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Sentencia AP-743-17 — Registro 9955

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que declaró Con Lugar Parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial. Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, vulnera los derechos constitucionales del Debido proceso y el Principio de legalidad, dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (13): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al otorgar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio del Estado de Honduras el derecho constitucional del debido proceso invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo dictado por el A-quo, ante un órgano jurisdiccional superior, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo. Motivación que se presenta lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Con Lugar Parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en la causa instruida contra el señor KAVEH LAHIJANI, por suponerlo responsable del delito de COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE FAUNA AGRAVADA, en perjuicio de LA FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, vulnera los derechos constitucionales del Debido proceso y el Principio de legalidad, dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos (2) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, la Abogada SINTIA MELIZA ANDRADE, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, adscrita a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, presentando requerimiento fiscal, contra el señor KAVEH LAHIJANI por suponerlo responsable a titulo de autor, del delito de COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE FAUNA AGRAVADA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 01 al 05 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que seguido el tramite correspondiente, se inicio la correspondiente Audiencia Inicial en fecha treinta (30) de noviembre y finalizando en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía resolvió: (Sic) “PRIMERO: LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE DILIGENCIA PREJUDICIAL CONSISTENTE EN LA AUTORIZACION DE ALLANAMIENTO REALIZADO BAJO EL EXPEDIENTE JUDICIAL NÚMERO 040-2016, que se ventiló en este órgano jurisdiccional.- SEGUNDO: Se dicta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor KAVEH LAHIJANI en su condición de que representante legal de la sociedad LITTLE MAN INC S.A., por la supuesta comisión de un delito de COMERCIALIZACION ILEGAL DE FAUNA AGRAVADA en perjuicio de la FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Se deja sin valor ni efecto la interposición de medida cautelares decretadas en contra del imputado en la audiencia de declaración de imputada, debiéndose librar el oficio a Migración para que deje sin valor ni efecto la orden de alerta migratoria decretada en contra del seño KAVEH LAHIJANI, y en cuanto al otorgamiento de fianza si bien es cierto es una medida cautelar, la misma se encuentra en el ámbito constitucional como una garantía fundamental considerando el suscrito que sobre esta solo se podrá ordenar su devolución una vez firme la presente resolución la cual deberá ser entregada al representante procesal del señor KAVEH LAHIJANI en su condición ya referida, quedando las partes notificadas en estrados de la presente resolución….” (Folios del 44 al 56 y del 139 al 140 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil diecisiete (2017), por MAYORÍA DE VOTOS, mediante la cual falló: (Sic) “Primero: Declarar parcialmente HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el apelante. Segundo: REFORMAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, dictada en fecha seis (06) de diciembre del año dos mil dieciséis contra el encausado KEVEH LAHIJANI, por suponerlo responsable de la comisión del delito de COMERCIALIZACION DE FAUNA AGRAVADA, en perjuicio DE LA FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS, en el sentido de : a) revocar el numeral primero respecto a la nulidad de actuaciones y; b) confirmar el Sobreseimiento definitivo de acuerdo a la motivación de esta corte….” (Folios del 8 al 11 de la Pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) El recurrente Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil diecisiete (2017), vulnera el derecho al Debido Proceso y Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 6 de los autos) 5) Que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por mayoría de votos en fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el proceso incoado en contra del señor KEVEH LAHIJANI, por suponerlo responsable de la comisión del delito de COMERCIALIZACIÓN DE FAUNA AGRAVADA, en perjuicio DE LA FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y reforma la resolución dictada por el A-quo, en el sentido de: a) revocar el numeral primero respecto a la nulidad de actuaciones y; b) confirmar el Sobreseimiento definitivo a favor del imputado. CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como lo es el debido proceso y el principio de legalidad; en relación a la vulneración del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, lo relaciona con el Artículo 1 de la ley suprema, el cual indica es contentivo del Principio de Justicia, a través de la interpretación errónea de lo contenido en el artículo 188 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre. Aduce que con la finalidad de materializar ese valor justicia, nuestra Constitución establece que el procesamiento de las diferentes circunstancias que sean sometidas al conocimiento judicial, se establece una serie de formalidades que deberán observare para poder abordar la aplicación de ese valor justicia a cada caso concreto, a esa serie de formalidades se le denomina Debido proceso. Arguye el impetrante que el Artículo 139 y 141 del Código Procesal Penal, instaura la obligación de los Órganos Jurisdiccionales de emitir sus resoluciones motivándolas debidamente. Refuerza en relación a la motivación de las resoluciones, que estas requieren ejercicio intelectivo justificando jurídicamente la resolución que se emite, la jurisdicción tiene la obligación de estimar, en su mas correcta interpretación, las normas aplicables. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante reitera, que en el caso concreto los Órganos Jurisdiccionales han interpretado erróneamente el artículo que cimienta la acción acusatoria, estableciendo que comercialización ilegal de fauna, solamente se puede configurar a través de la compra, pero el tipo penal contenido en el Artículo 188 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre, establece que también estima como un acto rector del hecho reprochable, el realizar cualquier acto con fines de lucro. Procede seguidamente el impetrante a señalar lo que a su criterio fue acreditado con la prueba ofertada en la Audiencia Inicial. CONSIDERANDO (5): Que, continuando con su exposición de argumentos, el impetrante sostiene que la resolución de la Corte de Apelaciones vulnera el Debido proceso cuando no se respetan las formalidades dictadas a los funcionarios judiciales para la formación de sus decisiones, al no observar lo contenido en los preceptos 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal. Aduce que, en la audiencia inicial, se ha desarrollado prueba suficiente que permite la derivación lógica de probabilidad de comisión y participación. Resaltando la probabilidad de comisión, en tanto que se descarta el extremo de decir que no se había realizado compra. En relación a la vulneración del principio de legalidad, arguye el pedidor de Amparo, que la inobservancia de las normas que constituyen el debido proceso, constituyen también un reflejo del irrespeto al principio de legalidad, al no aplicarse lo contenido en la serie de normas que se han enumerado y por ende se entiende que no se ha aplicado la ley. CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, al considerar que el Tribunal ad-quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; relacionándolas con lo dispuesto en los Artículos 139, 141, 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO(7): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente el derecho al Debido Proceso preceptuado en el artículo 90 de nuestra carta magna; tal y como lo estima el recurrente abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS y como consecuencia de ello lo preceptuado en el artículo 321 referente al Principio de Legalidad. En ese orden de ideas dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y lo establecido por el artículo 321 constitucional “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO(8): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO(9): Que el recurrente expone en sus argumentos que la Corte de Apelaciones realiza una interpretación errónea del contenido en el artículo 188 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre; señala asimismo el recurrente la obligación de los Órganos Jurisdiccionales de emitir sus resoluciones motivándolas debidamente, indicando que en la audiencia inicial, se ha desarrollado prueba suficiente que permite la derivación lógica de probabilidad de comisión y participación y por último, resalta la inobservancia del Ad-quem de lo contenido en los preceptos 294, 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal; en ese orden de ideas es menester señalar que el recurrente hace alusión a cuestiones de mera legalidad, cuya competencia es exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, cuando expresa que los órganos jurisdiccionales han interpretado erróneamente el Artículo 188 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre, al haberse acreditado en audiencia inicial la presencia de un zoológico en un hotel, lo que constituye un estimulo para que las personas decidan hospedarse en el mismo. Es preciso determinar asimismo que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana crítica, en donde el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. CONSIDERANDO(10): Que la disposición constitucional contenida en el Artículo 92 de la Constitución de la República, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO(11): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; en el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado, decisión que ha confirmado por mayoría de votos el Tribunal de Segunda Instancia, argumentando ambos órganos jurisdiccionales que no se ha acreditado la comisión del delito imputado, pues no se ha logrado establecer el mismo en los términos enunciados por el Ministerio Público. CONSIDERANDO (12): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[7]. CONSIDERANDO (13): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al otorgar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio del Estado de Honduras el derecho constitucional del debido proceso invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo dictado por el A-quo, ante un órgano jurisdiccional superior, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo. Motivación que se presenta lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. CONSIDERANDO (14): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141, 198, y 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0743=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.