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Sentencia AP-891-16 — Registro 10267

Resumen

Confirmación de auto de formal procesamiento contra impetrante por el delito de robo de vehículo y robo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6) Que el Proceso Penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, siguiendo este orden de ideas queda claramente establecido que la audiencia en que comparece el acusado tiene como único fin oír su declaración, sea que éste declare o no. Una vez finalizada ésta, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a que quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado” .durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar . CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice”. CONSIDERANDO: (8) Que la finalidad de la Ley Penal es la de incriminar determinadas conductas a efecto de que no se puedan realizar de manera impune; el efecto lesivo de tales acciones hace necesaria la protección de los bienes jurídico penales, los hechos, son los que se juzgan y en consecuencia los presupuestos señalados determinan la calificación jurídica de los hechos enjuiciables.CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se aprecia que el Ad quem sometió a estudio la resolución del A quo, exponiendo sus argumentos del porqué considera conforme a derecho la resolución apelada en su momento; apreció tanto los actos procesales practicados por el A quo, como los hechos que motivan el requerimiento fiscal, así como el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, concluyendo que la resolución apelada es conforme a derecho, quedando plasmado en su resolución que existe el minimun probatorio que se requiere por disposición de la ley para suponer la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa y que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones de los artículo 217, 218 del Código Penal. Por otra parte el auto de formal Procesamiento, es una resolución que no causa estado, es meramente provisional y susceptible de ser revocado una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron. Por todo ello esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso invocado por el recurrente. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (11) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha quebrantado, el recurrente ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa; que la resolución sea contraria a sus pretensiones no significa que se haya vulnerado el derecho invocado. CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha violentado el artículo 64 Constitucional; de acuerdo al estudio de la resolución impugnada no se encuentra aplicación de leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que resulten extrañas al procedimiento procesal penal, de igual manera los Jueces conocedores de la causa han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley. Por ende al no existir vulneración a los derechos relacionados, invocados por el recurrente se aprecia que el acusado dispone como todos los ciudadanos hondureños sometidos a juicio de un procedimiento sencillo previamente establecido en la ley, en el que ha tenido las mismas oportunidades que su contendiente, por otra parte, en la etapa del proceso de las que se deriva la impugnación de la resolución del Ad quem, al acusado se le han respetado sus derechos como el derecho a declarar es decir a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, situación de independencia e imparcialidad de la que no existe ni siquiera asomo de que haya sido quebrantada en algún momento del proceso. CONSIDERANDO:(13) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de  Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha quebrantado, el recurrente ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa; que la resolución sea contraria a sus pretensiones no significa que se haya vulnerado el derecho invocado. CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha violentado el artículo 64 Constitucional; de acuerdo al estudio de la resolución impugnada no se encuentra aplicación de leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que resulten extrañas al procedimiento procesal penal, de igual manera los Jueces conocedores de la causa han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley. Por ende al no existir vulneración a los derechos relacionados, invocados por el recurrente se aprecia que el acusado dispone como todos los ciudadanos hondureños sometidos a juicio de un procedimiento sencillo previamente establecido en la ley, en el que ha tenido las mismas oportunidades que su contendiente, por otra parte, en la etapa del proceso de las que se deriva la impugnación de la resolución del Ad quem,  al acusado se le han respetado sus derechos como el derecho a declarar es decir a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, situación de independencia e imparcialidad de la que no existe ni siquiera asomo de que haya sido quebrantada en algún momento del proceso. CONSIDERANDO:(13) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del Señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la causa instruida contra el Señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO DE VEHICULO y ROBO, en perjuicio de los Señores MALLQUIN JOSUE CASTILLO PINEDA y JORGE ALBERTO ZELAYA SILVA.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.ANTECEDENTES.1) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada MARIANELA ZUNIGA SANCHEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el Señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, por los delitos de ROBO DE VEHICULO y ROBO, en perjuicio de los Señores MALLQUIN JOSUE CASTILLO PINEDA y JORGE ALBERTO ZELAYA SILVA. (Folios 1–4 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).2) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en el Auto de Formal Procesamiento, el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, a quien se le instruye proceso por suponerlo responsables de los delitos de ROBO DE VEHICULO y ROBO, en perjuicio de MALLQUIN JOSUE CASTILLO PINEDA Y JORGE ALBERTO ZELAYA SILVA.- SEGUNDO: Imponer la medida cautelar de prisión preventiva al señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN contemplada en el articulo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, por los delitos antes mencionados.- TERCERO: Líbrese atento oficio al Director del Centro Penal de esta ciudad haciéndole saber lo resuelto en esta audiencia haciéndole saber que por su estado de inocencia el imputado, deberá permanecer separados de los reos que se encuentran cumpliendo condena.” (Folios 69–71 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO CALIX ORELLANA, en su condición de Apoderado Defensor del Señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciséis (2016), durante la celebración de la Audiencia Ad Hoc, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, Resolvió: (SIC) PRIMERO. “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en su momento por el Abogado Luis Alberto Cáliz Orellana, en su condición de Apoderado Defensor Publico y ratificado en esta audiencia oral por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, en su condición de Apoderado Defensor Privado, contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juez de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en al causa instruida contra el procesado LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, por su supuesta participación en la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO Y ROBO, en perjuicio de MALLQUIN JOSUE CASTILLO PINEDA Y JORGE ALBERTO ZELAYA SILVA.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución objeto de este recurso.” (Folios 16–23 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).4) Que el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Folios 1–12 del Presente Recurso). 5) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 31 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL de San Pedro Sula, Cortes, mediante la cual Confirma el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, Departamento de Yoro, con relación a la causa instruida contra el señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO Y ROBO en perjuicio del señor MALLQUIN JOSUE CASTILLO PINEDA Y JORGE ALBERTO ZELAYA SILVA. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso manifiesta en el párrafo de los Antecedentes de Hechos Procesales, que la corte de Apelaciones referida conoció el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado contra su representado, habiendo confirmado la resolución apelada y declarado sin lugar el recurso. Señalando que dicha resolución violenta el debido proceso consagrado en el artículo 90 Constitucional, así como el artículo 297 del Código Procesal Penal vigente que establece que el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión de un delito; Manifiesta que en el caso de autos el Ministerio Público no logra probar que su representado haya participado en los hechos que se le imputan, ya que la jurisprudencia es reacia a cuestiones semánticas sobre esta cuestión. Señala además que el Juez no consideró los elementos objetivos y subjetivos de tipo penal, que de haber sido así el Juez hubiera dictado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. Además según el recurrente el A quo consideró medios de probatorios que devienen en una abierta violación de normas constitucionales por lo que en atención al artículo 200 del Código Procesal Penal donde se ha puesto la consagración definitiva en el ordenamiento jurídico Hondureño de la teoría de la prueba prohibida donde establece que carecen de eficacia probatoria los actos y hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos que Honduras forma parte y donde se contemplan tres elementos esenciales: 1) Carecen de Eficacia probatoria.2) Los actos y hechos que vulneren garantías procesales, 3) Así como cuanto sean consecuencia necesaria de aquellos. Señala que el Ad quem le concede credibilidad a la valoración jurídico probatorio realizado por el A quo al recibir la declaración rendida bajo la modalidad de la prueba anticipada porque forma parte de los hechos de investigación olvidándose los Magistrados que los jueces no realizan actos de investigación por lo contrario solo controlan el proceso, dice además que los magistrados no dan explicación y no motivan la resolución del porque la justificación de la introducción de la prueba anticipada, dejando de cumplir el requisito establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Expone que además del debido proceso contenido en el artículo 90 Constitucional, se vulneran los artículos 82 del derecho de defensa, el artículo 64 de la prohibición de aplicación de leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución si los disminuye, restringe o tergiversa. Artículo 321 Constitucional de las facultades que la ley confiere a los servidores del Estado. Señalando que se violentan además el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 277 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem al dictar su fallo, en su MOTIVACIÓN FÁCTICA JURÍDICA deja señalados los hechos que provocaron el Requerimiento Fiscal contra el señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, así como los actos procesales realizados por las partes. En el acápite que corresponde a la motivación del fallo numeral SEGUNDO, expresa que si bien es ciertos los agravios expuestos por el apelante no son los mismos que los manifestados por el anterior Apoderado defensor del referido acusado, se da respuesta al mismo, “en virtud que el artículo 277 del Código Procesal Penal establece que los actos jurisdiccionales bajo modalidad de prueba anticipada, proceden cuando hay peligro o de inutilización de cualquier medio de prueba, así mismo que los solicite el Ministerio Público o cualquiera de las partes y que la misma procede cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su practica en el acto del debate o cuando exista un riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito, que por ausencia o cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que se comparezca en el acto del juicio o se corra peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia o amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos, dicha diligencia se puede señalar”. Expone el Ad quem que esta diligencia se efectúo en presencia del abogado Defensor público del imputado, diligencia que fue presentada en la Audiencia Inicial como parte de los documentos, razón por la cual el Juez de Letras Seccional la valoró pues la misma forma parte de las diligencias de investigación y así mismo, si bien es cierto al momento de la audiencia inicial el Juez de Letras le da valor probatorio esto no implica que al momento de un eventual Juicio Oral y Público no pueda presentarse el ofendido a la audiencia de juicio oral. Por lo que considera que el Juez de Letras no violentó derecho alguno al momento de la valoración. Señala además que dicha prueba se realizó con todos los requisitos que señala el artículo 277 del Código Procesal Penal. Además deja establecido que la víctima fue “clara cuando declaró haber reconocido a la personas puesto que éste era un compañero de él y que lo reconoció perfectamente, además al momento de haber sido detenido el acusado se le encontró en posesión del vehículo que el testigo manifiesta fue el que se le atravesó el días de los hechos en que fue despojado del automotor que dicho testigo conducía y es objeto de este delito. Concluyendo el Ad quem que los agravios expresados por el apelante no son de recibo por lo que confirmó el Auto de formal Procesamiento. CONSIDERANDO: (6) Que el Proceso Penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, siguiendo este orden de ideas queda claramente establecido que la audiencia en que comparece el acusado tiene como único fin oír su declaración, sea que éste declare o no. Una vez finalizada ésta, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a que quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice”. CONSIDERANDO: (8) Que la finalidad de la Ley Penal es la de incriminar determinadas conductas a efecto de que no se puedan realizar de manera impune; el efecto lesivo de tales acciones hace necesaria la protección de los bienes jurídico penales, los hechos, son los que se juzgan y en consecuencia los presupuestos señalados determinan la calificación jurídica de los hechos enjuiciables.CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se aprecia que el Ad quem sometió a estudio la resolución del A quo, exponiendo sus argumentos del porqué considera conforme a derecho la resolución apelada en su momento; apreció tanto los actos procesales practicados por el A quo, como los hechos que motivan el requerimiento fiscal, así como el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, concluyendo que la resolución apelada es conforme a derecho, quedando plasmado en su resolución que existe el minimun probatorio que se requiere por disposición de la ley para suponer la probable participación del acusado en el hecho por el que se le acusa y que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones de los artículo 217, 218 del Código Penal. Por otra parte el auto de formal Procesamiento, es una resolución que no causa estado, es meramente provisional y susceptible de ser revocado una vez se desvanezcan los indicios que lo motivaron. Por todo ello esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso invocado por el recurrente. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (11) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha quebrantado, el recurrente ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa; que la resolución sea contraria a sus pretensiones no significa que se haya vulnerado el derecho invocado. CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha violentado el artículo 64 Constitucional; de acuerdo al estudio de la resolución impugnada no se encuentra aplicación de leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que resulten extrañas al procedimiento procesal penal, de igual manera los Jueces conocedores de la causa han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley. Por ende al no existir vulneración a los derechos relacionados, invocados por el recurrente se aprecia que el acusado dispone como todos los ciudadanos hondureños sometidos a juicio de un procedimiento sencillo previamente establecido en la ley, en el que ha tenido las mismas oportunidades que su contendiente, por otra parte, en la etapa del proceso de las que se deriva la impugnación de la resolución del Ad quem, al acusado se le han respetado sus derechos como el derecho a declarar es decir a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, situación de independencia e imparcialidad de la que no existe ni siquiera asomo de que haya sido quebrantada en algún momento del proceso. CONSIDERANDO:(13) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 285No. 2, 292, del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor LUIS ALFREDO LEIVA GUILLEN, contra la sentencia de fecha veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-891-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371

[2] Idem.