Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-535-17 — Registro 14061

Resumen

Denegatoria de nulidad de allanamiento en relación a nombramiento de Juez emergente en la ejecución de dicha diligencia,referente a la causa instruida contra recurrente,por el delito de Trafico Ilícito de Drogas. En perjuicio de la Salud de la población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."11) Que el allanamiento como se trata de una restricción a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, la orden de allanamiento debe emanar de un órgano judicial, mediante resolución escrita, fundada y determinada, tanto en cuanto al domicilio, como en relación al fin perseguido. Así mismo, la ley prevé aquellos casos en que podrá practicarse un allanamiento sin orden de autoridad competente. El Caso que nos ocupa es una situación singular, puesto que no es común que el Juez Ejecutor sufra un accidente en el instante en que realiza un allanamiento, tal como consta en autos. Ésta Sala deviene obligada a establecer si ciertamente se han vulnerado derechos fundamentales a los recurrentes, estudiado el expediente de mérito se encuentra: 1)Para realizar el allanamiento impugnado existe una orden de Juez Competente, nombramiento de Juez Ejecutor conforme lo señala la ley, existe lugar, momento y finalidad del allanamiento solicitado, petición que resulta de una larga investigación realizada por el Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico DLCN según consta en el informe de fecha 15 de agosto del año 2016 dirigido al Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado, (Ver Folios del 11 hasta el 46 inclusive de la primera pieza). 2) Consta en autos que estando en el lugar, día y hora en que había de practicarse el allanamiento una vez iniciado, la Jueza Ejecutora sufre un accidente en el que resulta lesionada accidentalmente mediante disparo de su arma de fuego, lesión que requiere asistencia médica inmediata, por lo que fue trasladada hasta un centro asistencial. 3) Ante la urgente situación el Ministerio Público tomando en consideración que el allanamiento ya había iniciado, que existía una orden de Juez competente, que de acuerdo a la finalidad del allanamiento era urgente y necesaria su continuación, además, que para el caso concreto no existe una disposición que la enmarque, decidió emitir un auto motivado donde se exponen los hechos, la urgente necesidad de continuar el allanamiento y la decisión del nombramiento de un Juez Ejecutor EMERGENTE, el que una vez finalizado, acto inmediato se solicitó la convalidación de la Juez de Instancia respaldando lo peticionado con la documentación, exposición y fundamentos de derecho atinentes.-CONSIDERANDO: (12) Que el Artículo 212 del Código Procesal Penal prevé el allanamiento sin necesidad de orden de Juez competente en ciertos casos y circunstancias, así como la necesidad de la medida para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad, en ese orden de ideas en atención al caso concreto debe apreciarse que inicialmente había una orden de juez competente y un Juez Ejecutor que por causas ajenas a la voluntad de los comparecientes al allanamiento, resultó lesionada, que el allanamiento se había iniciado; visto así, todo implica que la práctica del allanamiento era necesaria para evitar la destrucción pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad. Valorada la situación el Ministerio Público haciendo uso de sus facultades tomó las medidas necesarias para que el allanamiento iniciado culminara, solicitando su convalidación por la Juez de Instancia. Ciertamente la ley no prevé este caso específico, sin embargo la misma ley faculta al Ministerio Público para que realice actuaciones o tome las medidas pertinentes a fin de lograr la finalidad que se persigue dentro del respeto de los derechos de las personas, y siendo que la diligencia de allanamiento había iniciado su práctica, por su naturaleza no puede dejarse sin terminar, todo ello daría lugar a la posible comisión de un delito, pérdida e inutilización de evidencias entre otras, así como la posible fuga del o los acusados, lo que resultaría en una clara impunidad.-CONSIDERANDO: (13) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido todos los actos procesales, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa, tal y como sucede que ha comparecido ante esta Sala recurriendo la resolución que según su parecer le causa agravio.-CONSIDERNADO: (14) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia no se ha vulnerado el Debido Proceso y demás derechos invocados por el recurrente.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia no se ha vulnerado el Debido Proceso y demás derechos invocados por el recurrente.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, a favor de los señores LILIAN ELISA HANDAL CRUZ y WILMAN ARISTIDES RIVERA CABALLERO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete(2017, que declaro no ha lugar Recurso de Apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis(2016); en la causa instruida contra el señor BERNABE ESCALANTE, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 Y 99 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado DENIS HERNANDEZ DUBON, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, Orden de Allanamiento y Registro, contra BERNABE ESCALANTE, por el delito DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS. En perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. - (Folios 1 al 10 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016); el Juzgado instructor, RESUELVE: 1) Admitir el escrito que antecede en el cual se interpone el Recurso de Nulidad contra la resolución de fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, presentado por el Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, en su condición de Defensor Privado en la causa que se le sigue contra el señor BERNARDO ESCALANTE ANDRADE…2)Téngase por personado y por apoderado legal de los señores LILIAN ELISA HANDAL y WILMAN ARISTEDES RIVERA, a los Abogados AUGUSTO RAFAEL FLETES y EL ABOGADO LUIS ADOLFO CRUZ RIVERA... 3)En cuanto a lo solicitado Declararse SIN LUGAR LA NULIDAD interpuesta por la Defensa, en virtud que el Ministerio Público según el artículo 212 del Código Procesal Penal segundo párrafo establece lo siguiente: será aplicable en caso de fragancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicando el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicara las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República… (Folios 216 y 217).-3) Que en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: PRIMERO. Declarar NO HA LUGAR el Recurso interpuesto. - 2) CONFIRMAR la resolución apelada. (Folio 317 al 322 de la Pieza).-4) El recurrente abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, compareció ante este Tribunal, en fecha Veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de los señores LILIAN ELISA HANDAL CRUZ y WILMAN ARISTIDES RIVERA CABALLERO, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 Y 99 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha ocho de septiembre del dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores: BERNABE ESCALANTE Y LUIS ALFREDO ESCALANTE, por suponerlo responsable de los delitos de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en concurso ideal, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) que el recurrente al formalizar el recurso manifiesta que el acto reclamado vulnera el contenido del artículo 90 de la Constitución de la República; mismo que absorbe en su contenido dogmático y material un paradigma exuberante de prerrogativas con las cuales se tutelan derechos individuales (Inviolabilidad del domicilio) a la persona que es lesionada ante las arbitrariedades cometidas por determinada autoridad, en el caso concreto al haberse ejecutado un allanamiento al margen de las estipulaciones de la ley, posee la consistencia legal, jurídica y fáctica para mantener cronológicamente válida la medida de aseguramiento decretada sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de sus representados aun al apreciar la ilegalidad de la diligencia que diere origen a esta incautación. Considera el recurrente que la resolución impugnada a quebrantado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 de la Protección Judicial. De igual manera se ha violentado el artículo 80 Constitucional, referido al Derecho de Defensa, relacionado con “el artículo 200 de la Ley Penal Adjetiva, deslegitima, quebranta y tergiversa el instituto de la Prueba Ilícita”.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem al dictar su fallo, en el numeral tres (3) del acápite de la motivación, expone que “al revisar la foliada, así como los argumentos contenidos en la expresión de agravios vertidos por el Censor a lo largo del desarrollo de su exposición y que se centra básicamente en señalar la falta de motivación por parte de la juez de Instancia al momento de dar respuesta a la nulidad absoluta de actuaciones que data del veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, por ellos planteada, respecto del hecho de haber convalidado la sustitución de Juez Ejecutor por un Juez Emergente, resolución que según lo expresado por los censores bajo ningún paradigma legal y jurídico es permitido.- En el artículo 141 del Código Procesal Penal se establece como mandato y pilar del debido proceso que las resoluciones deben ser debidamente motivadas y de formas literal señala: “Las providencia se limitarán a determinar el contenido del mandato, sin más fundamento, ni adiciones aunque podrán ser sucintamente razonadas, sin sujeción a requisito alguno, y en el segundo de los párrafos y refiriéndose a los actos y sentencias sean interlocutorias o definitivas contendrán bajo pena de nulidad una clara y precisa motivación…”, es así que contrario a lo que refieren los censores, se encuentra documentado a folios 80 al 93 no solamente el acta que contiene el allanamiento debidamente ordenado por Juez competente, sino la puesta en conocimiento al Juez de Instancia de lo acontecido en dicho acto jurisdiccional como lo fue el accidente que la Juez Ejecutora sufrió durante la realización de dicho acto (allanamiento) de manera que no es cierto, que no consta en autos la debida motivación por parte de la Jueza que convalida dicho allanamiento, encontrando a folio 92 vuelto las consideraciones jurídicas que establecen la procedencia de dicha convalidación, consideraciones que perfectamente refieren la aplicación de lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal, y que es evidente que faculta al Ente Fiscal cuando se establezca alguno de los presupuestos contenidos en el mismo precepto legal a realizar el acto sin la autorización judicial, de manera tal que bien podría haberse realizado el allanamiento y luego ponerlo en conocimiento del Juez competente, puesto que las razones que explicarían se encontraban descritas en el acta respectiva, contrario a lo que refieren los censores no se violenta la norma procesal si la medida era necesaria para impedir la comisión del delito, perdida de evidencia con miras a evitar la impunidad, siendo estas precisamente las motivaciones o consideraciones legales que expone la Jueza de Instancia, al denegar una nulidad que no tiene asidero jurídico, pues como se revisa se encuentra enmarcado dentro de los presupuestos legitimadores del artículo 212 del Código Procesal Penal. Además invoca el Ad quem el artículo 12 del mismo cuerpo legal en cuanto a la Lealtad para con la Justicia que se impone a los Juzgado y demás Tribunales, quienes deberán rechazar las pretensiones incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho en fraude a la ley sustantiva o procesal. Por todo ello el Ad quem declaró no Ha Lugar el Recurso de Apelación planteado, resolución ahora impugnada ante esta Sala.-CONSIDERANDO: (6) Que el allanamiento en materia penal implica el ingreso a un domicilio con fines de investigación mediante el cual se practica un registro al lugar en búsqueda de objetos o personas relacionados con uno o más delitos, además implica la restricción de derechos reconocidos constitucionalmente como la inviolabilidad del domicilio, la intimidad; la Constitución de la República ha establecido el tiempo, modo o forma en que deberán realizarse los allanamientos, así como los presupuestos que permiten su realización, generalmente la orden de allanamiento debe emanar de autoridad competente, donde se establece el domicilio y el fin perseguido. Sin embargo, la ley prevé aquellos casos urgentes en que se permite el allanamiento sin orden judicial, que deberá ser convalidado por el órgano jurisdiccional competente, llenando los requisitos previamente establecidos.-CONSIDERANDO: (7) Que en el caso de autos ha quedado plenamente establecidos que para la realización de varios allanamientos, el Juez competente nombró Jueces Ejecutores, entre ellos la señora DORA MARIA ZALDIVAR PORTILLO, según consta en el acta de juramentación de Juez Ejecutor de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, en la ciudad de Tegucigalpa, celebrada por la Abogada LISSETH ROSARIO VALLECILLO BANEGAS, Jueza con competencia Territorial Nacional en Materia Penal. La Juez Ejecutora fue juramentada para la realización del allanamiento de Morada INMUEBLE No.1, ubicada en la comunidad de las Bodegas, La Entrada Nueva Arcadia, departamento de Copán, frente a la carretera que conduce a la ciudad de San Pedro Sula, coordenadas 15.1432 -88.6681, propiedad de LUIS ALFREDO ESCALANTE. Inmueble que se describe en la mencionada acta, de la siguiente manera: vivienda dos plantas, pintada de color amarillo, con techo color rojo, muro perimetral construido de bloque sin pintar, portón para acceso a vehículos color negro de metal, portón de acceso peatonal pintado de color negro, con corrales para el pasto de ganado vacuno. (Folio 67 primera pieza de autos).-CONSIDERANDO:(8) Que consta en autos que iniciado el allanamiento sucedió un accidente, en el que la Jueza Ejecutora resultó con lesiones provocadas por disparo de arma de fuego, que ameritaban ser atendidas de emergencia, razón por la que fue llevada de emergencia a un centro asistencial, para ese momento los intervinientes en el allanamiento ya se habían constituido en la vivienda,( en fecha 24 de agosto 2016) ante tal situación el Ministerio Público, en la misma fecha emite un AUTO MOTIVADO DE SUSTITUCIÓN DE JUEZ EJECUTOR POR CAUSA FORTUITA, para la continuación del allanamiento de moradas y registro del Ministerio Publico. Fiscalía Especial Contra El Crimen Organizado, Sección Antidrogas, exponiendo claramente la diligencia de allanamiento de que se trata, lugar y finalidad de la misma. Expone los hechos sucedidos desde el ingreso a la vivienda hasta el momento en que la Juez Ejecutora nombrada se encuentra imposibilitada de continuar en el allanamiento, que resultaba necesario terminar y alcanzar la finalidad del mismo que consistía en la búsqueda, incautación y decomiso de evidencia e indicios relacionados con los delitos investigados. En dicho auto muestra el ente acusador que habiendo revisado la norma procesal se encontró con que la misma no contempla una solución al problema, apreciando que de conformidad con el artículo 212 del Código Procesal Penal que faculta al Ministerio Público a ordenar allanamientos y en la práctica no exige que obligatoriamente para tal efecto se nombre Juez Ejecutor por parte del Ministerio Público únicamente refiere cuando el acto se lleva a cabo con orden judicial y siendo que el allanamiento había sido ordenado legalmente con las formalidades establecidas por la ley y al no prever la ley este tipo de incidente, se tuvo que sustituir a la Jueza Ejecutora nombrada, nombrando a otro en su lugar, señalando que la ley no lo prohíbe y que el Ministerio Público está facultado para adoptar todas las medidas necesarias para evitar la pérdida o desaparición de indicios relacionados con los delitos investigados. En consecuencia para la continuación del allanamiento se nombró un Juez Ejecutor emergente, ante la urgente necesidad de evitar la pérdida o destrucción de las evidencias, dicha orden con el objeto de que se practique el registro y búsqueda de indicios relacionados con el delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, TRÁFICO DE ARMAS, LAVADO DE ACTIVOS INVESTIGADOS, en el presente caso, ordenando solicitar ante el órgano jurisdiccional competente la validación del acto o medida adoptada.-CONSIDERANDO: (9) Que la Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en fecha veinticinco de agosto dicta resolución en la solicitud de la convalidación de un acto consistente en sustitución de Juez Ejecutor por causa fortuita para la continuación de allanamiento de morada y registro, en relación a la búsqueda de indicios relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Exponiendo los antecedentes procesales que constan en el contenido del auto motivado dictado por el ente Acusador. La Ad quo fundamenta su resolución en las disposiciones del Código Procesal Penal contenidas en los artículos: 212, 213, 214, 215 y 220 que disponen la forma en que han de realizarse los allanamientos teniendo la convicción que la práctica de dichas diligencias son necesarias y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos que se tratan de esclarecer, por todo ello convalida la sustitución de la Jueza Ejecutora. Contra ésta resolución, la representación de la defensa interpuso nulidad de actuaciones, misma que fue declarada sin lugar.-CONSIDERRANDO:(10) Que el Ad quem ante el recurso de apelación planteado, contra la resolución de la Ad quo, que declaró sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la resolución del 25 de agosto del año 2016, en el párrafo de la Motivación numeral tres (3) expone: “Al revisar la foliada, así como los argumentos contenidos en la expresión de agravios vertidos por el Censor a lo largo del desarrollo de su exposición, y que se centran básicamente en señalar la falta de motivación por parte del Juez de instancia al momento de dar respuesta a la nulidad absoluta de actuaciones que data del veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, por ellos planteada respecto del hecho de haber convalidado la sustitución de un Juez Ejecutor por un Juez Emergente resolución que según los Censores bajo ningún paradigma legal y jurídico es permitido. Señala además el Ad quem que “contrario a lo que refieren los Censores se encuentra documentado del folio 80 al 93 no solamente el acta que contiene el allanamiento debidamente ordenado por Juez Competente, sino la puesta en conocimiento al Juez de Instancia de lo acontecido en dicho acto jurisdiccional como lo fue el accidente que la jueza ejecutora sufrió durante la realización de dicho acto (allanamiento) de manera que no es cierto el hecho que no conste en autos la debida motivación por parte de la jueza que convalida dicho allanamiento, encontrando a folio 92 vuelto las consideraciones jurídicas que establecen la procedencia de dicha convalidación; consideraciones que perfectamente refieren la aplicación de lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal Penal y que es evidente que faculta al ente Fiscal cuando se establezca alguno de los presupuestos contenidos en el mismo precepto legal a realizar el acto sin la autorización judicial, de manera tal que bien podría haberse realizado el allanamiento y luego ponerlo en conocimiento del Juez competente, puesto que las razones que explicarían se encontraban descritas en el acta respectiva, contrario a lo que refieren los Censores no se violenta la norma procesal si la medida era necesaria para impedir las comisión del delito o pérdida de evidencia con miras a evitar la impunidad, siendo precisamente estas las motivaciones o consideraciones legales que expone la Jueza de Instancia al denegar una nulidad que no tiene asidero jurídico, pues como se revisa se encuentra enmarcado dentro de los presupuestos legitimadores del artículo 212 del Código Procesal Penal”. Además invoca el artículo 12 del mismo cuerpo legal referido a la Lealtad para con la Justicia. En consecuencia, declaró No ha Lugar el recurso de apelación interpuesto.-CONSIDERANDO: (11) Que el allanamiento como se trata de una restricción a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, la orden de allanamiento debe emanar de un órgano judicial, mediante resolución escrita, fundada y determinada, tanto en cuanto al domicilio, como en relación al fin perseguido. Así mismo, la ley prevé aquellos casos en que podrá practicarse un allanamiento sin orden de autoridad competente. El Caso que nos ocupa es una situación singular, puesto que no es común que el Juez Ejecutor sufra un accidente en el instante en que realiza un allanamiento, tal como consta en autos. Ésta Sala deviene obligada a establecer si ciertamente se han vulnerado derechos fundamentales a los recurrentes, estudiado el expediente de mérito se encuentra: 1)Para realizar el allanamiento impugnado existe una orden de Juez Competente, nombramiento de Juez Ejecutor conforme lo señala la ley, existe lugar, momento y finalidad del allanamiento solicitado, petición que resulta de una larga investigación realizada por el Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico DLCN según consta en el informe de fecha 15 de agosto del año 2016 dirigido al Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado, (Ver Folios del 11 hasta el 46 inclusive de la primera pieza). 2) Consta en autos que estando en el lugar, día y hora en que había de practicarse el allanamiento una vez iniciado, la Jueza Ejecutora sufre un accidente en el que resulta lesionada accidentalmente mediante disparo de su arma de fuego, lesión que requiere asistencia médica inmediata, por lo que fue trasladada hasta un centro asistencial. 3) Ante la urgente situación el Ministerio Público tomando en consideración que el allanamiento ya había iniciado, que existía una orden de Juez competente, que de acuerdo a la finalidad del allanamiento era urgente y necesaria su continuación, además, que para el caso concreto no existe una disposición que la enmarque, decidió emitir un auto motivado donde se exponen los hechos, la urgente necesidad de continuar el allanamiento y la decisión del nombramiento de un Juez Ejecutor EMERGENTE, el que una vez finalizado, acto inmediato se solicitó la convalidación de la Juez de Instancia respaldando lo peticionado con la documentación, exposición y fundamentos de derecho atinentes.-CONSIDERANDO: (12) Que el Artículo 212 del Código Procesal Penal prevé el allanamiento sin necesidad de orden de Juez competente en ciertos casos y circunstancias, así como la necesidad de la medida para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad, en ese orden de ideas en atención al caso concreto debe apreciarse que inicialmente había una orden de juez competente y un Juez Ejecutor que por causas ajenas a la voluntad de los comparecientes al allanamiento, resultó lesionada, que el allanamiento se había iniciado; visto así, todo implica que la práctica del allanamiento era necesaria para evitar la destrucción pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad. Valorada la situación el Ministerio Público haciendo uso de sus facultades tomó las medidas necesarias para que el allanamiento iniciado culminara, solicitando su convalidación por la Juez de Instancia. Ciertamente la ley no prevé este caso específico, sin embargo la misma ley faculta al Ministerio Público para que realice actuaciones o tome las medidas pertinentes a fin de lograr la finalidad que se persigue dentro del respeto de los derechos de las personas, y siendo que la diligencia de allanamiento había iniciado su práctica, por su naturaleza no puede dejarse sin terminar, todo ello daría lugar a la posible comisión de un delito, pérdida e inutilización de evidencias entre otras, así como la posible fuga del o los acusados, lo que resultaría en una clara impunidad.-CONSIDERANDO: (13) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido todos los actos procesales, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa, tal y como sucede que ha comparecido ante esta Sala recurriendo la resolución que según su parecer le causa agravio.-CONSIDERNADO: (14) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia no se ha vulnerado el Debido Proceso y demás derechos invocados por el recurrente.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado AUGUSTO RAFAEL FLETES, a favor de los señores LILIAN ELISA HANDAL CRUZ, Y WILMAN ARISTIDES RIVERA CABALLERO, contra la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0535-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.