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Sentencia AP-593-17 — Registro 10281

Resumen

Acto recurrido que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo; en la causa instruida contra el señor joaquin ponce erazo, por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba, (Art. 172 C.P.P.) para el logro de tal finalidad el legislador ha dispuesto un catálogo de doce medidas cautelares de las que el juzgador deberá imponer aquellas o aquellas que de acuerdo al caso concreto y a los principios de proporcionalidad e idoneidad corresponda, en el caso de autos se aprecia que el delito por el que se ha instruido juicio contra el ahora recurrente es en perjuicio de la Administración Pública, en consecuencia procede la imposición de la medidas cautelar de Suspensión del Cargo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 173 No. 12 del mismo Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.." Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor JOAQUIN PONCE ERAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; en la causa instruida contra el señor JOAQUIN PONCE ERAZO, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada NORIS MARIZOL LOVO VILLAFRANCA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JOAQUIN PONCE ERAZO, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (Folios 1 al 9 de la pieza principal del Juzgado). 2) Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, “RESOLVIO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del imputado JOAQUIN PONCE ERAZO, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 144 al 155). 3) Que conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. 2.- Ordena imponer la medida cautelar sustitutiva de la suspensión en el ejercicio del cargo, contenida en el articulo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal.” (Folio 209 al 210) 4) La recurrente Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor JOAQUIN PONCE ERAZO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62 Y 90 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 6 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Declara CON Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal con jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, con relación a la causa instruida contra el señor JOAQUIN PONCE ERAZO, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso manifiesta que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, que se origina en virtud de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, interpusieron el recurso de apelación parcialmente en contra de la resolución de la Juez de Letras en razón de que no se impuso al imputado JOAQUIN PONCE ERAZO, la medida cautelar establecida en el artículo 173 No. 12 del Código Procesal Penal, donde se pretende la suspensión del cargo en virtud de haberse decretado el auto de formal procesamiento al señor JOAQUIN PONCE ERAZO. Señala que la Juez ordenó los respectivos traslados para contestar cargos lo que hizo en tiempo y forma, siendo citado posteriormente para personarse ante la Corte de apelaciones el 30 de junio del 2017. Resalta el hecho de que sorprendentemente en fecha tres de julio del 2017, el Juzgado dictó un auto argumentando que ya había mandado la resolución la Corte de Apelaciones mediante Oficio 591-SCAP-2017, este contenía una Resolución de fecha 23 de junio del 2017 en la cual ordenaba imponer a su representado la medida cautelar establecida en el artículo 73 numeral 12 del C.P.P. Señala que hasta ese momento se dieron cuenta de dicha resolución de la Corte de Apelaciones, que en definitiva vulnera el derecho de Defensa y el Debido Proceso establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República respectivamente”. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem expuso en el acápite de la Motivación que del estudio de las diligencias se desprende que en audiencia de declaración de imputado se impuso al acusado JOAQUIN PONCE ERAZO, las medidas cautelares contenidas en los numerales 5, 6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal, habiendo solicitado el Ente Fiscal la suspensión del Cargo, medida contenida en el numeral 12 del mismo artículo”, sin que se la otorgara la A quo. Sucede que durante la celebración de la audiencia inicial el Ministerio Fiscal solicitó nuevamente la imposición de la referida medida en virtud de haberse acreditado la condición de funcionario público y el bien jurídicamente protegido. Señala el Ad quem que el delito por el cual se le decretó auto de formal procesamiento al acusado, es un delito contra la Administración Pública, de manera que le es aplicable la medida cautelar de Suspensión en el ejercicio del cargo, de manera que al aplicar los principios de la norma procesal como el de proporcionalidad e instrumentalidad, a fin de establecer si la medida impuesta está en proporción al caso concreto, y la idoneidad que determina si la intervención en el derecho fundamental de que se trate es la adecuada la idónea al caso concreto, en el caso que nos ocupa es una medida idónea por tratarse de un delito contra la administración pública. CONCLUYENDO el Ad-Quem que es procedente el recurso planteado en consecuencia Declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público 2.- ordena imponer la medida cautelar de suspensión en el ejercicio del cargo, contenida en el artículo 173 No. 12 del Código Procesal Penal. CONSIDERNADO (6): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (8): Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se refiere a las “Garantías” es decir medidas destinadas a la protección o aseguramiento de la titularidad o ejercicio de los derechos, otorgando los medios idóneos para que los derechos y libertades reconocidos sean efectivos en toda situación incluso la creada por el proceso penal, creando los elementos necesarios para la regularidad del proceso y factores necesarios para el legítimo ejercicio de la jurisdicción (las negritas son nuestras). El ejercicio de estas garantías se otorga en condiciones de “plena igualdad concretizando de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el artículo 60 Y 61 constitucional, en consecuencia, no puede haber duda en cuanto a su operatividad inmediata en el denominado proceso penal, plenario debate o juicio oral y público. CONSIDERANDO (10): Que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba, (Art. 172 C.P.P.) para el logro de tal finalidad el legislador ha dispuesto un catálogo de doce medidas cautelares de las que el juzgador deberá imponer aquellas o aquellas que de acuerdo al caso concreto y a los principios de proporcionalidad e idoneidad corresponda, en el caso de autos se aprecia que el delito por el que se ha instruido juicio contra el ahora recurrente es en perjuicio de la Administración Pública, en consecuencia procede la imposición de la medidas cautelar de Suspensión del Cargo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 173 No. 12 del mismo Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por tales razones, la Sala de lo Constitucional concluye que la sentencia impugnada, proferida por unanimidad de votos por la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán, se encuentra apegada a derecho por lo que no son de recibo los argumentos que invoca el recurrente para acudir en amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 205, 303, 304, 313 Nº 5 y 316 Nº 1, de la Constitución de la República;1, 78 Nº 5 de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 72, 73 NO. 12 del Código Procesal Penal, Decreto Nº 2-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de febrero del año 2010; y 1, 2, 3 Nº 2), 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor JOAQUIN PONCE ERAZO, contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0593=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.