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Sentencia AP-777-16 — Registro 7212

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia en la causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal deber no se realizó en forma completa y ajustada a bases de razonabilidad por la Alzada, en perjuicio del derecho a un debido proceso y a que no se imponga auto de formal procesamiento sin acreditarse la preexistencia del delito, que asiste a todo imputado, lo cual se explica en los siguientes términos: Que no se ha establecido, en primer lugar, correlación precisa y conexa entre el supuesto segundo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD - según precave la motivación citada en el Considerando anterior -, con relación a acción u omisión cierta del imputado que se estimare probada o debió declararse probada, en su calidad de acreditada autoridad pública; lo cual partiría de la constatación de la preexistencia del delito imputado, como condición necesaria y suficiente para la prosecución de la causa, la cual se traduce, en motivación concreta del Juez de Garantías, en la siguiente proposición: “(…) absteniéndose de cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la República, que en este caso remite de manera directa al Convenio 169”; la cual, sin embargo, no precisa en modo alguno la norma jurídica que se considera omisa en su cumplimiento, sea en forma directa o por el procedimiento de reenvío..."..."resulta claro que la resolución venida en amparo no hace referencia suficiente a este respecto, sobre todo en vista la apertura e indeterminación del tipo normativo relacionado;[8] para el caso, tomando en cuenta que, si bien el Convenio 169 de la OIT forma parte integrante del ordenamiento jurídico hondureño – lo cual no admite género de duda - no ha formulado prescripción taxativa e incondicionada para la autoridad gubernamental responsable en los artículos 6 y 15 relacionados en la sentencia de mérito. Por ello, cabría motivar de manera más explícita como podrían aplicarse tales artículos de manera directa en el caso bajo estudio, de no asegurarse previamente la existencia de instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, consideración programática que incluye abiertamente la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de tales programas: “… en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio” (Ver artículo 33.1 del Convenio 169); condición indispensable, sin la cual no cabría el establecimiento de procedimientos vinculantes, como la instauración de Consulta Previa y Obligatoria; lo cual, si bien omiso por el Estado de Honduras a la fecha, a juzgar por la valoración probatoria de la misma Corte de Alzada,[9] desborda opinablemente la competencia funcional y objetiva de una Sub Secretaría de Estado, como es la de Recursos Naturales (SERNA); cargo cuya titularidad ocupaba el ciudadano LAINEZ ORDOÑEZ al momento de acontecer los hechos a él imputados..."..."consta que el proyecto denominado “AGUA ZARCA”, fue debidamente socializado y consultado, conforme a las definiciones que brinda el convenio Nº 169, y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), dichas Observaciones generales, sobre el Convenio fueron publicadas en 2009 y 2011; la socialización en mención, llevada a cabo con las comunidades indígenas a través de los cabildos abiertos celebrados en los municipios de Intibucá, San Francisco de Ojuera, y varias Aldeas, lo que consta a folios 1688 al 1724 del tomo VI de este expediente, en las cuales se acredita que producto de la consulta realizada las comunidades aprobaron la construcción del proyecto, condicionando para ello se desarrollen algunas obras, para la mejora de sus comunidades.- Lo que se apega totalmente a lo establecido en el Convenio Nº 169..."..."en el presente caso lo que se aprobó fue una Licencia Ambiental, tema que conforme a lo expuesto en el Convenio Nº 169, no es objeto obligatorio de Consulta..."..."consta en los antecedentes que el hecho que acusa de ABUSO DE AUTORIDAD al encartado MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, surge de una tramitación administrativa que concluyo con la emisión de una Licencia Ambiental, con lo cual esta plenamente acreditado que lo que existió es un acto administrativo que concluye con la emisión de la Licencia Ambiental, la cual es firme y consentida y por tanto eficaz..."..."los elementos del delito de ABUSO DE AUTORIDAD por los que se acusa al señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, se encuentran contenidos en el Código Penal artículo 349.2..."..."esta Sala encuentra que ciertamente la conducta del acusado no se enmarca en ninguno de ellos, puesto que al emitir la Licencia Ambiental solicitada, dicto una resolución apegada a la Constitución de la Republica y a las leyes, sin que dicha resolución fuese contraria al Convenio Nº 169, que es Ley de la Republica, ya que en dicho Convenio se establece claramente cuales son los casos en que debe consultarse a la comunidades indígenas y no es el caso, el de que deba hacerse para la emisión de una Licencia Ambiental, aun y cuando dichas consultas fueron realizadas; además de lo señalado fue un Acto Administrativo..."..."considera la Sala de lo Constitucional, por todo lo anteriormente expresado, que sí se ha evidenciado la vulneración al debido proceso del señor MARCO JOHATHAN LAINEZ ORDOÑEZ en su calidad de imputado; pues la confirmatoria que emitiera la Corte de Alzada y declaratoria a la vez de NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, compromete, por deficiencias contenidas en su motivación y específicamente sobre la existencia del tipo penal atinente al caso, que se han dejado expresadas con anterioridad, el principio de legalidad que contiene, define y limita el ejercicio de la facultad subjetiva de ius puniendi que asiste al Estado de Honduras; lo cual, por jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables, exigible a través de la garantía jurisdiccional..."..."corresponderá a la Corte de Apelaciones recurrida fundamentar y motivar adecuadamente los puntos de la valoración judicial que aquí se señalan como omisos o incongruentes, proveyéndola en su lugar de motivación precisa y suficiente, en un nuevo fallo, a emitirse de conformidad a derecho. - En virtud de lo cual, procede declarar la violación del derecho al debido proceso impetrado y emitir sentencia estimatoria a la presente acción de amparo.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor del ciudadano MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil quince (2015), en la causa instruida contra el señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDONEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil trece (2013), compareció ante la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, el abogado MILSON SALGADO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, habiéndose declarado dicho pleno incompetente para conocer del recurso por lo que ordena que se remitan las diligencias al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, para que continúe conociendo del proceso. (Ver folios 25 al 21 del Tomo I).- 2) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil catorce (2014) el Ministerio Público a través del abogado MILSON SALGADO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento Fiscal, contra el señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ. (Ver folios 1001 al 1002 del tomo III).- 3) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil quince (2015) finalizando en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil quince (2015), “RESOLVIÓ: 1) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra del señor MARCO JONATHAN LAINEZ, por suponerlo responsable de haber cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA,.- Se mantienen las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado”.- (Ver folios 1021 al 1039 del tomo III).- 4) Que en fecha uno (1) de Octubre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada Abogado Marco Tulio Castro Canales.- 2) CONFIRMAR la resolución apelada…” (Ver folios 1957 al 1968 del tomo IV).- 5) Que el recurrente Abogada MARCO TULIO CASTRO CANALES, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDONEZ, afirmando la recurrente que la resolución del Ad-Quem, de fecha uno (1) de octubre del año dos mil quince (2015), resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia la garantía de amparo promovida por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor del ciudadano MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ contra la sentencia proferida en fecha uno (1) de octubre del año dos mil quince (2015) por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por la cual confirma el auto de formal procesamiento que le fuera impuesto y declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil quince (2015), en la causa penal que le es seguida a MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ por imputársele el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; sentencia que en su motivación fáctica y jurídica, subsume las conductas imputadas con las tipificadas en forma taxativa en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal; sobre todo en consideración las conductas adoptadas por la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente, donde el señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ ejerció la Sub Secretaría de Estado, autorizando Licencia Ambiental a favor de la Sociedad Mercantil Hidroeléctrica AGUA ZARCA; las cuales se habrían adoptado sin realizar el proceso de consulta obligatoria y previa, mandatorio para el Estado de Honduras en virtud lo convenido en los artículos 1 inciso b), 6 numerales 1 y 2, 13 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; lo cual sería constitutivo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de las Comunidades Lencas asentadas ancestralmente a inmediaciones del río Gualcarque, en el Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá; empleando la Administración Pública, en su lugar, el procedimiento de socialización, cuyos conceptos son distintos, nunca sinónimos de la Consulta en referencia.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición predicha, aduce en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, entre otras consideraciones, que la resolución impugnada no se encuentra acordada a derecho, en virtud de un error de motivación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dado que en Audiencia Inicial. Establece la Defensa del señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, en su alegato, que logró desvirtuar el hecho toral incriminatorio sostenido por el Ministerio Público, pues con las pruebas evacuadas en la Audiencia se demuestra que la Licencia Ambiental emitida a favor del Proyecto Hidroeléctrico AGUA ZARCA fue emitida de conformidad al procedimiento establecido en la Legislación Ambiental Vigente, - según referido en los informes técnicos que obran en el expediente -, concluyendo en la viabilidad ambiental del proyecto, pues no existía razón alguna para denegarlo; puesto que se realizó sobre terrenos privados, mediando varios procesos de socialización con los pueblos indígenas de la zona, los cuales análoga al proceso de consulta obligatoria precavido en el Convenio 169 de la OIT; al grado que el verdadero delito de ABUSO DE AUTORIDAD se hubiere dado de denegarse al Solicitante la emisión de la referida Licencia Ambiental. En particular, refiere el garantista, que, entre los aspectos técnicos ordenados en la Legislación Ambiental Vigente, para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, no se contempla como requisito la realización de socialización o consulta previa y que ésta, de ninguna manera, equivaldría a la autorización o permiso para desarrollo del proyecto. Distinto caso el de la resolución que autoriza el permiso de factibilidad y operación para la Construcción de Obras para la Generación de Energía Eléctrica y la Contrata de Aprovechamiento contemplados en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recurso Renovable, contenido en el Decreto Legislativo No. 70-2007[1], “… Que es el marco legal vigente conforme al cual se aprobó la Resolución del permiso de construcción y contrato de operación y aprovechamiento para el caso del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, Resolución que consta en el Expediente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 36-E-2009 y el Contrato de Aprovechamiento de Aguas Nacionales en el Expediente 40-C-2009, éstas si constituyen autorización y permiso para desarrollar dicho proyecto y por lo tanto los vincula con la obligación de realizar la consulta previa establecida en el Convenio 169 en su artículo 6 y 15 (…)”,[2] lo cual no aplicaría tampoco cuando el proyecto se desarrolla en tierras de propiedad privada, como acontece en el presente caso, no obstante lo cual se accedió a realizar un proceso de socialización amplia con todos los sectores comunales de la zona de influencia del proyecto en mención, no obstante no existir disposición en el derecho interno que viabilice la forma en que se deberá realizar la consulta prevista en el Convenio 169; realizándose éste a través del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) entre el ocho (8) y nueve (9) de diciembre de 2010, continuándose con Asambleas Informativas en enero de 2011 con los pobladores de las Comunidades de Río Blanco (Valle de Ángeles y la Tejera) y consultas municipales (Cabildo Abierto No. 13) con la Municipalidad de Intibucá en fecha primero de octubre de 2011), con el refrendo de la Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL) y distintas organizaciones de base indigenista y de la Secretaría de Estado en el Despacho de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños.- CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, continúa refiriendo el impetrante de amparo, ya desde una consideración jurídico normativa, que los artículos 6 y 15 del Convenio 169 vinculan la no autorización de explotación de los recursos existentes en tierras de poblaciones indígenas, pero en el presente caso fueron otras las personas que firmaron y extendieron autorización para la prospección y construcción, así como el contrato de operación y aprovechamiento, las cuales vincularían al procedimiento de Consulta establecido en el referido Convenio. Con lo anterior, ha de concluirse, según tesitura del amparista, que el imputado no ha dictado ninguna resolución contraria a decreto o acuerdo alguno, mucho menos en contrariedad a lo establecido en la Constitución de la República; con lo cual se deja demostrada la inexistencia del delito acusado por la Fiscalía del Ministerio Público y por el cual se decretó Auto de Formal Procesamiento en contra del señor MARCO JONATHAN LAÍNEZ ORDOÑEZ.- CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, censura el amparista el quebrantamiento del debido proceso a través de la resolución impetrada, por la indebida aplicación que hiciere el Ad Quem del artículo 294 párrafo último del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 92 Constitucional, por no existir mínima actividad probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, no obstante lo cual se le pretende someter a formal procesamiento al imputado; más aun a la luz de lo establecido en el artículo 34 del Convenio 169 de la OIT[3], que establece una salvaguardia para los Estados, que se expresa de la siguiente manera: “La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”. Por todo lo cual, considera el garantista, existe lesividad, en la resolución impugnada, respecto a la integridad de los derechos del imputado establecidos en los artículos 64, 90 y 92 de la Constitución de la República; por lo cual solicita se otorgue el amparo de mérito, por ser la resolución recurrida violatoria de las garantías constitucionales invocadas.- CONSIDERANDO (7): Que con relación a la situación jurídico penal conocida en amparo, el acto procesal impugnado por la Defensa Técnica ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de octubre del año dos mil quince (2015), fue precisamente un auto de formal procesamiento dictado por el Juez de Letras en el marco de la Audiencia Inicial, fechada veintiséis (26) de mayo del año dos mil quince (2015) y sustanciada al tenor del artículo 294 del Código Procesal Penal, que pertinentemente refiere: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado); el cual fue motivado por el Juzgado A Quo en la probabilidad de que los hechos imputados se enmarcaren en lo tipificado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal: “…absteniéndose de cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la República, que en este caso remite de manera directa al Convenio 169”;[4] lo cual fue confirmado por consideraciones penales de existir merito probatorio del ilícito penal imputado, según motiva al Ad-Quem, al verse comprometido el bien jurídico protegido de la Administración Pública, en lo atinente a la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos:[5] “… que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario en el que el funcionario actúe más allá de su competencia, por ende la punibilidad proviene, pues, del hecho de actuar del funcionario cuando la ley no lo permite hacerlo, de no actuar cuando le obliga a hacerlo o de actuar de un modo prohibido por la ley o no previsto por ella, la sola realización de la actividad o la mera adopción de la omisión lesionan ya el orden administrativo, por ende (…)”.- CONSIDERANDO (8): Que tenemos un mandato constitucional, que establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigencia, forman parte de nuestro derecho interno; así como también aquella disposición que nos ordena a los impartidores de justicia, a estar únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes. CONSIDERANDO: Que Honduras ha suscrito EL CONVENIO NUMERO 169 CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. El cual establece: “Articulo 6: 1.- Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. b.- Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población , y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c.- Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.- 2.- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” CONSIDERANDO (9): Que, conviene, para efectos de mayor claridad del presente fallo, reconocer que la intensidad e indudable repercusión que en el conglomerado nacional reviste la sola imputación de delitos de organización criminal y/o de corrupción - comúnmente denominados de “cuello blanco -, sobre todo cuando concernidos a la relación existente entre el adecuado funcionamiento de la Administración Pública y el legitimo ejercicio de la función pública;[6] debe fundamentarse, prima facie, en la doble vinculación a la legalidad constitucional y ordinaria que incumbe al servidor público, como agente activo de tal tipología de delitos. Es el caso típico del supuesto 2) del artículo 349 del Código Penal, contentivo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, lo que fundaría la procedencia de un análisis equilibrado que, sobre bases constitucionales, abarque tanto las bases dogmáticas establecidas en la resolución de Alzada, optimizadoras del interés general; como la posición procesal que defiende la parte apelante, a efecto se preserven en forma estricta los derechos invocados a favor del imputado.- CONSIDERANDO (10): Que la Corte de Apelaciones concernida estaría así, en un primer momento, en el deber de valorar si los hechos acusados configuran, o no, delito tipificado en las leyes;[7] procediendo a verificar en forma subsiguiente, la existencia o no de suficiente sustento probatorio para acreditar la preexistencia del delito, conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República; procediendo - una vez comprobado lo anterior - a dilucidar si concurren o no indicios de participación del imputado en los hechos imputados, una vez encuadrados en el tipo penal respectivo.-CONSIDERANDO (11): Que la Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su Observación general sobre el Convenio núm. 169, formulada en el 2010 y publicada en 2011, establece. “El Convenio señala en particular la necesidad de consultar en los casos siguientes: a) Antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo (articulo 15.2 Convenio Nº 169).- b) Antes del traslado y la reubicación, los cuales solo deberán efectuarse con consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa (articulo 16 Convenio Nº 169).- c) Siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad (Articulo 17 Convenio Nº 169).- d) En relación con la organización y el funcionamiento de programas especiales de formación profesional (Articulo 22 Convenio Nº 169). La consulta en virtud del Convenio significa que: 1) Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero dialogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la comunicación y en entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo; 2) Tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional y ello debe realizarse de una forma adaptada a las circunstancias; 3) Tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con las medidas legislativas y administrativas; 4) Deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. Las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del convenio. Al mismo tiempo, dichas consultas no implican un derecho de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.”.- CONSIDERANDO (12): Que la Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo, ha examinado con regularidad que el Convenio ha adoptado la “obligación de consulta”. Y ha formulado una observación general detallada para clarificar el concepto de consulta. Dicha observación indica, entre otras cosas, que: “La Comisión no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades del desarrollo. No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales.”.- CONSIDERANDO (13): Que el Convenio establece en el Articulo 6.1.c que los gobiernos deberán “establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.” Y en ese sentido los órganos de control de la OIT han establecido que “Lo importante es que estas (las Instituciones) sean fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas” Consejo de Administración, 289.a reunión 2004, documento GB.289/17/3.- CONSIDERANDO (14): Que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal deber no se realizó en forma completa y ajustada a bases de razonabilidad por la Alzada, en perjuicio del derecho a un debido proceso y a que no se imponga auto de formal procesamiento sin acreditarse la preexistencia del delito, que asiste a todo imputado, lo cual se explica en los siguientes términos: Que no se ha establecido, en primer lugar, correlación precisa y conexa entre el supuesto segundo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD - según precave la motivación citada en el Considerando anterior -, con relación a acción u omisión cierta del imputado que se estimare probada o debió declararse probada, en su calidad de acreditada autoridad pública; lo cual partiría de la constatación de la preexistencia del delito imputado, como condición necesaria y suficiente para la prosecución de la causa, la cual se traduce, en motivación concreta del Juez de Garantías, en la siguiente proposición: “(…) absteniéndose de cumplir con lo dispuesto por la Constitución de la República, que en este caso remite de manera directa al Convenio 169”; la cual, sin embargo, no precisa en modo alguno la norma jurídica que se considera omisa en su cumplimiento, sea en forma directa o por el procedimiento de reenvío.- CONSIDERANDO (15): Que, por lo anteriormente motivado, resulta claro que la resolución venida en amparo no hace referencia suficiente a este respecto, sobre todo en vista la apertura e indeterminación del tipo normativo relacionado;[8] para el caso, tomando en cuenta que, si bien el Convenio 169 de la OIT forma parte integrante del ordenamiento jurídico hondureño – lo cual no admite género de duda - no ha formulado prescripción taxativa e incondicionada para la autoridad gubernamental responsable en los artículos 6 y 15 relacionados en la sentencia de mérito. Por ello, cabría motivar de manera más explícita como podrían aplicarse tales artículos de manera directa en el caso bajo estudio, de no asegurarse previamente la existencia de instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, consideración programática que incluye abiertamente la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de tales programas: “… en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio” (Ver artículo 33.1 del Convenio 169); condición indispensable, sin la cual no cabría el establecimiento de procedimientos vinculantes, como la instauración de Consulta Previa y Obligatoria; lo cual, si bien omiso por el Estado de Honduras a la fecha, a juzgar por la valoración probatoria de la misma Corte de Alzada,[9] desborda opinablemente la competencia funcional y objetiva de una Sub Secretaría de Estado, como es la de Recursos Naturales (SERNA); cargo cuya titularidad ocupaba el ciudadano LAINEZ ORDOÑEZ al momento de acontecer los hechos a él imputados.- CONSIDERANDO (16): Que en este expediente consta que el proyecto denominado “AGUA ZARCA”, fue debidamente socializado y consultado, conforme a las definiciones que brinda el convenio Nº 169, y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), dichas Observaciones generales, sobre el Convenio fueron publicadas en 2009 y 2011; la socialización en mención, llevada a cabo con las comunidades indígenas a través de los cabildos abiertos celebrados en los municipios de Intibucá, San Francisco de Ojuera, y varias Aldeas, lo que consta a folios 1688 al 1724 del tomo VI de este expediente, en las cuales se acredita que producto de la consulta realizada las comunidades aprobaron la construcción del proyecto, condicionando para ello se desarrollen algunas obras, para la mejora de sus comunidades.- Lo que se apega totalmente a lo establecido en el Convenio Nº 169.- CONSIDERANDO (17): Que conforme a lo que establece la Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su Observación general sobre el Convenio núm. 169, formulada en el 2010 y publicada en 2011, se debe consultar a las comunidades Indígenas en caso de: a) Antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del subsuelo (articulo 15.2 Convenio Nº 169).- b) Antes del traslado y la reubicación, los cuales solo deberán efectuarse con consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa (articulo 16 Convenio Nº 169).- c) Siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de los pueblos indígenas fuera de su comunidad (articulo 17 Convenio Nº 169).- d) En relación con la organización y el funcionamiento de programas especiales de formación profesional (articulo 22 Convenio Nº 169).- Y en el presente caso lo que se aprobó fue una Licencia Ambiental, tema que conforme a lo expuesto en el Convenio Nº 169, no es objeto obligatorio de Consulta.- CONSIDERANDO (18): Que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su articulo 31 párrafo primero establece “Los actos de la administración de carácter particular adquieren eficacia al ser firmes.” Y que conforme al Diccionario Del Español Jurídico dirigido por Santiago Muñoz Machado, y avalado por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial, define que eficacia quiere decir que desde el momento que se dictan , los actos administrativos son susceptibles de generar derechos e imponer obligaciones inmediatamente exigibles, lo que implica que el acto administrativo siendo Eficaz es verdadero, al grado que tiene aparejada ejecución. La misma Ley de Procedimiento Administrativo establece en su SECCION QUINTA bajo el titulo INVALIDEZ los casos en que se puede declarar nulo un acto administrativo y en el TITULO CUARTO CAPITULO I REVISION DE OFICIO establece que el órgano que emitió el acto podrá anularlo, pero solamente si no es firme y consentido.-CONSIDERANDO (19): Que, por otra parte, tal y como lo requiere el artículo 34 del referido Convenio, pertinentemente citado: “La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”; lo cual sugiere, en su recta inteligencia, que nos encontramos ante una norma programática, es decir, una norma cuya plena vigencia se obtendría en la justa medida de las posibilidades fácticas y jurídicas que asisten al Estado de Honduras, en necesaria colaboración con los pueblos originarios que le constituyen e integran, como colectividades especialmente interesadas en la instauración de tales procedimientos de consulta, las cuales, amen de la controversia que suscita la concurrencia de procedimientos asociados a la denominada socialización, en el caso de marras; resultarían vinculantes para el Estado (Ver artículo 15.2 del Convenio 169). Ello, sin embargo, no se condice de la hipótesis jurídico penal contenida específicamente en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal,[10] juzgada por la instancia como aplicable al caso sub iudice, bajo estándar de probabilidad.- CONSIDERANDO (20): Que consta en los antecedentes que el hecho que acusa de ABUSO DE AUTORIDAD al encartado MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, surge de una tramitación administrativa que concluyo con la emisión de una Licencia Ambiental, con lo cual esta plenamente acreditado que lo que existió es un acto administrativo que concluye con la emisión de la Licencia Ambiental, la cual es firme y consentida y por tanto eficaz.-CONSIDERANDO (21): Que la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el 20 de marzo de 1991, emitió auto acordado, el cual fue Reformado en fecha 3 de mayo de 2001, y que determino; “ …Los jueces en competencia en materia penal, una vez iniciado un proceso por hechos que pudieran tener relación con negocios de naturaleza civil, mercantil, o administrativa, con base en la denuncia o acusación y en la prueba allegada en los autos, si se estima que la conducta de que se trata es constitutiva de delito, es decir si se trata de una acción típica, antijurídica y culpable, deben seguir adelante con el tramite de la causa, por ejemplo si en el manejo de una cuenta corriente, el cuentahabiente defrauda el banco, mediante el uso de cheques para el pago de los cuales no hay fondos suficientes los cuales deposita en otras instituciones y cuando se solicitan informes al banco un girado un empleado de este coludido por el cliente, manifiesta que si los hay, el juez que conozca de la causa que por esos hechos se incoe no tiene porque interrumpir el tramite, so pretexto que los mismos se originan en una relación mercantil.- SEGUNDO: En el caso de que el Juez llegue a la conclusión de que la conducta por la cual se procede no es constitutiva de delito y de lo que se trata es de un diferendo meramente civil, caso en el cual no hay merito para decretar un Auto de prisión, lo que procede es que se sobresea la causa, por ejemplo, en el caso de que se acuse a una persona atribuyéndole el delito de estafa y de la prueba vertida se desprende de manera clara e incontrovertible, que el indiciado en lo que ha incurrido es en el cumplimiento de una obligación; o en el caso de que se atribuya a quien ha librado un cheque, no como orden incondicional de pago, si no que a titulo de garantía o post fechado por el solo hecho de no tener fondos suficientes en el banco girado no tiene porque presumirse que ha habido dolo; este tiene que probarse; En situaciones como la de los ejemplos se impone decretar sobreseimiento.- TERCERO: …,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo cumplimiento o incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”.- CONSIDERANDO (22): Que los elementos del delito de ABUSO DE AUTORIDAD por los que se acusa al señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ, se encuentran contenidos en el Código Penal artículo 349.2, que establece: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o Decretos, contrarios a la Constitución de la Republica o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta del acusado no se enmarca en ninguno de ellos, puesto que al emitir la Licencia Ambiental solicitada, dicto una resolución apegada a la Constitución de la Republica y a las leyes, sin que dicha resolución fuese contraria al Convenio Nº 169, que es Ley de la Republica, ya que en dicho Convenio se establece claramente cuales son los casos en que debe consultarse a la comunidades indígenas y no es el caso, el de que deba hacerse para la emisión de una Licencia Ambiental, aun y cuando dichas consultas fueron realizadas; además de lo señalado fue un Acto Administrativo.-CONSIDERANDO (23): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos a determinado que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad[11], descansando este en el principio jurídico que sustenta el estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley; lo que con respecto al derecho a la legalidad penal, “comprende una doble garantía referente a la predeterminación de normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora; y por otro lado una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la acción punitiva del estado, que ostenta rango de ley, lo que es una exigencia en el ámbito penal estricto”, lo que se conecta con el principio de que los poderes públicos solo pueden actuar dentro del limite que las leyes establecen, parámetro en el cual los jueces y tribunales deben enmarcar sus decisiones, por lo que existiendo una norma que claramente categoriza un accionar como punible, antijurídico y culpable, al juez corresponde determinar si la conducta incriminada, es punible o no, conforme a la norma que respeta el principio de legalidad.- CONSIDERANDO (24): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal[12], garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos.- CONSIDERANDO (25): Que considera la Sala de lo Constitucional, por todo lo anteriormente expresado, que sí se ha evidenciado la vulneración al debido proceso del señor MARCO JOHATHAN LAINEZ ORDOÑEZ en su calidad de imputado; pues la confirmatoria que emitiera la Corte de Alzada y declaratoria a la vez de NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, compromete, por deficiencias contenidas en su motivación y específicamente sobre la existencia del tipo penal atinente al caso, que se han dejado expresadas con anterioridad, el principio de legalidad que contiene, define y limita el ejercicio de la facultad subjetiva de ius puniendi que asiste al Estado de Honduras; lo cual, por jurisprudencia estable y pacífica de esta Sala de lo Constitucional, se tiene por regla del debido proceso; es decir, que se trata de un derecho inalienable, constituido como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley, reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables, exigible a través de la garantía jurisdiccional.- CONSIDERANDO (26): Que la Sala estima la censura efectuada por el garantista, en ejercicio de su derecho constitucional, ha desvirtuado la propiedad y sentido de la resolución penal vista para sentencia de amparo, dada la carencia de fundamentación suficiente y bastante en derecho para acreditar, de forma congruente, la preexistencia del delito de imputado conforme a la letra del artículo 349 numeral 2) del Código Penal, en contra del señor MARCO JONATHAN LAINEZ ORDOÑEZ; lo que viciaría la derivación jurídica que ha motivado el Ad Quem para la aplicación del artículo 294 numeral 3) del Código Procesal Penal, en el caso de mérito, con proyección y alcance constitucional en la medida que forma parte esencial del derecho al debido proceso; lo que se traduce, a la vez, en el derecho que asiste a las partes procesales a obtener de la autoridad judicial una resolución de fondo, motivada y fundada en derecho congruente.- CONSIDERANDO (27): Que, así las cosas, corresponderá a la Corte de Apelaciones recurrida fundamentar y motivar adecuadamente los puntos de la valoración judicial que aquí se señalan como omisos o incongruentes, proveyéndola en su lugar de motivación precisa y suficiente, en un nuevo fallo, a emitirse de conformidad a derecho. - En virtud de lo cual, procede declarar la violación del derecho al debido proceso impetrado y emitir sentencia estimatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 4, 15, 16, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 94, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 6, 15, 33 y 34 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número 0777-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta del dos de octubre de 2007.

[2] El subrayado está en el original, a folio 47 frente de la Pieza de Amparo.

[3] Aprobado por Decreto Legislativo Número 26-94 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de julio de 1994.

[4] Ver en el folio 75 vuelto de la Pieza de Amparo el numeral 3) de la parte resolutiva, a página 36 de la Resolución que emitiera el Juzgado de Letras Penal.

[5] Ver en el folio 86, frente y vuelto, de la Pieza de Amparo, el numeral 3) de la motivación, a páginas 19 y 20 de la Resolución que emitiera la Corte de Apelaciones de lo Penal.

[6] El artículo 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción define Función pública, como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos; lo cual conlleva un deber jurisdiccional reforzado de tutelar la transparencia en la función pública y garantizar el sometimiento del funcionariado público a lo que establece la Constitución y sus Leyes.

[7] Ver la Circular de fecha dos de mayo de dos mil uno de la Corte Suprema de Justicia, por la cual, en lo conducente a los autos de prisión - análogos al actual auto de formal procesamiento -, se establece que en el proveído correspondiente debe fundamentar: 1. Cuáles son los hechos que se subsumen en el tipo penal del caso; 2. Cuál es la prueba plena, relativa a esos hechos; 3. Cuáles son los indicios racionales en que se fundan para estimar la posible participación del imputado; y 4. Cuál es la prueba con que los mismos se consideran acreditados.

[8] Ver: Suazo Lagos, René. Código Penal Comentado. ENAG, 2ª edición. Tegucigalpa, M.D.C. 2000, p. 182.

[9] Ver en el folio 87 vuelto, de la Pieza de Amparo, el numeral 4) de la motivación, a página 22 de la Resolución que emitiera la Corte de Apelaciones de lo Penal.

[10] “Las proposiciones categóricas son aquellas en las que la relación es enunciada sin condiciones y sin alternativas (…) Las proposiciones hipotéticas son aquellas en que la relación entre sujeto y predicado está sometida a cierta condición (…)”. Campagna, María Cristina et al. Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Biblos, Buenos Aires, 1998, p. 47.

[11] Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 Fondo, Reparaciones y Costas.

120.- La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.

CASO KIMEL VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008 FONDO, REPARACIONES Y COSTAS

  1. La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información”. En este sentido, cualquier limitación o restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Así, deben formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano. Al respecto, este Tribunal ha señalado que:

La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana.

CASO USÓN RAMÍREZ VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

  1. La Corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información”. En este sentido, cualquier limitación o restricción a aquélla debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material. Ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. En efecto, la Corte ha declarado en su jurisprudencia previa que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. En particular, en lo que se refiere a la normas penales militares, este Tribunal ha establecido, a través de su jurisprudencia, que éstas deben establecer claramente y sin ambigüedad, inter alia, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito militar y deben determinar la conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, así como especificar la correspondiente sanción. Así, la tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa, más aún cuando el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano.

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004 Fondo Reparaciones Y Costas

  1. Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.

[12] El subrayado es nuestro.