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Sentencia AP-557-18 — Registro 10434

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente con relación a orden de desalojo de una comunidad indígena conocida como Guarín y la Venera ubicado en Choloma, Cortés; el Tribunal de Alzada concluyó que no se ejercitó la acción de amparo dentro del plazo legal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el Tribunal de alzada Deja establecido que la acción de amparo “se observa que la fecha en que este se interpuso fue el 26 de septiembre del 2017 y que en el escrito de subsanación (F.7) una vez corregido el recurso de amparo se señala que este se promueve contra la resolución dictada por el Tribunal de sentencia en fecha 24 de mayo del 2017. Señalando el Ad quem que por la diferencia de tiempo transcurrido entre la fecha de resolución y la fecha que interpuso la acción de amparo se deja a la luz una de las causales de inadmisibilidad establecido en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que en su numeral 4 establece: “es inadmisible el recurso de amparo: 1) … 2)…3)…. 4) cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48..."..."Aprecia además que la resolución que se impugna fue notificada en el mismo momento a los apoderados que tenían los recurrentes en aquel momento, es así que en esa fecha (24 de mayo del 2017) la apoderada defensora se notificó NO conforme con la resolución de Desalojo y en consecuencia interpuso el Recurso de Reposición que fue declarado SIN LUGAR en esa misma fecha (F. 35 de la pieza del Tribunal de Sentencia). En consecuencia, el Ad quem señala que al haber transcurridos cuatro meses dos días después de que fue notificada la resolución que le afecta, desprendiéndose de ello que dejó pasar el plazo de DOS MESES que señala la ley... Además hace referencia que de los antecedentes se aprecian cuestiones de mera legalidad que son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales…..."..."del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido esta Sala observa que si bien es cierto, el recurrente ha solicitado amparo argumentando la trasgresión de derechos y garantías constitucionales, esta Sala encuentra, que la resolución del Ad-quem ha sido dictada conforme a derecho ciñéndose a los principios, requisitos y exigencias que fija la ley, la motivación de la misma es suficiente para establecer los razonamientos, fundamentos jurídicos y causales de improcedencia considerados para sobreseer el recurso de amparo objeto de esta consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., siete de noviembre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los Señores JUAN LARA, JESSICA ILIANA GUZMAN GIMENEZ, JOSE BARRERA GONZALES y JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, a favor de SI MISMOS, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017); con relación a una orden de desalojo de una comunidad indígena conocida como “Guarìn y la Verera”, ubicado en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. Estimando los recurrentes, que el acto reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; 26 y 27 de la Convención de Viena; 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 18 del Convenio 169 de la OIT, y; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la Abogada JORDANA SARAHI LOZANO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores RUTH XIOMARA PINEDA CRUZ, JUAN PABLO RAUDALES ESPINOZA, ROSIBEL CHAVEZ BARAHONA, LUIS ALONSO RAMIREZ PEREZ, EVANS OTONIEL GUERRA GUILLEN, BRIJIDA ORDOÑEZ CASTRO, JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, SANTIAGO AYALA SANCHEZ, JOSE RAMON MURCIA BRIZUELA Y ROLBIN ESCOBAR PINEDA, miembros del Grupo Campesino Lealtad y Esfuerzo, por el delito de USURPACION, en perjuicio de los Señores MARIA ENRIQUETA ALVAREZ, ROSAURA MARIA COBOS ALVAREZ Y PEDRO COBOS ALVAREZ. (Folios 1–150 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 2) Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil catorce (2014), el citado Juzgado decretó Auto de Apertura a Juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal en fecha quince (15) de mayo del año dos mil catorce (2014). (Folios 496 y 502 del Tomo 2 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 3) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en la Audiencia de Juicio Oral y Publico, el citado Tribunal de Sentencia Resolvió: (SIC) “al escuchar la información de la secretaria que no están cumpliendo con la medida a excepción de Juana del Carmen Romero, se declara la rebeldía a los señores Jose Barrera, Juan Lara, Gonzalo Franco, Rosa María Díaz, Jessica Eliana Guzmán, Santiago Ayala, Ruth Xiomara Pineda y Juana del Carmen Romero, se envíen la orden de captura correspondiente así como alerta migratoria, eso sin perjuicio que la defensa los presente voluntariamente, una vez puesto a la orden del Tribunal se procederá a programar juicio oral y publico. Estando firme la orden. Se ordena se cumpla esa orden judicial de desalojo y se nombre como Juez ejecutor a la Juez de Paz del Municipio de Choloma, Cortes…” (Folios 563 y 564 del Tomo 2 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 4) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), los Señores JUAN LARA, JESSICA ILIANA GUZMAN GIMENEZ, JOSE BARRERA GONZALES y JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, interpusieron ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Recurso de Amparo contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mencionada en el numeral anterior, por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; 26 y 27 de la Convención de Viena; 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 18 del Convenio 169 de la OIT, y; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios 1–15 de la pieza de Amparo).

  1. Que en fecha treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte dicta Sentencia, mediante la cual Falla: (SIC) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Santiago Flores Rosales, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores JUAN LARA, JESSICA ILIANA GUZMAN GIMENEZ, JOSE BARRERA GONZALES, JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, contra la resolución judicial de fecha Veinticuatro (24) de Mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, en el proceso penal por el delito de USURPACION, que se instruye contra los señores Juan Lara, Jessica Iliana Guzmán Giménez, Jose Barrera Gonzales, Juana Del Carmen Romero Sánchez, Julio Salomón Pineda Meza, en perjuicio de Maria Enriqueta Álvarez, Rosaura Aria Cobos Álvarez Y Pedro Cobos Álvarez.-” (Folios 55–60 de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1 y 2 del presente Recurso). CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual SOBRESEE el recurso de Amparo interpuesto por los señores JUAN LARA, JESSICA ILEANA GUZMAN GIMENES, JOSE BARRERA GONZALES Y JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTEZ, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL Y JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CHOLOMA del mismo departamento. Con relación a la causa que se les instruye por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de Los señores PEDRO, MARIA ENRIQUE Y MARIA ROSAURA todos de apellidos COBOS ALVAREZ. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes señalan son miembros del pueblo Indígena Lenca de Honduras, residentes en la comunidad de Guarin y la Varera, señalando que sus ancestros vivieron por mas de cien años, haciendo su de sus tierras en forma tradicional, sin embargo, todo el tiempo las autoridades del gobierno los han tratado de grupos campesinos desconociendo su derecho indígena. Sigue manifestando que el Tribunal de Sentencia impugnado en fecha 24 de mayo del año 2017, ordenó el desalojo del predio ubicado a la altura de Boquitas y Morales cerca de la autopista que conduce a Puerto Cortes, municipio de Choloma, departamento de Cortes, hacen la observación que el lugar de desalojo indicado por el Tribunal de Sentencia es Boquitas y Morales y queda a varios kilómetros de la tierra que ocupan los miembros de la Comunidad Indígena “Guarin y Varera, sin embargo están muy interesados en desalojarlos de dicha comunidad indígena y ese no es el lugar ordenado en la resolución. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem en el cuarto considerando, de su fallo expone: Sic “Que el presente amparo fue interpuesto ante esta Corte en fecha 26 de septiembre del 2017 las 2.50 p.m., contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, de fecha 24 de mayo del año 2017, como tal aparece en el escrito de subsanación presentado por el recurrente, por lo tanto no era contra un auto o resolución emitido en el mes de septiembre del 2017, como lo había expuesto en su original escrito de amparo, señalando al Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, como la autoridad contra quien se interpuso el recurso de amparo por ser quien ordenó el desalojo de la Comunidad Indígena Lenca conocido como Guarin y la Varera ubicado en el Municipio de Choloma, Cortes, y contra el Juzgado de paz de lo Civil y Criminal de Choloma, Cortes, en su condición de Juez Ejecutor y la Comandancia de Policía UMEP número 10 de Choloma, Cortés, de quienes expone ejecutarán el desalojo el día siguiente de la interposición del amparo, el 27 de septiembre del 2017. CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada Deja establecido que la acción de amparo “se observa que la fecha en que este se interpuso fue el 26 de septiembre del 2017 y que en el escrito de subsanación (F.7) una vez corregido el recurso de amparo se señala que este se promueve contra la resolución dictada por el Tribunal de sentencia en fecha 24 de mayo del 2017. Señalando el Ad quem que por la diferencia de tiempo transcurrido entre la fecha de resolución y la fecha que interpuso la acción de amparo se deja a la luz una de las causales de inadmisibilidad establecido en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que en su numeral 4 establece: “es inadmisible el recurso de amparo: 1) … 2)…3)…. 4) cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48 que dice: Del plazo para promover la acción: La acción de amparo deberá presentarse dentro de los Dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado, o de aquella en que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudica o pueda perjudicarle. Aprecia además que la resolución que se impugna fue notificada en el mismo momento a los apoderados que tenían los recurrentes en aquel momento, es así que en esa fecha (24 de mayo del 2017) la apoderada defensora se notificó NO conforme con la resolución de Desalojo y en consecuencia interpuso el Recurso de Reposición que fue declarado SIN LUGAR en esa misma fecha (F. 35 de la pieza del Tribunal de Sentencia). En consecuencia, el Ad quem señala que al haber transcurridos cuatro meses dos días después de que fue notificada la resolución que le afecta, desprendiéndose de ello que dejó pasar el plazo de DOS MESES que señala la ley. Señalando que ante esta falencia no puede entrar al estudio de los argumentos que señala el recurrente. Además hace referencia que de los antecedentes se aprecian cuestiones de mera legalidad que son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales… consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales… estas cuestiones (propias de instancia), corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsicamente deben resolver y decidirse por la autoridad competente, señalando que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado al respecto, concluye que los argumentos del recurrente son de mera legalidad. Causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 No. 1 y párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo sobreseer por tales razones.” En consecuencia, sobreseyó el Amparo interpuesto. CONSIDERRANDO: (7) Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 establece los motivos por los cuales se declara inadmisible un recurso de amparo, en su numeral 1) dispone: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”. Entendiendo que el recurrente alega vicios de legalidad en la resolución impugnada, al tratarse de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, que corresponde a la autoridad ordinaria resolver dando respuesta mediante la aplicación que corresponda al caso concreto, pues la proposición de una cuestión que por su naturaleza, propia y exclusiva del marco de la legalidad, limitada al conocimiento y decisión de las autoridades ordinarias, importa un defecto en la causa de pedir de la pretensión de amparo, que se traduce en la imposibilidad de juzgar desde la óptica constitucional el reclamo formulado. No.4) “cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48 que dice: “Del plazo para promover la acción: La acción de amparo deberá presentarse dentro de los Dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado, o de aquella en que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudicar o pueda perjudicarle”. CONSIDERANDO: (8) Que del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido esta Sala observa que si bien es cierto, el recurrente ha solicitado amparo argumentando la trasgresión de derechos y garantías constitucionales, esta Sala encuentra, que la resolución del Ad-quem ha sido dictada conforme a derecho ciñéndose a los principios, requisitos y exigencias que fija la ley, la motivación de la misma es suficiente para establecer los razonamientos, fundamentos jurídicos y causales de improcedencia considerados para sobreseer el recurso de amparo objeto de esta consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 1 y 4, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha treinta de julio del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los señores JUAN LARA, JESSICA ILEANA GUZMAN GIMENES, JOSE BARRERA GONZALES Y JUANA DEL CARMEN ROMERO SANCHEZ, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL Y JUZGADO DE PAZ DE LO CRIMINAL DE CHOLOMA del mismo Departamento. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0557=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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