Sentencia AP-598-16 — Registro 8270
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación contra sentencia interlocutoria dictada por juzgado de ejecución que declaró sin lugar la prescripción de la pena solicitada en proceso que se le condenó al imputado por delito de evasión en perjuicio de la Administración Pública, en apelación se ordenó declarar prescrita la pena impuesta a recurrente y consecuencia extinguida la responsabilidad penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."No obstante, en el presente caso, lo expuesto por el artículo 97 del Código Penal no admite discusión; su sentido es palmariamente claro. Establece que la prescripción de la pena sigue las mismas reglas de cálculo que la prescripción de la acción penal. De manera que como ha expuesto la fiscalía, será la pena abstracta en su grado máximo la base para calcular la prescripción de la pena.-De manera que la decisión del ad quem conlleva el vicio de que es contra legem; por cuanto de sus términos o literalidad, resulta más que evidente la intención legislativa, que no da margen a la discrecionalidad judicial..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 100 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 390 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, dictada por el honorable Juzgado de ejecución de la sección judicial del departamento de Cortés; en la causa instruida contra el señor NICOLÁS MALOFF FLÉFIL, por suponerlo responsable del delito de EVASIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Afirmando la amparista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. -ANTECEDENTES PROCESALES..- 1. En fecha veintinueve de junio del año dos mil dos, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, el abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores CARLOS EDUARDO VÁSQUEZ JIMISON y EDGARDO ARIAS SORTO, por considerarlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y EVASIÓN el primero y por VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y EVASIÓN CULPOSA el segundo, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; en contra de OLVIN MAURICIO RODRÍGUEZ CERNA y ERIN ARIAS MEJÍA, por suponerlos responsables del delito de EVASIÓN CULPOSA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en contra de RAMÓN LUJÁN CONTRERAS y JORGE ALBERTO CONTRERAS BRIONES por COMPLICIDAD EN DELITO DE EVASIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra NICOLÁS MALOFF FLÉFIL, por suponerlos responsables del delito de EVASIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios 1 al 7 de la pieza del Juzgado).-2. En fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, el juzgado instructor, resuelve: “PRIMERO: Declarar sin lugar la prescripción de la pena solicitada en el proceso que se le condenó al señor NICOLÁS MALOFF FLÉFIL, por el delito de EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por los argumentos arriba enunciados…” (Folios 405 al 408 de la pieza del juzgado). -3. En fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, la honorable Corte de Apelaciones Penal del departamento de Cortés, resuelve: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, contra la sentencia interlocutoria de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince dictada por el Juzgado de Ejecución de esta sección judicial. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria apelada TERCERO: SE ORDENA a la a quo que llegados que sean los autos declare prescrita la pena impuesta al señor NICOLÁS MALOFF FLÉFIL, por el delito de EVASIÓN en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y en consecuencia extinguida la responsabilidad penal…” (Folios 11 al 13 de la pieza de la corte de apelaciones).-4. La amparista SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, compareció ante este tribunal, en fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS y afirmando que la decisión del ad quem, de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. -5. En fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete, este alto tribunal de justicia tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA..-CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO TRES (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La garantista expresa que la resolución que impugna perjudica al Estado de Honduras porque contraviene los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, los cuales por su orden contienen el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. -La censora señala que el argumento de la defensa es que la pena por el delito de evasión, por el cual fue condenado el ciudadano Nicolás Maloff Fléfil, ya prescribió en virtud de que la sentencia proferida en fecha dieciocho de abril de dos mil siete, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial del departamento de Cortés. Dicho tribunal le impuso la pena de cinco años con siete meses de reclusión por el delito de evasión, habiendo transcurrido desde que esta resolución quedó firme, ocho años con siete meses y seis días.-La defensa peticiona fundamentándose en el artículo 100 del Código Penal en relación con el artículo 97 del mismo cuerpo legal.-La corte de alzada al conocer en apelación el asunto, ha resuelto que la prescripción de la pena se computa de la misma manera que la prescripción de la acción penal, es decir por el transcurso de la pena impuesta en sentencia firme en toda su extensión, aumentada a la mitad; tal como ha ocurrido en el presente caso en que la sentencia impuesta quedó firme desde el diecinueve de abril de dos mil siete, habiendo transcurrido hasta la fecha de la solicitud presentada, ocho años, siete meses y seis días, tiempo que sobrepasa el término de la pena impuesta la cual fue de cinco años y siete meses de reclusión, aumentada en la mitad.-La fiscalía considera que hubo apreciación errónea de lo dispuesto en el artículo 100 en relación con el 97, ambos del Código Penal. Los cuales disponen lo siguiente:“Artículo 97. La acción penal prescribe. 1) Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la de reclusión.”“Artículo 100. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben en los términos señalados en el artículo 97. El tiempo de la prescripción se contará desde la fecha en que la sentencia quede firme, o desde el día del quebrantamiento de la condena, en su caso.”De lo anteriormente expresado la fiscalía realiza el siguiente análisis: “… se concluye que el artículo 100 del referido código, claramente señala que las penas impuestas por sentencia firme, prescriben en los mismos términos señalados para la prescripción de la acción penal señalada en el artículo 97 del mismo cuerpo legal, en tal sentido dicha prescripción tiene lugar cuando transcurra un periodo igual al máximo en duración de la sanción señalada para el delito, aumentada en la mitad; sobre lo anterior resulta necesario establecer que según el artículo 100 antes referido, la prescripción se contará desde la fecha en que la sentencia quede firme, es decir, este enunciado únicamente nos remite a la fecha de firmeza de la sentencia, NO a la duración de la sanción, que en este caso es el aspecto a valorar, por lo que para verificar si en el caso de mérito, la prescripción de la pena es procedente o no, basta con analizar el sentido de la norma y el espíritu del legislador, apreciando la suscrita que se ha interpretado erróneamente lo señalado en los citados artículos, por lo que al aplicar dichas disposiciones al caso concreto nos detendremos en dos aspectos importantes: 1. La sanción señalada para el delito, y 2. La fecha en que quedó firme la sentencia, que en el caso sub iudice fue el dieciocho de abril del año 2007, fecha en que se le impone la nueva pena, por la corte de apelaciones de esta sección judicial.”Tomando en cuenta lo anterior, la fiscalía concluye:“…que de acuerdo al artículo 390 del Código Penal, el máximo de duración de la sanción señalada para el delito de evasión es de 10 años, la cual, al ser aumentada en la mitad como lo exige el supra indicado tipo penal, se convierte en 15 años, término que debió haber transcurrido, para que dicha prescripción proceda, sin embargo desde el 18 de abril del año 2007, fecha en que quedó firme la sentencia antes indicada, al 24 de noviembre del año 2015 fecha en que se solicitó la prescripción de pena en referencia, habían transcurrido 8 años, 7 meses, seis días, por lo tanto la prescripción de pena solicitada por la defensa del acusado NO procede de conformidad con lo establecido en los artículos relacionados.”Al explicar la vulneración al debido proceso por la vía del derecho a una resolución fundada en derecho, la fiscal manifiesta lo siguiente: “Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial, cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilizad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho.”Al explicar la vulneración al principio de legalidad, la fiscal manifiesta lo siguiente:“Asimismo se vulnera el principio de legalidad ya que la resolución emitida por el ad quem no se encuentra apegada a derecho, siendo que el articulado aplicable en el caso sub iudice fue interpretado erróneamente, pues de la simple lectura de lo señalado, tanto en el artículo 100 en relación al 97.1 del Código Penal, se aprecia claramente que la prescripción de la pena impuesta al encartado era improcedente conforme a derecho, ya que el requisito de tiempo impuesto para tal efecto no se cumplía en la causa de mérito vulnerando el artículo 321 de la Constitución de la República, que dispone: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que se expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”La fiscal continúa manifestando:“Al tenor de lo anterior, el principio de legalidad establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa la interpretación del derecho a aplicar; si bien es cierto, el juez tiene una facultad, dada por la misma norma de interpretación, esta debe se ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se aplica, y en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una interpretación errónea de la norma aplicada por el ad quem.”.-CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Cortés decidió por unanimidad de votos, revocar la decisión del juzgado de ejecución del departamento de Cortés, ordenando que se declaren prescrita la pena de reclusión impuesta al señor Nicolás Maloff Fléfil por el delito de evasión y en consecuencia extinguida la responsabilidad penal.-Explica el ad quem que el punto a decidir es la forma como prescribe la pena de reclusión Al respecto cita el artículo 100 del Código Penal que dispone que las penas impuestas por sentencia firme prescriben en los términos señalados en el artículo 97. Agrega que el tiempo de prescripción se contará desde la fecha en que la sentencia queda firme o desde el día del quebrantamiento de la condena, en su caso y que dicho artículo hace una remisión expresa al 97 que dice:“La acción penal prescribe: 1) Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la de reclusión.”Luego explica que:“…a su juicio cuando en el artículo se expresa: “los términos señalados en el artículo 97”, no se refiere a plazos entendidos en términos del derecho, sino que es una expresión común, utilizada en el hablar diario, sin connotaciones jurídicas que equivale a decir, “de la misma forma”, “de la misma manera”, “en iguales o similares circunstancias”, como ocurre cuando por ejemplo se dice “el agente de la policía XXX relató lo siguiente:…”Y en iguales términos declaró el también agente de la policía YYY”. Es una expresión muy común en nuestro medio, especialmente en el jurisdiccional, que se usa para evitar repeticiones. Así pues, estima esta alzada que la referida expresión, se refiere a que la pena prescribe de la misma forma (términos) que la acción penal, es decir, por el transcurso de la pena impuesta por sentencia firme, en toda su extensión, aumentada en la mitad, tal y como ha ocurrido en el presente caso, en que la sentencia impuesta quedó firme desde el diecinueve de abril de 2007, habiendo transcurrido a la fecha de la solicitud sentencia recurrida. (De fecha veinticuatro de noviembre de 2015), ocho años, siete meses, seis días, tiempo que sobrepasa el término de la pena impuesta (5 años 7 meses) aumentada en la mitad. Por lo expuesto esta corte estima que son de recibo los agravios expresados por el recurrente…”CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del artículo 90 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional observa que la censora formaliza la presente garantía constitucional de amparo en la vulneración a los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, los cuales por su orden contienen el derecho al debido proceso y el principio de legalidad.-La controversia central del asunto planteado por la impetrante es, cómo se calcula el tiempo transcurrido para determinar la prescripción de una pena concreta o impuesta en sentencia definitiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 97 y 100 del Código Penal.-El a quo y la defensa del condenado a reclusión, Nicolás Maloff Fléfil, coinciden en que, para hacer el cálculo de la prescripción de la pena, debe tomarse como base la pena impuesta en sentencia definitiva, que en el caso de autos es de cinco años con siete meses de reclusión, de manera que la prescripción opera al transcurrir ese tiempo aumentado más la mitad de ese tiempo; lo que nos resulta en ocho años, cuatro meses y quince días. -En cambio, el ad quem y el Ministerio Público son coincidentes con la tesis de que, para calcular la prescripción de la pena, de conformidad con lo establecido en los artículos 97, 100 390 del Código Penal, lo que debe tomarse en cuenta es la pena abstracta en su grado máximo, más la mitad de este tiempo. Lo que nos resulta en quince años, contados a partir de que la pena queda firme. -Ahora bien, normalmente este alto tribunal de justicia ha desestimado los casos en que el amparista plantea la violación del principio de legalidad como motivo de la garantía, y que se sustenta en cuestiones propias de interpretación legal; es decir cuando el alcance y sentido de la norma es controvertido. -La Sala ha establecido que para alegar lo anterior en amparo se ha de partir desde la perspectiva de los derechos fundamentales conculcados, tal como lo manda el artículo 183 constitucional; o sea de las consecuencias negativas o perniciosas que provoca el yerro judicial en los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte de nuestro derecho interno.-No obstante, en el presente caso, lo expuesto por el artículo 97 del Código Penal no admite discusión; su sentido es palmariamente claro. Establece que la prescripción de la pena sigue las mismas reglas de cálculo que la prescripción de la acción penal. De manera que como ha expuesto la fiscalía, será la pena abstracta en su grado máximo la base para calcular la prescripción de la pena.-De manera que la decisión del ad quem conlleva el vicio de que es contra legem; por cuanto de sus términos o literalidad, resulta más que evidente la intención legislativa, que no da margen a la discrecionalidad judicial.-Además, lo establecido por el legislador tiene un sustento lógico innegable, cual es que: No puede agravarse más la situación de una persona que conserva el estado o presunción de inocencia porque no ha sido procesada (prescripción de la acción penal), con relación a la persona cuya inocencia ha sido desvirtuada y por ende pesa una condena en su contra (prescripción de la pena).-Expresado de manera más clara, la tesis de la defensa y del ad quem sería reducir al absurdo el propósito de la prescripción, puesto que desde el punto de vista ad hominen no sería correcto hacer que una persona hasta el momento inocente espere más tiempo a la extinción de su responsabilidad penal, que una persona que habiendo sido juzgada y condenada espere para lo mismo en un menor tiempo, luego de eludir el cumplimiento de la pena impuesta.-Es por todo lo anterior que la Sala de lo Constitucional estima que es procedente otorgar la presente garantía de amparo.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 97 No.1 y 100 del Código Penal; FALLA: OTORGANDO la garantía de amparo impetrada por la fiscal, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en contra de la sentencia dictada en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. En consecuencia, que la aludida corte de apelaciones dicte nueva sentencia observando el debido proceso legal, tomando en consideración lo señalado por este alto tribunal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0598-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”