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Sentencia AP-519-16 — Registro 13537

Resumen

Acto recurrido que declaró No Ha Lugar recurso de Apelación y Confirmó la del a-quo, en la causa instruida contra el impetrante, por suponerlo responsable del delito de Evasión en su grado de Ejecución de Tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, acusado, acusador y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que el A quo, en la audiencia inicial dicto Auto de Formal Procesamiento en contra del señor Audelino Ezequiel Ortiz Figueroa, por el delito de Evasión en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolución que fue confirmada por el A quem, a sabiendas que no concurrían los elementos de ese tipo penal como así lo dejo plasmada en la sentencia hoy recurrida. La figura de la Tentativa, está contemplada en el artículo 15 del código Penal vigente y el Doctor René Suazo Lagos en su comentario, señala que para que exista Tentativa es necesario se den ciertos requisitos: a) Que se actué con la intención de cometer un delito determinado. B) Que se realicen actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, c) Que dicho delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Un delito puede no consumarse por causas que dependan de la voluntad del agente o por causas ajenas a esa voluntad. En primer caso no habrá tentativa porque el delito no se consuma no por causas ajenas a la voluntad del agente como exige este articulo, sino por causas dependientes de la voluntad del agente. Por eso el arrepentimiento, sea activo o pasivo, excluye la tentativa, siempre que a consecuencia del mismo no se produzca el resultado delictivo (desistimiento voluntario). De igual forma la legislación Española regula el desistimiento voluntario, como una causa que excluye la tentativa, así lo hace saber el Doctor Santiago Mir Puig[2] “El art.16.1 CP requiere para la presencia de tentativa que la falta de consumación tenga lugar <>. El no 2 del mismo articulo añade:<<Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta>>.” En ese orden de ideas y analizado el tipo penal antes citado, esta Sala es del criterio que si bien es cierto el imputado se sustrajo por un espacio de tres horas de la autoridad a la que se encontraba sometido, no es menos cierto que la acción no se consumo por un desistimiento voluntario del agente como elemento negativo del tipo de la tentativa, desapareciendo ese tercer requisito que exige la ley en el articulo 15. En tal sentido al no concurrir los elementos objetivos y subjetivos del delito de Evasión en su Grado de Ejecución de Tentativa, no es congruente el fallo dictado por el A quo y confirmado por el A quem, vulnerando el derecho al Debido Proceso del encartado. CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, acusado, acusador y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (9) Que por lo antes expuesto la vulneración de los derechos invocados por el recurrente son de recibo, al apreciar esta Sala que se ha quebrantando el Debido Proceso y por ende el derecho a una Tutela Judicial Efectiva por parte del juzgador, ya de acuerdo a los hechos y la resolución recurrida no se ha seguido el procedimiento señalado en la ley en el presente proceso...."

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, a favor del señor AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciséis (2016), que declaró No Ha Lugar recurso de Apelación y Confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, en fecha treinta(30)de enero del año dos mil dieciséis(2016); en la causa instruida contra el señor AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de EVASIÓN EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90 Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, el Abogado WILBERTO ISAEL SANCHEZ ACOSTA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de EVASIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha treinta (30) de enero del año del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar con lugar parcialmente la petición del Ministerio Público de dictar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor AUDELINO EZEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de EVASION EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA. En perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Se Decreta la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA por un plazo que no exceda dos años al ahora imputado, que deberán cumplir en la Policía Nacional Preventiva de la Ciudad de Yoro, departamento de Yoro, remitiéndole al Comisionado Edilberto Brizuela, solicitando la colaboración del Inspector Santos Mauricio Baquedano, Jefe de la Policía de esta Ciudad de Olanchito Yoro, para que traslade a la Ciudad de Yoro.- TERCERO: Declarar No a lugar por ahora la solicitud de la Defensa Privada de dictar un Sobreseimiento Definitivo al ahora acusado AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA por suponerlo responsable del delito de EVASION, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de haberse recalificado el delito de EVASION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, todo amparado en los artículos 15, 32, 390 del CODIGO Penal relacionados con los Artículos 173 numeral 3 y 178 numeral 1, 179 numeral 2 y 4 294 y 297 del Código Procesal Penal…”(Folios 50al 60de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016),la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba departamento de Atlántida RESUELVE: ”Primero: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada del imputado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro de fecha treinta de enero del año dos mil dieciséis.- Segundo: CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, de fecha treinta de enero del año dos mil dieciséis mediante la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra del imputado don AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA por la supuesta comisión del delito de EVASION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Tercero: …” (Folio 06 al 11de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) El recurrente abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(3) Que la resolución contra la que se recurre en amparo, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, que por mayoría de votos declaró sin lugar el recurso de apelaciones interpuesto contra el auto de fecha treinta de enero del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro. Con relación a la causa instruida contra el señor AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de EVASION EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente en la acción de amparo interpuesta en el párrafo de la Relación de los hechos que motivan la solicitud, antecedentes de hecho expone: que la Corte de Apelaciones por mayoría de votos resuelve entre otras cosas primero: Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la Defensa del señor Audelino Ezequiel Ortiz Figueroa y confirma la resolución dictada por el A quo, señala que impugnó la resolución del Juez de Letras, en virtud de que no se dan los elementos del tipo penal de tentativa de evasión…. Además dice que, “para que exista tentativa deben de darse los elementos expresados en el artículo 15 del código penal como ser: 1.La intención de cometer un delito determinado: esto significa que el tipo subjetivo o dolo típico se ha perfeccionado la voluntad delictiva del autor se direcciona hacia la realización del riesgo en el resultado esperado o consumación. 2. Ausencia de consumación: el tipo objetivo o transformación del mundo físico exterior es imperfecto es decir el plan no alcanza su configuración completa. El Autor ejecutó total o parcialmente su plan o aportación sin embargo no fue seguido de consumación.3- Ausencia de desistimiento voluntario o arrepentimiento activo. Manifiesta que en la causa existe un elemento negativo de la tentativa como ser el desistimiento voluntario de la tentativa ya que su representado según las pruebas existentes en el expediente mérito se presentó voluntariamente a la posta policial y después al juzgado, ya que para que exista la tentativa debe existir la intención clara de cometer un delito y al existir la ausencia de consumación por causas distintas al desistimiento voluntario del agente ya que el desistimiento es la expresión de la voluntad autónoma del autor de no persistir con su plan este desistimiento debe proceder de circunstancias en las que el autor pudiendo continuar hacia la consumación de su plan no persiste no porque no puede. El recurrente considera que se han vulnerado los derechos constitucionales del artículo 90 del Debido Proceso, artículo 64 de la prohibición de aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución si los disminuye, restringen o tergiversan. Artículo 321 de las facultades que le confiere la Constitución de la República a los Servidores Del Estado, todos de la Constitución de la República. El artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos además dispone el procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y este artículo está por encima de cualquier norma jurídica ya sea sustantiva, adjetiva o ley especial. Además expone que se ha violentado el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal…. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem en su fallo párrafo de la motivación Probatoria y Jurídica, invoca el artículo 390 del código Penal que dispone: “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado además con reclusión de cinco (5) a diez (10) años. Si la evasión se produce por medio de la intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas, la pena será aumentada en 1/3 un tercio sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos a que den lugar la intimidación, violencia o fuerza” Señala el Ad quem en su parte conducente del numeral primero que el imputado por su propia voluntad y conociendo su situación jurídica se puso en libertad para realizar actividades propias de una persona a la cual no se le ha prohibido circular libremente, sea para “traer ropa” como lo dijo el recurrente al hacer sus conclusiones en la audiencia inicial o sea para realizar cualquier otra actividad. Señala que de acuerdo al testimonio de uno de los testigos el imputado se mantuvo fuera de la custodia correspondiente por un espacio de más de tres horas, que el imputado haya regresado voluntariamente al recaudo tampoco es un hecho que haya que alabarse puesto que nunca debió evadir la acción de la justicia, además deja establecido que por la prohibición de reforma en perjuicio contemplada en el artículo 350 del código Procesal Penal se ve impedido en agravarla situación del imputado. Por todo ello, declaró No Ha lugar el Recurso de Apelación confirmando la resolución impugnada. CONSIDERANDO: (6) Que la acción de evasión en palabras de JORGE ORTEGA TORRES[1], consistente en “que aquella persona que se encuentra Legalmente detenida bajo la imputación de un hecho delictuoso o como consecuencia de una condena se sustrae al régimen disciplinario que le ha impuesto la respectiva autoridad”. Jurídicamente equivale a sustraerse al estado de restricción de la libertad y, por consiguiente, a librarse del encierro o sujeción derivada de una esfera de custodia en la que la persona se encuentra de modo legítimo. CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que el A quo, en la audiencia inicial dicto Auto de Formal Procesamiento en contra del señor Audelino Ezequiel Ortiz Figueroa, por el delito de Evasión en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolución que fue confirmada por el A quem, a sabiendas que no concurrían los elementos de ese tipo penal como así lo dejo plasmada en la sentencia hoy recurrida. La figura de la Tentativa, esta contemplada en el artículo 15 del código Penal vigente y el Doctor René Suazo Lagos en su comentario, señala que para que exista Tentativa es necesario se den ciertos requisitos: a) Que se actué con la intención de cometer un delito determinado. B) Que se realicen actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, c) Que dicho delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Un delito puede no consumarse por causas que dependan de la voluntad del agente o por causas ajenas a esa voluntad. En primer caso no habrá tentativa porque el delito no se consuma no por causas ajenas a la voluntad del agente como exige este articulo, sino por causas dependientes de la voluntad del agente. Por eso el arrepentimiento, sea activo o pasivo, excluye la tentativa, siempre que a consecuencia del mismo no se produzca el resultado delictivo (desistimiento voluntario). De igual forma la legislación Española regula el desistimiento voluntario, como una causa que excluye la tentativa, así lo hace saber el Doctor Santiago Mir Puig[2] “El art.16.1 CP requiere para la presencia de tentativa que la falta de consumación tenga lugar <>. El no 2 del mismo articulo añade:<<Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta>>.” En ese orden de ideas y analizado el tipo penal antes citado, esta Sala es del criterio que si bien es cierto el imputado se sustrajo por un espacio de tres horas de la autoridad a la que se encontraba sometido, no es menos cierto que la acción no se consumo por un desistimiento voluntario del agente como elemento negativo del tipo de la tentativa, desapareciendo ese tercer requisito que exige la ley en el articulo 15. En tal sentido al no concurrir los elementos objetivos y subjetivos del delito de Evasión en su Grado de Ejecución de Tentativa, no es congruente el fallo dictado por el A quo y confirmado por el A quem, vulnerando el derecho al Debido Proceso del encartado. CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, acusado, acusador y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (9) Que por lo antes expuesto la vulneración de los derechos invocados por el recurrente son de recibo, al apreciar esta Sala que se ha quebrantando el Debido Proceso y por ende el derecho a una Tutela Judicial Efectiva por parte del juzgador, ya de acuerdo a los hechos y la resolución recurrida no se ha seguido el procedimiento señalado en la ley en el presente proceso. CONSIDERANDO:(10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 92, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON a favor del AUDELINO EXEQUIEL ORTIZ FIGUEROA, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que se dicte una nueva sentencia conforme a los argumentos expuestos en presente fallo y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. .-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el Numero 0519=2016.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39e032fd06256b3e006d8a73/aeb9751de69024cb06256b3e00747b06?OpenDocument.

[2] Santiago Mir Puig DERECHO PENAL PARTE GENERAL 9na.EDICCION. El desistimiento voluntario, pag.365.