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Sentencia AP-625-18 — Registro 10256

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sobreseimiento definitivo en causa contra recurrente por suponerla responsable de delito de lesiones graves culposas en perjuicio de menor de edad; en apelación se consideró que las pruebas aportadas no generaron la participación de la imputada; que no se determinó responsabilidad de la misma, en virtud de que no solo ella participó en el proceso quirúrgico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, ya que las pruebas aportadas no generaron la participación de la imputada; que no se determinó responsabilidad de la misma, en virtud de que no solo ella participó en el proceso quirúrgico, razón por la cual no se puede considerar la culpabilidad de la misma, razones por las que según el Ad-QUEM es pertinente la confirmación del Sobreseimiento Definitivo a favor la señora GLORIA BALESKA CÁCERES ESTRADA…”…”examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable…”…”las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio…”…”es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., siete de noviembre de dos mil dieciocho.-VISTO: Con sus antecedentes, el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora GLORIA BALESKA CÁCERES ESTRADA por suponerla responsable del delito de LESIONES GRAVES CULPOSAS en perjuicio de la menor LILIAN MARIA VILLAFRANCA MEJÍA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en cuanto a la confirmación de un sobreseimiento definitivo decretado por el A-quo en contra de la imputada, por suponerla responsable del delito de LESIONES GRAVES CULPOSAS, no expresa con la debida claridad los razonamientos facticos que condujeron a su apreciación y valoración de las pruebas, inobservado el deber de motivación reconocido en la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales, violentando el debido proceso (artículo 90 de la Carta Magna); así como también el artículo 141 del Código Procesal Penal, en virtud de que la motivación externada por la Alzada, se limita hacer un breve resumen de las declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial y una simple referencia a los dictámenes médicos aportados como medio de prueba de cargo, lo cual no remplaza una verdadera motivación que exige la tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, ya que las pruebas aportadas no generaron la participación de la imputada; que no se determinó responsabilidad de la misma, en virtud de que no solo ella participó en el proceso quirúrgico, razón por la cual no se puede considerar la culpabilidad de la misma, razones por las que según el Ad-QUEM es pertinente la confirmación del Sobreseimiento Definitivo a favor la señora GLORIA BALESKA CÁCERES ESTRADA.-CONSIDERANDO: Que examinados los antecedentes y el acto reclamado este alto Tribunal estima que se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17 ) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0625-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL