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Sentencia AP-599-17 — Registro 10282

Resumen

Acto recurrido que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida por suponerlo responsable del Delito de Extorsion, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha quebrantado, el recurrente ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa; que la resolución sea contraria a sus pretensiones no significa que se haya vulnerado el derecho invocado..." ..." Que el recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha violentado el artículo 64 Constitucional; de acuerdo al estudio de la resolución impugnada no se encuentra aplicación de leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que resulten extrañas al procedimiento procesal penal, de igual manera los Jueces conocedores de la causa han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley. Por ende al no existir vulneración a los derechos relacionados, invocados por el recurrente se aprecia que el acusado dispone como todos los ciudadanos hondureños sometidos a juicio de un procedimiento sencillo previamente establecido en la ley, en el que ha tenido las mismas oportunidades que su contendiente, por otra parte, en la etapa del proceso de las que se deriva la impugnación de la resolución del Ad quem, al acusado se le han respetado sus derechos como el derecho a declarar es decir a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, situación de independencia e imparcialidad de la que no existe ni siquiera asomo de que haya sido quebrantada en algún momento del proceso ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “R-47”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 64, 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada LESLY MARITZA GOMEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “R-47”. 2) Que en fecha nueve de enero del año dos mil diecisiete, en la continuación de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras citado DECRETÒ: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, por suponerlo responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del Testigo Protegido con clave R-47. (Folios del 366 al 367 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuestos por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón. SEGUNDO: CONFIRMAR El Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial. TERCERO: MANTENER la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su momento al procesado DILVER ADONYS CRUZ SANTOS. (Folios del 10 al 16 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, compareció ante este Tribunal, en fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del señor DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 32 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha nueve de enero del año dos mil diecisiete por el Juzgado de Letras Penal de la misma sección judicial con relación a la causa instruida contra DILVER ADONIS CRUZ SANTOS, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO ER-47.CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente al formalizar el recurso manifiesta que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones recurrida, violenta el debido proceso contenido en el artículo 90 Constitucional, señala que el reclamo dirigido a la corte de Apelaciones para que modificara el auto donde el Juzgado de Letras de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula Cortés, en donde le dicta auto de formal procesamiento a su representado por el delito de Extorsión Continuada, con medida cautelar de prisión preventiva, señala como reclamo que el Juez de Letras le dio total credibilidad al testigo FRANCIS MISAEL PEREZ, quien es agente de policía y no le constan ninguno de los extremos relacionados con los hechos que se le atribuyen a su representado, además señala que el testigo protegido no dijo que le entregó dinero al acusado ni que este profiriera amenazas en su contra, manifiesta que el Juez no le dio credibilidad a la prueba documental propuesta por la defensa, con la que se acredita que su representado era administrador de varias unidades de transporte, así como el uso de las teorías relacionadas por el Juez y que se refieren al dominio del hecho y la teoría de coautoría, ya que no proceden por tratarse de la etapa preparatoria. Considera que se ha quebrantado el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, contenidos en los artículos 80, 82, 90, 64 y 321 constitucionales. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem al dictar su fallo, ha dejado claramente establecido los motivos del apelante la expresión y contestación de agravios, así como un exhaustivo análisis de los hechos y medios de prueba propuestos y evacuados por las partes. A folio quince (15) vuelto concluye: “Que no se ha vulnerado el debido proceso en la presente causa, pues no se ha causado indefensión, y, los elementos de prueba documentales como se dijo antes no desvirtúan en manera alguna los indicios de participación del imputado DILVER ADONYS CRUZ SANTOS”. En consecuencia declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó el auto de formal procesamiento contra el imputado. CONSIDERANDO: (6) Que el Proceso Penal está formado por las etapas de investigación y juzgamiento, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, siguiendo este orden de ideas queda claramente establecido que la audiencia en que comparece el acusado tiene como único fin oír su declaración, sea que éste declare o no. Una vez finalizada ésta, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo a los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice” .CONSIDERANDO: (8) Que la finalidad de la ley penal es la de incriminar determinadas conductas a efecto de que no se puedan realizar de manera impune; el efecto lesivo de tales acciones hace necesaria la protección de los bienes jurídico penales, los hechos, son los que se juzgan y en consecuencia los presupuestos señalados determinan la calificación jurídica de los hechos enjuiciables. CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se aprecia que el Ad quem sometió a estudio la resolución del A quo, exponiendo sus argumentos del porqué declara sin lugar el recurso de apelación; apreciando tanto los actos procesales practicados por el A quo, como los hechos que motivan el requerimiento fiscal, así como el análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones en la audiencia inicial, concluyendo que la resolución apelada procede su confirmación, quedando plasmado en su fallo que la conducta desarrollada por el imputado se subsume en el delito de Extorsión Continuada precepto establecido en el del artículo 222 del Código Penal, que señala: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a personas natural o jurídicas a…”. Por otra parte de acuerdo al orden previamente establecido para el proceso penal y la finalidad de la etapas, Debe observarse que el proceso se encuentra en su primera etapa y será en audiencia de juicio oral y público en que las partes someterán al contradictorio los medios de prueba mediante los cuales deberán lograr una convicción jurídica ya sea de inocencia y/o culpabilidad ante el Tribunal de Sentencia, en que las partes procesales gozarán de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley. Por todo ello esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad quem en su resolución no ha vulnerado el derecho al Debido Proceso invocado por el recurrente. CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.

CONSIDERANDO: (11) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa No se ha quebrantado, el recurrente ha tenido la oportunidad de estar presente e intervenir en todas las actuaciones judiciales por lo que ha podido ejercer plenamente el derecho a la defensa; que la resolución sea contraria a sus pretensiones no significa que se haya vulnerado el derecho invocado. CONSIDERANDO: (12) Que el recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha violentado el artículo 64 Constitucional; de acuerdo al estudio de la resolución impugnada no se encuentra aplicación de leyes ni disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que resulten extrañas al procedimiento procesal penal, de igual manera los Jueces conocedores de la causa han actuado dentro de las facultades que les confiere la ley. Por ende al no existir vulneración a los derechos relacionados, invocados por el recurrente se aprecia que el acusado dispone como todos los ciudadanos hondureños sometidos a juicio de un procedimiento sencillo previamente establecido en la ley, en el que ha tenido las mismas oportunidades que su contendiente, por otra parte, en la etapa del proceso de las que se deriva la impugnación de la resolución del Ad quem, al acusado se le han respetado sus derechos como el derecho a declarar es decir a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial, situación de independencia e imparcialidad de la que no existe ni siquiera asomo de que haya sido quebrantada en algún momento del proceso. CONSIDERANDO: (13) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor DILVER ADONYS CRUZ SANTOS, contra la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número 0599=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371

[2] Idem.