Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-655-17 — Registro 10258

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó auto de formal procesamiento contra recurrente, se le dictó medida cautelar de prisión preventiva en causa por suponerla responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República…”…”del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE…”…”el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ALEXANDER MENDOZA FLORES a favor de la señora NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que confirmo el auto de Formal Procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, con relación a la causa instruida contra la señora NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL los Abogados DAVID JOEL AMAYA Y MARIA VICTORIA CERNA, en su condición de Fiscales del Ministerio Publico y a favor del ESTADO DE HONDURAS, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 1 al 05 de la pieza de antecedentes). 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en audiencia inicial celebrada en fecha veintiuno de octubre el Juzgado resuelve: DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra la señora NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ por el delito de LAVADO DE ACTIVOS” (Folios 35 al 47 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinticuatro (24) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, RESUELVE: “DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada. - 4) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 479 al 862 de la pieza Apelaciones). 4) Que el recurrente abogado OSCAR ALEXANDER MENDOZA FLORES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor la señora NORA IDALIA ORELLANA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en fecha (24) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017), manifestando que es violatorio a lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que confirma el auto de Formal Procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, con relación a la causa instruida contra la señora NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo (folio 34-39 de la pieza de amparo), señala “Que el presente proceso dio comienzo con la ampliación del requerimiento fiscal presentado en fecha 14 de octubre del 2016, por el Ministerio Público en contra de mi representada NORA IDALIA ORELLANA BERMUDEZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, de acuerdo al hecho sucedido el mes de febrero del año 2016 cuando allanaron la vivienda del esposo de mi representada el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON y que fue plasmado en libelo de presentación del mismo en los acápites de los hechos, habiendo sido capturada el día 17 de octubre del año 2016, y realizada la declaración de imputada el día martes 18 de octubre del 2017, en el cual se le dictó la medida cautelar de detención judicial. Manifiesta además que en fecha 21 de octubre del año 2016, celebrada la audiencia inicial el A quo dictó auto de Formal Procesamiento por el delito LAVADO DE ACTIVOS y la medida cautelar de Prisión Preventiva. Contra esta resolución la Defensa del imputado interpuso recurso de apelación, mismo que fue declarado sin lugar, confirmado el A quem la resolución dictada por el A quo. Expone además la lista de medios de prueba aportadas a la audiencia inicial, señala que se violenta el Debido Proceso, por no aplicar las reglas de sana crítica, en la valoración objetiva de las pruebas. Manifestando que considera que se ha violentado los Derechos Constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 Y 321, Derecho a la Defensa, Debido Proceso y el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (5): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO:(6) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (8): Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (9): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0655=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL