Sentencia AP-623-18 — Registro 8920
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública por considerar que el ilícito es de acción pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación; puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES a favor del señor MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, que resolvió declara ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar ha lugar el recurso de apelación, dictado contra el señor MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, estimando la recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no son de recibo, ya que considera que el órgano jurisdiccional ha desconocido la existencia de decretos que eran vitales para determinar la existencia o no de un delito de abuso de autoridad, pues ha debido quedar claramente establecido si en efecto el señor Alvarado Leverón ha dictado o emitido una resolución contraria a la Constitución o las leyes, y en caso de ser así, señalarse con precisión esa disposición, misma que debe estar vigente. La Corte de Apelaciones ha dictado una resolución desconociendo que la fiscalía no le ha acreditado un actuar doloso de parte del procesado; elemento indispensable en la comisión de un delito de abuso de autoridad, pues tal como lo señala el artículo 13 del Código Penal, los delitos pueden ser dolosos o culposos y responder necesariamente a la intención que tuvo al ejecutarlo. CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente estima como violentado lo preceptuado en los artículos 92 y 95 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, que resolvió declarar ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; argumentando que la defensa del encartado ha fundamentado sus excepciones, no n motivos procesales sino en un supuesto que tiene que ver con cuestiones de fondo que deben ser dirimidas en este caso con la prueba presentada y referente al delito imputado, en consecuencia, este Tribunal considera que no había porque declarar ha lugar la excepción planteada por la defensa; de ahí que el ilícito es de acción penal pública y si bien es un delito abierto, como lo argumenta en su resolución el Juez, el bien protegido en este delito es la Administración Pública, es decir protege la preservación de la regularidad del funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidos por el acto arbitrario en el que el funcionamiento actúe más allá de su competencia, por la omisión de su actividad necesaria y aun por la injerencia ilegal de particulares en la esfera de la competencia de la administración. En consecuencia, puede sintetizarse diciendo que en el primer caso la resolución o la orden es jurídicamente imposible, mientras que el segundo es arbitraria, en consecuencia, con la prueba presentada se establece que el imputado no observó lo dispuesto en la norma a efecto de aprobar los planes de salvamento, pues eran exigibles los dictámenes de factibilidad, y que en la posición en que se encontraba y teniendo conocimiento de los acuerdos y reglamentos, no puede alegar el desconocimiento, sumando que consta en autos que si fue informado de cómo se realizaban dichos actos por los encargados de realizar los planes de salvamento. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación; puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES a favor del señor MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0623-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL