Sentencia AP-903-16 — Registro 10269
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto contra auto de formal procesamiento en la causa instruida contra recurrentes y otros, por suponerlos responsables del delito de Estafa, en perjuicio del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) y la Administración Pública del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."12): Que esta Sala de lo Constitucional en revisión de las garantías constitucionales, actúa bajo el mandato de protección del derecho de defensa, que comprende el conjunto de derechos (petición, legalidad, irretroactividad, etc.) y garantías (amparo, inconstitucionalidad, tutela judicial, etc.) que se establecen en la Constitución de la República para la protección del acusado (o de la persona que hace reclamación, solicitud, queja o manifestación ante los poderes públicos) para defenderse en un proceso sancionador,[6] que debe de comprender al menos el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no auto incriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Derecho se defensa que se vincula convencionalmente[7] con el derecho a ser oído en el proceso, tal como lo determina la Convención Americana Sobre Derecho Humanos en su artículo ocho, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho comprende dos ámbitos, el primero que es el formal o procesal, se presta para asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (alegatos y pruebas); mientras que el ámbito material del derecho, versa sobre la obligación del Estado de garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido.[8] Frente a lo anterior se debe de recalcar que la Constitución de la Republica reconoce en su artículo uno que el Estado de Honduras debe asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, en esto se sustenta que el Código Procesal Penal en su artículo ocho indica que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Considerando (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[9], descansando éste en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro del límite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad. Considerando (14): Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción administrativa–mercantil realizada entre Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) empresa representada por los imputados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la “adquisición reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, con lo cual quedó plenamente acreditado que existía un contrato administrativo–mercantil, el cual se cumplió de acuerdo a lo pactado por parte de la empresa representada por los imputados. Consta también que dicho contrato fue resuelto por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante resolución CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015, argumentando para ello fuerza mayor. Considerando (15): Que tal se desprende de los hechos y el derecho, argumentos y valoraciones expresados, si bien de manera parcial, en la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo constitucional; la cual se reduce a ratificar el dictado de un auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras por el delito de estafa, sin llegar a establecer la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta; y en particular, de cómo llega a derivar la existencia de un delito de estafa, en el cual habría tenido supuesta participación los imputados; lo cual adquiere mayor relieve desde una perspectiva de justicia constitucional, si se considera la denunciada vulneración al debido proceso, en vista a las omisiones de fundamentación y motivación puestas de manifiesto. Considerando (16): Que así las cosas, visto que el deber de motivación de la jurisdicción de alzada comprendía el constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado, así como brindar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo de todas las excepciones promovidas por la defensa; se colige la existencia de una infracción al debido proceso sustantivo, objeto del presente recurso de amparo; particularmente por no resultar acorde al principio de legalidad estricta - que limita y configura el ius puniendi del Estado, ni atender al deber de cumplimentar la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria al presente recurso de amparo, para el único efecto se sirva la referida Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo, con respeto formal y sustancial al debido proceso y derechos de defensa en cumplimientos con los estándares constitucionales y convencionales expresados. Por lo que de acuerdo a los considerandos expuestos, los motivos por los que el recurrente busca justicia constitucional, son de recibo; observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."12): Que esta Sala de lo Constitucional en revisión de las garantías constitucionales, actúa bajo el mandato de protección del derecho de defensa, que comprende el conjunto de derechos (petición, legalidad, irretroactividad, etc.) y garantías (amparo, inconstitucionalidad, tutela judicial, etc.) que se establecen en la Constitución de la República para la protección del acusado (o de la persona que hace reclamación, solicitud, queja o manifestación ante los poderes públicos) para defenderse en un proceso sancionador,[6] que debe de comprender al menos el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no auto incriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Derecho se defensa que se vincula convencionalmente[7] con el derecho a ser oído en el proceso, tal como lo determina la Convención Americana Sobre Derecho Humanos en su artículo ocho, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho comprende dos ámbitos, el primero que es el formal o procesal, se presta para asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (alegatos y pruebas); mientras que el ámbito material del derecho, versa sobre la obligación del Estado de garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido.[8] Frente a lo anterior se debe de recalcar que la Constitución de la Republica reconoce en su artículo uno que el Estado de Honduras debe asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, en esto se sustenta que el Código Procesal Penal en su artículo ocho indica que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Considerando (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[9], descansando éste en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro del límite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad. Considerando (14): Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción administrativa–mercantil realizada entre Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) empresa representada por los imputados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la “adquisición reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, con lo cual quedó plenamente acreditado que existía un contrato administrativo–mercantil, el cual se cumplió de acuerdo a lo pactado por parte de la empresa representada por los imputados. Consta también que dicho contrato fue resuelto por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante resolución CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015, argumentando para ello fuerza mayor. Considerando (15): Que tal se desprende de los hechos y el derecho, argumentos y valoraciones expresados, si bien de manera parcial, en la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo constitucional; la cual se reduce a ratificar el dictado de un auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras por el delito de estafa, sin llegar a establecer la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta; y en particular, de cómo llega a derivar la existencia de un delito de estafa, en el cual habría tenido supuesta participación los imputados; lo cual adquiere mayor relieve desde una perspectiva de justicia constitucional, si se considera la denunciada vulneración al debido proceso, en vista a las omisiones de fundamentación y motivación puestas de manifiesto. Considerando (16): Que así las cosas, visto que el deber de motivación de la jurisdicción de alzada comprendía el constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado, así como brindar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo de todas las excepciones promovidas por la defensa; se colige la existencia de una infracción al debido proceso sustantivo, objeto del presente recurso de amparo; particularmente por no resultar acorde al principio de legalidad estricta - que limita y configura el ius puniendi del Estado, ni atender al deber de cumplimentar la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria al presente recurso de amparo, para el único efecto se sirva la referida Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo, con respeto formal y sustancial al debido proceso y derechos de defensa en cumplimientos con los estándares constitucionales y convencionales expresados. Por lo que de acuerdo a los considerandos expuestos, los motivos por los que el recurrente busca justicia constitucional, son de recibo; observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva.
Legislación citada
- Código Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que esta Sala de lo Constitucional en revisión de las garantías constitucionales, actúa bajo el mandato de protección del derecho de defensa, que comprende el conjunto de derechos (petición, legalidad, irretroactividad, etc.) y garantías (amparo, inconstitucionalidad, tutela judicial, etc.) que se establecen en la Constitución de la República para la protección del acusado (o de la persona que hace reclamación, solicitud, queja o manifestación ante los poderes públicos) para defenderse en un proceso sancionador,[6] que debe de comprender al menos el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no auto incriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Derecho se defensa que se vincula convencionalmente[7] con el derecho a ser oído en el proceso, tal como lo determina la Convención Americana Sobre Derecho Humanos en su artículo ocho, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho comprende dos ámbitos, el primero que es el formal o procesal, se presta para asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (alegatos y pruebas); mientras que el ámbito material del derecho, versa sobre la obligación del Estado de garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido.[8] Frente a lo anterior se debe de recalcar que la Constitución de la Republica reconoce en su artículo uno que el Estado de Honduras debe asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, en esto se sustenta que el Código Procesal Penal en su artículo ocho indica que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Considerando (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[9], descansando éste en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro del límite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad. Considerando (14): Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción administrativa–mercantil realizada entre Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) empresa representada por los imputados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la “adquisición reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, con lo cual quedó plenamente acreditado que existía un contrato administrativo–mercantil, el cual se cumplió de acuerdo a lo pactado por parte de la empresa representada por los imputados. Consta también que dicho contrato fue resuelto por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante resolución CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015, argumentando para ello fuerza mayor. Considerando (15): Que tal se desprende de los hechos y el derecho, argumentos y valoraciones expresados, si bien de manera parcial, en la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo constitucional; la cual se reduce a ratificar el dictado de un auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras por el delito de estafa, sin llegar a establecer la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta; y en particular, de cómo llega a derivar la existencia de un delito de estafa, en el cual habría tenido supuesta participación los imputados; lo cual adquiere mayor relieve desde una perspectiva de justicia constitucional, si se considera la denunciada vulneración al debido proceso, en vista a las omisiones de fundamentación y motivación puestas de manifiesto. Considerando (16): Que así las cosas, visto que el deber de motivación de la jurisdicción de alzada comprendía el constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado, así como brindar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo de todas las excepciones promovidas por la defensa; se colige la existencia de una infracción al debido proceso sustantivo, objeto del presente recurso de amparo; particularmente por no resultar acorde al principio de legalidad estricta - que limita y configura el ius puniendi del Estado, ni atender al deber de cumplimentar la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria al presente recurso de amparo, para el único efecto se sirva la referida Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo, con respeto formal y sustancial al debido proceso y derechos de defensa en cumplimientos con los estándares constitucionales y convencionales expresados. Por lo que de acuerdo a los considerandos expuestos, los motivos por los que el recurrente busca justicia constitucional, son de recibo; observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva. Parte Dispositiva "
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."12): Que esta Sala de lo Constitucional en revisión de las garantías constitucionales, actúa bajo el mandato de protección del derecho de defensa, que comprende el conjunto de derechos (petición, legalidad, irretroactividad, etc.) y garantías (amparo, inconstitucionalidad, tutela judicial, etc.) que se establecen en la Constitución de la República para la protección del acusado (o de la persona que hace reclamación, solicitud, queja o manifestación ante los poderes públicos) para defenderse en un proceso sancionador,[6] que debe de comprender al menos el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no auto incriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Derecho se defensa que se vincula convencionalmente[7] con el derecho a ser oído en el proceso, tal como lo determina la Convención Americana Sobre Derecho Humanos en su artículo ocho, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho comprende dos ámbitos, el primero que es el formal o procesal, se presta para asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (alegatos y pruebas); mientras que el ámbito material del derecho, versa sobre la obligación del Estado de garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido.[8] Frente a lo anterior se debe de recalcar que la Constitución de la Republica reconoce en su artículo uno que el Estado de Honduras debe asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, en esto se sustenta que el Código Procesal Penal en su artículo ocho indica que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Considerando (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[9], descansando éste en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro del límite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad. Considerando (14): Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción administrativa–mercantil realizada entre Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) empresa representada por los imputados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la “adquisición reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, con lo cual quedó plenamente acreditado que existía un contrato administrativo–mercantil, el cual se cumplió de acuerdo a lo pactado por parte de la empresa representada por los imputados. Consta también que dicho contrato fue resuelto por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante resolución CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015, argumentando para ello fuerza mayor. Considerando (15): Que tal se desprende de los hechos y el derecho, argumentos y valoraciones expresados, si bien de manera parcial, en la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo constitucional; la cual se reduce a ratificar el dictado de un auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras por el delito de estafa, sin llegar a establecer la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta; y en particular, de cómo llega a derivar la existencia de un delito de estafa, en el cual habría tenido supuesta participación los imputados; lo cual adquiere mayor relieve desde una perspectiva de justicia constitucional, si se considera la denunciada vulneración al debido proceso, en vista a las omisiones de fundamentación y motivación puestas de manifiesto. Considerando (16): Que así las cosas, visto que el deber de motivación de la jurisdicción de alzada comprendía el constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado, así como brindar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo de todas las excepciones promovidas por la defensa; se colige la existencia de una infracción al debido proceso sustantivo, objeto del presente recurso de amparo; particularmente por no resultar acorde al principio de legalidad estricta - que limita y configura el ius puniendi del Estado, ni atender al deber de cumplimentar la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria al presente recurso de amparo, para el único efecto se sirva la referida Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo, con respeto formal y sustancial al debido proceso y derechos de defensa en cumplimientos con los estándares constitucionales y convencionales expresados. Por lo que de acuerdo a los considerandos expuestos, los motivos por los que el recurrente busca justicia constitucional, son de recibo; observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el abogado Jorge Leónidas Calderón Laínez, a favor de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil quince; en la causa instruida contra los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca y otros, por suponerlos responsables del delito de Estafa, en perjuicio del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) y la Administración Pública del Estado de Honduras. Estimando el recurrente que la decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89, 92 y 98 de la Constitución de la República y, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Antecedentes Procesales 1. Que en fecha tres de junio del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, los abogados Claudia Carolina Reyes Ponce y Héctor Morales, actuando en sus condiciones de fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los ciudadanos Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetty Osorio, Hugo Alberto Mejía López, René Israel Medina Romero, Donald Reniery Velásquez Oviedo, Lisandro René Ponce Rosales y Edgardo Quiroz Moreno, por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y el delito de fraude y exacciones ilegales, en perjuicio de la Administración Pública y del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS); y los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, por el delito de Estafa, en perjuicio de la Administración Pública y del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS). (Folios No 1 al 298 del Tomo I, de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2. Que en fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, en el acta de audiencia inicial del Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, resolvió: (sic) “1.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO y EDGARDO QUIROZ MORENO, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA e INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); así también decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH y JUAN ALBERTO MADRID CASACA por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); en cuanto a la medida cautelar que se impuso, la contemplada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal siendo esta la PRISIÓN PREVENTIVA; pero siendo que la defensa ha interpuesto durante la audiencia de declaración de imputado, un recurso de apelación conforme a la medida privativa de libertad que se impuso en este momento, y dicho recurso aún no ha sido resuelto por la honorable Corte de Apelaciones, esta Judicatura no se puede pronunciar sobre una medida diferente hasta que la honorable corte se pronuncie sobre dicho recurso…”. (Folios No 397 al 470 del tomo I, de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3. Que en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, RESOLVIÓ: (sic) “1) DECLARAR NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por los abogados José Marcelino Vargas, Yenny Mariela Sierra Varela, Tito Hernández Salgado y Eduardo Montes Manzano; 2) CONFIRMAR la resolución que ha sido objeto de apelación.”. (Folios No 2346 al 2385 del tomo V, de la pieza de antecedentes de primera instancia). 4. El recurrente abogado Jorge Leónidas Calderón Laínez, compareció ante este tribunal, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, relacionada en el numeral anterior, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89, 92 y 98 de la Constitución de la República, y 8 numerales 1 y 2, y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Folios No 1 al 197 del presente recurso). 5. Que en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios No 269 al 277 del presente recurso). Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el decreto legislativo No. 244-2003. Considerando (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Considerando (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación, confirmando la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial del departamento de Francisco Morazán con relación a la causa instruida contra los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, por suponerles responsable del delito de estafa, en perjuicio del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS). Considerando (4): Que en resumen lo que destaca el censor en la formalización de la presente garantía constitucional de amparo es que estima conculcado el debido proceso, básicamente porque ha tomado en cuenta en su valoración probatoria pruebas ilícitas por un lado; y por otro, pruebas inexistentes: A.- En relación con la prueba pericial denominada Informe UNOPS, señala que el epíteto “pericial”, es arbitraria, porque en su opinión no fueron observados los requisitos procesales que de manera expresa señala el Código Procesal Penal para proponer y evacuar la prueba pericial. Aduce esto en virtud de que la prueba en comento fue evacuada de plano, es decir con la sola presentación del legajo de información durante la audiencia inicial. No hubo proposición, audiencia de nombramiento de perito, ni juramentación; sin embargo, con estas omisiones fue valorado por la corte de apelaciones. Por lo que para el garantista hubo quebrantamiento del principio de objetividad y consecuentemente de la norma constitucional. Luego agrega, siempre en relación con este medio de prueba, que, en aspectos de fondo, inclusive dicha prueba resulta ilícita, porque infringe lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 239 del Código Procesal Penal, el cual establece que únicamente se podrá oír pericia sobre puntos de derecho referentes a legislación extranjera; pero el informe en comento contiene opiniones sobre procedimientos y legislación nacional, lo cual es contrario a la naturaleza y esencia de este tipo de prueba. Por esta razón el censor, opina que el Informe UNOPS no cumplió un tan solo estándar mínimo de legalidad y que la doctrina afirma que la “La prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de cualquier derecho fundamental del imputado o de terceros reconocido a nivel constitucional en un país.” Por otro lado, el censor estima que la corte de apelaciones conculcó el debido proceso, por no haberse pronunciado sobre el agravio formulado con respecto de este medio de prueba. Agrega que esa falta de pronunciamiento o motivación de ese agravio no solo infringe el debido proceso sino también el derecho de defensa material, ya que esa omisión impidió la realización de un examen sobre la validez de dicho medio de prueba. Finalmente razona que además hubo violación del artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual refiere que la valoración probatoria se hará conforme a las reglas de la sana crítica y que el juzgador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Tomando en cuenta esto deduce que no se puede valorar la prueba que no se ha producido, es decir que no fue evacuada en las respectivas audiencias. B.- El censor denuncia que también el juzgador hizo valoración en su resolución de una prueba inexistente, refiriéndose al medio de prueba denominado: Análisis técnico-financiero, el cual no fue incorporado como prueba en el proceso, por lo que no debía ser valorado como tal. Asegura, que es un documento que jamás fue admitido en primera instancia por el A-quo; y que así consta en el acta de la audiencia inicial a folio 29, donde aparece que el Ministerio Público renunció a dicho medio probatorio; este hecho fue decidido por el A-quo positivamente, según consta en el folio 41 del acta, donde aparece que éste admite la renuncia en la parte resolutiva del fallo. Según el amparista, al haberse hecho valoración de un medio de prueba inexistente, fue violentado el debido proceso legal y el derecho de igualdad dispuesto en el artículo 60 constitucional con relación al 13 del Código Procesal Penal. Esta violación la explica señalando que hubo trato desigual y discriminatorio en perjuicio de sus patrocinados. La comparación la hace con otros casos similares al de mérito, es decir otras causas en las que no se con base a pruebas inexistentes, como ocurre con el caso impugnado. O bien casos en los que se evacuan pruebas periciales omitiendo las reglas para su configuración. Agrega que la vulneración antes apuntada lesiona su oportunidad de defensa, vulnerándose también el principio de contradicción ya que no hubo oportunidad de contradecir lo que no fue evacuado como prueba. C) Expresa que hubo violación al artículo 92 constitucional el cual establece, que sólo podrá decretarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Pero que en el caso bajo estudio la resolución se basó en una prueba inexistente e ilícita, por las razones que ya fueron explicadas. Señala que la doctrina establece que los medios probatorios forman una unidad, debiendo por tanto ser valoradas en forma conjunta, puntualizando sus concordancias o discordancias, para finalmente concluir en el resultado que le convenza. Seguidamente el censor entra a señalar que a su juicio no se ha configurado el delito de estafa, ya que no concurren los elementos objetivos del tipo penal regulado en el artículo 240, que exige: 1. La acción engañosa, la cual en su opinión no concurre en el presente caso porque sus representados en ningún momento han realizado o cambiado realidad alguna, engañando a alguien. Se trata de un proceso de licitación pública internacional convocado por el IHSS en el cual se llamó y participaron legalmente. 2. el error, el error que se deriva de la acción de engaño, la cual debe provocar en la víctima una equivocación de tal gravedad que haga que ésta confunda lo que es con lo que no es, representándose una falsa realidad. Menciona que la doctrina exige a la víctima ciertas características que habiliten en su capacidad de engañado, esto es mantener las condiciones mínimas que le hagan potencialmente apta para entender y comprender su entorno, teniendo la aptitud adecuada para adoptar decisiones adecuadas según su conocimiento. Al respecto señala que no se acreditó en este caso, cual fue el error en que incurrió la víctima. 3. La disposición patrimonial, que consiste en que la víctima debido al error entregue voluntariamente un valor económico a cambio del cual no recibe una cosa con valor real. En cambio, en el caso se trata de una relación contractual administrativa-mercantil derivada de un proceso de licitación pública internacional y su posterior aprobación legislativa. 4. El perjuicio, que implica que la víctima debe haber sufrido un perjuicio real a causa de los elementos anteriores. Según el amparista aunque el juzgador reconoce que es necesario para calificar el delito de estafa la existencia de un perjuicio patrimonial real, con un valor económico que se pueda apreciar, nadie, ni el fiscal, ni los juzgadores de ambas instancias han señalado o tenido por acreditado el monto del supuesto perjuicio. Ya que no existe ningún medio de prueba que lo acredite. En contra de esto más bien consta que el IHSS emitió la resolución número CI IHSS 46/19-01-2015, misma que certifica el motivo legal que dio lugar a la terminación del contrato, y que ello constituye la manifestación de voluntad pública plasmada en un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que refleja que la causa de terminación del contrato es muy distinta a la señalada sobre valoración expresada falsamente por la acusación. Asimismo, que fue por fuerza mayor que se terminó anticipadamente el contrato, que dio lugar a que se interrumpiera el pago del monto pactado originalmente en el contrato, corriendo Distribuidora Metropolitana S.A. de C.V. (DIMESA) con el perjuicio económico financiero de soportar la interrupción de un contrato que contó con el financiamiento de la contratista y cuyo pago fue diferido en cuotas mensuales hasta su finalización. Alega además que en contraste al perjuicio económico sufrido por DIMESA con la resolución por fuerza mayor, ésta cumplió al ciento por ciento con la contraprestación a la que se había obligado, por lo que le fue emitido el correspondiente finiquito y se emitieron por parte de DIMESA los títulos traslaticios de dominio de todos los equipos que fueron suministrados, operando al ciento por ciento junto con todos los equipos de la base instalada que fueron separadas. Alega también que no hubo estafa porque el Congreso Nacional aprobó el contrato suscrito entre DIMESA y el IHSS de conformidad al procedimiento dispuesto por la Constitución en el numeral 19 del artículo 205, por lo que resulta materialmente imposible que hubo acciones de engaño para lograr la aprobación del referido contrato. D) Alega que hubo violación al estado de inocencia que se encuentra en el artículo 89 constitucional con relación al artículo 2 del Código Procesal Penal. Pues asegura que en el presente caso no existe siquiera mínima prueba de cargo en contra de sus representados. Volviendo nuevamente a señalar lo de la prueba inexistente e ilícita del primer apartado y la falta de medio probatorio que acredite la existencia de un perjuicio patrimonial derivado de la relación contractual que se menciona en el apartado inmediato anterior. E) Alega violación al artículo 98 constitucional, el cual establece que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta. Desarrolla este motivo señalando que el Ad-quem hizo apreciaciones de carácter subjetivo, explicando esto al decir que las acciones ejecutadas por sus representados se encuentran enmarcadas dentro del tipo penal de estafa, sin especificar o determinar que tipo de acción en particular fue la realizada por los encartados para cometer el delito que se les imputa, tipificado en el artículo 240 del Código Penal; por otra parte concluir que como delito contra la propiedad debe existir un perjuicio patrimonial, algo que no ocurre en el presente caso. El amparista manifiesta que el contrato fue resuelto unilateralmente por la comisión interventora del IHSS, debido a una causa de fuerza mayor, establecida en la Ley de Contratación del Estado, argumentando una sobreviniente incapacidad financiera y jamás por una causa de sobrevaloración de precios, o mucho menos por una afectación patrimonial en perjuicio del IHSS, De manera que no concurren elementos necesarios para configurar el delito de estafa. El censor invoca la infracción de la doctrina venire contra factum propium, por la que el Estado no puede ir en contra de sus propios actos. De manera que si fue el Estado quien dictó la resolución CI IHSS046/19-01-2015 no puede posteriormente efectuar un planteamiento contrario o incongruente contra éste, generando una situación jurídica contradictoria, haciendo referencia al requerimiento fiscal en contra de sus poderdantes. Finaliza esta idea señalando que conforme a la doctrina de los actos propios una declaración de voluntad de la administración no admite un comportamiento contradictorio, para el caso en estudio, que la administración elimine la validez de un contrato bajo argumentos de fuerza mayor y por otro lado criminaliza los efectos administrativos mercantiles del contrato en referencia generando inseguridad jurídica. También señala el censor que debido a la violación del artículo 98 constitucional, se vulnera el principio de subsidiariedad por el cual, si existe un recurso jurídico menos gravoso que el derecho penal para la persona, éste ha de ser prioritario. Por lo que debe preferirse en este caso el derecho civil al derecho penal, a fin de reparar pecuniariamente el daño. Dicho principio se inserta en el principio de lesividad reconocido en el artículo 2.C del Código Penal. En este caso debe tomarse en consideración el origen del contrato, cuya legitimidad se encuentra en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación a los artículos 1 y 3 reformado, 110 y 112 de la Ley de Contratación del Estado. De allí su naturaleza eminentemente administrativa-mercantil y por ende excluyente del derecho penal. menciona que el auto acordado del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, reformado según acta número veinticuatro del acta número doce de la sesión celebrada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el día lunes veinticuatro de abril del año dos mil uno. En ese sentido, el censor señala que la administración o el IHSS debieron acudir a los mecanismos de auto tutela establecidos en las leyes administrativas y en el mismo contrato (cláusula decimoséptima). Señala además que el hecho de que el IHSS haya decidido suspender el contrato por fuerza mayor exime de responsabilidad a las partes. Dice el amparista que es doctrina legal reiterada de la Corte Suprema de Justicia, la preeminencia del principio de subsidiariedad en las relaciones civiles, de la cuales se derivan precisamente los contratos públicos, como el que nos ocupa. En consecuencia, la acción derivada del contrario No 020-2011 para la adquisición, reparación, mantenimiento de equipo médico de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa, regional noroccidental de San Pedro Sula del IHSS debió ventilarse por la vía y procedimientos de las leyes que regulan la materia de contratación; derecho que no fue ejercido por la víctima. Volviendo a la doctrina legal, identifica las sentencias 848-2012, 126-2014, 498-613-2007, 1090-1800-1870-2004, todos los amparos penales, en las que con fundamento en el artículo 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional en las que se sustituye la acción penal por otras menos gravosas, reclamando que se resuelva de la misma forma en estos casos por ser similares, inclusive en este caso hay más razón porque existen elementos que configuran la esencia civil, administrativa y mercantil. Finaliza puntualizando que este conflicto deriva de 1. Un contrato eminentemente administrativo-mercantil. 2. El contrato fue adjudicado en un proceso de licitación pública internacional. 3. El contrato fue aprobado por los órganos competentes del Poder Ejecutivo y por el Congreso Nacional, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 4. DIMESA cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato. 5. El IHSS a través de la comisión interventora dictó resolución unilateral con la cual se suspendió definitivamente el contrato y lo resolvió a su vez sin responsabilidad para las partes, según resolución CI Sino.46/19-01-2015. 6. La terminación anticipada del contrato obedeció a una causa de fuerza mayor sobreviniente a la celebración del contrato, no fue por sobrevaloración o situación análoga. 7. EL IHSS no cumplió con el pago total del valor del contrato, causando lesión patrimonial o perjuicio económico a DIMESA, tal como consta en los estados financieros auditados de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince por la firma Nexos Auditores, que obran agregados a la pieza de la corte de apelaciones. 8. El Ministerio Público faltando al principio de objetividad interpuso requerimiento fiscal en contravención al principio de subsidiariedad del derecho penal. Considerando (5): Que la corte de apelaciones por unanimidad de votos decidió desestimar el recurso de apelación y confirmar el auto de formal procesamiento dictado en contra de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, por suponerles responsables del delito de estafa en perjuicio del IHSS. La resolución fue motivada en lo que a continuación se resume. En primer término, se enlistan los medios de prueba evacuados durante la audiencia inicial. Con relación al Informe UNOPS, la corte de apelaciones acota que éste explica ampliamente después de una ardua investigación las anomalías del proceso de licitación y la sobrevaloración del equipo adquirido a través de este contrato. También hay referencia al informe pericial realizado por el ingeniero biomédico Walter Martínez, que establece la sobrevaloración en los precios del equipo adquirido mediante este contrato. Luego se hace referencia a las declaraciones rendidas por los testigos, abogada Vilma Morales en su condición de funcionaria de la Junta interventora del IHSS y quien declara sobre la investigación realizada, por ésta, en la que se aborda el contenido del Informe UNOPS; asimismo el ingeniero biomédico Walter Martínez quien declara para ratificar el informe que rindió. La resolución también hace mención de los medios probatorios presentados por la defensa de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca; asimismo constan en la resolución de segunda instancia los argumentos de la defensa que se hicieron durante la audiencia inicial, básicamente los mismos que sustentan parte del amparo. La corte de apelaciones en su resolución cita el artículo 376 del Código Penal, el cual literalmente dispone: “El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.”[1] Consta también la motivación de la corte de apelaciones, que le condujo a fallar la confirmatoria del auto de formal procesamiento. En dicha argumentación se hace relación de los medios probatorios de cargo y descargo teniendo por constatados los nombramientos de lo ciudadanos que fueron autoridades del IHSS, quienes se encuentran acusados en estas mismas diligencias. Tiene como constatado lo referente a la licitación pública internacional. Asimismo, la sobrevaloración del 44.75% en los precios de los bienes y servicios ofrecidos por DIMESA, para ello indica que se ha valido de la prueba documental, especialmente del Análisis técnico–financiero del contrato de fideicomiso para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula del IHSS No.020-2011 de marzo de dos mil catorce. Además de la declaración testifical de la testigo Vilma Cecilia Morales Montalbán, quien en relación con el informe UNOPS dijo lo siguiente: “… nos aproximamos a la Agencia de las Naciones Unidas, para tener una asistencia técnica, la cual fue provista por la Agencia de las Naciones Unidas, especialista en equipos médicos y en lo que ha correspondido a este análisis, se contrata a la agencia UNOPS donde encontramos valores que obviamente no debíamos pagar más allá, de lo que correspondía, además de esto indicios que nosotros evidenciamos en el contrato, se presentaron otros aspectos que también estaban reñidos con el tema de equipos todavía se mantenían intactos de sus suministros… Que del informe de UNOPS, el proceso de licitación pública, carecía de todas las formalidades de un proceso de licitación pública internacional.” Al calificar, la corte de apelaciones tuvo a los señores Shucri Luis Kafie Larach, en su condición de presidente de la junta directiva de la Sociedad Mercantil Distribuidora Metropolitana, Sociedad Anónima de Capital Variable, (DIMESA S.A. de C.V.) y Juan Alberto Madrid Casaca, gerente. Ambos como los terceros beneficiados en el accionar de los otros procesados que haciendo uso de sus cargos incurrieron en delito. Señala que mediante el contrato No 020-2011 por noventa y cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil, ciento sesenta y seis dólares con cincuenta y cuatro centavos, proporciona los indicios de sobrevaloración del equipo y servicio ofrecido por la sociedad DIMESA al IHSS. A partir de allí deduce que si hubo un 44.75% de sobrevaloración, quedó probado el perjuicio económico al Estado de Honduras. Al responder los agravios de la defensa, observa que todos coinciden en alegar que la licitación, el contrato, y el adendum al mismo están dentro de la legalidad. Afirmando la corte que toma en cuenta para su motivación estos alegatos. Haciendo referencia al ataque que se hace del Informe UNOPS por medio de la declaración testifical del señor Manuel Antonio Calderón Laínez, la corte refiere que su declaración en ese momento procesal no desvirtúa la evidencia mínima probatoria presentada por el ente acusador. Concluye con la afirmación de que considera la concurrencia de todos los elementos para la tipificación de los delitos, en el caso de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, el delito de estafa, por lo que declara no ha lugar la apelación y confirma la resolución de primera instancia. Considerando (6): Que del análisis que se realiza in extenso del presente expediente, encontramos que desde que se inició el requerimiento fiscal, se estableció en los hechos que la relación de la que surge dicho requerimiento, es producto de la contratación administrativa-mercantil, celebrado entre la sociedad mercantil, DIMESA y el IHSS. Hecho que se concluye con el estudio de la RESOLUCIÓN CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015; encontrando lo siguiente: A) Decreto Ejecutivo NºPCM-011-2014, nombramiento de comisión interventora, conforme al artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública. B) Resolución SEJD Nº 02-08-09-2010 de fecha 8 de septiembre de 2010, que aprobó las bases de la licitación Nº005-2010 “Adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social.” C) Resolución SOJD Nº 04-04-04-2011 de fecha 4 de abril de 2011, mediante la cual la Junta Directiva del IHSS aprobó el acta de adjudicación de la Licitación Pública Internacional Nº 005-2010 “Adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y Regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”. D) Suscripción del Contrato en fecha 09 de mayo de 2011, número 020-2011 entre la sociedad mercantil, Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el que por trascender sus efectos al siguiente periodo de gobierno fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 117-2011 del 24 de julio de 2011 publicado en La Gaceta Nº 32,562 de 8 de julio de 2011. E) Firma del Ademdum número 1 al contrato Nº 020-2011 a efecto de aumentar las prestaciones a cargo del contratista Distribuidora Dimesa S.A. F) Firma del Ademdum número 2 al contrato Nº 020-2011 a efecto de ampliar los plazos de entrega conforme a la Resolución SOJD Nº12-24-01-2012 del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Considerando (7): Que habiéndose seguido la ruta administrativa para la celebración del contrato, este fue resuelto conforme a los artículos 59, 145, 205.19, 360 de la Constitución de la Republica; artículos 1, 119.3, 126, 127.3, 130.1 y 146 de la Ley de Contratación del Estado; los artículos 7 y 100 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 1, 19, 24, 25, 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante la resolución arriba citada CI IHSS Nº 46/19-01-2015. Considerando (8): Que los elementos del delito de estafa se encuentran contenidos en el artículo 240 del Código Penal, estableciendo que comete dicho delito: “…quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresa o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” Considerando (9): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia observa que es deber de la judicatura hacer mención de la obligación de motivar las resoluciones de un proceso judicial, más si puede conllevar algún tipo de afectación a derechos constitucionales, siendo que de la lectura de los artículos 82, 90 y 92 constitucionales, se colige un deber por parte de los operadores de justicia de respetar el derecho de defensa a todas las personas que habiten esta República, también es claro el mandato de que no se puede juzgar a nadie sin las formalidades, derechos y garantías que se hayan establecido en la Ley y por ello para dictar un auto de formal procesamiento, se debe evidenciar la existencia plena de un delito, con la concurrencia de los indicios racionales de que el imputado haya tenido participación como autor o cómplice. En ese sentido es clara la disposición que poseen tanto el juez de letras penal como la Corte de Apelaciones revisora de la actuaciones hoy en amparo; esta Sala de lo Constitucional expresa que la motivación debe de ser la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, para proteger el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, además de que esto otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.[2] Se comprende que la motivación de una decisión jurídica sobre el fondo de una pretensión, en el caso de la substanciación de un requerimiento fiscal, que en el momento procesal oportuno versa sobre la determinación o no, del auto de formal procesamiento, dicha decisión debe de estar debidamente fundamentada para evitar dar la apariencia prima facie de arbitrariedad; la motivación le demuestra a las partes que han sido oídas sus alegatos, valorados, al igual que todo el conjunto de indicios probatorios analizados.[3] Considerando (10): Que como ya ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional,[4] el deber de motivar no comprende dar una respuesta exhaustiva e individualizada a todos los argumentos de las partes, lo cual va a depender de la naturaleza propia de la resolución que se deba de emitir, en ese sentido, para observar si se ha respetado el debido proceso, esta Sala de lo Constitucional relaciona el mandato constitucional reconocido en el artículo 92 (Constitución de la República) de que solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, como lo establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo ocho (8) y el artículo 90 constitucional, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales para poder decretar el auto de formal procesamiento deben de motivar plenamente la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se insta la acusación, relacionando todos los indicios probatorios proporcionados por las partes y detallando las razones jurídicas del caso.[5]Considerando (11): Que analizados los elementos motivados por la Corte de Apelación recurrida y la resolución origen del amparo constitucional interpuesto, esta Sala de lo Constitucional encuentra que esas resoluciones, no motivan de forma clara la presencia de los elementos de tipo del delito acusado, así como la relación de los medios de prueba que sustentan su criterio, para establecer que en ese momento del proceso, existe una evidencia probatoria suficiente y un indicio racional de la participación de los imputados, que demuestre: que los encartados han usado un nombre supuesto o un título falso; ha existido influencia o calidad simulada, partiendo los hechos acreditados donde se tiene que ver la existencia del delito en la transacción administrativa comercial hecha por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde resulto como ganadora de la licitación internacional la sociedad mercantil representada por los acusados, y que en el procedimiento que manda la ley, fue posteriormente firmado dicho contrato para ser aprobado por el Congreso Nacional de la República, resolviéndose el Contrato referido de manera sobreviniente por causa de fuerza mayor. Es deber de la autoridad recurrida evidenciar en su motivación, el abuso de confianza o que los acusados hayan fingido ser dueños de bienes, créditos, empresa o negociación, asimismo hacer relación en cuanto a cualquier otro artificio, astucia o engaño y, mostrar en la argumentación el perjuicio causado, condición sine qua non para que tal acto o contratación pueda calificarse de delictiva. Considerando (12): Que esta Sala de lo Constitucional en revisión de las garantías constitucionales, actúa bajo el mandato de protección del derecho de defensa, que comprende el conjunto de derechos (petición, legalidad, irretroactividad, etc.) y garantías (amparo, inconstitucionalidad, tutela judicial, etc.) que se establecen en la Constitución de la República para la protección del acusado (o de la persona que hace reclamación, solicitud, queja o manifestación ante los poderes públicos) para defenderse en un proceso sancionador,[6] que debe de comprender al menos el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no auto incriminarse, el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia. Derecho se defensa que se vincula convencionalmente[7] con el derecho a ser oído en el proceso, tal como lo determina la Convención Americana Sobre Derecho Humanos en su artículo ocho, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho comprende dos ámbitos, el primero que es el formal o procesal, se presta para asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (alegatos y pruebas); mientras que el ámbito material del derecho, versa sobre la obligación del Estado de garantizar que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido.[8] Frente a lo anterior se debe de recalcar que la Constitución de la Republica reconoce en su artículo uno que el Estado de Honduras debe asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, en esto se sustenta que el Código Procesal Penal en su artículo ocho indica que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal. Considerando (13): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[9], descansando éste en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro del límite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad. Considerando (14): Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción administrativa–mercantil realizada entre Distribuidora Metropolitana Sociedad Anónima de Capital Variable (DIMESA) empresa representada por los imputados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la “adquisición reparación y mantenimiento de equipos médicos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional noroccidental de San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social”, con lo cual quedó plenamente acreditado que existía un contrato administrativo–mercantil, el cual se cumplió de acuerdo a lo pactado por parte de la empresa representada por los imputados. Consta también que dicho contrato fue resuelto por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante resolución CI IHSS Nº 046/19-01-2015 de fecha 19 de enero de 2015, argumentando para ello fuerza mayor. Considerando (15): Que tal se desprende de los hechos y el derecho, argumentos y valoraciones expresados, si bien de manera parcial, en la resolución de apelaciones que se conoce ahora en amparo constitucional; la cual se reduce a ratificar el dictado de un auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras por el delito de estafa, sin llegar a establecer la fundamentación fáctica y jurídica que es exigible a la resolución que emana de dicha fase del proceso, interpretándola en su relación armónica y conjunta; y en particular, de cómo llega a derivar la existencia de un delito de estafa, en el cual habría tenido supuesta participación los imputados; lo cual adquiere mayor relieve desde una perspectiva de justicia constitucional, si se considera la denunciada vulneración al debido proceso, en vista a las omisiones de fundamentación y motivación puestas de manifiesto. Considerando (16): Que así las cosas, visto que el deber de motivación de la jurisdicción de alzada comprendía el constatar si las acciones sometidas a juzgamiento eran o no subsumibles en un tipo penal determinado, así como brindar adecuada respuesta jurisdiccional al planteo de todas las excepciones promovidas por la defensa; se colige la existencia de una infracción al debido proceso sustantivo, objeto del presente recurso de amparo; particularmente por no resultar acorde al principio de legalidad estricta - que limita y configura el ius puniendi del Estado, ni atender al deber de cumplimentar la tutela judicial efectiva. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria al presente recurso de amparo, para el único efecto se sirva la referida Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo, con respeto formal y sustancial al debido proceso y derechos de defensa en cumplimientos con los estándares constitucionales y convencionales expresados. Por lo que de acuerdo a los considerandos expuestos, los motivos por los que el recurrente busca justicia constitucional, son de recibo; observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del debido proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela judicial efectiva. Parte Dispositiva Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 199 código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) Otorgando la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Jorge Leónidas Calderón Laínez, a favor de los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, contra la resolución dictada en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra los señores Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, por suponerlos responsables del delito de Estafa, en perjuicio del Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) y la Administración Pública Del Estado De Honduras. 2) En consecuencia: 1. Se restituyen a favor de los ciudadanos Shucri Luis Kafie Larach y Juan Alberto Madrid Casaca, los derechos constitucionales que les fueron violentados con la resolución impugnada. Para lo cual la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, debe proceder a dictar nueva sentencia conforme a los considerandos desarrollados en esta sentencia de Amparo.- Y manda: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número 0903-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Reformado mediante el Decreto 191-96 del 31 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 28, 182 de fecha 28 de febrero de 1997 y vigente a partir del 28 de febrero de 1997.
[2] Cfr., sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. Excepciones preliminares y fondos, sentencia de tres de septiembre de 2012, párr. 100.
[3] Cfr., sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, sentencia de cinco de septiembre de 2008, párr. 78.
[4] Cfr., sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en la sentencia del recurso de amparo en la causa con registro SCO-0892-2016 y SCO-0910-2016 acumulados.
[5] En ese mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cfr., sentencia en el caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencias de seis de agosto de 2008, párr. 94.
[6] Sin perjuicio de que la titularidad de las garantías judiciales, son exigibles por parte de toda persona que forme parte en la sustanciación de cualquier acusación penal y toda persona para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, tal como esta previsto en el artículo ocho de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en artículo 80 de la Constitución de la República.
[7] Ya es abundante en la Sala de lo Constitucional el uso y apropiación del control de convencionalidad, a partir de la utilización y vinculatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano jurisdiccional para la interpretación y tutela de los derechos humanos reconocido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y del resto de normas vinculadas a dicho órgano, Cfr., sentencias de la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013, SCO-1343-2014 acumulado con SCO-0243-2015, SCO-1134-2014, SCO-0094-2015, SCO-0409-2016, SCO-0126-2017, SCO-0197-2017 acumulado con SCO-0203-2017, entre otras.
[8] Cfr., sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondos, reparaciones y costas, sentencia de 13 de octubre de 2011, párr. 122.
[9] Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 Fondo, Reparaciones y Costas.
- La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.
CASO KIMEL VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008 FONDO, REPARACIONES Y COSTAS
- La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información”. En este sentido, cualquier limitación o restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Así, deben formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano. Al respecto, este Tribunal ha señalado que:
La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.
CASO USÓN RAMÍREZ VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
- La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información”. En este sentido, cualquier limitación o restricción a aquélla debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. En efecto, la Corte ha declarado en su jurisprudencia previa que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. En particular, en lo que se refiere a la normas penales militares, este Tribunal ha establecido, a través de su jurisprudencia, que éstas deben establecer claramente y sin ambigüedad, inter alia, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar y deben determinar la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, así como especificar la correspondiente sanción. Así, la tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa, más aún cuando el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano.
Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004 Fondo Reparaciones Y Costas
- Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.