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Sentencia AP-754-17 — Registro 9958

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución en el delito de estafa y otros fraudes. La recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem que confirma el sobreseimiento definitivo es violatoria del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y del 92 del mismo cuerpo legal, que establece los presupuestos para decretar el auto de formal procesamiento.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...¨CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.¨

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AURA ELISA SABILLÓN ZALDÍVAR a favor de los señores JOSÉ ESTEBAN LÓPEZ ALVARADO, JOSÉ ALFREDO ROMERO, MERLIN ALEXANDER ROJAS CONTRERAS, RAFAEL ANTONIO HERNÁNDEZ, CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONADO y CELESTE EDITH CHINCHILLA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete; con relación a la causa instruida contra la señora LEIDY DIANA LÓPEZ DUBÓN, por suponerla responsable del delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES en perjuicio de los señores MERLIN ALEXANDER ROJAS CONTRERAS, JOSE ESTEBAN LÓPEZ ALVARADO, CARLOS FABRICIO GUERRA, JOSÉ ALFREDO LÓPEZ Y MARCOS GUERRA VÁSQUEZ.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, que confirma el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la señora LEIDY DIANA LÓPEZ DUBÓN, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA; revoca el auto de formal procesamiento decretado contra la señora LEIDY DIANA LÓPEZ DUBÓN por suponerla responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de MERLIN ALEXANDER ROJAS CONTRERAS y OTRAS PERSONAS y de la EMPRESA DISTRIBUIDORA ROMERO; y revoca el auto de formal procesamiento decretado contra la señora LEIDY DIANA LÓPEZ DUBÓN, por el delito de ESTAFA, en perjuicio del señor ELVIS NAPOLEÓN ARDON ULLOA y la medida cautelar de prisión preventiva; y ordena a la Juez A-quo proceda a dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora LEIDY DIANA LÓPEZ DUBÓN, por los delitos antes mencionados, es violatoria del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y del 92 del mismo cuerpo legal, que establece los presupuestos para decretar el auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO: Que el numeral 1) del artículo 296 del Código Procesal Penal dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión…; extremos que, igual se aprecian en la motivación de la resolución recurrida, en la cual para el Ad-Quem, no quedó demostrado que el accionar de la imputada sea constitutivo de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA Y ESTAFA, conforme lo establecido en los artículos 240 y 242 numeral 8 del Código Penal.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 240 y 242 Numeral 8) del Código Penal; 296 numeral 1) del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada AURA ELISA SABILLÓN ZALDÍVAR a favor de los señores JOSÉ ESTEBAN LÓPEZ ALVARADO, JOSÉ ALFREDO ROMERO, MERLIN ALEXANDER ROJAS CONTRERAS, RAFAEL ANTONIO HERNÁNDEZ, CARLOS FABRICIO GUERRA MALDONADO y CELESTE EDITH CHINCHILLA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0754-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL