Sentencia AP-54-18 — Registro 10394
Resumen
Acto recurrido que denegó el recurso de amparo contra la resolución dictado por el a-quo en relación a la demanda para que se Declare la nulidad de un acto Administrativo de carácter particular emitido por el Congreso Nacional.-Se declare la ilegalidad y su nulidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"... Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al ordenar que para decretar la caducidad de la instancia en un proceso contenciosos administrativo, es únicamente cuando por causa imputable al actor, se haya paralizado el proceso durante seis meses, situación que no sucede con el caso en estudio, pues al revisar los antecedentes se observa que el juicio a estado paralizado por causas imputables al Tribunal que conoce de la causa, porque al no aceptar el Abogado a quien la parte demandante le otorgó Poder en el escrito de demanda, era obligación del órgano jurisdiccional a través del funcionario correspondiente requerirle a efecto de saber si aceptaba o no el Poder a él conferido, actuaciones que el tribunal devenía en la obligación de realizar de oficio por el principio de oficiosidad de que esta revestido al tenor de lo ordenado en el artículo 132 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma norma legal..." ..." Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que la caducidad de la instancia procede cuando se da la paralización del proceso por un periodo de seis meses, cuando tal paralización sea por causas imputables a la parte actora, situación que no ha sido el motivo en el caso de autos, siendo el responsable de la paralización del proceso el mismo órgano jurisdiccional que conoce de la demanda, habiéndose respetado los derechos al debido proceso y defensa que arguye la garantista como vulnerados; por ello esta Sala concluye que no se han quebrantado derechos constitucionales con la resolución impugnada en Amparo..."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, a favor del señor EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; en relación a la causa instruida contra el señor EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, por suponerlo responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS y EXTORSION, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y el TESTIGO PROTEGIDO “S 138”. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de cortés, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA; manifestando el recurrente que mediante providencia de fecha veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, le denegó el cambio de fecha de audiencia de Juicio Oral y Público, que había solicitado, por tener la defensa otro juicio señalado para esa fecha en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, para el cual fue notificado anteriormente a la notificación de este proceso; habiendo interpuesto el recurrente recurso de reposición en fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, recurso que también fue declarado sin lugar.2) Que en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, FALLA: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO promovido por el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, a favor de EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA.3) Que en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de amparo impetrado por el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, a favor de EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, mediante la cual se OTORGA el mismo contra el auto dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA de la ciudad de El Progreso, Yoro, en fecha 21 de agosto del año dos mil diecisiete. Con relación a la causa que se instruye contra el supuesto agraviado por suponerlo responsables del delito de ASOCIACION ILICITA, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y EXTORSIÓN en perjuicio de La seguridad interior del Estado del Honduras y el testigo protegido S-138. CONSIDERANDO: (4) Que, del examen de las diligencias, en el considerando número Dos (02) literal a) de la sentencia, el Ad quem, deja establecido, el proceso penal, los nombres de los justiciables y calificación jurídica de los hechos y las víctimas que resultan del ilícito que se lleva a juicio. Señala en el literal b) de dicha resolución que en fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete se llevó a cabo audiencia de proposición de pruebas después de evacuada se señaló audiencia de juicio oral y público para el día veinte y veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete a las ocho con treinta minutos de la mañana, siendo notificadas todas las partes en la audiencia. En fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete el Abogado OSCAR LÓPEZ LÓPEZ, solicitó al Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, el cambio de audiencia de juicio oral y público especificando las razones del porqué solicitaba el cambio de fecha y presentó constancia extendida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, con la que acredita que en los días veinte y veintiuno de noviembre del año dos diecisiete a las nueve de la mañana tiene señalada audiencia de juicio oral en el proceso instruido en contra de Edwin Antonio Licona Mendoza, Norma Raquel Villalta, Perla y Katia Julissa Gómez Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de Asesinato en perjuicio de Reinaldo Dagoberto Morales Fúnez. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem en el Considerando número Tres de la resolución en su parte conducente dice: “En el caso de autos el abogado López López, le comunicó al Tribunal y acreditó cautelosamente, cuáles eran las razones por las que no podía asistir al juicio oral y público”, apreciando la alzada que en la resolución contra la cual se reclama el Tribunal se limitó a declarar “sin lugar lo solicitado en vista que no es posible hacer un cambio en la fecha para el debate”, resolución que no satisface la petición hecha por cuanto no indica la imposibilidad de su programación, de tal suerte que dicha resolución lleva implícita, una violación al derecho constitucional establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por ser la decisión de los Jueces contrario al Debido Proceso y al Derecho de Defensa que también fue vulnerado , pues consta en autos que el Abogado Oscar López López en su condición de recurrente aduce que se le violentó el Debido Proceso al no permitirle el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro cambiar la fecha de la audiencia, aún y cuando él acreditó como ya se dijo antes al día siguiente de la notificación que tenía otra audiencia en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, y que ésta audiencia se la habían notificado con anterioridad, por tal razón la Alzada estimó que tiene la razón el recurrente que se le han violentado el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, en consecuencia para restituir la garantía que la Corte estima violentada, el Tribunal de Sentencia debe señalar tan pronto reciba los autos, la fecha para la celebración del juicio oral y público teniendo en cuenta el tiempo que transcurrido por la violación y en consecuencia con preferencia a otros procesos”. Por todo ello otorgó la acción de amparo de la que se hizo mérito. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por el impetrante para recurrir en amparo son constitutivos del quebrantamiento del Derecho – Garantía del Debido proceso y el Derecho de Defensa del recurrente, en virtud de la resolución dictada por el A quo, quien no observa las reglas, requisitos, solemnidades, principios, derechos y garantías desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo al convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Por todo ello esta Sala aprecia que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, por la CORTE DE APELACIONES PENAL de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR LÓPEZ LÓPEZ, a favor de EDIS OMARA AGUILAR GUEVARA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0054-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL