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Sentencia AP-798-17 — Registro 9962

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado con relación al delito de Apropiación Indebida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... ´´CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO a favor de la señora MARIA SALOME MEDINA ACUÑA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete; con relación a la causa instruida contra la señora MARIA SALOME MEDINA ACUÑA por suponerla responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de los señores JOSE MARIO BELLINO ZÚNIGA, LUIS DANIEL BELLINO ZÚNIGA, JUAN CARLOS BELLINO ZÚNIGA y JOSÉ DANIEL BELLINO CORRALES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, que confirma el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo contra su representada, es violatoria de los derechos establecidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que en la audiencia inicial únicamente se requiere la aportación de elementos mínimos de probanza para acreditar por un lado la comisión del delito que se investiga, y por otro lado el indicio racional de participación del imputado en el mismo, y que con las pruebas aportadas al proceso se cumplieron con los dos requisitos exigidos por nuestra norma procesal penal para decretar el auto de formal procesamiento, no habiéndose logrado desvirtuar la participación de la imputada María Salomé Medina Acuña en el ilícito que se le acusa. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar la evidencia mínima probatoria de tales indicios, así como la concurrencia de todos los elementos del tipo penal por el que se le inició proceso a la ya referida imputada, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de petición y de defensa, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y el tipo penal en que ha podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que la encausada es culpable de la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO a favor de la señora MARIA SALOME MEDINA ACUÑA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-798-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JP