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Sentencia AP-885-16 — Registro 10266

Resumen

Resolución impugnada que declaro sin lugar recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo a favor de imputado por el delito de Usurpación de un Derecho Real y Daños en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras, considerando Juzgador, que procesado no ha actuado dolosamente con ánimo de evadir requisitos que la ley exige, sino que fueron omisiones catalogadas en la Ley General del Ambiente como infracciones administrativas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que confirmó la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en fecha nueve de marzo de dos mil nueve, con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL COELLO RIVERA, por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE UN DERECHO REAL Y DAÑOS en perjuicio del MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República; y confirma el sobreseimiento definitivo a favor del señor Samuel Coello Rivera, estimando la recurrente la no existencia de la suscripción del contrato de explotación minera no metálico entre el imputado y DEFOMIN, con la cual su existencia acreditaría que la empresa del señor Coello Rivera, no estaba extrayendo sin permiso el material selecto extraído objeto del requerimiento fiscal. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente estima como violentado los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el fallo de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República; y confirmando el sobreseimiento definitivo dictado a favor del señor SAMUEL COELLO RIVERA; argumentando su fallo exponiendo que concuerda con lo establecido por el A-Quo, al establecer que el señor Coello Rivera, ha venido actuando con transparencia desde el momento que empezó con los trámites legales para cumplir con todos los requisitos solicitados para obtener su concesión minera no metálica, sin dejar de señalar qua ya tenia su permiso de operar de la Municipalidad de la Lima, Cortés, así como su licencia ambiental, entre otros, de lo que se concluye que el procesado no ha actuado dolosamente con animo de evadir requisitos que la ley exige, sino que fueron omisiones catalogadas en la Ley General del Ambiente como infracciones administrativas, por lo tanto no existe una infracción dolosa como lo es el delitos de usurpación de un derecho real, ya que el Estado de Honduras a través de DEFOMIN, celebró el contrato de concesión minera con el señor Coello Rivera. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-885-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL