Sentencia AP-520-18 — Registro 14059
Resumen
Resolución que declaró sin lugar excepción por falta de acción con relación a la causa instruida contra impetrante y otros,por suponerlo responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los reclamantes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que los quejosos no expusieron en sus agravios el perjuicio por el que atacan dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de los recurrentes, toda vez que los reclamantes no han invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., siete de noviembre del año dos mil dieciocho. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados NILIA RAQUEL GONZALES y BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, a favor de JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA y OTROS, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que los recurrentes exponen sus agravios contra lo dispuesto por el A-quo en la audiencia de declaración de imputado, refiriendo los quejosos que en dicha instancia interpusieron la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse, motivando dicha excepción los impetrantes en que el Ministerio Público estaba deslegitimado para ejercer de la acción penal y pública en virtud de que no acreditó que el Tribunal Superior de Cuentas le giró informe con resolución firme que estableciera alguna posible responsabilidad penal en contra de su representado en virtud de que el Tribunal Superior de Cuentas, aún se encuentra examinando la gestión administrativa en el cual su poderdante fungió como miembro del Consejo de la Judicatura, de manera que los reclamantes refieren que al no estar agotado el trámite ante el Tribunal Superior de Cuentas, interpusieron también la excepción de Incompetencia del Tribunal, siendo del criterio los suplicantes que el A-quo debía abstenerse de conocer de una causa emanada de una responsabilidad administrativa, lo cual no fue observado por la Alzada. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que los recurrentes invocan como quebrantados los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 89, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que el Ad-quem, analizó el auto apelado y el planteamiento de los recurrentes, estableciendo la necesidad de determinar cuándo y en qué circunstancias procede la excepción de Falta de Acción concluyendo que el planteamiento de los agraviados, corresponden únicamente a la excepción de Falta de Acción cuando no haya debido promoverse, por dos motivos: 1. no haberse agotado el antejuicio de JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA, alegato que no fue atendido por la Alzada, toda vez que los hechos que se le imputan al acusado no derivan de la función jurisdiccional que ejercía como Magistrado de Corte de Apelaciones, ni están relacionados al delito de enriquecimiento ilícito; y 2. Falta de Acción por no encontrarse legitimado el Ministerio Público para ejercer la acción penal y pública al encontrarse aún en investigación la gestión administrativa del ya referido encausado cuando éste fungió como miembro del Consejo de la Judicatura, mismo que no fue estimado al establecer el Ad-quem que el Ministerio Público, no se encuentra limitado a un informe o pliego de responsabilidad para ejercer sus funciones, mismas que son otorgadas por la Constitución de la República; confirmando la resolución del A-quo la Alzada en vista que los recurrentes no plantearon razones que justifiquen la excepción interpuesta. CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basan los impetrantes su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir este alto Tribunal observa que la resolución de la Alzada contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley de la excepción interpuesta, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los reclamantes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que los quejosos no expusieron en sus agravios el perjuicio por el que atacan dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de los recurrentes, toda vez que los reclamantes no han invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados NILIA RAQUEL GONZALES y BENJAMIN YOVANNI LAVAIRE FLORES, a favor de JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho, al advertirse que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONTIRUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala de lo Constitucional.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., nueve de enero del año dos mil diecinueve.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL GONZALES, contra la resolución emitida por esta Sala, en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante la que sobresee el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor de JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ FRANCISCO QUIROZ MEJÍA y OTROS, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciocho, la Abogada NILIA RAQUEL GONZALES, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la referida resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho, apreciándose que la recurrente ha omitido establecer los razonamientos que puedan servir de fundamento a su recurso, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución contenida, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL GONZALES, contra la resolución emitida por este alto Tribunal, en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho, en virtud de no advertirse por parte de esta Sala, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de las Resoluciones de fechas siete (07) de noviembre de año dos mil dieciocho (2018) y nueve (9) de enero del año dos mil diecinueve (2019) recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0520-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.