Sentencia AP-792-18 — Registro 8924
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución de Sala Primera del Tribunal de Sentencia que permitió conformar dos equipos de defensa de las víctimas en causa contra recurrente por suponerlo responsable por delito contra la vida de víctima y testigo protegido, por considerar que no existe restricción en materia penal para que pueda constituirse cada uno con su representante procesal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Corte de Apelaciones en el ejercicio de la justicia constitucional dictó sentencia en la presente acción de amparo en fecha dieciocho de octubre del presente año, hoy en consulta; donde estableció que partiendo del deber de velar por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso, que realizan los jueces y magistrados, siendo que el Código Procesal Penal reconoce derechos a las víctimas para ser representadas en el proceso, de manera que cada uno es considerado individualmente como víctima, pese a que puedan tener una interés común, no obsta para que cada uno tenga derecho a ser representado como tal dentro del proceso, no existiendo restricción en la norma procesal penal, como si la hay en la civil, para que pueda constituirse cada uno con su representante procesal. La Corte de Apelaciones manifestó que el argumento de volver más “larga” la audiencia, por tener más posibilidad recursivas y argumentativas de parte de las víctimas, no es inconstitucional, ni una afectación a la igualdad de las partes, puesto que si tuviera un defensor en común tendría el mismo derecho a ejercer su tesis acusatoria; por lo que falla denegando la acción de amparo interpuesta a favor del señor Sergio Ramón Rodríguez Orellana contra la resolución del veintisiete de julio de dos mil dieciocho..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que el criterio de la Corte de Apelaciones es acertado, puesto que el ejercicio de los derechos de las víctimas a plantear sus argumentos al tribunal de sentencia, tiene la misma protección constitucional y convencional que la ejercida por las defensas técnicas de los imputados, pudiéndose tener distintos posicionamientos sobre un hecho entre las mismas representaciones, como en las mismas defensas, la que se plantea ante los jueces de sentencia acorde a sus interpretaciones y motivaciones técnicas, lo que no se puede tomar como un retraso ilegitimo en el proceso, sino el simple ejercicio de sus derechos. Con respecto a la supletoriedad de la norma procesal civil, también se coincide con la posición de la autoridad recurrida, partiendo de que dicho precepto (artículo 87 del Código Procesal Civil) tendrá aplicación cuando la norma especial (Código Procesal Penal) no contenga una disposición específica sobre un asunto, por lo que deba recurrirse a la norma general en materia procesal...."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, no es vulneratorio del derecho constitucional contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta obligatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto: En consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, que denegó el recurso de amparo interpuesto por los abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato, a favor del imputado Sergio Ramón Rodríguez Orellana, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el imputado Sergio Ramón Rodríguez Orellana, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, en perjuicio de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores y por asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del testigo protegido ABC-03-03-2016. Estimando los recurrentes que el acto reclamado es violatorio del artículo 60 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Antecedentes 1) En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, los abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato, actuando a favor del imputado Sergio Ramón Rodríguez Orellana, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, recurso de amparo contra la resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal De Sentencia con Jurisdicción Nacional; por considerar que atenta el artículo 60 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Ver folios No 1 al 9 de la pieza de antecedentes). 2) El dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones falló: (SIC) “DENEGADO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y la Abogada CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA a favor de SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA contra la resolución de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciocho, en lo referente a lo alegado por la Defensa (únicamente) dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en el proceso que se le sigue contra el señor SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO y ASESINATO en su grado de ejecución de TENTATIVA, en perjuicio de BERTHA CACERES y TESTIGO PROTEGIDO ABC 03-03-2016., por las razones que se dejan señaladas.-”. (Ver folios No 56 al 58 de la pieza de antecedentes). 3) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para consulta obligatoria, el expediente que contiene el recurso de amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Fundamentos de Derecho CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, con relación al artículo 303 de la Constitución; así como en los artículos 3, 5, 7, 8 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tienen derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional una resolución realizada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal, donde dicho órgano jurisdiccional denegó la oposición presentada por los hoy amparistas, contra la determinación de permitir que se conformaran dos equipos de defensa para defender los intereses de los familiares de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores, conformado un equipo por los abogados Víctor Fernández Guzmán y Ronis Rodil Vásquez, como representantes procesales de Berta Isabel Zúniga Cáceres, Laura Yolanda Zúniga Cáceres, Olivia Marcela Zúniga Cáceres y María Austra Bertha Flores López; mientras que el otro equipo se conformó por Omar Menjivar Rosales y Melvin Ariel Madrid, en representación de Salvador Edgardo Zúniga Cáceres. CONSIDERANDO (4): Que los recurrente en la interposición manifiestan que ambos equipos de defensa han actuado en distintas instancias de forma conjunta representando los intereses de los familiares de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores; presentando el abogado Omar Menjivar Rosales el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho un personamiento para representar de manera conjunta con el abogado Melvin Ariel Madrid Rivas, al ciudadano Salvador Edgardo Zúniga Cáceres, pretendiendo de esa forma conformar un segundo equipo de defensa de parte de las víctimas en el caso en mención; lo que a criterio de la parte actora del amparo es un fraude procesal para obtener mayores posibilidades recursivas y de alegaciones en el proceso que se sigue, situación anómala puesto que ambas defensas buscan el mismo interés procesal, representar a la señora Bertha Isabel Cáceres Flores. Situación que la califican como un privilegio procesal, que fue otorgado y confirmado por el Tribunal de Sentencia cuando lo impugnaron las defensas técnicas de los imputados por el delito contra la vida. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que se denuncian como vulnerados consisten en la violación al derecho de igualdad procesal, reconocido en el artículo 60 de la Constitución de la República, así como normas convencionales, tales como el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de garantías procesales, que hace mención a la plena igualdad de las partes procesales en poseer el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, entre otros aspectos; también hace mención el recurso de que la vulneración al artículo 13 del Código Procesal Penal, sobre la igualdad entre los intervinientes en el proceso. Presupone el discurso argumentativo de la defensa que subdividir el equipo de defensa que venía conformando la representación de los familiares de la ciudadana Bertha Isabel Cáceres Flores, es un privilegio para tener dos proposiciones de pruebas diferentes con la maximización de los elementos de pruebas que propongan, dos intervenciones diferentes, dos posibilidades de alegaciones y de pruebas diferentes, dos facultades de impugnación diferentes y la posibilidad de plantear diferentes tipos de defensas. También apunta esa representación de que el artículo 17 no hace mención de que las personas que puedan ser consideradas víctimas puedan hacerlo de forma separada, presuponiendo que están “arropados bajo el mismo interés”. CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que en el proceso legal del Amparo, la Corte de Apelaciones solicito al Ministerio Público que emitiera su dictamen en la presente acción de amparo, hoy en consulta obligatoria, con fundamentos al artículo 96 del Código Procesal Penal en conjunto con el artículo 17 de la misma norma, determina el ente fiscal que la posibilidad de que las victimas tengan sus defensas procesales para constituirse en acusador privado o querellante está sustentada en la norma procesal penal; por lo que a criterio de ese ente no aplica la supletoria de las reglas detalladas en el Código Procesal Civil, por lo que concluye que no se debe de otorgar el amparo solicitado. CONSIDERANDO (8): Que la Corte de Apelaciones en el ejercicio de la justicia constitucional dictó sentencia en la presente acción de amparo en fecha dieciocho de octubre del presente año, hoy en consulta; donde estableció que partiendo del deber de velar por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso, que realizan los jueces y magistrados, siendo que el Código Procesal Penal reconoce derechos a las víctimas para ser representadas en el proceso, de manera que cada uno es considerado individualmente como víctima, pese a que puedan tener una interés común, no obsta para que cada uno tenga derecho a ser representado como tal dentro del proceso, no existiendo restricción en la norma procesal penal, como si la hay en la civil, para que pueda constituirse cada uno con su representante procesal. La Corte de Apelaciones manifestó que el argumento de volver más “larga” la audiencia, por tener más posibilidad recursivas y argumentativas de parte de las víctimas, no es inconstitucional, ni una afectación a la igualdad de las partes, puesto que si tuviera un defensor en común tendría el mismo derecho a ejercer su tesis acusatoria; por lo que falla denegando la acción de amparo interpuesta a favor del señor Sergio Ramón Rodríguez Orellana contra la resolución del veintisiete de julio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el criterio de la Corte de Apelaciones es acertado, puesto que el ejercicio de los derechos de las víctimas a plantear sus argumentos al tribunal de sentencia, tiene la misma protección constitucional y convencional que la ejercida por las defensas técnicas de los imputados, pudiéndose tener distintos posicionamientos sobre un hecho entre las mismas representaciones, como en las mismas defensas, la que se plantea ante los jueces de sentencia acorde a sus interpretaciones y motivaciones técnicas, lo que no se puede tomar como un retraso ilegitimo en el proceso, sino el simple ejercicio de sus derechos. Con respecto a la supletoriedad de la norma procesal civil, también se coincide con la posición de la autoridad recurrida, partiendo de que dicho precepto (artículo 87 del Código Procesal Civil) tendrá aplicación cuando la norma especial (Código Procesal Penal) no contenga una disposición específica sobre un asunto, por lo que deba recurrirse a la norma general en materia procesal. CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, no es vulneratorio del derecho constitucional contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta obligatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, venida en Consulta Obligatoria a esta Sala de lo Constitucional. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0792-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.