Sentencia AP-573-17 — Registro 10197
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo, confirmando; en la causa instruida contra el señor Nelson Reiniero Romero Hernandez, por suponerlo responsable de los delitos de adquisición de vehículo robado y hurto, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que siendo insuficiente e incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el sobreseimiento provisional a favor del imputado, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..." Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de HURTO que se atribuye al imputado, y así determinar si es procedente decretar un auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo por el delito de Hurto acusado por el ente acusador..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra el Señor NELSON REINIERO ROMERO HERNANDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO y HURTO, en perjuicio de la Señora LIDIA ANDREA MEJIA REYES.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria del Principio-Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 141 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, la Abogada ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS, actuando en su condición de Agente de tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el Señor NELSON REINIERO ROMERO HERNANDEZ, por los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO y HURTO, en perjuicio de la Señora LIDIA ANDREA MEJIA REYES. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en la Audiencia Inicial celebrada, el citado Juzgado, resolvió: (Sic) “1) Decretar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el Señor NELSON REINERIO ROMERO HERNANDEZ, por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de LIDIA ANDREA MEJIA REYES.-2) Se decreta la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la cual será cumplida en el Centro penal de Trujillo, Colón para lo cual se ordena librar los oficios correspondientes para su guarda y custodia.- 3) Se decreta a favor del imputado NELSON REINERIO ROMERO HERNANDEZ, un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por el delito de HURTO, en perjuicio de LIDIA ANDREA MEJIA REYES;…”. (Folios del 18 al 23 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada WUENDY AGUILAR UMANZOR, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, Falló: (Sic) “Declarando Sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito y en consecuencia Confirmando el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Colón, el diecisiete de octubre de 2016 en el cual se provee sobreseimiento provisional a favor del imputado Nelson Reiniero Romero Fernández en la causa que se le sigue por el delito de hurto….”(Folios 4 y 5 de la pieza de antecedentes de Alzada) 4) Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Tribunal en fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el acápite anterior, por considerar que la misma quebranta el Principio-Derecho al Debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 5 de los autos) 5) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución que provee sobreseimiento provisional a favor del imputado, dictada en fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, por el a-quo; por considerar, inter alía: “TERCERO: Que a juicio de la suscrita se acredito el delito de adquisición de un vehículo Robado y que así mismo el indicio racional de participación del imputado en los hechos; no así en esta audiencia no se acredito que sea el imputado que haya hurtado el radio de dicho vehículo, ya que los testigos no miraron este hecho y no les consta el mismo….”. (Ver Folio 23 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (4): Que, en la formalización del presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del Principio-Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación, según las razones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen: Que de la lectura detenida de la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones, esta representación fiscal considera que la motivación externada por el Ad-Quem no respeta el principio congruencia que exige la norma procesal penal y que constituye el principio-derecho del Debido Proceso, el cual demanda que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, no siéndole permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica, tal como ocurre en el caso de autos, donde el Ad-quem concluye que con las pruebas recibidas en audiencia inicial se sabe que fue el imputado quien hizo la separación del equipo de radio incorporado al vehículo y que dejo en una estación de servicio, para luego señalar que no se puede afirmar que el imputado fue el autor del hurto de la radio incorporada en el vehículo. CONSIDERANDO (6): Que siguiendo con sus argumentos, la representación fiscal aduce que la incongruencia expuesta causo una segunda violación al debido proceso, misma que consiste en la aplicación indebida del principio de identidad, al señalar que resulta contradictorio a dicho principio, afirmar que el encausado no fue el autor del hurto del vehículo y afirmar al mismo tiempo que el imputado fue el autor del hurto de la radio incorporada, ya que a su criterio todo aquello que se afirma o niega del todo, también debe afirmarse o negarse de las partes que lo componen. CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (9): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5] CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida, al confirmar el sobreseimiento provisional dictado a favor del imputado, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el Auto de Formal Procesamiento solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: evidencia probatoria de la existencia de un delito y además indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. CONSIDERANDO (12): Que el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que el Juez dictará sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. CONSIDERANDO (13): Que según lo prevé el artículo 223 del Código Penal, “Comete el delito de hurto: 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas; 2) Encontrándose una cosa perdida no la entrega a la autoridad o a su dueño si sabe quien lo es y se apodera de la misma con animo de dueño; y, 3) Sustraiga o utilice los frutos u objetos del daño que hubiera causado, salvo los casos previstos en el Libro Tercero….”. CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que, en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal ad-quem afirma que: “II. De acuerdo con las pruebas recibidas en la audiencia inicial, fue el imputado quien llegó en un vehículo de iguales características que aquel que fue objeto del delito investigado a una estación de servicio y dejó allí un equipo de radio para automóvil identificado como aquel que estaba incorporado al mencionado vehículo y por consiguiente es necesario concluir que el procesado adquirió el vehículo propiedad de la señora Lidia Mejía cuando todavía tenía el equipo de radio incorporado, ya que sabemos que fue el imputado quien hizo la separación una vez que estuvo en posesión del auto y por consiguiente, no se puede aceptar que el procesado recibió el automóvil de manos de otro sujeto, cometiendo así el delito de adquisición de vehículo robado (lo cual equivale a afirmar que no fue el autor del hurto de dicho automotor) y afirmar al mismo tiempo que el imputado fue el autor del hurto de la radio incorporada al vehículo, puesto que ello seria contrario al principio de identidad, el cual exige que aquello que se afirma o niega del todo también deba afirmarse o negarse de las partes que lo componen. III. De acuerdo con el razonamiento precedente esta corte estima que es inaceptable la pretensión de que se dicte auto de prisión contra el imputado por el delito de hurto del equipo de radio que estaba incorporado y formaba parte de un automóvil propiedad de la señora Lidia Andrea Mejía Reyes y que por tanto debe confirmarse la resolución apelada….”; argumentación que no resulta coherente, pues en la motivación relacionada el Ad-quem arguye: (Sic) “es necesario concluir que el procesado adquirió el vehículo propiedad de la señora Lidia Mejía cuando todavía tenía el equipo de radio incorporado, ya que sabemos que fue el imputado quien hizo la separación una vez que estuvo en posesión del auto –Énfasis suplido-; y seguidamente indica: (Sic) y por consiguiente, no se puede aceptar que el procesado recibió el automóvil de manos de otro sujeto, cometiendo así el delito de adquisición de vehículo robado;. CONSIDERANDO(15): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente e incongruente y carente de claridad y precisión, con la conclusión a la que arriba en la resolución que se impugna, pues señala que: -el imputado hizo la separación una vez que estuvo en posesión del auto-, afirmando una acción, para después indicar -que no se puede aceptar que el procesado recibió el automóvil de manos de otro sujeto-, negando la acción que antes había afirmado; la alzada hace un razonamiento que no es suficientemente lógico y coherente, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. No obstante lo señalado, esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 295 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a confirmar el sobreseimiento provisional dictado a favor del imputado. CONSIDERANDO (16): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (17): Que siendo insuficiente e incoherente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el sobreseimiento provisional a favor del imputado, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del delito de HURTO que se atribuye al imputado, y así determinar si es procedente decretar un auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento provisional o definitivo por el delito de Hurto acusado por el ente acusador. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13, 24 numeral 5 y 116 del Código Penal; 141 y 295, del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el fallo proferido en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0573-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.