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Sentencia AP-616-17 — Registro 10254

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por Sala Quinta del Tribunal de Sentencia que desestimó exepción por falta de acción en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de difamaciones constitutivas de injurias en perjuicio de Robert Carmona Borjas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de ésta Sección judicial se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en consecuencia, no se han vulnerado los derechos invocados por el impetrante..."..."esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna los tratados y Convenciones ratificadas por el Estado, así como el resto del ordenamiento jurídico, por lo que procede DENEGAR la acción de amparo de la que se ha hecho mérito, al no concurrir el quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, favor del señor DAVID ROMERO ELLNER, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor DAVID ROMERO ELLNER, por suponerlo responsable del delito de DIFAMACION CONSTITUTIVA DE INJURIAS en perjuicio del señor ROBERT CARMONA BORJAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 16,18, Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de abril del año de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERT CARDONA BORJAS, actuando en su condición personal promoviendo querella criminal contra el señor JOSE DAVID ELLNER ROMERO conocido también como DAVID ROMERO ELLNER, por considerarlo responsable del delito de DIFAMACION “AL HABERME INJURIADO Y CALUMNIADO PUBLICAMENTE en su programa “INTERPRETANDO LA NOTICIA” QUE SE DIFUNDE a través de GLOBO T.V y Radio Globo en horas de la tarde…” 2) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil diecisiete compareció ante el Tribunal de sentencia de Tegucigalpa Sala Quinta, el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA en su condición de Apoderado Legal del señor DAVID ROMERO ELLNER PRESENTANDO Excepción por falta de acción de la parte querellante. (Folio 95 de la primera pieza) 3) Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán el Abogado ALEXANDER GIRON, en su condición de Apoderado Legal del señor ROBERT CORDONA interponiendo incidente de nulidad y que se procediera a sanear los actos viciados, declarando inadmisible la querella. (Folios 99 al 102 de la pieza principal). 4) Que en audiencia celebrada el trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017) la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: a) declarando sin lugar la nulidad planteada por el apoderado legal del señor ROBERT CORDONA Y b) Declarando sin lugar la excepción por falta de acción presentado por la parte defensora (folio 81,104 al 108 de la primera pieza). 5) Que conociendo de los recursos de apelación presentados por los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCIA Y JOSEFF ALEXANDER GIRON, la CORTE DE APELACIONES citada dictó sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante la cual: RESUELVE:1)DECLARANDO NO HA LUGAR los Recursos de apelación interpuestos por el Abogado JOSEFF ALEXANDER GIRON OSORTO en su condición de Apoderado Legal de ROBERT CARMONA BORJAS, y por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA Apoderado Legal de JOSE DAVID ELLNER ROMERO.-2) CONFIRMAR la resolución de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán.(folio 141 al 143 de la primera pieza) 6) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (201) compareció ante este Tribunal el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, Interponiendo Recurso de Amparo a favor del Ciudadano DAVID ROMERO ELLNER, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017) es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta sala el trece (13) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 7) Que en fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE” el presente recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada "para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución".

CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(3) Que se conoce en amparo la sentencia de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que declaró no ha lugar una excepción por falta de acción, en relación a la causa instruida contra el señor DAVID ROMERO ELLNER por suponerlo responsable del delito de DIFAMACIÓN CONSTITUTIVA DE INJURIAS en perjuicio del señor ROBERT CARMONA BORJAS. CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo señala que se ha violentado el debido proceso al declarar no ha lugar la excepción de falta de acción planteada, relacionando para ello los artículos 16, 18, 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1.1, 2 y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO:(5) Que el recurrente en el escrito de querella manifiesta que en la etapa de incidentes y excepciones que señala el Código Procesal Penal presentó excepción por falta de acción misma que fue declarada sin lugar por el Tribunal de sentencia, que argumentó que “no puede declarar inconstitucional el control convencional de lo planteado por la defensa, en virtud que no es competente, para decidir lo que corresponde a la Sala Constitucional sobre la despenalización de los tipos penales de injurias y calumnias, tal como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la aplicación e interpretación del artículo 2 del Tratado suscrito por Honduras sobre la Convención Sobre Derechos Humanos. Señalando el recurrente que la interpretación del análisis jurídico del Tribunal no es el correcto, en virtud que lo planteado es la contravención entre un Tratado y la ley interna del país, en relación a como están construidos los tipos penales que se le imputan a su representado, razón por lo que impugna la resolución. CONSIDERANDO:(6) Que el término Control de Convencionalidad inicialmente se ha referido esencialmente a la competencia de la Corte Interamericana para conocer y decidir un caso aplicando la convención Americana, tanto en los hechos como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea competente[1], realizando la Corte un Control concentrado en su momento, pasando luego a lo que sería el control “difuso” de convencionalidad desplazando esta función a todos los jueces nacionales, de tal forma que se configurara un control judicial interno de convencionalidad[2]. Control que no podrá ser eludido por los Jueces integrantes de los órganos jurisdiccionales de un Estado Parte de la Convención, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la misma Convención y al Tratado de los Tratados de Viena que dispone en su artículo 6 la Pacta Sun ser vanda, los Tratados deben cumplirse al tenor de sus disposiciones. CONSIDERANDO: (7) Que el origen de la controversia se resume en lo siguiente: El representante del querellado DAVID ROMERO ELLNER planteo una excepción señalando: que se ha presentado una acción privada a su representado es por el delito de difamación imputaciones constitutivas de injurias, considerando que hay una falta de acción por parte del querellante invocando los artículos 16 de los Tratados Internacionales celebrados por Honduras, el artículo 18 del conflicto entre tratado, convención y la ley y el artículo 90 del principio legal, todos de la Constitución de la República, señala además el Pacto de San José en el artículo 1 del respeto de los derechos y libertades, artículo 2 del deber de adoptar disposiciones al derecho interno, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran garantizados por disposición legislativa o de otro carácter, el artículo 8 de las garantías judiciales. Explica que la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un asunto que atañe meramente a los jueces, a los impartidores de justicia quienes tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad al momento de fallar un determinado asunto en el que entra en juego los derechos individuales del ciudadano, y debe entre la norma interna de su país y el Tratado Internacional referido para ver si la ley no contraviene disposiciones de la Convención Americana o en su caso la interpretación que la misma Corte Americana haya efectuado en un caso similar. Hace referencia al caso Kimel vs. Argentina (periodista) manifestando que “el Estado vino y en aras de conciliación aceptó y estableció que efectivamente por producto de la posición de la interpretación que había hecho del artículo 2 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que era obligatorio o que ya se encontraba suprimido el delito de Calumnia o falsa imputación por los delitos que van contra el honor en el caso de este periodista, por lo que dejó claramente que ellos tenían tipificado este tipo penal y estableció que no se había aplicado lo que establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ya había hecho una interpretación y se pronunciaba sobre su aplicación”. Considerando el recurrente que al admitir la querella no se aplicó lo que establece el artículo 16 y 18 de la Constitución de la República. Es decir, no se aplicó lo que dice el derecho internacional, el control de convencionalidad, dejando por sentado de que Honduras como signatario de este Tratado no ha reformado o no ha dado cumplimiento lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto, ya la Corte se ha pronunciado que este delito está despenalizado y que Honduras al formar parte de los Tratados debe aplicar que los jueces impartidores de justicia están obligados por el principio de convencionalidad. CONSIDERANDO: (8): Que el recurrente ha invocado la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Kimel vs. Argentina, al respecto una breve lectura de dicha sentencia nos ilustra respecto de los delitos contra el honor dejando establecido en la misma: párrafo 53: “53. Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte ha señalado que quienes están bajo la protección de la Convención tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”[3]. A renglón seguido en el Párrafo 54, sin lugar a dudas deja establecido: “54. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa[4]”. El Párrafo 55 dice “55. Por su parte, el artículo 11 de la Convención establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Esto implica límites a las injerencias de los particulares y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección[5]”. El Párrafo 56 deja establecido: “56. La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad”. CONSIDERANDO: (9) Que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman jurisprudencia internacional, misma que debe ser atendida por lo Estados Parte de acuerdo al caso concreto, en que pudieran aplicarse, por otra parte ni la Convención ni la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos desconocen el derecho al honor, derecho que al igual que el derecho de libertad de expresión se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, en ese orden de ideas no existe ni siquiera indicios de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya despenalizado los delitos contra el honor, tal como lo asevera el recurrente, en una interpretación errónea y fragmentada de la sentencia antes aludida. CONSIDERANDO: (10) Que el gobierno de la República de Honduras se ejerce por tres poderes del Estado complementarios e independientes sin relaciones de subordinación, con sus propias funciones constitucionales, así el Poder Ejecutivo se encarga de la administración del Estado, el Poder Judicial administra justicia y por su parte al Poder Legislativo le corresponde entre otras atribuciones, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, en ese orden de ideas, la Constitución de la República establece a partir del artículo 59 las declaraciones, Derechos Individuales reconocidos y garantizados constitucionalmente, así mismo establece las garantías reconocidas a los ciudadanos, en consecuencia todos los ciudadanos del Estado tienen derecho o acción de petición, por lo que de acuerdo a las normas previamente establecidas en la ley deben hacer uso de los recursos, e instruir las acciones que consideren oportunas en el marco señalado por la ley, todo ello en cumplimiento al principio de legalidad, mediante el cual previamente debe estar establecido en la ley, de lo que resulta que los jueces de los distintos órganos jurisdiccionales no tienen la potestad para despenalizar acciones que ya están enmarcadas en la ley penal como delitos, todo ello de acuerdo al control de constitucionalidad que señala las garantías y procedimientos a seguir cuando una norma confronte la Constitución de la República, si ese fuera el caso, que obviamente de los antecedentes no es así. CONSIDERANDO: (11) Que el Debido Proceso está integrado por principios generales de derecho, autónomos por sí mismos. Ninguno tiene supremacía sobre otro, pues dependiendo de la situación fáctica en que se encuentre quien lo requiere así será relevante[6] el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO:(12) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de ésta Sección judicial se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en consecuencia, no se han vulnerado los derechos invocados por el impetrante. CONSIDERANDO:(13) Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna los tratados y Convenciones ratificadas por el Estado, así como el resto del ordenamiento jurídico, por lo que procede DENEGAR la acción de amparo de la que se ha hecho mérito, al no concurrir el quebrantamiento de los derechos invocados por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, a favor del señor DAVID ROMERO ELLNER, contra las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0616=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Corte IDH. Caso del Pueblo Saramak Vs. Surinam. Excepciones preliminares, fondo repaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre del 2007. Serie C NO. 172, párr.95. mencionado por Mac- Gregor Ferrer Eduardo y Moller Pelayo Carlos María, en Comentario Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pág. 64 .

[2] Corte IDH. Voto del Juez Sergió García Ramirez en el Caso López Alvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 1 de febrero del 2006. Serie C No. 141, párr.30…. mencionado por Mac- Gregor Ferrer Eduardo y Moller Pelayo Carlos María, en Comentario Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Pág. 65 .

[3]Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 44, párr. 30; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64; Caso Ivcher Bronstein, supra nota 12, párr. 146; Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 108, y Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 77. Sentencias Kimel vs. Argentina párrafo 53

[4] Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 120; Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 95, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 12, párr. 79. Sentencia Kimel Vs. Argentina párrafo 54

[5] Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 101. Sentencia Rimel v.s Argentina párr. 55.

[6] Herrera Fonseca Rodrigo. Los Principios del debido Proceso Penal. Investigaciones Jurídicas, S.A., Pág.11