Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-870-17 — Registro 10072

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó el recurso de amparo contra el auto resolutivo por el delito de enriquecimiento ilícito. Estimando el recurrente que el Acto Reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: (5) Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la acción recursiva que les asiste a las partes. En consecuencia, con el mismo celo con que se garantizan los derechos del representante de los intereses generales de la Sociedad, así habrá de actuar el órgano jurisdiccional competente en relación a los derechos de la contraparte es decir la Defensa procesal de imputado. Para tal efecto debe garantizarse el ejercicio de los Derechos de las partes siendo relevante el derecho de Defensa; recordando que ambas partes deben gozar de las mismas oportunidades procesales y ello solo es posible si pueden presentar sus casos respaldados con medios probatorios que viertan luz al juzgador para emitir una resolución conforme a derecho. De esta manera, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley a fin de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Resultando que la resolución venida en consulta reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva la que es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NEREYDA MARADIAGA MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra el Señor SALVADOR MAURICIO CASTELLANOS CASTELLANOS, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que el Acto Reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada FATIMA LOPEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el Señor SALVADOR MAURICIO CASTELLANOS CASTELLANOS, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–835 del Tomo I – al Tomo III de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 2) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó Auto Motivado, en el que Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Decretar con lugar la solicitud del peritaje solicitado por parte de la Defensa, para que el Perito Mercantil y Contador Público FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ, efectué un análisis peticionado del señor SALVADOR MAURICIO CASTELLANOS CASTELLANDOS.-En consecuencia, este juzgado nombra al mismo como perito para la práctica de dicha prueba pericial solicitada,- SEGUNDO: Ordenar a la secretaria o a la receptora por ley del despacho, notifique al señor FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ, para hacerle de su conocimiento su designación por parte de este Tribunal y citándolo para que comparezcan ante esta judicatura el día martes veinte de Junio del año dos mil diecisiete a las nueve y media de la mañana, a efecto de ser investido judicialmente para la realización de la tarea encomendada, en la presencia de las partes, debiendo señalar el perito en ese momento la fecha exacta en la cual realizara la pericia y la fecha en la cual harán entrega de su dictamen pericial. Se hace observación a las partes que se resuelve el presente escrito hasta esta fecha en vista de que es hasta en este momento se me puso a la vista, siendo que pertenece a la carga de la Juez Titular Rosa Amalia Rajo (J-5).-” (Folios 1,079 y 1,080 del Tomo IV de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 3) Que en fecha nueve (9) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Abogada NEREYDA MARADIAGA MARTINEZ a favor de ESTADO DE HONDURAS, interpuso ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, Recurso de Amparo contra el Auto de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–9 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, Falla: (SIC) “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NEREYDA MARADIAGA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Hondureña, contra el auto de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes.-” (Folios 36–40 de la pieza de Corte de Apelaciones).5) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NEREIDA MARADIAGA MARTINEZ, actuando en su condición de representante del Ministerio Público, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL de la misma Sección judicial, en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete. En relación a la causa instruida contra el señor SALVADOR MAURICIO CASTELLANOS CASTELLANOS, por suponerlo responsable del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expone el origen de la controversia que no es otro que, la representante de la Defensa del Acusado propuso la práctica de un medio de prueba pericial, para tal efecto, pidió nombramiento y juramentación de perito, petición a la que accedió el A quo, y no conforme el Ministerio Público, interpuso recurso de reposición, mismo que fue desestimado. La Corte de Apelaciones fundamenta su resolución en el artículo 239 del Código Procesal Penal, en cuanto a la procedencia del Dictamen Pericial, el artículo 242 del mismo cuerpo legal que dispone la designación de peritos. Señalando la Corte de Apelaciones que de acuerdo a estas disposiciones se puede designar peritos no solo ante el Tribunal de Sentencia, sino que también durante la etapa preparatoria, en cuanto a la procedencia del dictamen pericial, según lo dispone la ley siempre que alguna parte lo pida. Por lo que el Ad quem consideró conforme a derecho la petición planteada, considerando que el medio probatorio que consiste en una pericia es útil, pertinente, y proporcional y con ello se garantiza el derecho de defensa del peticionario (art. 82 constitucional) y el principio de igualdad de armas en el proceso, será el Juez quien valorará el peritaje técnico presentado por la defensa frente al informe del Tribunal Superior de cuentas presentado por el Ministerio Público, con lo que el Juez podrá decidir conforme a derecho, habiendo dado a las partes las mismas oportunidades procesales de presentar pruebas en el proceso penal cuya finalidad es el encuentro de la verdad de los hechos y sus circunstancias de acuerdo al artículo 198 del Código Procesal Penal. Señala además que la pericia estuvo lista antes de realizarse la audiencia inicial señalando que de esta manera obran en el proceso los insumos necesarios para poder debatir los puntos en discordia. En el Considerando siete el Ad quem expone: “En relación a que no se establece en ninguna parte de la legislación penal la juramentación de peritos a la defensa para realizar análisis o dictamen a los ya emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas, nuestra legislación señala un procedimiento ordinario general (no en Particular) que debe seguirse para todos los procesos penales que se judicializan, en ese sentido tal y como ya se ha señalado de acuerdo al artículo 239 del CPP., es procedente el dictamen pericial siempre que “alguna parte” (no solo el M.,P)lo pida, sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica o científica , como ocurre en el presente caso que se trata de asuntos contables”; además dice que el informe contable del Tribunal Superior de Cuentas entra al contradictorio de las partes y es de ese escrutinio cruzado que se extraerá la verdad material de los extremos que se atribuyen al proceso. Concluyendo el Ad quem que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados por el recurrente. CONSIDERANDO: (5) Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la acción recursiva que les asiste a las partes. En consecuencia, con el mismo celo con que se garantizan los derechos del representante de los intereses generales de la Sociedad, así habrá de actuar el órgano jurisdiccional competente en relación a los derechos de la contraparte es decir la Defensa procesal de imputado. Para tal efecto debe garantizarse el ejercicio de los Derechos de las partes siendo relevante el derecho de Defensa; recordando que ambas partes deben gozar de las mismas oportunidades procesales y ello solo es posible si pueden presentar sus casos respaldados con medios probatorios que viertan luz al juzgador para emitir una resolución conforme a derecho. De esta manera, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley a fin de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una tutela judicial efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Resultando que la resolución venida en consulta reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva la que es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los veinticinco días del mes de junio de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0870-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.