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Sentencia AP-777-17 — Registro 10071

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó el recurso de amparo, contra la resolución por el delito de apropiación indebida continuada. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUESADA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo declarar el abandono de la defensa por parte del recurrente en amparo; el que las resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de febrero del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUEZADA, a favor del señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, contra la resolución de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete(2017) dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V..- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dos (02) de julio del año dos mil quince (2015), la Abogada TELMA CRISTINA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando requerimiento fiscal contra el señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V.2) Que en la audiencia celebrada en fecha seis de febrero del año dos mil diecisiete, el citado Juzgado resolvió: “…TERCERO: Por lo tanto, al observar una inadecuada defensa en proclive del mismo imputado Junior III Carrasco Bardales, ya que sus Defensores Privados en conjunto, se han ausentado en reiteradas ocasiones de audiencias que han sido señaladas no solo por el debido proceso en cuanto a la prosecución de audiencias, si no que han sido señaladas en base a la defensa técnica a efecto de ofertar elementos probatorios alegados, es preciso que por la apática procesal legal en base a los cánones de la ética jurídica, se DECLARA EN ABANDONO A LOS ABOGADOS IVAN GUERRA PEREZ Y ÁNGEL GABRIEL ORTIZ QUEZADA, como defensores del imputado Junior III Carrasco Bardales, a quien se le sigue proceso por suponerlo responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como apropiación indebida continuada en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Distribuidora San Rafael, S.A. de C.V., conocida por sus siglas como DISAR. Y a efecto de no causar un estado de indefensión se ordena al Departamento de Receptoría proceda a notificar sin dilación alguna al señor Junior III Carrasco Bardales, de esta declaratoria de abandono de los que fueron sus defensores privados en este proceso, a efecto que dentro del término de TRES DIAS, posterior a la notificación proceda a nombrar a nueva defensa, o en el acto de la notificación manifieste si desea que este órgano jurisdiccional le nombre un Defensor Público de Oficio: debiendo el Receptor hacerles las dos advertencias, primero que no puede volver a nombrar en este proceso a los Abogados declarados en abandono, y segundo que si no nombra una defensa de su elección dentro del término de tres, de oficio se procederá a nombrar una defensa pública, a efecto de seguir tramitando el proceso. CUARTO: … la suscrita procede a SANCIONAR ABOGADOS IVAN GUERRA PÉREZ con numero de colegiación 11574 y ÁNGEL GABRIEL ORTIZ QUEZADA con numero de colegiación 04127, CON UNA MULTA DE DOS SALARIOS MINIMOS, CADA UNO…” (Folios 622 y 623 del Tomo II de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3)Que en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, el abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUESADA, presentó recurso de apelación contra la resolución de fecha seis de febrero del año dos mil diecisiete. Resolviendo el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante auto de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, lo siguiente (Sic) “Se Rechaza el escrito que antecede ya que el abogado compareciente Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ quien ejerció en defensa conjunta con el Abogado IVAN GUERRA, a favor del imputado Max Junior Carrasco a quien se le sigue proceso por el delito de Apropiación Indebida Continuada, en fecha seis de febrero del año dos mil diecisiete, según constancia visible a folio 622 al 623 frente y vuelto se les declaro en abandono de la defensa por ende en este proceso ya no son parte.” (Folios 629 al 634 del Tomo II de la pieza de antecedentes de primera instancia)4) Que en fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUESADA compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés presentando recurso de Amparo a favor del señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, manifestando el recurrente que la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete erróneamente les declara en abandono como defensores del imputado MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES y además les sanciona con una multa de dos salarios mínimos, considera el recurrente que se le ha violentado incuestionablemente el derecho a la defensa y el debido proceso, garantías constitucionales comprendidas en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 09 de la pieza de antecedentes de Amparo) 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUEZADA contra la resolución de fecha veinte de Febrero del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Penal Unificado de de esta sección judicial, en la causa instruida contra el señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, por suponerlo responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio de SOCIEDAD MERCANTIL SAN RAFAEL, S.A. DE C.V…” (Folios del 59 al 68fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUESADA, contra la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de san Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación al nombramiento de oficio de la defensa pública del imputado, ante la declaratoria de abandono de la defensa por parte de los Abogados IVAN GUERRA PEREZ y ANGEL GABRIEL ORTIZ, en la causa instruida contra el señor MAX JUNIOR III CARRASCO BARDALES, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL S.A. DE C.V. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, infringen los derechos de defensa y debido proceso consignados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por no haberse observado las formalidades procesales en la resolución que se recurre, relacionado con los artículos 321 y 323 párrafo primero también de la Constitución de la República. Arguye el impetrante en amparo que lo manifestado por la Juez al establecer que se abre la audiencia preliminar, haciendo constar la incomparecencia de los defensores privados es totalmente incongruente y ajeno a la verdad de los hechos, que incluso contradice el auto de que la misma emite en la misma fecha –F-621-, en el cual lo excusa de la audiencia, lo cual atenta contra el debido proceso; que el Ministerio Público por su parte, pese a que como se aprecia en el acta de audiencia –F-622- reconoce que se ha presentado excusa médica que justifica su inasistencia, solicita se declare el abandono de los abogados de la defensa, amparado en el artículo 118 del Código Procesal Penal, artículo que presupone que para que pueda declarar el abandono por parte del abogado defensor debe existir actos no justificados, sin embargo consta en autos las justificaciones debidas. CONSIDERANDO 3: Que el recurrente aduce asimismo, que se puede observar y cuestionar que el actuar de los receptores a lo largo del proceso no realizaron las notificaciones según lo exige la ley para dicha materia, faltas que la Juez imputa a los abogados, no obstante la notificación de la indebida audiencia preliminar si fue notificada en legal y debida forma como se aprecia en las constancias que corren agregadas a folios 624 y 625 y habiendo sido debidamente notificados de la irrazonable resolución judicial, erróneamente fundamentada y motivada, consta en autos que en fecha 10 de febrero de 2017 se interpuso en legal y debida forma recurso de apelación contra la resolución de fecha 6 de febrero de 2017, con la expresión de los evidentes agravios ocasionados, sin embargo el a-quo mediante otra desacertada resolución en auto de facha 20 de febrero de 2017, no sólo rechaza el recurso de apelación interpuesto sin la debida motivación ni fundamentación jurídica, ya que la misma motiva, sin argumentos jurídicos su resolución, que en fecha seis de febrero del año dos mil diecisiete se nos declaró en abandono de la defensa, por ende en el proceso ya no somos parte, además concluye su resolución bajo la formula “CUMPLASE” y no “NOTIFIQUESE”, lo que denota otro atropello jurídico, ya que procedía la interposición del recurso de hecho como lo señala el artículo 351 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO 4: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Denegar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ, contra la Resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que se ha advertido y dejado sentado con disposiciones legales que lo respaldan, que las actuaciones realizadas por la A-quo mediante su resolución de fecha 20 de febrero del 2017, por la cual deniega el recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de febrero del 2017, contra la resolución de fecha 6 de febrero de 2017, por la cual rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Defensor abogado Ángel Gabriel Ortiz, por haber sido declarado en abandono de la defensa y por ende ya no ser parte del mismo, es una decisión consecuente con lo relacionado a la largo de todo el proceso, ya que fue evidente las constantes delaciones provocadas por la defensa, turnándose uno y otro para incomparecer a las audiencias, aun cuando bien uno de ellos podía haber comparecido, por no lo hicieron, por lo tanto no se aprecia que erróneamente la juez haya declarado el abandono de la defensa, en tal razón no se considera que se ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, señalados por el amparista. CONSIDERANDO 5: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL GABRIEL ORTIZ QUESADA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 118[1] del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo declarar el abandono de la defensa por parte del recurrente en amparo; el que las resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha veintidós de septiembre del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .-LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0777=2017

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Abandono de la Defensa. Defensor Emergente. Si el Defensor del imputado abandona la defensa y éste no nombra otro Defensor, el Juez ordenará su inmediata sustitución por un Defensor Público o de oficio. El responsable del abandono no podrá intervenir de nuevo en el proceso.

En casos complejos o prolongados el órgano jurisdiccional podrá nombrar en la etapa preparatoria del debate, o antes, si lo considera necesario, un Defensor Público sustituto para que asista a todos los actos del proceso. Este último, sin embargo, sólo podrá intervenir si el defensor en propiedad abandona el proceso.

El Profesional del derecho que abandone la defensa sin causa justificada, deberá ser suspendido por el Juez en el ejercicio de la profesión por tres (3) meses. Para los efectos correspondientes, se dará cuenta al Colegio de Abogados de Honduras.