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Sentencia AP-727-17 — Registro 7639

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente, declaró con lugar recurso de apelación interpuesto por defensor privado, revocó resolución contentiva a sobreseimiento provisional y decretó sobreseimiento definitivo a favor de encausado con relación a causa por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de víctima y del delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso no se ha podido acreditar los elementos objetivos ni subjetivos, como ser el elemento del dolo que requiere el conocimiento y la voluntad de los elementos objetivos y subjetivos del tipo; por lo tanto ese Tribunal estimo que es de aplicación el Artículo 296.1 del Código Procesal Penal; por lo que consideró procedente revocar el sobreseimiento provisional que se conoció en apelación; y, decretar un sobreseimiento definitivo..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un sobreseimiento definitivo, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO.- Estimando el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, la Abogada SOCHY FABIOLA PALACIOS MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, a quien se le supone responsable del delito VIOLACION ESPECIAL y del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO Y DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. (Folios 1–25 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en la Audiencia Inicial, celebrada en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, Resolvió: “PRIMERO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de KENETH ALBERTO FUENTES URBINA, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de LOIDA MERARI BUESO CHULO.- SEGUNDO: Que si dentro de los cinco años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez a petición del fiscal o del acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso,… TERCERO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de KENETH ALBERTO FUENTES URBINA por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, consecuentemente se ordena la INMEDIATA LIBERTAD DEL ACUSADO…” (Folios 44–57 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada MARIELA SUYAPA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO en su condición de defensor privado, contra la audiencia inicial de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Resolvió. (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS… SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR EL recurso de apelación interpuesto por el Abogado WALTER JAVIER MOLINA, en su condición de defensor privado… TERCERO: REVOCAR la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, CORTÉS en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete (2017) contentiva del Sobreseimiento Provisional… CUARTO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del encausado KENETH ALBERTO FUENTES MOLINA….” (Folios 13–19 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) El recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de Junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de Junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, vulnera el Debido Proceso, al no observar lo contenido en los preceptos adjetivos, pues la prueba evacuada en Audiencia Inicial, incluyendo la declaración de la víctima, evidencia probabilidad de la realización del hecho y participación del procesado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso no se ha podido acreditar los elementos objetivos ni subjetivos, como ser el elemento del dolo que requiere el conocimiento y la voluntad de los elementos objetivos y subjetivos del tipo; por lo tanto ese Tribunal estimo que es de aplicación el Artículo 296.1 del Código Procesal Penal; por lo que consideró procedente revocar el sobreseimiento provisional que se conoció en apelación; y, decretar un sobreseimiento definitivo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un sobreseimiento definitivo, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0727-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO.- Estimando el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, la Abogada SOCHY FABIOLA PALACIOS MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, a quien se le supone responsable del delito VIOLACION ESPECIAL y del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO Y DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. (Folios 1–25 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en la Audiencia Inicial, celebrada en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, Resolvió: “PRIMERO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de KENETH ALBERTO FUENTES URBINA, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de LOIDA MERARI BUESO CHULO.- SEGUNDO: Que si dentro de los cinco años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el juez a petición del fiscal o del acusador privado, podrá ordenar la prosecución del proceso,… TERCERO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de KENETH ALBERTO FUENTES URBINA por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, consecuentemente se ordena la INMEDIATA LIBERTAD DEL ACUSADO…” (Folios 44–57 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada MARIELA SUYAPA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO en su condición de defensor privado, contra la audiencia inicial de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Resolvió. (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS… SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR EL recurso de apelación interpuesto por el Abogado WALTER JAVIER MOLINA, en su condición de defensor privado… TERCERO: REVOCAR la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, CORTÉS en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete (2017) contentiva del Sobreseimiento Provisional… CUARTO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del encausado KENETH ALBERTO FUENTES MOLINA….” (Folios 13–19 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) El recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de Junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor KENNETH ALBERTO FUENTES MOLINA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la señora LOIDA MERARI BUESO CHULO.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de Junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, vulnera el Debido Proceso, al no observar lo contenido en los preceptos adjetivos, pues la prueba evacuada en Audiencia Inicial, incluyendo la declaración de la víctima, evidencia probabilidad de la realización del hecho y participación del procesado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso no se ha podido acreditar los elementos objetivos ni subjetivos, como ser el elemento del dolo que requiere el conocimiento y la voluntad de los elementos objetivos y subjetivos del tipo; por lo tanto ese Tribunal estimo que es de aplicación el Artículo 296.1 del Código Procesal Penal; por lo que consideró procedente revocar el sobreseimiento provisional que se conoció en apelación; y, decretar un sobreseimiento definitivo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un sobreseimiento definitivo, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0727-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

CEDV