Sentencia AP-898-17 — Registro 10268
Resumen
Resolución impugnada que confirma sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Violación Especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los artículos constitucionales invocados por el impetrante. La Sala de lo Constitucional luego de analizar las diligencias y los alegatos que fueron planteados en la formalización de la presente garantía constitucional de amparo, es del parecer porque se deniegue debido a las razones que a continuación se dan a conocer. Con relación a que hubo una interpretación errónea del artículo 202 del Código Procesal Penal y que no se hizo una valoración correcta de las fuentes de prueba mediante la regla de la sana crítica; la Sala de lo Constitucional estima que dicho argumento no es de recibo para otorgar amparo, porque en realidad no se refiere a la violación propiamente de un derecho fundamental, sino que es una opinión diferente a la de los juzgadores de primera y segunda instancia. De hecho, no se observa en todo el alegato del amparista el señalamiento de un vicio del razonamiento lógico o del conocimiento humano que permita considerar un error de juicio. El fiscal limita su alegato al señalar que los encuentros furtivos del encausado con la niña son hechos que permiten inferir que hubo penetración; hecho que se pretendió demostrar en grado de indicio con la prueba aportada durante la audiencia inicial. Ante esto se debe aclarar que no le compete a la Sala de lo Constitucional valorar la prueba aportada en el proceso, puesto que esto, le corresponde a los órganos jurisdiccionales que actúan como juzgadores de instancia. Hasta donde permite el alegato del amparista el cual se funda nada más en una diferencia de criterio, lo cual como ya se dijo no se puede considerar como una violación al derecho de debido proceso, la Sala observa que el fiscal no dio razón para calificar el razonamiento que impugna como erróneo, falto de lógica o absurdo desde las máximas del conocimiento humano. La Sala en numerosos precedentes, ha determinado que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En virtud de lo anterior esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. De lo alegado por el recurrente en cuanto a la violación al principio de legalidad no se observa la denuncia y explicación de violaciones a derechos fundamentales, lo que se observa solamente es la referida cita a referida violación se hace como una mera formalidad o cumplimiento de requisito de admisibilidad. Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41, nmeral 2 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el agente de tribunales del Ministerio Público, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual confirmó en apelación el sobreseimiento definitivo dictado en fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del departamento de Atlántida; con relación a la causa instruida contra el señor GEOBANY ADONAY SILIEZAR ROMERO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de S. N. R.. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada IRMA JANETH REYES actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor GEOBANY ADONAY SILIEZAR ROMERO, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de S. N. R.. 2. En fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, en la celebración de la audiencia inicial, el juzgado de letras citado resolvió: 1. DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de GEOBANY ADONAY SILIEZAR ROMERO. (Folios del 38 al 42 de la pieza de antecedentes). 3. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, la honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada FANNY JUDITH CERRATO, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, dictó sentencia en la cual falló: “Primero: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuestos por el Ministerio Público. Segundo: CONFIRMAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta sección Judicial el día cinco de octubre del año dos mil dieciséis. (Folios del 7 al 10 de la pieza de antecedentes). 4. El amparista, abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este tribunal, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5. En fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, tuvo por formalizada de la presente acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al fiscal del despacho conforme a lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 de la pieza de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO TRES (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. El garantista al formalizar la presente garantía constitucional de amparo expresa que la impugnación se sustenta en los argumentos que a continuación se resumen y exponen. Explica que se violenta el artículo 90 constitucional por varias razones. En relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal manifiesta que hubo una interpretación errónea de este artículo debido a que dicha norma obliga al juzgador a valorar las fuentes de prueba mediante las reglas de la sana crítica; y que en este caso hubo una errónea valoración porque se ha estimado que no hubo penetración del imputado a la ofendida, sin tomar en cuenta los indicios que acreditan los encuentros furtivos en la habitación de la menor, sumado al hecho de que el himen de la ofendida puede permitir el acceso de un pene adulto en estado de erección sin romperse. Puntualiza entonces que esto es una violación a la sana crítica. Considera conculcado el debido proceso en relación al artículo 92 constitucional y los artículos 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal. Esto lo asevera señalando que el juzgador infringió las normas del proceso porque no atendido al hecho de que en audiencia inicial se haya presentado abundante prueba de cargo que incrimina al imputado. Explica que el hecho de que éste estuviera en la habitación de la ofendida no permite que se sobresea en forma definitiva y que se le imponga auto de formal procesamiento. También alega que hubo violación del artículo 321 constitucional referido al principio de legalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida decidió confirmar por unanimidad de votos la decisión dictada en primera instancia. Para dicho tribunal de alzada el sobreseimiento definitivo procede partiendo de lo expuesto en el artículo 140 del Código Penal porque tipifica el delito de violación como el acceso carnal, entendiendo éste el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. En ese sentido la corte de apelaciones al revisar la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, tomó en cuenta la declaración rendida por la misma afectada. La ofendida quien a la fecha de los acontecimientos tenía trece años de edad, al explicar lo ocurrido manifestó que tuvo relaciones sexuales porque: “(Sic)…él me besó todo mi cuerpo,…mis pechos mi vagina”; asimismo señaló lo siguiente: “cuando él iba a introducir su pene…le dije voy a gritar, voy a llamar a mi mamá…ya no más…”. Para la corte de apelaciones entonces no hubo penetración, coincidiendo lo anterior con el peritaje médico forense practicado, en el cual se afirmó lo siguiente: “Área genital: Ausencia de vello púbico, vulva, labios mayores y menores propios para su edad (prepuberales), sin evidencia externa de lesiones. Himen anular íntegro que permite el paso de dos dedos del examinador…” En virtud de lo anterior, la corte de apelaciones señaló que no hubo penetración (inmissio penis), resultando probado que el hecho no existió. CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los artículos constitucionales invocados por el impetrante. La Sala de lo Constitucional luego de analizar las diligencias y los alegatos que fueron planteados en la formalización de la presente garantía constitucional de amparo, es del parecer porque se deniegue debido a las razones que a continuación se dan a conocer. Con relación a que hubo una interpretación errónea del artículo 202 del Código Procesal Penal y que no se hizo una valoración correcta de las fuentes de prueba mediante la regla de la sana crítica; la Sala de lo Constitucional estima que dicho argumento no es de recibo para otorgar amparo, porque en realidad no se refiere a la violación propiamente de un derecho fundamental, sino que es una opinión diferente a la de los juzgadores de primera y segunda instancia. De hecho, no se observa en todo el alegato del amparista el señalamiento de un vicio del razonamiento lógico o del conocimiento humano que permita considerar un error de juicio. El fiscal limita su alegato al señalar que los encuentros furtivos del encausado con la niña son hechos que permiten inferir que hubo penetración; hecho que se pretendió demostrar en grado de indicio con la prueba aportada durante la audiencia inicial. Ante esto se debe aclarar que no le compete a la Sala de lo Constitucional valorar la prueba aportada en el proceso, puesto que esto, le corresponde a los órganos jurisdiccionales que actúan como juzgadores de instancia. Hasta donde permite el alegato del amparista el cual se funda nada más en una diferencia de criterio, lo cual como ya se dijo no se puede considerar como una violación al derecho de debido proceso, la Sala observa que el fiscal no dio razón para calificar el razonamiento que impugna como erróneo, falto de lógica o absurdo desde las máximas del conocimiento humano. La Sala en numerosos precedentes, ha determinado que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En virtud de lo anterior esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. De lo alegado por el recurrente en cuanto a la violación al principio de legalidad no se observa la denuncia y explicación de violaciones a derechos fundamentales, lo que se observa solamente es la referida cita a referida violación se hace como una mera formalidad o cumplimiento de requisito de admisibilidad. Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual confirmó en apelación el sobreseimiento definitivo dictado en fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del departamento de Atlántida; con relación a la causa instruida contra el señor GEOBANY ADONAY SILIEZAR ROMERO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de S. N. R.. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0898=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”