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Sentencia AP-811-17 — Registro 10159

Resumen

Resolución recurrida que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente y con lugar recurso de apelación dictado por defensa de imputadas, revocando auto de formal procesamiento decretado y ordenando sobreseimiento provisional a favor de imputadas en la causa que se les sigue por suponerlas responsables del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos , que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala , que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el fallo que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (14): Que la Alzada estimó la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado en contra de la imputada SANDRA GRICELDA PEREZ MARADIAGA dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación legal del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, haciendo acopio, como ya se dijo, de los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. La Alzada explicó con meridiana claridad que la decisión de la revocatoria del auto de formal procesamiento y en su lugar dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL se fundó en el hecho de que en el expediente objeto del presente estudio “no se encuentra ningún documento o acta en el que se describa la recolección de la supuesta droga encontrada, aspecto de mucha importancia para establecer los requisitos supra indicados y que la ley ya contempla para el decreto de formal auto de procesamiento; formalidades que de igual forma contempla nuestra Constitución de la Republica, en su artículo 90…sin embargo como se expone en la presente causa dicho proceder no consta en la causa objeto del presente estudio, y si bien el ente acusador en audiencia inicial propuso además la declaración de varios testigos (policías), que manifiestan la forma como ocurrieron los hechos, ante la ausencia del acta de registro supra indicada, dichas declaraciones pueden ser consideradas únicamente como evidencias que conduzcan a la sospecha de que la partes imputadas participaron en la comisión de un delito, razones por las cuales con fundamento en lo que dispone el artículo 295 del código procesal penal, es procedente decretar un sobreseimiento provisional a favor de la señora Sandra Gricelda Pérez Maradiaga y mantener vigente el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada Jelva Josefa Osorio Betancourt..” CONSIDERANDO (15): Que no obstante que el recurrente ha señalado que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error en la motivación al obviar la evacuación del acta de recolección de indicios y el resto del universo de fuentes de prueba allegadas al proceso, tal aseveración contrasta con el examen de las consideraciones del fallo en disputa. Esta Sala advierte que el Ministerio Público, en su calidad de recurrente se ha limitado a hacer una exposición retórica de los elementos que configuran los derechos fundamentales que estima violentados, reiterando a lo largo de su exposición que la acciones de las encartadas se enmarcan dentro de los tipos penales en los que se basa la imputación, cuestionando abiertamente la decisión del Ad-Quem, pero sin presentar argumentaciones jurídicas consistentes que demuestren a esta Sala que la conclusión arribada por el Tribunal de Apelación se funda en arbitrariedad, abuso, iniquidad o error. CONSIDERANDO (16): Que del examen de los antecedentes esta Sala aprecia que la Alzada, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en el proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANA ROSALIA RODRIGUEZ, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa instruida contra las señoras JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, por suponerlas responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90, 92 Y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S: 1)Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada ANA ROSALIA RODRIGUEZ O, en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, presentando Requerimiento Fiscal contra KEVIN DIONAMY BETANCO RUZ, por suponerlo responsable del delito de CONSUMO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y contra JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, a quienes se les supone responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 04 de La pieza del Juzgado). 2) Que en Audiencia Inicial de fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado antes indicado, dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: 1) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de la imputada SANDRA GRICELDA PEREZ MARADIAGA, de generales ya conocidas por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, Asimismo DECRÉTESE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, por el termino de DOS AÑOS, a cumplirla en el Centro Penal de esta ciudad en virtud de que para esta figura delictiva se les prohíbe decretar medidas sustitutivas, sin perjuicio del que el respectivo auto de prisión pueda ser modificado o revocado ya que el mismo es meramente provisional, tomando en cuenta que no tenemos la prueba documental del dictamen toxicológico hasta que este momento y tomando en cuenta que en el presente proceso se encuentra en una etapa preparatoria o de investigación debiéndose acreditar el mismo en las audiencias posteriores, por lo que esta Juzgadora estima procedente la medida antes impuesta por ser idónea y proporcional a los presentes hechos líbrese atento oficio al Director del Centro Penal, para su notificación así como al Juzgado de Ejecución para la vigilancia de dicha medida ; en cuanto al ciudadano KEVIN DIONAMY BETANCO CRUZ, se le DECRETA DECLARATORIA DE REO, de conformidad al artículo 295 párrafo tercero en virtud del grado de participación al ser sorprendido en manera en fragancia con la supuesta droga cocaína y según el grado de decomiso de la misma que sería acto para el consumo, sin perjuicio del dictamen que se presente en su momento; en cuanto a la imputada JELBA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH, de acuerdo a los elementos evacuados no se dan los fundamentos para decretarle un auto de formal procesamiento por ahora en virtud que a ella no se le encontró ningún indicio y que según lo relatado por la testigo de descargo dijo que ella vive en otro Municipio de Concepción de María y que solo andaba paseando y que allí solo vive su hija una sobrina de nombre NANCY con su hijos menores, en cuanto a la situación jurídica de esta imputada JELBA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH, a criterio de esta juzgadora se le debe DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por el delito TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, de conformidad al Artículo 295 del Código Procesal Penal, exhortando al MP para que pueda recabar nuevos elementos de prueba dentro el término de cinco años que den base para decretar el respectivo auto de formal procesamiento…” (Folios 36 al 45 de los antecedentes). 3) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, Abogada ANA ROSALIA RODRIGUEZ, contra la resolución proferida en Audiencia Inicial en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra las señoras JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución por suponerlas responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado ORBIN RAUL GARCIA AVILA, en su condición de Defensor Privado de la encausada Sandra Griselda Pérez Maradiaga, contra la resolución proferida en Audiencia Inicial proferida en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Choluteca en la causa penal instruida contra la señora JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, por suponerla responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, TERCERO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA en cuanto a la imputada SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, en el sentido de decretar un sobreseimiento provisional a favor de la imputada Sandra Griselda Pérez Maradiaga mantener vigente el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de la imputada JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH, a efecto que el ente acusador en un lapsus de cinco (5) años pueda aportar nuevos elementos de prueba a fin de acreditar los requisito exigidos por nuestra ley adjetiva penal, para el decreto de formal auto de procesamiento contrario sensu y transcurrido el termino señalado se decreta el correspondiente Sobreseimiento Definitivo.-Procesamiento. (Folios 562 al 601 de los antecedentes). 4) El recurrente abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diez (10) de agosto del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 92 Y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 27 del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle. CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, mediante la cual FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, Abogada ANA ROSALIA RODRIGUEZ, contra la resolución proferida en Audiencia Inicial en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra las señoras JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución por suponerlas responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado ORBIN RAUL GARCIA AVILA, en su condición de Defensor Privado de la encausada Sandra Griselda Pérez Maradiaga, contra la resolución proferida en Audiencia Inicial proferida en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Choluteca en la causa penal instruida contra la señora JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, por suponerla responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, TERCERO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA en cuanto a la imputada SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, en el sentido de decretar un sobreseimiento provisional a favor de la imputada Sandra Griselda Pérez Maradiaga mantener vigente el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de la imputada JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH, a efecto que el ente acusador en un lapsus de cinco (5) años pueda aportar nuevos elementos de prueba a fin de acreditar los requisito exigidos por nuestra ley adjetiva penal, para el decreto de formal auto de procesamiento contrario sensu y transcurrido el termino señalado se decreta el correspondiente Sobreseimiento Definitivo. CONSIDERANDO (6): Que en la formalización de su recurso, el Ministerio Público sostuvo que la resolución del Tribunal de Alzada transgrede, la garantía del debido proceso y el principio de legalidad. La Fiscalía señala que en la resolución impugnada se aprecia que el Tribunal de Alzada violenta el Debido Proceso en virtud de que utiliza como argumento para decretar el Sobreseimiento Provisional, a favor de la acusada Sandra Griselda Pérez Maradiaga, que no se ha acreditado el hallazgo de la droga, sin embargo, señala el recurrente, mediante el acta respectiva se describe la recolección de la supuesta droga, dicha apreciación, al ser confrontada con el acta de Inspección y recolección de indicios, debidamente propuesta, admitida y evacuada por la jurisdicción, indiscutiblemente confirma el error de la alzada, error que conforma un irrespeto al proceso, en tanto que, mediante la falta de una correcta motivación, dicta un sobreseimiento provisional a pesar de concurrir las condiciones para el dictado de un auto de formal procesamiento, despreciando así el contenido del artículo 92 constitucional y lo preceptuado en el artículo 294 último párrafo del código procesal penal. Señalando además el recurrente que la prueba evacuada en la Audiencia Inicial evidencia probabilidad de la realización del hecho y participación de las ambas procesadas, dando forma así a las condiciones para dictar el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público a su vez manifestó en su escrito de formalización que la resolución impugnada, vulnera el principio de legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al juez la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho, por lo que las resoluciones no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razón del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador. CONSIDERANDO (8): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[3], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el fallo que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (14): Que la Alzada estimó la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado en contra de la imputada SANDRA GRICELDA PEREZ MARADIAGA dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación legal del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, haciendo acopio, como ya se dijo, de los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. La Alzada explicó con meridiana claridad que la decisión de la revocatoria del auto de formal procesamiento y en su lugar dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL se fundó en el hecho de que en el expediente objeto del presente estudio “no se encuentra ningún documento o acta en el que se describa la recolección de la supuesta droga encontrada, aspecto de mucha importancia para establecer los requisitos supra indicados y que la ley ya contempla para el decreto de formal auto de procesamiento; formalidades que de igual forma contempla nuestra Constitución de la Republica, en su artículo 90…sin embargo como se expone en la presente causa dicho proceder no consta en la causa objeto del presente estudio, y si bien el ente acusador en audiencia inicial propuso además la declaración de varios testigos (policías), que manifiestan la forma como ocurrieron los hechos, ante la ausencia del acta de registro supra indicada, dichas declaraciones pueden ser consideradas únicamente como evidencias que conduzcan a la sospecha de que la partes imputadas participaron en la comisión de un delito, razones por las cuales con fundamento en lo que dispone el artículo 295 del código procesal penal, es procedente decretar un sobreseimiento provisional a favor de la señora Sandra Gricelda Pérez Maradiaga y mantener vigente el sobreseimiento provisional dictado a favor de la imputada Jelva Josefa Osorio Betancourt..” CONSIDERANDO (15): Que no obstante que el recurrente ha señalado que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error en la motivación al obviar la evacuación del acta de recolección de indicios y el resto del universo de fuentes de prueba allegadas al proceso, tal aseveración contrasta con el examen de las consideraciones del fallo en disputa. Esta Sala advierte que el Ministerio Público, en su calidad de recurrente se ha limitado a hacer una exposición retórica de los elementos que configuran los derechos fundamentales que estima violentados, reiterando a lo largo de su exposición que la acciones de las encartadas se enmarcan dentro de los tipos penales en los que se basa la imputación, cuestionando abiertamente la decisión del Ad-Quem, pero sin presentar argumentaciones jurídicas consistentes que demuestren a esta Sala que la conclusión arribada por el Tribunal de Apelación se funda en arbitrariedad, abuso, iniquidad o error. CONSIDERANDO (16): Que del examen de los antecedentes esta Sala aprecia que la Alzada, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en el proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANA ROSALIA RODRIGUEZ, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa instruida contra las señoras JELVA JOSEFA OSORIO BETANCOURTH y SANDRA GRISELDA PEREZ MARADIAGA, por suponerlas responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0811-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[2] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[3] Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14