Sentencia AP-880-13 — Registro 10264
Resumen
Resolución que declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación y confirmó auto de formal procesamiento contra impetrante por suponerlos responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, Posesión y Almacenamiento de Armas Prohibidas en perjuicio de la Salud y la Seguridad interior de la población del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Analizado el caso y ponderados los argumentos de las partes procesales, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: a) En cuanto al Derecho a un debido proceso, referidas a una deficiente interpretación efectuada por la instancia respecto al sentido normativo del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, misma que ha derivado en la imposición de un auto de prisión a la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES en la Audiencia Inicial, cabe denegarla si se considera que, esta etapa del proceso, cumple únicamente una función de discusión o debate preliminar (utilizando la terminología propuesta por el Dr. Alberto Binder) sobre los actos conclusivos de la investigación, en la cual se discute si existen fundamentos para dar por acreditada, o no, la existencia de un ilícito penal y elementos racionales para fundamentar una acusación en contra de una determinada persona, lo cual es un aspecto sucesivo y concomitante del proceso en los desarrollos de audiencia intermedia y de Juicio Oral y Público; es decir, no se trata en este momento de redactar hechos probados y/o de establecer, bajo grado positivo de certeza, que la persona imputada participó en el hecho justiciable, sino que establecer la existencia de un hecho ilícito y la convicción de la participación del imputado (a) en dicho hecho ilícito bajo un juicio de probabilidad, obtenido con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes en la Audiencia Inicial; lo cual ha sido al parecer el caso, al determinarse como derivado del allanamiento practicado por la autoridad competente, prueba de cargo mínima para la configuración de los delitos en mención en el requerimiento fiscal; calificación judicial ésta sin duda que puede o no ser compartida por las partes procesales, en cuyo caso la ley procesal les habilita o franquea los recursos ordinarios correspondientes, de los cuales ha hecho ejercicio constitucional la defensa técnica de la persona imputada. CONSIDERANDO (6): Que prosiguiendo el análisis del caso, se aprecia que el acto procesal impugnado ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula consistió en una Audiencia Inicial (sustanciada al tenor del artículo 294 procesal penal) la cual tiene su equivalente en los diversos sistemas procesales penales de índole mixta o pro acusatorio. El derecho aplicable al caso señala a la letra: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado). Del análisis detenido del artículo no se deriva, que la exigencia constitucional abarque una valoración a fondo de los elementos de prueba presentados por las partes, lo que se verá, más adelante, en etapas subsiguientes del proceso. En el presente caso, la judicatura ha analizado en forma suficiente que había elementos de prueba en la causa como para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales indiciados y encontrando indicios racionales de la participación de la imputada en el caso, procediendo en consecuencia. Con ello no se ha prejuzgado la culpabilidad de la persona imputada, ni se ha violentado su derecho al debido proceso y a la no tergiversación, restricción o disminución de sus garantías constitucionales; constatándose que se ha cumplido con la legalidad procesal aplicable (artículos 294 en relación al artículo 297 numeral primero) por lo cual, no resulta de recibo el reclamo de valoración incongruente de la prueba y/o de indebida aplicación del derecho penal sustantivo que aquí ha formulado el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que en la moderna jurisprudencia nacional se acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o ultima ratio, en virtud que el Derecho Penal se concibe tradicionalmente como una forma de control social - acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines preventivos -; y que hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal hacia un mínimo de conductas transgresoras y siempre en consideración al principio de subsidiariedad que refrenda la intervención del derecho Penal en la vida social; aceptándose en consecuencia que debería reducirse la aplicación de la potestad punitiva a un mínimo posible acorde el principio de ultima ratio, a utilizarse únicamente a falta de otro más idóneo y efectivo para asegurar las bases de la convivencia social, en armonía a la aplicación justa en el caso concreto de otros principios en liza, para el caso el principio de proporcionalidad; los cuales deberán conjugarse, desde luego, con el ámbito del principio de legalidad que informa el ordenamiento positivo hondureño, en cuyo marco constitucional se encuentra el precepto contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, que dice a la letra: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual muestra, a su vez, concordancia en el plano metodológico con lo preceptuado en el artículo 17 del título preliminar del Código Civil, según el cual: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”; dispositivo normativo de base constitucional que ha servido en forma congruente a la aplicación del derecho, por parte de la jurisdicción, en el caso que se conoce en amparo. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expresado la Sala no observa el quebrantamiento al derecho constitucional invocado por la parte amparista y, en consecuencia, resulta procedente la denegatoria de la presente garantía de amparo"
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
(5): Analizado el caso y ponderados los argumentos de las partes procesales, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: a) En cuanto al Derecho a un debido proceso, referidas a una deficiente interpretación efectuada por la instancia respecto al sentido normativo del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, misma que ha derivado en la imposición de un auto de prisión a la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES en la Audiencia Inicial, cabe denegarla si se considera que, esta etapa del proceso, cumple únicamente una función de discusión o debate preliminar (utilizando la terminología propuesta por el Dr. Alberto Binder) sobre los actos conclusivos de la investigación, en la cual se discute si existen fundamentos para dar por acreditada, o no, la existencia de un ilícito penal y elementos racionales para fundamentar una acusación en contra de una determinada persona, lo cual es un aspecto sucesivo y concomitante del proceso en los desarrollos de audiencia intermedia y de Juicio Oral y Público; es decir, no se trata en este momento de redactar hechos probados y/o de establecer, bajo grado positivo de certeza, que la persona imputada participó en el hecho justiciable, sino que establecer la existencia de un hecho ilícito y la convicción de la participación del imputado (a) en dicho hecho ilícito bajo un juicio de probabilidad, obtenido con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes en la Audiencia Inicial; lo cual ha sido al parecer el caso, al determinarse como derivado del allanamiento practicado por la autoridad competente, prueba de cargo mínima para la configuración de los delitos en mención en el requerimiento fiscal; calificación judicial ésta sin duda que puede o no ser compartida por las partes procesales, en cuyo caso la ley procesal les habilita o franquea los recursos ordinarios correspondientes, de los cuales ha hecho ejercicio constitucional la defensa técnica de la persona imputada. CONSIDERANDO (6): Que prosiguiendo el análisis del caso, se aprecia que el acto procesal impugnado ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula consistió en una Audiencia Inicial (sustanciada al tenor del artículo 294 procesal penal) la cual tiene su equivalente en los diversos sistemas procesales penales de índole mixta o pro acusatorio. El derecho aplicable al caso señala a la letra: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado). Del análisis detenido del artículo no se deriva, que la exigencia constitucional abarque una valoración a fondo de los elementos de prueba presentados por las partes, lo que se verá, más adelante, en etapas subsiguientes del proceso. En el presente caso, la judicatura ha analizado en forma suficiente que había elementos de prueba en la causa como para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales indiciados y encontrando indicios racionales de la participación de la imputada en el caso, procediendo en consecuencia. Con ello no se ha prejuzgado la culpabilidad de la persona imputada, ni se ha violentado su derecho al debido proceso y a la no tergiversación, restricción o disminución de sus garantías constitucionales; constatándose que se ha cumplido con la legalidad procesal aplicable (artículos 294 en relación al artículo 297 numeral primero) por lo cual, no resulta de recibo el reclamo de valoración incongruente de la prueba y/o de indebida aplicación del derecho penal sustantivo que aquí ha formulado el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que en la moderna jurisprudencia nacional se acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o ultima ratio, en virtud que el Derecho Penal se concibe tradicionalmente como una forma de control social - acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines preventivos -; y que hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal hacia un mínimo de conductas transgresoras y siempre en consideración al principio de subsidiariedad que refrenda la intervención del derecho Penal en la vida social; aceptándose en consecuencia que debería reducirse la aplicación de la potestad punitiva a un mínimo posible acorde el principio de ultima ratio, a utilizarse únicamente a falta de otro más idóneo y efectivo para asegurar las bases de la convivencia social, en armonía a la aplicación justa en el caso concreto de otros principios en liza, para el caso el principio de proporcionalidad; los cuales deberán conjugarse, desde luego, con el ámbito del principio de legalidad que informa el ordenamiento positivo hondureño, en cuyo marco constitucional se encuentra el precepto contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, que dice a la letra: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual muestra, a su vez, concordancia en el plano metodológico con lo preceptuado en el artículo 17 del título preliminar del Código Civil, según el cual: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”; dispositivo normativo de base constitucional que ha servido en forma congruente a la aplicación del derecho, por parte de la jurisdicción, en el caso que se conoce en amparo. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expresado la Sala no observa el quebrantamiento al derecho constitucional invocado por la parte amparista y, en consecuencia, resulta procedente la denegatoria de la presente garantía de amparo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, a favor de la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró Con Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES por suponerla responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 64 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de abril del año dos mil trece, el abogado MARVIN BENAVIDES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, JORGE ALBERTO AGUILAR AGUIRRE, BESER JOSUE ARGUETA ALVARADO y HENRY IVAN ALVARADO OSORIO por suponerlos responsables de los delitos de POSESIÓN y TRAFICO DE DROGAS Y POSESIÓN DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha veintitrés de abril del año dos mil trece, en la cual resolvió: “PRIMERO: Decretar AUTO DE PRISIÓN en contra de los imputados DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, JORGE ALBERTO AGUILAR AGUIRRE, BESER JOSUÉ ARGUETA ALVARADO Y HENRY IVAN ALVARADO OSORIO, a quienes se les supone responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: AUTO DE PRISION, contra la encausada DUBINIA EMELINA ENAMORADA FUENTES, por delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en los artículo 90 y 92 de la constitución de la República, 332-A del Código Penal Vigente, como el 5, numerales 4 y 34, 18 y 26 de Ley para el Uso Indebido y Trafico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 294 y 297 del Código Procesal Penal- TERCERO: Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los señores JORGE ALBERTO AGUILAR AGUIRRE, BESER JOSUE ARGUETA ALVARADO Y HENRY IVAN ALVARADO OSORIO, por el delito de POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: Imponer a los imputados antes referidos la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de esta ciudad, con fundamento de los artículo 69 de la Constitución de la República, 9 de la Declaración universal de los Derecho Humanos, 7 y 8 de la Convención Americana, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 172, 173.3, 178 y 179 del Código Procesal Penal.- QUINTO: Declarar sin lugar la solicitud de la defensa por lo expresado anteriormente.-” (Folios diecinueve (F-19) al veinticinco (F-25) del Tomo primero de la pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE en su condición de Defensor Privado, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de abril de 2013, dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta jurisdicción.- 2) CONFIRMAR EL AUTO DE PRISIÓN, por los delitos de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS Y POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS, dictado contra la encausada DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES.- 3) REVOCAR EL AUTO DE PRISIÓN decretado contra los procesados JORGE ALBERTO AGUILAR, BESSER JOSUE ARGUETA ALVADO y HENRY IVAN ALVARADO OSORIO, por el delito de POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS.” (Folios nueve (F-9) al trece (F-13) del Tomo de la pieza de segunda instancia). 4) Que el recurrente el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTÍNEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce de octubre del año dos mil trece, interponiendo Acción de Amparo en su condición de defensor privado a favor de la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 92 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil catorce (2014), por caducado el término concedido a la recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción la recurrente de manera puntual, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que es visto para resolver el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ a favor de la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013), que declaró CON LUGAR Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES y otros por suponerlos responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, POSESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO (4): Que en el escrito de exposición de agravios expresados en el Recurso de Amparo interpuesto a favor de la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES, ha señalado el Abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTÍNEZ, lo siguiente: a) Que la resolución que antecede ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 64 y 92 de la Constitución de la República, contentivos de la prohibición de aplicar leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, lo cual ha ocurrido precisamente en el caso de autos al tergiversar la subsunción de los hechos, tanto la judicatura A-Quo como la Corte de Apelaciones respectiva, al aplicar indebidamente los artículos 5 numeral 34) y 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo cual es incorrecto, al no reunirse en el caso concreto la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal. Refiere ab initio, que: b) En el caso concreto, tal resolutivo inadecuado a la norma constitucional, parte de la interpretación incorrecta que ha hecho la judicatura respecto al sentido normativo del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que no es otro que el de ejercer actos dirigidos a la compra y venta en ilícito comercio, delito que es inexistente en el presente caso CONSIDERANDO (5): Analizado el caso y ponderados los argumentos de las partes procesales, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: a) En cuanto al Derecho a un debido proceso, referidas a una deficiente interpretación efectuada por la instancia respecto al sentido normativo del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, misma que ha derivado en la imposición de un auto de prisión a la señora DUBINIA EMELINA ENAMORADO FUENTES en la Audiencia Inicial, cabe denegarla si se considera que, esta etapa del proceso, cumple únicamente una función de discusión o debate preliminar (utilizando la terminología propuesta por el Dr. Alberto Binder)[1] sobre los actos conclusivos de la investigación, en la cual se discute si existen fundamentos para dar por acreditada, o no, la existencia de un ilícito penal y elementos racionales para fundamentar una acusación en contra de una determinada persona, lo cual es un aspecto sucesivo y concomitante del proceso en los desarrollos de audiencia intermedia y de Juicio Oral y Público; es decir, no se trata en este momento de redactar hechos probados y/o de establecer, bajo grado positivo de certeza, que la persona imputada participó en el hecho justiciable, sino que establecer la existencia de un hecho ilícito y la convicción de la participación del imputado (a) en dicho hecho ilícito bajo un juicio de probabilidad, [2] obtenido con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes en la Audiencia Inicial; lo cual ha sido al parecer el caso, al determinarse como derivado del allanamiento practicado por la autoridad competente, prueba de cargo mínima para la configuración de los delitos en mención en el requerimiento fiscal; calificación judicial ésta sin duda que puede o no ser compartida por las partes procesales, en cuyo caso la ley procesal les habilita o franquea los recursos ordinarios correspondientes, de los cuales ha hecho ejercicio constitucional la defensa técnica de la persona imputada. CONSIDERANDO (6): Que prosiguiendo el análisis del caso, se aprecia que el acto procesal impugnado ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula consistió en una Audiencia Inicial (sustanciada al tenor del artículo 294 procesal penal) la cual tiene su equivalente en los diversos sistemas procesales penales de índole mixta o pro acusatorio. El derecho aplicable al caso señala a la letra: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado). Del análisis detenido del artículo no se deriva, que la exigencia constitucional abarque una valoración a fondo de los elementos de prueba presentados por las partes, lo que se verá, más adelante, en etapas subsiguientes del proceso. En el presente caso, la judicatura ha analizado en forma suficiente que había elementos de prueba en la causa como para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales indiciados y encontrando indicios racionales de la participación de la imputada en el caso, procediendo en consecuencia. Con ello no se ha prejuzgado la culpabilidad de la persona imputada, ni se ha violentado su derecho al debido proceso y a la no tergiversación, restricción o disminución de sus garantías constitucionales; constatándose que se ha cumplido con la legalidad procesal aplicable (artículos 294 en relación al artículo 297 numeral primero) por lo cual, no resulta de recibo el reclamo de valoración incongruente de la prueba y/o de indebida aplicación del derecho penal sustantivo que aquí ha formulado el recurrente. CONSIDERANDO (7): Que en la moderna jurisprudencia nacional se acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o ultima ratio, en virtud que el Derecho Penal se concibe tradicionalmente como una forma de control social - acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines preventivos -; y que hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal hacia un mínimo de conductas transgresoras y siempre en consideración al principio de subsidiariedad que refrenda la intervención del derecho Penal en la vida social; aceptándose en consecuencia que debería reducirse la aplicación de la potestad punitiva a un mínimo posible acorde el principio de ultima ratio, a utilizarse únicamente a falta de otro más idóneo y efectivo para asegurar las bases de la convivencia social, en armonía a la aplicación justa en el caso concreto de otros principios en liza, para el caso el principio de proporcionalidad; los cuales deberán conjugarse, desde luego, con el ámbito del principio de legalidad que informa el ordenamiento positivo hondureño, en cuyo marco constitucional se encuentra el precepto contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, que dice a la letra: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual muestra, a su vez, concordancia en el plano metodológico con lo preceptuado en el artículo 17 del título preliminar del Código Civil, según el cual: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”; dispositivo normativo de base constitucional que ha servido en forma congruente a la aplicación del derecho, por parte de la jurisdicción, en el caso que se conoce en amparo. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expresado la Sala no observa el quebrantamiento al derecho constitucional invocado por la parte amparista y, en consecuencia, resulta procedente la denegatoria de la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0880=2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En este sentido, Binder, Alberto: El Control de la Acusación, Colegio de Abogados de Honduras, Centro de Capacitación, Copias fotostáticas, Tegucigalpa M.D.C., 2001, p. 247 en relación a lo preceptuado en el artículo 297 del Código Procesal Penal.
[2] Ver: Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coord.), en: Código Procesal Penal Comentado Honduras, Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras, LITOCOM, Tegucigalpa M.D.C., 2000, p. 483 y 484.