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Sentencia AP-620-17 — Registro 10255

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación contra causa contra recurrente por suponerlo responsable de delito de usurpación de funciones en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; en apelación se consideró que la resolución de excepción de falta de acción está conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”del análisis in extenso de los antecedentes y en específico del acto reclamado puede apreciarse que los alegatos entablados por el recurrente son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el de determinar la procedencia o improcedencia de una Excepción de falta de acción, la cual correspondía ser decidida como así lo fue, por el A-quo ante el cual se planteó y posteriormente por el de Alzada vía recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se siguieron todas las formalidades exigidas por la ley…”…”la Alzada establece mediante el acto reclamado que procedió a confirmar la resolución del A-quo en vista que del análisis de la sentencia del procedimiento abreviado al que se sometió el imputado, se desprende que ésta únicamente comprende los actos o hechos referentes a la manipulación realizada en los curules de las diputadas GERALDINA GONZALES y WESLY VASQUEZ, no así de la manipulación realizada en el curul del diputado GERMAN LEITZELAR…”…”ésta Sala estima necesario señalar al recurrente en cuanto al principio ne bis in idem, o prohibición de doble juzgamiento lo siguiente: El principio ne (en el latín antiguo) o non bis in idem, en la forma que se encuentra previsto por nuestra Constitución implica, que ninguna persona podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, apreciando ésta Sala que no nos encontrándonos ante una situación de doble juzgamiento, toda vez que como ha sido expuesto por el Ad-quem, el ANTONIO PINEDA CANO, fue sentenciado bajo la figura del procedimiento abreviado por dos de los tres delitos por los que fue acusado, motivo por el cual no concurre la cosa juzgada…”…”este alto Tribunal advierte que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito…”…”acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente…”…”es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del juicio principal…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de enero del año dos mil dieciocho. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor del señor ANTONIO PINEDA CANO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la causa instruida contra el señor ANTONIO PINEDA CANO, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente indica que el Ad-quem emitió su resolución sin observar que su representado fue condenado bajo el procedimiento abreviado por los mismos hechos y acciones por los que se ha proseguido la causa, motivo por el cual el reclamante señala existe doble juzgamiento.-CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados los derechos contenidos en los artículos 90, 92 y 95 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico del acto reclamado puede apreciarse que los alegatos entablados por el recurrente son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el de determinar la procedencia o improcedencia de una Excepción de falta de acción, la cual correspondía ser decidida como así lo fue, por el A-quo ante el cual se planteó y posteriormente por el de Alzada vía recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se siguieron todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que la Alzada establece mediante el acto reclamado que procedió a confirmar la resolución del A-quo en vista que del análisis de la sentencia del procedimiento abreviado al que se sometió el imputado, se desprende que ésta únicamente comprende los actos o hechos referentes a la manipulación realizada en los curules de las diputadas GERALDINA GONZALES y WESLY VASQUEZ, no así de la manipulación realizada en el curul del diputado GERMAN LEITZELAR. CONSIDERANDO: Que ésta Sala estima necesario señalar al recurrente en cuanto al principio ne bis in idem, o prohibición de doble juzgamiento lo siguiente: El principio ne (en el latín antiguo) o non bis in idem, en la forma que se encuentra previsto por nuestra Constitución implica, que ninguna persona podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, apreciando ésta Sala que no nos encontrándonos ante una situación de doble juzgamiento, toda vez que como ha sido expuesto por el Ad-quem, el ANTONIO PINEDA CANO, fue sentenciado bajo la figura del procedimiento abreviado por dos de los tres delitos por los que fue acusado, motivo por el cual no concurre la cosa juzgada. El recurrente debe recordar además, que La cosa juzgada, como lo afirma GÓMEZ COLOMER, es un instituto procesal consistente en un vínculo, de naturaleza jurídico-pública, que obliga a los jueces a no juzgar de nuevo lo ya decidido, y, derivadamente, a no admitir controversias de las partes acerca de ello. CONSIDERANDO: Que después de lo anteriormente relacionado este alto Tribunal advierte que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del

juicio principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor del señor ANTONIO PINEDA CANO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor del señor ANTONIO PINEDA CANO, contra la resolución dictada por esta Sala en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo presentado contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la causa instruida contra el señor ANTONIO PINEDA CANO, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que consta del escrito de interposición del presente recurso que la acción de amparo de mérito fue interpuesta por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor del señor ANTONIO PINEDA CANO, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete, sobreseyendo dicho recurso de amparo este Alto Tribunal en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, en fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra el sobreseimiento emitido por este Alto Tribunal en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho, por apreciar el reclamante que no se consideraron las alegaciones que planteara en su momento, al haber sido denegada la Garantía de Amparo de merito. CONSIDERANDO: Que analizado el recurso impetrado por el recurrente ésta Sala de lo Constitucional, observa que éste se limitó a relacionar los motivos por los que accionó en amparo y no propiamente sobre la resolución emitida por este Tribunal, cuya reconsiderar solicita, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución emitida por este Alto Tribunal, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición referido, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, por no existir razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la resoluciones de fechas diecinueve (19) de enero y veintitrés de febrero dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0620-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL