Sentencia AP-581-18 — Registro 10199
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar una recusación interpuesta contra los jueces del tribunal de sentencia de la ciudad de san pedro sula, departamento de cortés; con relación a la causa instruida ante dicho tribunal de sentencia contra el señor Carlos Alberto Villarruel, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que tal y como lo expone el Ad-Quem, en la resolución recurrida, las actuaciones del A-Quo se encuentran motivadas y revestidas de legalidad, de un simple análisis a la cuestión abordada y sus antecedentes resulta que el Ad-quem sí ha cumplido con su función constitucional de impartir justicia en apego a la legalidad procesal aplicable. Está visto que el derecho a la defensa, al igual que la generalidad de los preceptos que configuran el bloque de constitucionalidad, se reconducen materialmente a los tratados internacionales, a las leyes secundarias y demás normativas aplicables como fuentes jurídicas en un Estado de Derecho. Se delimita con ello, la justeza de su concepto y se procura garantizar su homogénea, consistente e imparcial aplicación. La interpretación subjetiva, en cuanto al análisis de las causales de recusación y su fundamento, que propone el recurrente para explicar su acción de amparo, no se apegan a la taxatividad de las formas procesales que ya han sido definidas por esta Sala para garantizar el fundamento y la congruencia a ser observadas como ser las más elementales exigencias de la razonabilidad que caracterizan al acto jurídico de la recusación. Se pretende con ello garantizar las formas esenciales del proceso, sin soslayar la naturaleza sumaria que debe seguir un trámite de la recusación y en definitiva, disminuir en su más mínima expresión a los principios de celeridad y economía procesal que rigen las actuaciones en el Código Procesal Penal, dando pábulo a la demora injustificada de la justicia penal, antes que su pronto y adecuado cumplimiento. Por lo dicho, no es de recibo que exista perjuicio alguno al derecho de defensa y de respeto al debido proceso de que goza el agraviado..." ..." Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Los antecedentes en el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUBÉN SOLANO PARADA a favor del señor CARLOS ALBERTO VILLARRUEL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, que declara sin lugar una recusación interpuesta contra los Jueces del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Abogados EDIN DE LA O RAMOS, PAULA ROSARIO CHÁVEZ LÓPEZ y WENDY SUYAPA LAKEMAN; con relación a la causa instruida ante dicho Tribunal de Sentencia contra el señor CARLOS ALBERTO VILLARRUEL, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio del señor EDUARDO ANTONIO SMITH CÁCERES. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; sin embargo, este Tribunal del estudio del acto reclamado, estima que el Ad-quem ha resuelto en los términos y con las formalidades debidas las peticiones presentadas por el recurrente, pues se observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece, y dictándose la misma dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se aprecia asimismo que el hecho que motiva la presente acción de amparo se origina en un incidente de recusación promovido por el Recurrente contra los Jueces Abogados EDIN DE LA O RAMOS, PAULA ROSARIO CHÁVEZ LÓPEZ y WENDY SUYAPA LAKEMAN, integrantes del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. CONSIDERANDO: Que esta Sala estima pertinente indicarle al recurrente en cuanto a las recusaciones que se promuevan contra jueces de primera o segunda instancia, alegando como justificación de esta acción el denunciar o haber sido denunciado por una de las partes en litigio uno de los jueces o la totalidad de estos, trayendo como consecuencia de dicha denuncia la enemistad manifiesta; que existe jurisprudencia de este Tribunal a ese respecto[1], que contiene una alusión analógica a las causales precitadas, comprendidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, en la cual la Sala ha dejado sentado su criterio de la siguiente manera: “… CONSIDERANDO: Que la palabra recusación se deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239) CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia. CONSIDERANDO: Que tal derecho fundamental encuentra reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…” CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legítima, y que entre otras se considera causa legítima la prevista en su numeral 2), consistente en “estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor de un delito o falta..”. CONSIDERANDO: Que un entendimiento meramente literal del precepto legal antes mencionado, nos conduciría a estimar que de acuerdo a lo prescrito por nuestro Código Procesal Penal, la presentación de denuncia criminal ante el órgano competente, incoada contra uno o más miembros del Tribunal que juzga al imputado, puede ser invocada por éste como causal de recusación, sin que sea menester el que dicha denuncia haya sido admitida en sede judicial. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, la Sala comparte la opinión externada por el Tribunal Ad Quem, en cuanto que no basta con la simple presentación de la denuncia, sino que cumplidos los requisitos legales se requiere además, que la misma sea admitida en sede judicial y con ello de lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas. Es lógico que así sea, porque, en caso contrario, cualquier litigante de mala fe podría excluir a uno o más miembros del órgano jurisdiccional, apartándole del conocimiento del asunto, simplemente con presentar una denuncia, acusación o querella contra el mismo, al margen de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, por acusación o denuncia falsa. ( vid. art. 387 del Código Penal, vid. además y para efectos de ilustración el criterio que ha seguido la doctrina y la jurisprudencia española en la aplicación de los artículos 54 No. 3) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 No. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, preceptos que tienen correspondencia con el artículo 83 No. 2) del Código Procesal hondureño: CONDE-PUMPIDO TOURON, CANDIDO, en AAVV, Los Procesos Penales, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con formularios y Jurisprudencia, Disposiciones Generales, arts. 1 al 99, Bosch S.A., Barcelona, 2000, pág. 510, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, CANDIDO (Director), Enjuiciamiento Criminal, Ley y Legislación Complementaria, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, Trivium S.A., Madrid, 1998, pág. 423). CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la mera presentación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el acusado, no constituye un motivo racional y legítimo para dudar de la imparcialidad del Tribunal que le juzga, de tal manera que no se entiende suficientemente acreditada la causal de recusación invocada por aquel, y que por lo tanto no se considera infringido su derecho de defensa, ni tampoco la garantía genérica del debido proceso, consagrados en la Constitución.”. CONSIDERANDO: Que tal y como lo expone el Ad-Quem, en la resolución recurrida, las actuaciones del A-Quo se encuentran motivadas y revestidas de legalidad, de un simple análisis a la cuestión abordada y sus antecedentes resulta que el Ad-quem sí ha cumplido con su función constitucional de impartir justicia en apego a la legalidad procesal aplicable. Está visto que el derecho a la defensa, al igual que la generalidad de los preceptos que configuran el bloque de constitucionalidad, se reconducen materialmente a los tratados internacionales, a las leyes secundarias y demás normativas aplicables como fuentes jurídicas en un Estado de Derecho. Se delimita con ello, la justeza de su concepto y se procura garantizar su homogénea, consistente e imparcial aplicación. La interpretación subjetiva, en cuanto al análisis de las causales de recusación y su fundamento, que propone el recurrente para explicar su acción de amparo, no se apegan a la taxatividad de las formas procesales que ya han sido definidas por esta Sala para garantizar el fundamento y la congruencia a ser observadas como ser las más elementales exigencias de la razonabilidad que caracterizan al acto jurídico de la recusación. Se pretende con ello garantizar las formas esenciales del proceso, sin soslayar la naturaleza sumaria que debe seguir un trámite de la recusación y en definitiva, disminuir en su más mínima expresión a los principios de celeridad y economía procesal que rigen las actuaciones en el Código Procesal Penal, dando pábulo a la demora injustificada de la justicia penal, antes que su pronto y adecuado cumplimiento. Por lo dicho, no es de recibo que exista perjuicio alguno al derecho de defensa y de respeto al debido proceso de que goza el agraviado. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUBÉN SOLANO PARADA a favor del señor CARLOS ALBERTO VILLARRUEL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, por alegar violaciones de mera legalidad; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-581-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Amparos Penales 561=06, 203=11, 715=11, Amparos Civiles 177=11, Amparo Civil 203-11, Amparo Civil 1001-14, Amparo Civil 1074-14