Sentencia AP-864-18 — Registro 8925
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución dictada por Sala Primera del Tribunal de Sentencia que declaró sin lugar el reconocimiento de miembros del COPINH como acusadores privados en condición de presuntas víctimas en la causa contra varias personas por suponerlas responsables del delito de asesinato en perjuicio de víctima y tentativa de asesinato en perjuicio de testigo protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Corte de Apelaciones en el ejercicio de la justicia constitucional dictó sentencia en la presente acción de amparo...hoy en consulta; donde estableció que es el quejoso en un primer termino quien debe desarrollar las violaciones realizas por la autoridad recurrida, asimismo aportar los medios probatorios que sostienen su planteamiento, observando dicho órgano que la legitimación para ser victima en un proceso penal es una clausula cerrada, por lo que no se observa que los amparistas ni el COPINH tengan los elementos específicos para ajustarse su postura dentro de los requisitos procesales detallados en la norma procesal penal. Por lo que fallan denegando el amparo interpuesto..."..."el derecho de petición constitucional en Honduras reconoce la legitimación individual y colectiva para intereses particulares y generales, por lo que la discusión de lo peticionado debe observarse acorde a ese ejercicio constitucional legitimo. El órgano jurisdiccional resuelve acorde a los elementos probatorios que son aportados por cada peticionario; al Tribunal de sentencia no se le aportan razones que acrediten formalmente la inscripción ante el ente competente estatal de que ese carácter de fundadora del COPINH, miembro activo y parte de la junta directiva de dicha organización..."..."este órgano de justicia constitucional, va a partir prima facie, organizaciones como el COPINH si van a poder ejercitar una postulación procesal, cuando se logre acreditar ante la instancia ordinaria la titularidad de la relación jurídica..."..."esta Sala de lo Constitucional debe de resolver directamente si se cumplen los criterios convencionales para estimar a las personas recurrentes y al COPINH[1] como victimas procesales, partiendo de los mismo elementos normativos convencionales que se han señalado en el recurso de amparo, especificamente la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder,[2] partiendo de su primer artículo, que define a quienes se les da el carácter de victima, se hace mención de personas, entiendo este Sala de lo Constitucional que la referencia comprende unicamente a las personas naturales y no juridicas; con respecto a los otros amparistas, todos miembros del COPINH, la amparista no hace un desarrollo de los daños a sus derechos fundamentales, que les legitimen para formar parte del proceso judicial, limitandose a desarrollar unicamente como la no inclusión en el proceso le genera una supuesta afectación de derechos, pero no como se legitima esa participación activa en el proceso..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con la apreciación del Tribunal de Sentencia ni de la Corte de Apelaciones en que los hoy amparistas no puedan legitimar una actuación judicial en su búsqueda de la justicia, verdad y reparaciones por la muerte de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores, en este proceso penal o en otros de índole diferente en el cumplimiento del derecho a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, ejercicio de derechos políticos, a las garantías judiciales y a la protección judicial; sino que la presentación de la petición in examine no se ajusta a las reglas procesales que establece tanto el derecho internacional como el Código Procesal Penal de la República. Asimismo se reconoce que a partir de los criterios de Naciones Unidas el carácter de victima no se limita a los familiares o sociedades mercantiles, sino que puede ser ostentado cuando corresponda por organizaciones civiles, sindicatos, personas fuera del cuarto grado de consanguineidad o segunda de afinidad, que puedan acreditar una afectación a sus derechos fundamentales, para que puedan peticionar activamente la protección judicial del Estado..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, no es vulneratorio del derecho constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede confirma la sentencia de amparo venida en consulta obligatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho.- Visto: En consulta la sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que denegó el amparo promovido por la abogada Heidy Waleska Barahona Alachán a favor de los ciudadanos Lilian Esperanza López Benítez, Sotero Chavarría Fúnez, José Gaspar Sánchez Acosta, Francisco Gámez Gámez, Pascuala Vásquez y Francisco Javier Sánchez, como miembros de la junta directiva del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, que denegó la solicitud formulada por el COPINH para constituirse como acusadores privados en su condición de presuntas victimas, en la causa instruida contra varias personas, por suponerlas responsables del delito de asesinato en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores y por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio de un testigo protegido. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados el derecho reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- Antecedentes.- 1) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, la abogada Heidy Waleska Barahona Alachán actuando en su condición de representante procesal del COPINH, interpuso recurso de amparo a favor de las personas antes citadas y de la mencionada organización civil, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, que resolvió el personamiento presentado por la abogada Heidy Waleska Barahona Alachán en su condición antes indicada, argumentando su decisión en el principio de legalidad con relación a la justicia que tiene toda persona, ya sean públicas o privadas, así como establecen las leyes penales y el Código Procesal Penal, que la solicitud formulada debe substanciarse desde el punto de vista de afectación de un delito, del bien jurídico protegido, en ese sentido al tratarse de un delito de asesinato y que afecta el bien jurídico que es la vida, estrictamente en el que el sujeto pasivo solo puede ser una persona natural, no una persona jurídica, cada delito es regulado por el Código Procesal Penal y permite determinar quiénes son las víctimas, siendo así que victima es la persona directamente afectada y, ya se establece quien es el indirectamente ofendido por el delito, el Tribunal recurrido fue del criterio que las personas jurídicas no pueden representarse, sino que entiende, que tiene que hacer una representación a través de terceras personas, es así que esta representación en causa penal, deriva necesariamente, a aquellas circunstancias que sean mercantil o civil, se le vea vulnerado un derecho o bien jurídico protegido, que debe ser y entenderse como parte del patrimonio que se ve afectado a la persona jurídica, no así lo que se está substanciando es el bien jurídico protegido de la vida; concluyendo el Tribunal no tenerlos como parte procesal en el proceso. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran la garantía constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Ver folios No 113 al 123 de los antecedentes).- 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual falló: Denegar el Amparo impetrado por la Abogada Heidy Waleska Barahona Alachán, en su preanotado carácter. (Ver folios No 162 al 165 de los antecedentes)- 3) El trece de noviembre de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta el expediente que contiene el recurso de amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Fundamentos de Derecho.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, con relación al artículo 303 de la Constitución; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tienen derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional una resolución realizada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal en fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, donde dicho órgano jurisdiccional declaró sin lugar el reconocimiento de personas miembros del COPINH como acusadores privados en el proceso penal, que se sigue por el delito contra la vida en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, en la interposición manifiestan que la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores fue parte del grupo de personas que fundó el COPINH en mil novecientos noventa y tres, teniendo personalidad jurídica desde el siete de agosto de dos mil dos, a través de resolución No 369-2002 de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; para el ejercicio de derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, quien se menciona que desde el 2010 era la coordinadora general de dicha organización social.- CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que se denuncian como vulnerados consisten en la violación al debido proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución, relacionado con el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; con respecto a su derecho a ser oídos con las debidas garantías, la que desde su apreciación, las personas señaladas y el mismo COPINH poseen la condición de victimas, partiendo de lo señalado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco; se reconoce que las victimas poseen el derecho de constituirse como acusadores privados en el proceso penal. Alude la amparista que los órganos jurisdiccionales no valoraron las afectaciones morales, espirituales e institucionales causales a las personas que forman parte del COPINH y al mismo pueblo Lenca producto de la muerte de Bertha Isabel Cáceres Flores, limitándose el ejercicio de sus derechos bajo criterios economicista y negando el tipo de afectación sufrida por los hoy amparistas.- CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (7): Que en el proceso legal del Amparo, la Corte de Apelaciones solicito al Ministerio Público que emitiera su dictamen en la presente acción de amparo, hoy en consulta obligatorio, quien manifestó que de la lecturas del artículo 96 del Código Procesal Penal de los derechos de la victimas a intervenir en el proceso incoado por el ente fiscal, junto al artículo 17 del mismo cuerpo normativo, no observa una legitimación para las personas que forman parte del COPINH, puesto que dicha normativa se aplica a los socios de una sociedad mercantil o civil cuando se les haya perjudicado en su patrimonio económico y no otros bienes jurídicos protegidos como la vida; por lo que en el caso solo pueden ser consideradas victimas los familiares de la personas a quien se le ha dado muerte; por lo que concluyen que no se debe de otorgar la garantía de amparo.- CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones en el ejercicio de la justicia constitucional dictó sentencia en la presente acción de amparo en fecha veinticuatro de octubre del presente año, hoy en consulta; donde estableció que es el quejoso en un primer termino quien debe desarrollar las violaciones realizas por la autoridad recurrida, asimismo aportar los medios probatorios que sostienen su planteamiento, observando dicho órgano que la legitimación para ser victima en un proceso penal es una clausula cerrada, por lo que no se observa que los amparistas ni el COPINH tengan los elementos específicos para ajustarse su postura dentro de los requisitos procesales detallados en la norma procesal penal. Por lo que fallan denegando el amparo interpuesto por la abogada Barahona Alachan.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la interpretación de la leyes de la República se debe de realizar acorde a los derechos, libertades y garantías que se reconocen en la Constitución de la República y en los instrumentos de derechos internacional de los derechos humanos de los que Honduras forme parte; el derecho de petición constitucional en Honduras reconoce la legitimación individual y colectiva para intereses particulares y generales, por lo que la discusión de lo peticionado debe observarse acorde a ese ejercicio constitucional legitimo. El órgano jurisdiccional resuelve acorde a los elementos probatorios que son aportados por cada peticionario; al Tribunal de sentencia no se le aportan razones que acrediten formalmente la inscripción ante el ente competente estatal de que ese carácter de fundadora del COPINH, miembro activo y parte de la junta directiva de dicha organización. Si bien es mínima la normativa objetiva que regule el funcionamiento y deberes ante el Estado por parte de las organizaciones civiles, por lo tanto no hay una limitación o ni tampoco un desarrollo legislativo de cómo las organizaciones civiles puedan poseer legitimación para no solo para representar a una persona natural o un interés general, sino poder actuar en juicio afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso; por lo que este órgano de justicia constitucional, va a partir prima facie, organizaciones como el COPINH si van a poder ejercitar una postulación procesal, cuando se logre acreditar ante la instancia ordinaria la titularidad de la relación jurídica.- CONSIDERANDO (10): Que por lo anterior esta Sala de lo Constitucional debe de resolver directamente si se cumplen los criterios convencionales para estimar a las personas recurrentes y al COPINH[1] como victimas procesales, partiendo de los mismo elementos normativos convencionales que se han señalado en el recurso de amparo, especificamente la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder,[2] partiendo de su primer artículo, que define a quienes se les da el carácter de victima, se hace mención de personas, entiendo este Sala de lo Constitucional que la referencia comprende unicamente a las personas naturales y no juridicas; con respecto a los otros amparistas, todos miembros del COPINH, la amparista no hace un desarrollo de los daños a sus derechos fundamentales, que les legitimen para formar parte del proceso judicial, limitandose a desarrollar unicamente como la no inclusión en el proceso le genera una supuesta afectación de derechos, pero no como se legitima esa participación activa en el proceso.- CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional no coincide con la apreciación del Tribunal de Sentencia ni de la Corte de Apelaciones en que los hoy amparistas no puedan legitimar una actuación judicial en su búsqueda de la justicia, verdad y reparaciones por la muerte de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores, en este proceso penal o en otros de índole diferente en el cumplimiento del derecho a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, ejercicio de derechos políticos, a las garantías judiciales y a la protección judicial; sino que la presentación de la petición in examine no se ajusta a las reglas procesales que establece tanto el derecho internacional como el Código Procesal Penal de la República. Asimismo se reconoce que a partir de los criterios de Naciones Unidas el carácter de victima no se limita a los familiares o sociedades mercantiles, sino que puede ser ostentado cuando corresponda por organizaciones civiles, sindicatos, personas fuera del cuarto grado de consanguineidad o segunda de afinidad, que puedan acreditar una afectación a sus derechos fundamentales, para que puedan peticionar activamente la protección judicial del Estado.- CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, no es vulneratorio del derecho constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede confirma la sentencia de amparo venida en consulta obligatoria.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, venida en Consulta Obligatoria a esta Sala de lo Constitucional. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 864-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, sobre la Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (interpretación y alcance de los artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, 62.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, así como el artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador), párr. 70.
[2] Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.