Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-753-16 — Registro 9957

Resumen

Se interpone recurso de amparo contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones que confirma el sobreseimiento definitivo con relación a los delitos de transporte ilegal de arma de fuego comercial. Estima la garantista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad o alegaciones encaminadas a establecer el sentido y alcance de normas penales de carácter sustantivo. Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, fijando ésta posición como la línea jurisprudencial correcta.´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución emitida en fecha veinte de junio de dos mil dieciséis por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, que confirma el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores MELVIN MEJÍA MARTÍNEZ, OSCAR JAVIER RAMOS Y ALIRIO EDILBERTO FIGUEROA ESCOBAR, por suponerlos responsables del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la garantista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, compareció ante el honorable Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la abogada KARINA VARELA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MELVIN MEJÍA MARTÍNEZ, OSCAR JAVIER RAMOS y ALIRIO EDILBERTO FIGUEROA ESCOBAR, por suponerlos responsables del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.2. En fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, en la celebración de la audiencia preliminar, el juzgado decretó sobreseimiento definitivo a favor de los ciudadanos MELVIN MEJÍA MARTÍNEZ y ALIRIO EDILBERTO FIGUEROA ESCOBAR, por suponerlos responsables de la comisión del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.3. Seguidamente en fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis, el honorable Juzgado de Letras citado resolvió: “PRIMERO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores MELVIN MEJÍA MARTÍNEZ y ALIRIO EDILBERTO FIGUEROA ESCOBAR por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.” Folios del 67 al 69 de la primera pieza de antecedentes).4. En fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, decide: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha dieciséis (16) Mayo de dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón,…” Folios del cuatro al ocho de la segunda pieza de antecedentes).5. La recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este alto tribunal de justicia, en fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quem, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.6. En fecha cinco de mayo del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo establecido por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación del principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que han sido quebrantados: el derecho constitucional del debido proceso legal y el principio de legalidad del artículo 321, en relación con el 304, ambos constitucionales. La Sala al resumir los alegatos de la censora, destaca que el Ministerio Público acreditó que los imputados en fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, siendo las once de la mañana, se conducían en un vehículo tipo pickup, cuando elementos de Xatruch se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el municipio de Limón. Dichos elementos les hicieron señal de parada para hacer un registro, con el cual encontraron un arma de fuego bajo el asiento del copiloto donde venía sentado el señor Melvin Mejía Martínez; y otras dos armas en la paila del vehículo escondidas debajo de unos sacos, donde se conducían Alirio Edilberto Figueroa Escobar y Oscar Javier Ramos. La fiscal señala que la resolución impugnada por parte de la corte de apelaciones, se funda en el artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, el cual fue ampliado posteriormente por los decretos 63-2014 y 60-2015. Hace ver además que la corte de apelaciones fue del parecer que dichos decretos han causado la suspensión de la validez material del tipo penal que se encuentra contenido en el artículo 332-B del Código Penal. La fiscal manifiesta que el propósito de los decretos mencionados es parte de un proceso de regularización de las armas que se encuentran en poder de los ciudadanos, buscando una mayor fiscalización y control sobre la circulación y uso de éstas, en este caso de uso comercial. De manera que no es una medida de gracia, tampoco lo ha sido suspender la validez material del artículo 332-B del Código Penal y así promover la tenencia ilegal de armas por espacio de un año y sus prorrogas. El propósito más bien es lograr su inscripción, sin ningún tipo de consecuencias para la persona que proceda a inscribirla. De manera qué, agrega la fiscal, para que los imputados se vieran favorecidos por la norma legal citada, debieron haber estado realizando acciones encaminadas a la inscripción de las armas ante la oficina estatal correspondiente. No siendo así, existen indicios de que los encausados no tenían intención de inscribirlas por lo que existe razón para configurarse la comisión del delito de transporte ilegal de armas y por ende la aplicación indebida del artículo 60-2015 por parte del tribunal de alzada. En virtud de lo cual la fiscal es del criterio que la resolución impugnada es violatoria del derecho del debido proceso en la vía de la debida motivación o resolución fundada en derecho. En ese sentido señala que en el presente caso se ha dado una equivocada aplicación de los decretos. Por otra parte reclama que la mencionada resolución del ad quem, violenta el principio de legalidad, pues en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, el cual en el caso de mérito le impone al juez el deber ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal; sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso de mérito el derecho que se ha de aplicar. Señala que el juez debe buscar el verdadero sentido de la norma; y que la aplicada en este asunto no tiene como propósito suspender temporalmente la validez material de la norma, tal como lo ha establecido el ad quem, sino más bien el de responsabilizar la tenencia del arma de fuego sin su respectiva inscripción, razón por la cual debió revocar el sobreseimiento definitivo decretado a favor de los imputados y decretar el auto de formal procesamiento por concurrir y haberse acreditado los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal. Señala finalmente que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada del hecho y de la norma sometida al conocimiento del juzgador, para una correcta interpretación y aplicación de la legalidad. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras seccional de Trujillo del departamento de Colón; ello en virtud de los argumentos que a continuación se exponen en forma resumida. El tribunal de alzada manifiesta en relación con el decreto legislativo número 184-2013, que el artículo 2 de éste establece un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva, con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no será necesario presentar en dicho tiempo. Luego señala que la redacción del anterior artículo no es la más afortunada, puesto que la palabra “veda” utilizada por el legislador hondureño, no es la más correcta. Esto lo explica agregando que esta palabra se refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido, verbigracia: La caza y la pesca. No obstante el sentido que pretende el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido; de manera que es precisamente todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el término correcto que debió utilizare es “gracia”. El tribunal pasa a referirse al primer párrafo del artículo 2, señalando que establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, por lo que debe entenderse que esta norma se refiere a las armas que la ley permite para su tenencia y portación, previo permiso de autoridad competente, la cuales son enumeradas en el artículo 7 de la Ley de armas. De lo anterior colige que como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y su uso personal de fabricación industrial vio suspendida su validez material, siendo éste el artículo 332-B del Código Penal, en cuyo tiempo se daba la oportunidad para que la persona pudiese hacer el trámite de registro de las armas (No afectando lo relativo a la fabricación, importación, exportación, y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles). Para más explicación, la corte de apelaciones expresa que el legislador mediante esta norma le concedió un año a las personas que tienen en su poder armas de fuego de carácter comercial para su registro; durante dicho tiempo el Estado de Honduras no puede exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego que muestre la documentación de registro de la misma, puesto que transcurría un tiempo concedido para realizar dicho trámite y mientras el término llegara a la fecha límite, no podía exigirse y sancionar la falta de dicho registro. Finalmente establece que el plazo de un año de veda o gracia que establece el artículo 2 comenzó a correr el cinco de octubre de dos mil trece y venció el cinco de octubre de dos mil catorce. Dicho plazo fue prorrogado posteriormente con la promulgación del decreto legislativo número 63-2014 de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, al establecer en su artículo 1 que prorroga la vigencia del decreto 184-2013 por un período de veintiséis meses a partir del vencimiento de éste; de manera que la veda o gracia se extendió hasta el mes de abril de dos mil quince. Finalmente en fecha ocho de septiembre de dos mil quince el legislador mediante la promulgación del decreto número 60-2015 extendió la prórroga hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. La corte de apelaciones en vista de todo lo anteriormente expuesto concluye que el agravio sustentado en apelación por el Ministerio Público no es de recibo, por cuanto el juez a quo acierta al señalar que a la fecha que ocurrieron los hechos que se le imputan a los imputados, se encontraba en vigencia la veda o gracia. De manera que no es atendible el alegato de que al momento de que los acusados fueron detenidos no estaba en proceso de inscripción el arma, ni tampoco se dirigían a su registro, pues el legislador les estableció un plazo o término dentro del cual la conducta del artículo 332-B no puede ser objeto de reproche pues ésta exige la posesión de una arma sin el permiso de la autoridad competente, permiso que no era exigible sino hasta vencerse el término de gracia concedido en el decreto legislativo 60-2015. Es decir que los acusados todavía podían observar la conducta esperada durante el tiempo faltante para que venciera dicho plazo. La corte de apelaciones señala que el criterio anteriormente planteado ha sido desarrollado por la honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias CP-248-2010 del 17 de enero de 2013 y CP-274-2011 del 23 de octubre de 2013. Por dichas razones la corte de apelaciones decidió confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el juez a quo. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Para este alto tribunal de justicia no es de recibo el motivo de amparo por violación del derecho al debido proceso que se sustenta en que hubo una equivocada aplicación de los decretos 284-2013 y 60-2015. De igual manera para la Sala no es de recibo el motivo de amparo que se sustenta en el principio de legalidad. Ambos motivos prácticamente se fundamentan en el mismo argumento, a la sazón, que los órganos jurisdiccionales de instancia no interpretaron correctamente los mencionados decretos, los cuales no debieron ser aplicados a este caso concreto. Ha dicho en su exposición el garantista que el juez debe buscar el verdadero sentido de la norma y que la aplicada en este asunto no tiene como propósito suspender temporalmente la validez material de la conducta delictiva dispuesta en el artículo 332-B del Código Penal. Ha establecido que por el contrario los decretos 284-2013 y 60-2015 lleva como propósito responsabilizar la tenencia del arma de fuego sin su respectiva inscripción. Por lo que la corte de apelaciones debió revocar el sobreseimiento definitivo decretado a favor de los imputados y decretar el auto de formal procesamiento por concurrir y haberse acreditado los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal. Entonces este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la garantista, no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca que el criterio de aplicación o interpretación de la norma por parte de los órganos jurisdiccionales no es correcto y que el expuesto por el Ministerio Público si lo es. Tomando en cuenta esto, la Sala concluye que el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente: La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la sazón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. Diferente a esto, la pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Es al juez de justicia ordinaria penal, a quien le corresponde en principio determinar el sentido y alcance de la norma o sea su interpretación y aplicación al acaso concreto; o sea, en el sentido del presente caso, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta denegada. CONSIDERANDO NUMERO SEIS (6): Resumen de la jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación al tema de la aplicación de los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014. Al examinar la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia que involucra los decretos 184-2013 y 63-2014 y por ende el 60-2015 también; se establece que ésta no ha sido pacífica. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. Con posterioridad la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. No obstante al final y poniendo orden con relación a sus diferentes posiciones, esta Sala ha puesto fin a las diversas líneas jurisprudenciales, asumiendo una sola, siendo la denegatoria la última palabra de la Sala, por las razones expuestas en la presente resolución. Cabe adicionar que las garantías de amparo presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos mencionados, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas. En el presente caso se da la misma situación, la argumentación es la misma que en los otros casos, en virtud de que siempre se recae en la alegación de que no debió dictarse sobreseimiento definitivo en virtud de que los decretos ya mencionados, no constituyen una despenalización de las conductas establecidas en el artículo 132 A y B del Código Penal. Los anteriores casos como el presente, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013, 63-2014 y 60-2015 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos. Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los citados decretos legislativos; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal. Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[4] La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley. Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013, 63-2014 y 60-2015, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo. Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[5] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional. La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad o alegaciones encaminadas a establecer el sentido y alcance de normas penales de carácter sustantivo. Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, fijando ésta posición como la línea jurisprudencial correcta. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada SUSSY G. COELLO GARCÏA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual confirmó el sobreseimiento definitivo dictado en fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-753-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2]

Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.

[5] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.