Sentencia AP-815-17 — Registro 8552
Resumen
Sentencia confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia causa contra Miembros de Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por suponerlos responsables de delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública y Fruade contra Miembros de Comisión Ejecutora del Proyecto "Muro Frontal y Módulos I II III IV en perjuicio de dicha Administración y causa contra Gerente de Rentas y Servicios Técnicos "RENSETEC S de R L por suponerlo responsable de otros fraudes en perjuicio del IHSS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada procedió a confirmar el sobreseimiento provisional del A-quo toda vez que indica que después de revisar la decisión apelada logró verificar que tanto la prueba de cargo y la descargo fueron valoradas, señalando el Ad-quem que dicha resolución es coherente y motivada, razón por la que declaró sin lugar las solicitudes de sobreseimiento definitivo y auto de formal procesamiento de las partes, indicándole al Ministerio Público que tiene la posibilidad en el futuro de incorporar nuevos elementos de prueba que logren acreditar la participación en la comisión del delito, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada..."..."éste alto Tribunal aprecia que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., seis de marzo del año dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete, que confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida en contra de SAMUEL BENJAMIN BOGRÁN FUENTES, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, JOSÉ ANIBAL FUNEZ SUAZO, ALBA IDALIA MALDONADO VALLE, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ, AMILCAR BULNES HERNANDEZ, VILMA ONDINA MONTOYA ALMENDAREZ, EDUARDO JESUS CASTAÑEDA CALERO, CARLOS AMILCAR GODOY, CARLOS RIVERA WILLIAN, EFRAIN BU FIGUEROA y JORGE MORALES, todos miembros de la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; y misma causa instruida por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE contra de los señores MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, NOEL ALVARES, ALLISON LAGOS e ISIS CORTÉS, miembros de la COMISIÓN EJECUTORA DEL PROYECTO “MURO FRONTAL Y MÓDULOS I, II, III, IV”, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; asimismo causa instruida contra el señor RICARDO ENRIQUE GONZALES MEJÍA, en su condición de Gerente de la sociedad mercantil denominada RENTAS Y SERVICIOS TÉCNICOS “RENSETEC S. DE R.L.”, por suponerlo responsable de la comisión de varios delitos de OTROS FRAUDES en perjuicio del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que la impetrante estima que el Ad-quem para emitir su resolución no apreció la prueba con la que al criterio de la repitente se logró acreditar en la audiencia inicial la participación y comisión del delito por el que se interpuso el requerimiento al imputado BENJAMIN BOGRÁN FUNES, estimando por ésta razón la reclamante que se ha omitido valorar adecuadamente por la Alzada, la prueba de cargo que fue ofertada en la audiencia ya relacionada. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición la recurrente señala que con el acto reclamado se vulneran los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada procedió a confirmar el sobreseimiento provisional del A-quo toda vez que indica que después de revisar la decisión apelada logró verificar que tanto la prueba de cargo y la descargo fueron valoradas, señalando el Ad-quem que dicha resolución es coherente y motivada, razón por la que declaró sin lugar las solicitudes de sobreseimiento definitivo y auto de formal procesamiento de las partes, indicándole al Ministerio Público que tiene la posibilidad en el futuro de incorporar nuevos elementos de prueba que logren acreditar la participación en la comisión del delito, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada. CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal aprecia que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la resolución de fecha seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el Numero 0815=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL