proceso la resolución de la Corte Ad Quem, por estimar que no resulta eficiente la subsanación del proceso, lo cual daría pie a la nulidad relativa del mismo, y, por otra parte; 2. La falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar sentencia definitiva, encontrándose pendiente ante esta Sala de lo Constitucional, la presente resolución; lo cual fue el caso de mérito, en la consideración del demandante de amparo.- CONSIDERANDO (9): Que, con relación al primer motivo de amparo antes enunciado, esta Sala toma en cuenta la siguiente constatación jurídica: Que al producirse las alegadas anomalías procesales durante la celebración de las etapas preparatorias e intermedia del proceso, fue justamente en tales momentos procesales en que la Defensa Técnica responsable debió interponerse el o los incidentes de nulidad que estimare del caso; lo cual, al ser omiso, produjo la subsanación del vicio alegado, al tenor del artículo 170 del Código Procesal Penal, norma que requiere inter alia para la subsanación de un acto viciado, que las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto viciado; lo cual sería el caso, a juzgar la resolución impetrada, la alegación del garantista y lo que se desprende de los Antecedentes.- CONSIDERANDO (10): Que para la Sala de lo Constitucional, concurre a fundamentar la improcedencia del amparo solicitado, la inexistencia de vulneración alguna al debido proceso en el fallo que resuelve denegatoriamente el incidente de nulidad interpuesto y declara sin lugar el recurso de apelación respectivo; en virtud de no haberse interpuesto la nulidad en los momentos procesales expresamente dispuestos en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que a la letra dice: “Artículo 167. Personas que pueden solicitar la nulidad y las oportunidades procesales. Los actos en los cuales concurra causa de nulidad, serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en las oportunidades procesales siguientes: 1) La nulidad de los actos realizados durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia; 2) La de los realizados durante la audiencia preliminar, antes del auto de apertura de juicio oral; 3) La de los realizados en el auto de apertura del juicio o en el momento de la notificación de éste, en fase de preparación del juicio; 4) Las causas de nulidad por hechos sobrevenidos con posterioridad, o por hechos precedentes que no hubieran sido conocidos con anterioridad, en la audiencia anterior al debate, de conformidad con lo previsto por el artículo 316 de éste Código; y, 5) Las producidas en el curso del debate o durante la tramitación de un recurso, antes de que (1) uno u otro concluyan. La pretensión anulatoria deberá ser motivada y será resuelta en audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición. Las que se presenten durante una audiencia, se formularán verbalmente y serán resueltas de inmediato. No podrá pretender la anulación la parte que dio lugar a la causa de nulidad. El órgano jurisdiccional rechazará la pretensión anulatoria, cuando mediante ella se intente tan solo dilatar indebidamente el procedimiento o corregir cualquier deficiencia imputable al reclamante, cuando éste haya dejado precluir la oportunidad de subsanarla.”- CONSIDERANDO (11): Que por todo ello, considera la Sala de lo Constitucional que no se ha evidenciado aquí vulneración alguna al debido proceso y que la confirmatoria que emitiera la Corte de Alzada se tiene por fundada en derecho congruente y de fondo, sobre bases de legalidad constitucional, en aplicación de los principios de trascendencia del agravio y de subsanación del proceso; los cuales se tienen por regla esencial del debido proceso legal, es decir, como un derecho, formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a favor de las personas procesadas en asunto de naturaleza penal.- CONSIDERANDO (12): Que en cuanto al alegato promovido por el garantista, referente a la falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar sentencia definitiva, encontrándose pendiente ante esta Sala de lo Constitucional la resolución que recae sobre el presente recurso de Amparo, considera la Sala de lo Constitucional que no se ha comprobado el extremo de falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar el fallo bajo estudio, pues si bien fue admitido el presente recurso de Amparo, encontrándose pendiente de fallo ante esta Sala de lo Constitucional, hasta esta fecha; tampoco se ha constatado la notificación de la sentencia condenatoria llamada a poner fin a dicha etapa de debate o juicio oral y público, según previene el artículo 266 numeral 3), con relación al artículo 344, ambos del Código Procesal Penal vigente; por todo lo cual, procede emitir sentencia denegatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 94, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0919-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano a favor del señor Arlis Misael Diaz Godoy, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, con relación al incidente de nulidad de actuaciones planteado por la defensa en la causa instruida contra el señor Arlis Misael Diaz Godoy por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido “AD447”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado Marbin Dolores Zabala Mena, actuando en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Arlis Misael Diaz Godoy, por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido “AD447”. (Folios 2-5 del antecedente).- 2) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano, en su condición de representante legal del señor Arlis Misael Diaz Godoy, presentó escrito de excepción de nulidad de actuaciones ante el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folios 71-74 del antecedente)- 3) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, el referido Tribunal de Sentencia, en fecha siete de agosto del año dos mil diecisiete, resolvió: “El acta de audiencia inicial la que está firmada por el abogado Esteban Daniel Quevedo Centeno y la secretaria ajunta Gloria Suyapa Marroquin. Asimismo, encontramos el auto de apertura a juicio donde el secretario es Héctor Manuel Valladares, la audiencia preliminar inicia a folio 53 firmada por el Abogado Esteban Daniel Quevedo y la secretaria por ley Zulma Dariela Caldera. Luego hay un acta de continuación de audiencia preliminar que la firman el Abogado Armando Ramón Valdez Cardona y Héctor Manuel Valladares. Es decir, en cada una de las actas calza la firma del juez y del secretario por ley y entendemos también que el otro sería el titular del despacho. Una de las malas prácticas que se tienen en los juzgados, que ya han sido reiterativas, es que una vez que un defensor sea público o privado entra a una audiencia y un fiscal, la audiencia no se le notifica en el acto; la resolución se le da de manera verbal, posteriormente el juez motiva e imprime el documento con su resolución. Es habitual que estos expedientes vengan sin las firmas y sin el sello tanto del fiscal como del defensor, y estos errores son en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia y es ahí donde se deben subsanar. No encuentra el Tribunal ningún tipo de violación, principalmente al derecho de defensa, por cuanto cada audiencia estuvo representado el acusado por un defensor ya sea público o privado, asimismo estuvieron un juez, un secretario y un fiscal. En ese orden de ideas la misma ley procesal nos prohíbe reabrir procesos ya precluidos a partir de lo que establece el articulo 166 hasta el articulo 171 que va con respecto a las nulidades, es decir estos actos ya cumplieron su finalidad. En este sentido declaramos sin lugar la excepción planteada por la defensa…” (Folios del 81-83 del antecedente).- 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marco Tulio Durón Valeriano, en su condición antes citada, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió: “1) Declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto.-2) Confirmar la resolución de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán…” (Folios del 108-109 del antecedente)- 5) Que el recurrente Abogado Marco Tulio Durón Valeriano compareció ante este Tribunal en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del señor Arlis Misael Diaz Godoy, afirmando que la decisión del Ad-Quem, dejada relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por la cual declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto, y CONFIRMA, por ende, la resolución dictada en fecha siete (7) de agosto de dos mil diecisiete (2017) por la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en el proceso seguido contra el señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY por imputársele el delito de EXTORSIÓN en perjuicio del Testigo Protegido “AD447”; resolución que recoge en su motivación fáctica y jurídica, ciertos señalamientos efectuados por el recurrente, respecto a que en las etapa preparatoria e intermedia del proceso, y, específicamente, en las audiencias inicial y preliminar; se cometieron una serie de irregularidades que pudieron viciarle de anulabilidad. Sin embargo, realiza la Corte de Alzada, las siguientes apreciaciones: 1. Que la Defensa del imputado tuvo a su disposición en la audiencia antes indicada, e inclusive con anterioridad de la misma, en ocasión de la audiencia preliminar; los recursos o remedios legales a través los cuales pedir a la jurisdicción que revisará todas aquellas actuaciones procesales con las que no estuviere conforme. 2. Que sin embargo, tales vías de impugnación no fueron utilizadas por la parte interesada, en su momento procesal oportuno, pues le fueron notificadas en estrados al terminar la audiencia, sin interponer recurso alguno; con lo cual se entiende quedaron subsanadas y firme la susodicha resolución; no existiendo, en consecuencia, justificación alguna para retrotraer el proceso a etapas ya precluidas, como es pretensión del recurrente.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente, Abogado MARCO TULIO DURÓN VALERIANO, en su condición predicha, ha aducido en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que la resolución impugnada no se encuentra acordada a derecho; en virtud de inobservar en sede de apelaciones una serie de anomalías que surgieron durante la primera representación procesal del señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY, a las cuales se ha hecho referencia en el Considerando que antecede. Sigue manifestando el amparista, que se ha llegado inclusive, a desconocer con que condición comparecen la Abogada Privada y la Defensa Pública, en su caso, lo cual se aúna a otras anomalías procedimentales en fe datación de las fechas en que supuestamente acaecieron los distintos momentos procesales, en detrimento del trámite regular del debido proceso, resultando esto conducente a establecer toralmente la indefensión del imputado; y, por ende, a la procedencia de dictar, de pleno derecho, la anulabilidad del mismo, dado haberse constatado el trámite irregular a que se ha encontrado sujeto.- CONSIDERANDO (4): Que por ello, considera lesiva la resolución impugnada a los derechos y formalidades dispuestas en los artículos 1, 46 Numeral 2), 80, 82, 90, 94,321, 322 y 323 de la Constitución de la República, relacionados con el derecho de defensa, el principio de legalidad y el debido proceso; así como los Artículos 2, 47, 165 numerales 5) y 6) y 167 del Código Procesal Penal; por todo lo cual comparece solicitando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sea otorgado el presente recurso de amparo, tutelando así, de manera efectiva, los derechos que han resultado lesionados al señor ARLIS MISAEL DIAZ GODOY, al tenor de la Resolución recurrida; más aún al haberse dictado la sentencia definitiva por parte de la SALA TERCERA del referido TRIBUNAL DE SENTENCIA, con posterioridad a la admisión de la presente acción de amparo, en franca desobediencia a lo que manda a este respecto el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 139 del Código Procesal Penal; pues en consecuencia al fallo condenatorio, se procedió a realizar inclusive una Audiencia de Individualización de Pena, en donde también concurrió la representación del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (5): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “… Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; garantía genérica del debido proceso en materia penal, la cual se traduce o concreta en: “… una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso”, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución legal y legítima de la controversia planteada.- CONSIDERANDO (6): Que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones ni demoras indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales conforme a Ley, entre otras reconocidas garantistamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (7): Que a la vista detenida de los antecedentes, se muestra aquí la disconformidad del representante de la defensa técnica del caso, censurando que la Corte de Apelaciones, en la resolución requerida, ha soslayado múltiples irregularidades procedimentales y anomalías, mismas que viciaron de nulidad del caso en las primeras etapas del proceso; lo cual tuvo culminación, al haberse dictado la sentencia definitiva por parte de la SALA TERCERA del referido TRIBUNAL DE SENTENCIA, encontrándose dictado, inclusive, auto de admisión de la presente acción de amparo. Lo anterior, en franca desobediencia a lo que manda a el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 139 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (8): Que, como resultado del pertinente análisis, esta Sala encuentra dos (2) motivos claramente diferenciados de garantía de amparo, según lo manifestado por el Abogado amparista: 1. El no encontrarse conforme al debido proceso la resolución de la Corte Ad Quem, por estimar que no resulta eficiente la subsanación del proceso, lo cual daría pie a la nulidad relativa del mismo, y, por otra parte; 2. La falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar sentencia definitiva, encontrándose pendiente ante esta Sala de lo Constitucional, la presente resolución; lo cual fue el caso de mérito, en la consideración del demandante de amparo.- CONSIDERANDO (9): Que, con relación al primer motivo de amparo antes enunciado, esta Sala toma en cuenta la siguiente constatación jurídica: Que al producirse las alegadas anomalías procesales durante la celebración de las etapas preparatorias e intermedia del proceso, fue justamente en tales momentos procesales en que la Defensa Técnica responsable debió interponerse el o los incidentes de nulidad que estimare del caso; lo cual, al ser omiso, produjo la subsanación del vicio alegado, al tenor del artículo 170 del Código Procesal Penal, norma que requiere inter alia para la subsanación de un acto viciado, que las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto viciado; lo cual sería el caso, a juzgar la resolución impetrada, la alegación del garantista y lo que se desprende de los Antecedentes.- CONSIDERANDO (10): Que para la Sala de lo Constitucional, concurre a fundamentar la improcedencia del amparo solicitado, la inexistencia de vulneración alguna al debido proceso en el fallo que resuelve denegatoriamente el incidente de nulidad interpuesto y declara sin lugar el recurso de apelación respectivo; en virtud de no haberse interpuesto la nulidad en los momentos procesales expresamente dispuestos en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que a la letra dice: “Artículo 167. Personas que pueden solicitar la nulidad y las oportunidades procesales. Los actos en los cuales concurra causa de nulidad, serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en las oportunidades procesales siguientes: 1) La nulidad de los actos realizados durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia; 2) La de los realizados durante la audiencia preliminar, antes del auto de apertura de juicio oral; 3) La de los realizados en el auto de apertura del juicio o en el momento de la notificación de éste, en fase de preparación del juicio; 4) Las causas de nulidad por hechos sobrevenidos con posterioridad, o por hechos precedentes que no hubieran sido conocidos con anterioridad, en la audiencia anterior al debate, de conformidad con lo previsto por el artículo 316 de éste Código; y, 5) Las producidas en el curso del debate o durante la tramitación de un recurso, antes de que (1) uno u otro concluyan. La pretensión anulatoria deberá ser motivada y será resuelta en audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición. Las que se presenten durante una audiencia, se formularán verbalmente y serán resueltas de inmediato. No podrá pretender la anulación la parte que dio lugar a la causa de nulidad. El órgano jurisdiccional rechazará la pretensión anulatoria, cuando mediante ella se intente tan solo dilatar indebidamente el procedimiento o corregir cualquier deficiencia imputable al reclamante, cuando éste haya dejado precluir la oportunidad de subsanarla.”- CONSIDERANDO (11): Que por todo ello, considera la Sala de lo Constitucional que no se ha evidenciado aquí vulneración alguna al debido proceso y que la confirmatoria que emitiera la Corte de Alzada se tiene por fundada en derecho congruente y de fondo, sobre bases de legalidad constitucional, en aplicación de los principios de trascendencia del agravio y de subsanación del proceso; los cuales se tienen por regla esencial del debido proceso legal, es decir, como un derecho, formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a favor de las personas procesadas en asunto de naturaleza penal.- CONSIDERANDO (12): Que en cuanto al alegato promovido por el garantista, referente a la falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar sentencia definitiva, encontrándose pendiente ante esta Sala de lo Constitucional la resolución que recae sobre el presente recurso de Amparo, considera la Sala de lo Constitucional que no se ha comprobado el extremo de falta de capacidad procesal del Tribunal A Quo para dictar el fallo bajo estudio, pues si bien fue admitido el presente recurso de Amparo, encontrándose pendiente de fallo ante esta Sala de lo Constitucional, hasta esta fecha; tampoco se ha constatado la notificación de la sentencia condenatoria llamada a poner fin a dicha etapa de debate o juicio oral y público, según previene el artículo 266 numeral 3), con relación al artículo 344, ambos del Código Procesal Penal vigente; por todo lo cual, procede emitir sentencia denegatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 94, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0919-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional.
CEDV