Sentencia AP-591-17 — Registro 10280
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo en relación a la causa instruida contra el señor Reynaldo Daniel Garcia Padilla por suponerlo responsables de doce delitos de Falsificacion de Dcumentos Públicos y Apropiacion Indebida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..." ..."Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar un sobreseimiento y ordenar se dicten los correspondientes Autos de Formal Procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor REINALDO DANIEL GARCIA PADILLA, contra la sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la causa instruida contra el señor REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA y JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO, por suponerlo responsables del delito de DOCE DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de la FE PÚBLICA y REYNALDO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los Artículos 62 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, presentando Requerimiento Fiscal contra REINALDO DANIEL GARCIA PADILLA, por suponerlo responsable de la comisión de Doce delitos de USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS y APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de LA FE PÚBLICA y REINALDO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ y contra JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA, (Folios 64 al 67 de los antecedentes).-2) Que en Audiencia Inicial que dio inició en fecha veinte (20) de Abril del año dos mil dieciséis (2016) y concluyó en fecha diecinueve (19) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado antes indicado dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA. 2) DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA, por suponerlo responsable de 12 delitos de USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA. 2) DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA, por suponerlo responsable de 12 delitos de USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, en perjuicio DE LA FE PÚBLICA y REYNALDO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ.- 3) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA, por suponerlo responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de REYNALDO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ. (Folios 492 al 533 de los antecedentes).-3) Que en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESOLVIÓ: “1) Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE los recursos de Apelación interpuestos. 2) CONFIRMAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor del Notario JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO; 3) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA por suponerlo responsable de doce delitos de Uso de Documentos Públicos falsos. 4) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA por suponerlo responsable del delito de Apropiación Indebida, a fin de que en estos dos últimos casos se dicten los correspondientes Autos de Formal Procesamiento. (Folios 562 al 601 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis (6) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 62 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 63 del Recurso de Amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor REINALDO DANIEL GARCIA PADILLA, se dirige contra la sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la causa instruida contra el señor REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA y JUAN ISIDRO ORTEZ GALLO, por suponerlo responsables del delito de DOCE DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de la FE PÚBLICA y REYNALDO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor REYNALDO DANIEL GARCIA PADILLA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis (6) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 62 y 90 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera el Debido Proceso, ultraja el Derecho de Defensa; ya que se pretende someter a su representado a un juicio, sin existir una motivación sólida que restrinja sus derechos, no se cumple lo establecido en el Artículo 141 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso está acreditado tanto la evidencia probatoria como los indicios racionales necesarios, así como los requisitos constitucionales y procesales para decretar el Auto de Formal Procesamiento; por lo que consideró procedente revocar el sobreseimiento provisional que se conoció en apelación. En consecuencia, el encartado tiene el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar un sobreseimiento y ordenar se dicten los correspondientes Autos de Formal Procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0591-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL