Sentencia AP-874-16 — Registro 10263
Resumen
Resolución recurrida que declaró Ha Lugar parcialmente recurso de Apelación interpuesto y revocó el sobreseimiento definitivo, contra recurrente en la causa que se le sigue por el delito de Violación Especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al otorgar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar la resolución apelada, en relación a que se revoque el sobreseimiento definitivo por el delito de Violación Especial y que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar el Auto de Formal Procesamiento contra el señor Víctor Manuel Licona Rivera por el delito de Violación Especial, y por ello ha revocado el sobreseimiento definitivo que fuera dictado por el A-quo a favor del imputado. CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en esta etapa preparatoria del proceso en la que se ha ordenado por parte del Ad-quem dictar auto de formal procesamiento por el delito de Violación Especial, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos, claro esta, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido"
Jerarquía: Reiterativa
..."10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al otorgar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar la resolución apelada, en relación a que se revoque el sobreseimiento definitivo por el delito de Violación Especial y que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar el Auto de Formal Procesamiento contra el señor Víctor Manuel Licona Rivera por el delito de Violación Especial, y por ello ha revocado el sobreseimiento definitivo que fuera dictado por el A-quo a favor del imputado. CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en esta etapa preparatoria del proceso en la que se ha ordenado por parte del Ad-quem dictar auto de formal procesamiento por el delito de Violación Especial, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos, claro esta, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ a favor del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio público y Revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del ciudadano Víctor Manuel Licona, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial y Privación Injusta de Libertad Agravada en perjuicio de Y. DEL C. A. G..- afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, vulnera los derechos fundamentales y libertades publicas contenidas en los artículos 69, 90 y 92 de la Constitución de la República, relacionados con el Artículo 297.1 del Código Procesal Penal; Artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 9.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO ABEL PORTILLO GUIFARRO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores WALTER JOSUE AVILEZ COREA, JUAN ENRIQUE SERRANO SOSA y VICTOR MANUEL LICONA RIVERA, por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD AGRAVADA, en perjuicio de testigo protegido denominado seudónimo “KELIA”. (Folios del 16 al 18 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que en Audiencia Inicial celebrada fecha cuatro (4) de noviembre y concluida en fecha cinco (05) del mismo mes de noviembre del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, resolvió: (Sic) “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra los señores WALTER JOSUE AVILEZ COREA, JUAN ENRIQUE SERRANO SOSA, por considerarlos posibles autores del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de Y. DEL C. A. G.. DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de WALTER JOSUE AVILEZ COREA, JUAN ENRIQUE SERRANO SOSA, VICTOR MANUEL LICONA RIVERA, por el delito PRIVACION DE LIBERTAD INJUSTA, en perjuicio de Y. DEL C. A. G.. DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de VICTOR MANUEL LICONA RIVERA, por el Delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de Y. DEL C. A. G.….” (Folios del 60 al 68 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la defensa privada y el Ministerio Público contra la resolución relacionada en el numeral anterior, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico.- 2) REVOCAR el sobreseimiento definitivo decretado a favor de Víctor Manuel Licona Rivera por el delito de violación especial.- 3)DECRETAR auto de formal procesamiento contra Víctor Manuel Licona Rivera por el delito de violación especial en perjuicio de Y. del C. A. G..- 4)NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la defensa de los señores Juan Enrique Serrano Sosa y Walter Josué Aviles Corea.- 5)CONFIRMAR el auto de formal procesamiento decretado contra Juan Enrique Serrano Sosa y Walter Josué Aviles Corea por el delito de violación especial en perjuicio de Y. del C. A. G..- 6) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo decretado a favor de Víctor Manuel Licona Rivera, Walter Josué Aviles Corea y Juan Enrique Serrano Sosa por el delito de Privación Injusta de la Libertad….” (Folios del 177 al 182fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 4) El recurrente Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) septiembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), vulnera los derechos fundamentales y libertades publicas contenidas en los artículos 69, 90 y 92 de la Constitución de la República, relacionados con el Artículo 297.1 del Código Procesal Penal; Artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 9.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5) Que en fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de Y. DEL C. A. G., resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca el sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo a favor del imputado VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA por el delito de Violación Especial y confirma el sobreseimiento definitivo por el delito de Privación Injusta de la Libertad. CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el acto recurrido vulnera derechos fundamentales y libertades públicas, como ser el derecho a no sufrir procesamiento sin la ocurrencia de los presupuestos procesales establecidos en la ley; procediendo a transcribir en forma literal lo establecido en el artículo 92 constitucional y el Artículo 297.1 del Código Procesal Penal. Argumenta el recurrente que la norma secundaria esta señalando al juez que conoce del proceso incoado por el Ministerio Público, los requisitos mínimos para imputar, de manera formal, unos determinados cargos contra una persona, de cara a la realización de un juicio oral y público en el que deberá probarse mas allá de toda duda razonable, la participación culpable de dicha persona, que existe un límite al poder estatal en cuanto a la posibilidad de imputar actos delictivos a los ciudadanos, considerados inocentes por mandato constitucional, impidiendo todo abuso o menoscabe tanto el derecho al estado de inocencia, proclamado en el artículo 89 de la Constitución y el derecho a no sufrir limitaciones a otros derechos fundamentales como la libertad; en tanto que declarada procesada una persona, su estado de inocencia decae considerablemente por el sometimiento a un proceso penal que lo hace ver ya como culpable sin serlo en realidad. Sostiene el impetrante que la Corte de Apelaciones, hace uso de argumentos inconsistentes y carentes de sustento probatorio y por ende la motivación de dicha resolución no se corresponde con el resultado de la audiencia inicial del proceso, que el presupuesto procesal de indicios racionales para sostener que el señor Víctor Manuel Licona Rivera puede ser autor o cómplice del delito perseguido por el Ministerio Público es inexistente; por ende la resolución violenta el expresado derecho fundamental así como otros derechos del imputado. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expone que respecto al derecho proclamado por el artículo 90 de la Constitución de la República, es mas que necesario que el juzgador observe y respete a la perfección el ordenamiento procesal penal, pues bien, para garantizar plenamente que se esta produciendo un “debido proceso”, los jueces y los tribunales deben respetar y potenciar las garantías constitucionales y procesales de los imputados. CONSIDERANDO (5): Que continuando con su exposición de argumentos, el impetrante sostiene que la resolución de la Corte de Apelaciones violenta el derecho a la libertad personal del ciudadano Víctor Manuel Licona Rivera, garantizado y protegido por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de protección de los Derechos Humanos de los que Honduras es parte, en virtud que haberse dictado un auto de formal procesamiento por un delito que de acuerdo al artículo 184 reformado del Código Procesal Penal, no admite otra medida cautelar que no sea la de prisión preventiva, obliga al Juez de Letras de lo Penal de esta Sección Judicial a imponer la medida cautelar de prisión preventiva sin que se pueda razonar siquiera si concurren o no los presupuestos legitimadores para el dictado de una medida cautelar tan extrema y gravosa como lo es la prisión preventiva. CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, al considerar que el Tribunal ad-quem ha vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en los artículos 69, 90 y 92 de la Constitución de la República; relacionándolas con lo dispuesto en el Artículo 297.1 del Código Procesal Penal y el Artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 9.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. CONSIDERANDO(7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente el derecho a la libertad personal preceptuado en el artículo 69 de nuestra carta magna; tal y como lo estima el recurrente abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ y lo preceptuado en el artículo 69 constitucional la libertad personal es inviolable; no obstante a ello este derecho fundamental individual, no es absoluto, teniendo como excepción que la libertad personal puede ser restringida o suspendida temporalmente con arreglo a las leyes. En ese orden de idas el recurrente expone la vulneración al artículo 69 constitucional, lo cual no ocurre en el caso sub júdice, pues de la foliada del expediente que compone la pieza de primera instancia se observa que al señor Víctor Manuel Licona Rivera, se le dejó en libertad en fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, al haberse decretado sobreseimiento a su favor por los delitos acusados por el ente acusador; si bien es cierto la Corte de Apelaciones ordena revocar el sobreseimiento definitivo ordenado por el A-quo a favor del señor Licona Rivera, por el delito de Violación Especial, lo cierto es que el impetrante recurre el acto que ordena revocar ese sobreseimiento definitivo, en consecuencia no puede esta Sala pronunciarse sobre un acto que no ha ocurrido, como lo pretende el recurrente. CONSIDERANDO (8): Que respecto de las demás vulneraciones constitucionales señaladas por el recurrente, esto es lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y lo establecido por el artículo 92 constitucional “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO(9): Que el recurrente expone en sus argumentos que la Corte de Apelaciones hace uso de argumentos inconsistentes y carentes de sustento probatorio y por ende la motivación de dicha resolución no se corresponde con el resultado de la audiencia inicial del proceso; en ese orden de ideas es preciso determinar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana crítica, en donde el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. CONSIDERANDO(10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (12): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al otorgar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar la resolución apelada, en relación a que se revoque el sobreseimiento definitivo por el delito de Violación Especial y que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio del imputado los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar el Auto de Formal Procesamiento contra el señor Víctor Manuel Licona Rivera por el delito de Violación Especial, y por ello ha revocado el sobreseimiento definitivo que fuera dictado por el A-quo a favor del imputado. CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa del imputado para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en esta etapa preparatoria del proceso en la que se ha ordenado por parte del Ad-quem dictar auto de formal procesamiento por el delito de Violación Especial, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos, claro esta, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, a favor del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, contra la resolución de fecha DOCE (12) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016), emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0874=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.
[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.