Sentencia AP-84-17 — Registro 8259
Resumen
Resolución que revoca sobreseimiento definitivo en relaciòn a causa instruida contra recurrente por suponerla responsable por el delito de Trata de personas,donde Juzgador le aplico la nueva ley relacionada a éste tipo penal y no la norma sustantiva vigente al momento de la comisión de los hechos,inobservando el Principio de retroactividad de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que esta Sala de lo Constitucional debido al lapsus calami del Tribunal de alzada en la calificación jurídica del hecho sometido a juicio, en la que aplica La Ley contra la trata de personas que sancionada dicho delito con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, en perjuicio de la aplicación de la Ley sustantiva vigente al momento de la ocurrencia de los hechos contenida en el artículo 149 del código penal, que sanciona dicha conducta con una pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de cien mil (L.100.000.00) a doscientos mil (200.000.00), Debe otorgar el amparo en cuanto a este motivo, salvaguardando el derecho de la imputada a un debido proceso y la tutela judicial efectiva. Debiendo el Ad-Quem dictar la resolución conforme la norma sustantiva que corresponde, en respeto al principio de prohibición de retroactividad de la Ley penal, la que solo es aplicable cuando favorece al reo, en el caso de autos no resulta ser así, por lo que deberá aplicarse la ley sustantiva vigente al momento de los hechos que hoy se enjuician
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 149 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"(18): Que esta Sala de lo Constitucional debido al lapsus calami del Tribunal de alzada en la calificación jurídica del hecho sometido a juicio, en la que aplica La Ley contra la trata de personas que sancionada dicho delito con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, en perjuicio de la aplicación de la Ley sustantiva vigente al momento de la ocurrencia de los hechos contenida en el artículo 149 del código penal, que sanciona dicha conducta con una pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de cien mil (L.100.000.00) a doscientos mil (200.000.00), Debe otorgar el amparo en cuanto a este motivo, salvaguardando el derecho de la imputada a un debido proceso y la tutela judicial efectiva. Debiendo el Ad-Quem dictar la resolución conforme la norma sustantiva que corresponde, en respeto al principio de prohibición de retroactividad de la Ley penal, la que solo es aplicable cuando favorece al reo, en el caso de autos no resulta ser así, por lo que deberá aplicarse la ley sustantiva vigente al momento de los hechos que hoy se enjuician. CONSIDERANDO (19): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 149 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN, a favor de la señora ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), que declara ha lugar y revoca el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha nueve (09) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la Causa instruida contra los señores ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, GERALD JAMES SHACKLFORD VAUGHN Y JOSE RAMON CHAVARRIA SAXE, por suponerlos responsables del delito de TRATA DE PERSONAS, en perjuicio del delito de Testigo Protegido.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 64, 90 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), la Abogada TANIA LIZBETH LOPEZ NIETO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra los señores GERAH JAMES SHACKLFORD, VAUGHN, JOSE RAMON CHAVARRIA SAXE Y ROSIBEL ESTRADA, por suponerlos responsables del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. (FOLIOS 1 AL 6 DE LA PIEZA DEL JUZGADO) 2) Que en fecha nueve (09) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor “RESUELVE :,1.- Sobreseimiento definitivo a favor de Rosibel Estrada Alvarado por suponerla responsable del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio del testigos protegidos T1,T2, T3 Y T4.- 2- Se declara el cese de la medida de arresto domiciliario impuesta en la Audiencia de Declaración de Imputado, debiéndose extender su respectiva carta de libertad en forma definitiva.- 3.- Se declara sin lugar la excepción por falta de acción planteada por defensa privada. (Folios 220 al 230 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en la cual RESUELVE: 1) Declarando HA LUGAR el recurso interpuesto por la Abogada YEIMY PALACIOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico. 2) REVOCANDO el Sobreseimiento Definitivo. 3) Que se dicte el Auto de Formal Procesamiento…” (Folios 290 al 295 de la Pieza de Corte de Apelaciones). 4) El recurrente Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de los señora ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en el artículos 64, 90 y 96 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual REVOCA el Sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha once (11) de mayo del mismo año, con relación a la causa instruida contra la señora ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, y los señores GERAL JAMES SHACKLFORD VAUGHN Y JOSÉ RAMON CHAVARRIA SAXE, por suponerlos responsables del delitos de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente al formalizar la acción de amparo, en el párrafo que corresponde a los Antecedentes, expone que el ente acusador presentó requerimiento fiscal contra los imputados y, en fecha 11 de mayo del 2016 dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de ROSIBEL ESTRADA ALVARADO, sustentando la decisión en que no existen pruebas que involucren a la acusada sino también en el hecho básico contenido en el artículo 34-A del Código Penal que dispone: “Que por las personas jurídicas en la comisión de delitos responde personalmente los representantes legales que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita, lo anterior en virtud de que la señora ESTRADA ALVARADO , si bien fue socia en dicha empresa, ésta desde el año 2007, ya no era socia de la empresa, siendo el representante de la misma el señor JOSE RAMON CHAVARRIA SAXE, en calidad de Presidente del Consejo de Administración. En virtud de lo cual el Ministerio Público no conforme interpuso el recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Territorial Nacional de reciente creación, señalando que la apelación fue otorgada, no por dicha Corte sino por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente manifiesta, que el Requerimiento Fiscal fue presentado con fecha 12 de noviembre del año 2015, sobre hechos constitutivos de delito ocurridos en el 2009, por lo que los efectos de la retroactividad de la ley en garantía de los derechos individuales contenidos en la Constitución de la República, Código Procesal Penal, Código Penal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la no existencia y vigencia de una ley de Trata de Personas, de la no reforma del Código Procesal Penal y Código Penal respecto de esta clase de delitos, no corresponde como consecuencia el conocimiento de la causa ni al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional ni a la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional, aun mas allá no podían ni debían negar la aplicación y concesión de medidas sustitutivas de la prisión por ese efecto señalado del principio constitucional de retroactividad de la ley penal y que como consecuencia tales medidas deben ser concedidas a cualquier imputado que se encuentre en el alcance y beneficio de esta garantía constitucional, hecho que quedó debidamente documentado y alegado en fecha 17 de febrero del año 2016, señala además que en la audiencias de imputado a su representada se le impuso la medida de arresto domiciliario esto en apego a la retroactividad de la ley, pero que a posteriori la Corte Penal de Francisco Morazán REVOCA e inobserva la disposición constitucional garantizados en su artículo 90 y 196. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante de conformidad con lo referido en los párrafos anteriores considera que se han vulnerado el artículo: 90 constitucional, que dispone que Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, Derechos y Garantías que la Ley establece, señala que en el caso de autos la RESOLUCIÓN dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, se encuentra al margen de la ley porque la Corte Competente para conocer el asunto es la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL, NACIONAL EN MATERIA PENAL, de acuerdo al artículo 3, 5, 6, y 8 del Decreto 246-2010, manifestando que a esa fecha no había disposición en contrario por lo que La Corte Penal de Francisco Morazán no tiene competencia como tal para conocer el asunto. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente considera que también se ha quebrantado el artículo 96 constitucional que dispone que “la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, porque los hechos imputados ocurrieron en el año 2009, y no es hasta el año 2012 en que fueron creados los juzgados Penales y Cortes Penales con Jurisdicción Nacional según el Decreto 246-2010, señalando que tanto la Corte recurrida como el Juzgado de Letras Penal con jurisdicción Nacional son incompetentes. Además, considera que se ha infringido el artículo 64 de la prohibición de aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la constitución de la República si los disminuyen restringen o tergiversan, señalando que en el caso de autos es evidente la incompetencia de la referida Corte la que aplica leyes posteriores a su existencia y que violenta la garantía del debido proceso. Señala que se ha vulnerado el artículo 34-A que dispone: “Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que haya hecho posible la acción u omisión ilícita. El artículo 209 del código de comercio que establece que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al administrador o al Consejo de Administración, que actuará por medio de su Presidente. Decreto 246-2010 publicado el día 15 de enero del 2011 en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Considera que se ha inobservado el artículo 8 numeral 2 letra H, y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. También considera violentados los artículos del Código procesal penal No. 141 de la motivación de las resoluciones judiciales, 338 Regla cuarta número tres de los requisitos de la sentencia. De la misma manera señala la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo de la Reglas de interpretación y Aplicación. CONSIDERANDO (8): Que de acuerdo al Acta de Audiencia Inicial de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis,(ver Folio 220 y siguientes de la primera pieza de autos), El Ministerio Público al momento de ratifica el requerimiento fiscal presentado contra la señora ROSIBEL ESTRADA ALVARADO a quien se supone responsable del delito de Trata de Personas Agravado en perjuicio de Testigos Protegidos: T1, T2, T3; y T4, hace el siguiente pronunciamiento: “en cuanto a la tipificación legal del delito en vista que cuando se presentó el Requerimiento Fiscal el Ministerio Público por un error involuntario lo fundamentó en la Ley de Trata de Personas que entró en vigencia en el año dos mil doce y las diligencias investigativas comenzaron en el año dos mil ocho y terminaron en el año dos mil nueve, si bien es cierto el Requerimiento fue presentado en el año dos mil quince, el Ministerio Público debió presentar el Requerimiento Fiscal fundamentándose en el artículo 149 de la norma penal, el cual igualmente establece el delito de Trata de Personas la única diferencia es que la pena en aquel tiempo era de 8 a 13 años de reclusión más la multa de ciento cincuenta mil a doscientos cincuenta mil salarios mínimos”.(las negritas son nuestras).tipificación legal utilizada a lo largo de la audiencia inicial constando en autos que la A quo al dictar su resolución la fundamentó entre otras disposiciones en el artículo 149 del código Penal, resolución que les fue notificada a las partes y de la que se deriva el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la acusado Rosibel Estrada. El recurso de Apelaciones fue conocido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis. Consta en el párrafo de la Motivación numeral 1) de dicha resolución, que el Ad quem realiza un examen de los medios de prueba evacuados por las partes, en el numeral 2) Expone: “El delito de TRATA DE PERSONAS se encuentra tipificado en el artículo 52 de las Ley contra la Trata de Personas, que señala: “incurre en el delito de Trata de Personas quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas dentro y fuera del territorio nacional para someterla a servidumbres. Esclavitud, o sus prácticas análogas trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico i8lícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de 18 años para la utilización en actividades criminales…”(las negritas son nuestras).Además hace referencia a instrumentos internacionales relacionados con la trata de personas y a los elementos que estructuran este delito a saber: a) la acción o se a la captación, transporte, traslado, recepción, b) Los medios: engaño, rapto, coerción, vulnerabilidad la limitación o privación de la libertad, que puede ser realizado mediante el despojo de documentación, encerrarlas o por medida de presión o violencia. c) el propósito o sea la explotación de loa persona con fines de lucro, que en el caso que nos ocupa y en la audiencia inicial se incorporó no solamente la declaración de los testigos protegidos T1, T2, T3, y T, quienes de formas precisa refieren como fueron captadas de forma engañosa para realizar un trabajo determinado, pero que posteriormente se le explota tanto sexual como comercial, pues refieren las víctimas que después no se les realizaban los pagos que le correspondía pero existía un beneficio patrimonial para las personas que las contrataban. Señalando en la parte conducente de dicha resolución, que el requerimiento fiscal individualiza de forma clara y precisa la participación de la imputadas Rosibel Estrada, como autor directo del hecho, pues del relato de las víctimas se desprende que si tenía una participación activa dentro de la acción ilícita , de manera tal que el hecho de no pertenecer como socia de la empresa J&E Enternainme, no la desvincula de los señalamiento realizados por las víctimas2 T2, que refirió la forma específica en que una licenciada era la que las recibía en el club, y como participó en la captación, en la misma declaración refiere también que les enseñaba las instalaciones del club en compañía de otra persona identificada por la testigo como René Muñoz, por lo que no le era ajeno a la imputada de cómo funcionaba el club y contrario a lo que el recurrente refiere sí existe una participación y existe evidencia mínima de participación de los hechos imputados en el requerimiento fiscal, de tal manera que con ello se establece el delito de Trata de Personas concurriendo todos los elementos de su tipificación y el elemento subjetivo como lo es el dolo, pues tenía el conocimiento cuando participa de forma activa recibiendo a las víctimas en el club, en consecuencia no existen dudas ni sospechas respecto a este extremo y que no se desvirtúa con la presentación de la documentación referida a que ya no formaba parte de La Empresa J&J Enternatremetn, pues contrario la víctima la identifica como tal. En consecuencia el Ad quem fue consideró la existencia de un delito y los indicios de participación de la acusada, así como que en dicha audiencia basta con una mínima actividad probatoria, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocando el sobreseimiento definitivo y ordenando el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (9): Que la ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal entró en vigencia el veintinueve de noviembre del dos mil diez. El Ministerio Público (VER ART. 6), El Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra los acusados, por hechos ocurridos en el año 2009, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil quince. CONSIDERANDO (10): Que los hechos que motivan la acción de amparo son los siguientes: 1) El Requerimiento fue presentado ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL. 2) EL JUZGADO CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha 11 de mayo dictó Sobreseimiento a favor de la señora ROSIBEL ESTRADA. 3) Resolución que fue recurrida por el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Territorial Nacional. 4) La apelación fue otorgada, pero no por la Corte antes señalada sino por la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán, (señala el recurrente que no le corresponde el conocimiento de dicho asunto a esta Corte de Apelaciones). CONSIDERANDO (11): Que el recurrente también señala como motivos para pedir amparo los siguientes: 1) La Retroactividad de la Ley Penal, exponiendo que los supuestos hechos constitutivos de delito datan del año 2009, (según el requerimiento fiscal del 12 de noviembre del año 2015), señalando que al momento de los hechos no existía la Ley de Trata de Personas por no haber reforma al código Procesal Penal y Código Penal, respecto a esta clase de delitos, por lo que el conocimiento de la causa no le corresponde ni al JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL ni a la CORTE DE APELACIONES PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL. Señalando que por efecto del principio de Retroactividad de la Ley Penal no debía negar la aplicación y concesión de medidas sustitutivas de la prisión lo que finalmente fue estimado aplicando la medida de ARRESTO DOMICILIARIO a la imputada, la que posteriormente FUE REVOCADA por la Corte Penal de Francisco Morazán lo que vulnera el artículo 90 y 196 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que Artículo 307 de la Constitución de la República dispone:” Sin menoscabo de la independencia de los jueces y magistrados, dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas, así como a la organización de los servicios auxiliares”. Por su parte el Artículo 313 constitucional, contentivo de las atribuciones del Poder Judicial en sus numerales 11) y 12) dispone: “11) Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales; y 12) Crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias…”. El Decreto Legislativo No 247-2010 de fecha 15 de enero del 2011, contentivo de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dispone que la Corte Suprema de Justicia creará y fijará la sede de los órganos jurisdiccionales con competencia territorial en matera penal, los cuales tendrán exclusivamente el conocimiento y resolución de las incidencias acontecidas en cada una de las etapas del proceso de conformidad a lo establecido en el código Procesal Penal de los delitos de:…, Trata de personas, Explotación Sexual Comercial…. Es así que el 25 de agosto del año 2011 la Corte Suprema de Justicia mediante Acuerdo No. 07, Acuerda la organización y Creación de un Juzgado de Letras que se denominará “Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional”, el que la ley identifica como Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en materia penal, cuya sede será la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. En cuanto al Tribunal de alzada se dispone la Corte de Apelaciones de lo Penal Con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central con competencia en la materia penal y niñez y adolescencia en los casos de infracción de la Ley Penal; con jurisdicción en todo el departamento de Francisco Morazán. Asimismo, es competente para conocer de asuntos relativos a privación de dominio de bienes de origen ilícito, delitos tributarios, contrabando, defraudación fiscal y crimen organizado, con jurisdicción a nivel nacional. Creada mediante Acuerdo No. 04-2011, de fecha 31 de marzo del 2011, Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,535 del 07 de junio de 2011.Consta en los antecedentes que el Requerimiento Fiscal fue presentado en el año 2015, por hechos sucedidos en el año 2009, ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL identificado como JUZGADO CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. Esta Sala en torno a la retro/irretroactividad de las normas procesales, considera que de acuerdo al principio tempus regit actum como manifestación del principio de seguridad jurídica, que establece que los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento en que deben producirse tales actos), el cual debe estar referido al momento del proceso y no al de la comisión del delito, de acuerdo a la doctrina y demás principios dogmáticos que rigen la solución del conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad, las leyes adjetivas o de procedimiento, no pueden producir efectos retroactivos, porque se expiden para regular los procedimientos que deben seguirse en los juicios; en ese orden de ideas que se haya creado los órganos jurisdiccionales nacionales con competencia territorial en materia penal, no ha vulnerado ningún derechos de la acusada, ya que es una de las atribuciones conferida por la Constitución de la República al Poder Judicial, al momento en que se presentó el requerimiento fiscal hacía varios años que se había creado el Juzgado con competencia territorial, por lo que el seguimiento del proceso penal, no se ha visto alterado de ninguna manera, ni ha causado violación alguna a los derechos de la justiciable, puesto que está siendo conocido por Juez natural creado por la ley específicamente para el conocimiento de los delitos por los que se le ha instruido proceso, sus actuaciones están sujetas a la Constitución y la Ley, aplicando al caso concreto la ley sustantiva que en derecho corresponda. CONSIDERANDO (13): Que el recurrente considera quebrantado el derecho al debido proceso porque los supuestos hechos constitutivos de delito datan del año 2009, (según el requerimiento fiscal del 12 de noviembre del año 2015), señalando que al momento de los hechos no existía la Ley de Trata de Personas por no haber reforma al código Procesal Penal y Código Penal, respecto a esta clase de delitos. De los antecedentes se aprecia que Ente Acusador durante la audiencia inicial expuso claramente el error cometido en la calificación del delito, (tal como lo hemos expresado antes), todo ello con el fin de subsanar el error, calificación jurídica considerada por el órgano jurisdiccional como fundamento de su resolución enmarcada en el artículo 149 del código Penal, la que fue notificada a las partes y de la que se deriva el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la acusado Rosibel Estrada. En ese orden de ideas siendo en el momento procesal oportuno el Ministerio Público dejó claramente establecido el fundamento legal de su pretensión que no es otro que el artículo 149 del Código Penal, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, tipificación legal previamente establecida en la ley conforme al principio de legalidad; es decir una conducta típica susceptible de ser sancionada en la ley que pretende aplicar el Ente acusador, lo que el Juez A-Quo consideró en su resolución como fundamento legal. CONSIDERANDO (14): Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, celebrada la audiencia en la que el imputado puede o no declarar, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. CONSIDERANDO (15): Que el Artículo 92 de la Carta Magna exige ciertos elementos de fondo y de forma para proveer auto de formal procesamiento, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa acrediten el haberse cometido un delito, así como la probable responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Por su parte el artículo 297 del Código Procesal Penal en relación al auto de prisión establece que “…, para decretarlo el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. De acuerdo al estudio de los antecedentes y el desarrollo de la audiencia inicial queda acreditada la comisión de una acción penada por la ley. En ese orden de ideas no puede inobservarse la existencia de la comisión de un delito y la probabilidad de que la hoy imputada haya participado en el mismo. El Ente Acusador de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Código Procesal Penal, en procura de la persecución de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad es el rector de la investigación criminal que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió, para ello se valdrá de cualquier medios de prueba obtenido lícitamente, aplicando lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, de la audiencia inicial que en su último párrafo dice: “En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable participación del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y las probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada”. Tal como acontece en el caso que nos ocupa el Ente Acusador aportó medios probatorios suficientes relacionados con la pretensión acusatoria. CONSIDERANDO (16): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución del Tribunal de alzada esta Sala comparte con la Parte Dispositiva de la Resolución impugnada, sin embargo en el acápite de la MOTIVACIÓN numeral dos (2) (F. 294 pieza de amparo) expone el delito de la Trata de Personas y su calificación jurídica enmarcándola en la Ley Contra la Trata de personas, lo que ciertamente es un error de interpretación de aplicación de la ley sustantiva en el tiempo; en virtud de que según el momento en que sucedieron los hechos por los que se juzga a la imputada, esta ley no existía, sino que dicho delito se encontraba tipificado en el artículo 149 del Código Penal vigente en aquel momento, que es la norma sustantiva aplicable al caso concreto, fundamento legal utilizado por el A quo en su resolución de acuerdo a la subsanación del error de calificación jurídica, por parte del Ente Acusador. En ese orden de ideas esta Sala aprecia el lapsus Calami del Tribunal de alzada en la calificación jurídica de los hechos sometidos a juicio. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional debido al lapsus calami del Tribunal de alzada en la calificación jurídica del hecho sometido a juicio, en la que aplica La Ley contra la trata de personas que sancionada dicho delito con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, en perjuicio de la aplicación de la Ley sustantiva vigente al momento de la ocurrencia de los hechos contenida en el artículo 149 del código penal, que sanciona dicha conducta con una pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de cien mil (L.100.000.00) a doscientos mil (200.000.00), Debe otorgar el amparo en cuanto a este motivo, salvaguardando el derecho de la imputada a un debido proceso y la tutela judicial efectiva. Debiendo el Ad-Quem dictar la resolución conforme la norma sustantiva que corresponde, en respeto al principio de prohibición de retroactividad de la Ley penal, la que solo es aplicable cuando favorece al reo, en el caso de autos no resulta ser así, por lo que deberá aplicarse la ley sustantiva vigente al momento de los hechos que hoy se enjuician. CONSIDERANDO (19): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 303, 304,313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 1o. y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 no.1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 58, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN a favor de ROSIBEL ESTRADA ALVARADO. Y MANDA: que la Corte de Apelaciones impugnada dicte la resolución conforme los parámetros previamente establecidos en este fallo. Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, a fin de cumplir con lo dispuesto en este fallo. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0084-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.
[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.